MIGRANTES
El CETI de Melilla readmite a una joven que vivía en un contenedor tras rechazarse su asilo
- Hayat,
de 20 años y natural de Marruecos, solicitó protección internacional en
la ciudad autónoma tras verse sometida a insultos y rechazo por su
orientación sexual
- La asociación Pro Derechos de la Infancia
(Prodein) critica la arbitrariedad con la que se revisan los casos de
las migrantes más vulnerables
MELILLA.-
Hayat (nombre ficticio para preservar su anonimato) siente que la vida
le da una nueva oportunidad. Hace tres meses que recibió la notificación
que le instaba a abandonar “voluntariamente” el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla
tras serle denegada la admisión a trámite de la solicitud de asilo que
pidió hace casi un año en la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) de la
frontera de Beni Enzar con la intención de poner fin a insultos, acoso y burlas que sufría en Marruecos por su orientación sexual.
Durante estos tres meses, Hayat ha estado viviendo a la intemperie, resguardada en un contenedor de basura próximo a la entrada del CETI al que le añadió algunas sábanas y almohadas viejas que encontró en los alrededores. Hasta hoy, que volverá a dormir bajo un techo y en una cama en condiciones, sin pasar frío. “Ya no tendré más problemas en la calle. Unos chicos me robaron la poca ropa que me dieron los de una asociación para abrigarme”, dice Hayat en una mezcla de francés y castellano chapurreado.
El martes acudió a la Policía Nacional acompañada por el presidente de la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, para renovar la solicitud de protección internacional, y el miércoles 11 lo hizo para realizar la entrevista personal con un agente de Extranjería, un abogado y un traductor, profesionales que forman parte del filtro del Ministerio del Interior para otorgar asilo o protección internacional subsidiaria según las circunstancias que consten en su expediente. “Esta tarde ha ingresado otra vez en el centro tras presentar una nueva solicitud de asilo”, confirmó el miércoles a cuartopoder el director del CETI, Carlos Montero.
A todo ello suma el hecho de esconder su orientación sexual, ya que la homosexualidad está mal vista en Marruecos y, de hecho, el artículo 489 del Código Penal marroquí establece penas de prisión que van desde los tres meses hasta los seis años por cualquier “desviación” sexual. Según el presidente de la Asociación Melillense de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Amlega), Rafael Robles, la Oficina de Asilo y Refugio de la ciudad autónoma registra cada año cerca de 50 peticiones de asilo por persecución por orientación sexual o identidad de género.
“Quiero estudiar y trabajar de cualquier cosa, pero quiero tener la oportunidad de hacerlo. En mi país no puedo, no me dejan, y quiero tener la libertad de vivir quien soy”, dice Hayat con timidez sentada sobre unos cartones. El presidente de Prodein ha movido cielo y tierra para darle cobijo desde que se enteró de su situación el pasado fin de semana. No solo le ha dado ropa y algo de comer, sino que también la ha acompañado a realizar todos los trámites necesarios para conseguir la readmisión en el CETI. “¿Cómo pueden dejar en la calle a una muchacha de 20 años que no tiene dónde ir? ¿Qué forma es esta de proteger a los más vulnerables? ¿De verdad piensan que la calle es un sitio seguro para una niña sola, migrante, sin familia ni ningún apoyo en la ciudad?”, se pregunta Palazón.
El responsable de Prodein alerta de la inseguridad que padecen los migrantes en Melilla, especialmente las mujeres y todavía más si son jóvenes. “Una chica sola como ella es mucho más vulnerable a cualquier situación, desde encontrarse con algún o algunos descerebrados que le roben o abusen de ella, hasta otros borrachos agresivos o mafias de trata de blancas”, comenta este activista por los Derechos Humanos, quien añade: “Esperemos que esta vez no rechacen su petición y no acabe en la calle”.
Carlos Montero aclara que quien da la orden de expulsión del país es el Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma y la Policía Nacional y no el CETI, que se limita a acoger temporalmente a las personas migrantes que llegan a Melilla hasta que se resuelve su situación. El director de este centro de acogida aprovecha para recordar que todos los residentes del CETI deben cumplir la normativa de convivencia, de lo contrario podrán enfrentarse a alguna sanción, como la expulsión temporal de las instalaciones en el caso de aquellos que alteren la convivencia o presenten conductas irrespetuosas con los demás.
Durante estos tres meses, Hayat ha estado viviendo a la intemperie, resguardada en un contenedor de basura próximo a la entrada del CETI al que le añadió algunas sábanas y almohadas viejas que encontró en los alrededores. Hasta hoy, que volverá a dormir bajo un techo y en una cama en condiciones, sin pasar frío. “Ya no tendré más problemas en la calle. Unos chicos me robaron la poca ropa que me dieron los de una asociación para abrigarme”, dice Hayat en una mezcla de francés y castellano chapurreado.
El martes acudió a la Policía Nacional acompañada por el presidente de la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, para renovar la solicitud de protección internacional, y el miércoles 11 lo hizo para realizar la entrevista personal con un agente de Extranjería, un abogado y un traductor, profesionales que forman parte del filtro del Ministerio del Interior para otorgar asilo o protección internacional subsidiaria según las circunstancias que consten en su expediente. “Esta tarde ha ingresado otra vez en el centro tras presentar una nueva solicitud de asilo”, confirmó el miércoles a cuartopoder el director del CETI, Carlos Montero.
Proteger a los más vulnerables
La vida de Hayat no ha sido fácil. Nació hace 20 años en una humilde familia de Fez. Cuenta que su madre murió cuando era muy pequeña y su padre se volvió a casar con otra mujer que se desentendió totalmente de ella y que solo prestaba atención a su hermano menor. Empezó a trabajar siendo adolescente en una fábrica de zapatos, “pero eran muchas horas, pagaban muy poco y quería estudiar aunque no podía”, relata.A todo ello suma el hecho de esconder su orientación sexual, ya que la homosexualidad está mal vista en Marruecos y, de hecho, el artículo 489 del Código Penal marroquí establece penas de prisión que van desde los tres meses hasta los seis años por cualquier “desviación” sexual. Según el presidente de la Asociación Melillense de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Amlega), Rafael Robles, la Oficina de Asilo y Refugio de la ciudad autónoma registra cada año cerca de 50 peticiones de asilo por persecución por orientación sexual o identidad de género.
“Quiero estudiar y trabajar de cualquier cosa, pero quiero tener la oportunidad de hacerlo. En mi país no puedo, no me dejan, y quiero tener la libertad de vivir quien soy”, dice Hayat con timidez sentada sobre unos cartones. El presidente de Prodein ha movido cielo y tierra para darle cobijo desde que se enteró de su situación el pasado fin de semana. No solo le ha dado ropa y algo de comer, sino que también la ha acompañado a realizar todos los trámites necesarios para conseguir la readmisión en el CETI. “¿Cómo pueden dejar en la calle a una muchacha de 20 años que no tiene dónde ir? ¿Qué forma es esta de proteger a los más vulnerables? ¿De verdad piensan que la calle es un sitio seguro para una niña sola, migrante, sin familia ni ningún apoyo en la ciudad?”, se pregunta Palazón.
Espera indeterminada
Hayat ya no dormirá sola en un contenedor en medio de un descampado. Ahora tiene por delante una espera indeterminada, ya que no hay un calendario que fije el periodo de tiempo que tarda en resolverse un expediente de solicitud de asilo, aunque la primera vez que lo pidió tardaron unos ocho meses en denegarle la admisión a trámite. Esta vez espera que sea diferente y sí la acepten. Por su parte, Palazón se muestra algo más tranquilo: “Cada día que iba a la puerta del CETI para ver cómo estaba sentía un dolor en el estómago por pensar que le podría haber pasado algo”.El responsable de Prodein alerta de la inseguridad que padecen los migrantes en Melilla, especialmente las mujeres y todavía más si son jóvenes. “Una chica sola como ella es mucho más vulnerable a cualquier situación, desde encontrarse con algún o algunos descerebrados que le roben o abusen de ella, hasta otros borrachos agresivos o mafias de trata de blancas”, comenta este activista por los Derechos Humanos, quien añade: “Esperemos que esta vez no rechacen su petición y no acabe en la calle”.
Carlos Montero aclara que quien da la orden de expulsión del país es el Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma y la Policía Nacional y no el CETI, que se limita a acoger temporalmente a las personas migrantes que llegan a Melilla hasta que se resuelve su situación. El director de este centro de acogida aprovecha para recordar que todos los residentes del CETI deben cumplir la normativa de convivencia, de lo contrario podrán enfrentarse a alguna sanción, como la expulsión temporal de las instalaciones en el caso de aquellos que alteren la convivencia o presenten conductas irrespetuosas con los demás.
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