Cosas de comunistas
El Ayuntamiento de Madrid comprará por 55 millones el edificio del servicio municipal de informática. Los informes le atribuyen un valor 10 millones inferior
No tiene lógica alguna que el PP y Cs consideren que esta es "una gran operación para Madrid". Hace tres años organizaron una cacería política con apoyo mediático
El pasado 12 de diciembre
el Ayuntamiento de Madrid aprobó la compra por 55 millones de euros del
edificio que alberga el servicio municipal de informática. Aunque los
informes municipales atribuyen al inmueble un valor 10 millones inferior
y por tanto la operación se habría formalizado un 22% por encima de
este importe, el equipo de Gobierno actual considera que, si hubiera
tenido que trasladar a todo el personal a otro lugar y hacer obras de
reforma y adecuación en una nueva ubicación, el coste total de la
operación sería superior a los 55 millones de euros del importe de la
oferta de adquisición preferente hecha por la propietaria actual del
edificio. La justificación que la Junta de Gobierno ha utilizado para
realizar la adquisición es que supondrá un ahorro para el Ayuntamiento
de más de 25 millones en los próximos 20 años y una rentabilidad media
del 8,3 %.
Los datos que han anunciado, más allá del análisis
detallado de la documentación asociada a esta operación, parecen señalar
que Partido Popular y Ciudadanos han hecho una operación buena para los
intereses de madrileñas y madrileños. Ahorrarse casi cuatro millones de
euros de alquiler es algo positivo y rentable económicamente para la
ciudad.
Pero no puede ser.
No tiene
lógica alguna que el Partido Popular y Ciudadanos consideren que esta es
"una gran operación para Madrid" porque hace tres años, solamente tres
años, organizaron toda una cacería política con apoyo mediático para
denunciar algo que seguramente lectoras y lectores recordaréis.
El
equipo de gobierno de Ahora Madrid y el Área de Gobierno de Economía y
Hacienda que en ese momento yo presidía, nos encontramos con el
resultado de las políticas de la derecha en nuestra ciudad llevadas a
cabo por Ruiz Gallardón. Para reducir el ritmo de crecimiento de la
deuda y obtener ingresos fácil y rápidamente, vendió edificios
municipales a empresas privadas. Sin embargo, como el Ayuntamiento
necesitaba la mayoría de todos esos edificios para prestar sus
servicios, en repetidas ocasiones y después de cada venta, el gobierno
firmaba inmediatamente un contrato de arrendamiento con su nuevo dueño
por el que se comprometía a pagar una renta mensual a cambio de seguir
usándolos. En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid tenía suscritos 30
contratos de arrendamiento que suponían un coste anual para las arcas
públicas de algo más de 6 millones de euros. Pues bien, solamente seis
años más tarde el número de contratos firmados había llegado a los 85 y
el coste superaba los 55 millones cada año, es decir, multiplicaron por 9
el coste anual de los alquileres para el consistorio. No era más que
una estrategia suicida el deshacerse del patrimonio público y alquilar
edificios a elevados precios. No era más que pan para hoy, y hambre para
mañana.
Eso sí, para quien sí resultaba una
estrategia verdaderamente provechosa era para quienes compraban los
inmuebles municipales y luego se los alquilaban al Ayuntamiento a
elevadísimos precios. Caso paradigmático fue el de un inmueble municipal
situado en Calle Alcalá, 45, precisamente el edificio en el que se
ubica el Área de Economía y Hacienda. El gobierno de Gallardón lo vendió
en 2004 a una empresa privada e inmediatamente después firmó un
contrato de alquiler con esa empresa para seguir utilizando el inmueble.
El precio del alquiler pactado (28,37 euros por metro cuadrado) fue muy
superior al de mercado (16,6 euros), un 71% más, lo que se traducía en
que el Ayuntamiento comenzó a pagar 18.293 euros diarios por arrendar
algo que antes era de su propiedad. El contrato se blindó hasta 2019,
asegurando así que la empresa privada ganara con el alquiler 100,7
millones de euros.
El
precontrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la entidad Testa
Inmuebles se firmó entre Juan Bravo, concejal de Hacienda y D. Pedro
Gamero del Castillo y Bayo, hijo de uno de los primeros ministros de
Franco, protegido de Serrano Suñer y defensor de las posturas más
filonazis durante la Segunda Guerra Mundial siendo uno de los
anfitriones de Himmler durante la visita de este a Madrid. Su hijo y
heredero es quien firma este contrato. Daría para hablar bastante este
hecho de cómo la oligarquía franquista ha sido directamente heredera de
la actual, pero lo dejaremos en un detalle histórico que dice bastante
de cómo se han consolidado ciertas fortunas en nuestro país tras la "modélica transición".
A
nadie se le puede escapar que era un negocio redondo para la empresa y
una ruina para el Ayuntamiento. Que la empresa agraciada fuera Testa
Inmobiliaria, filial patrimonial de Sacyr Vallehermoso, cuyo máximo
responsable Luis del Rivero aparece como donante del Partido Popular en
la contabilidad B de un tal Luis Bárcenas, es para algunos ingenuos, una
casualidad. Para quienes hemos visto que la dilapidación del dinero
público para beneficiar a unos pocos suele ir acompañada de financiación
ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de quienes
adoptan esas decisiones, las casualidades no existen.
La
estrategia que adoptamos desde el gobierno de Ahora Madrid fue acabar
con todos los contratos de arrendamientos en los que fuese posible
hacerlo sin mucho coste (muchos tenían cláusulas que encarecían
notablemente la finalización del contrato) y renegociar las condiciones
en los que no fuese posible. El objetivo último era ahorrar dinero y
también recuperar para el patrimonio público inmuebles estratégicos. No
era necesario recomprar todos los edificios ocupados en alquiler porque
el Ayuntamiento de Madrid tenía otros muchos inmuebles vacíos y sin uso,
de forma que se podían reorganizar los equipamientos y recursos para
aprovechar al máximo su utilización sin necesidad de comprar nuevos
edificios. El plan de reducción de alquileres permitió ahorrar en el
anterior mandato el 65% del importe abonado por el Partido Popular entre
2011 y 2014. No parece mala estrategia destinar esos fondos a
necesidades sociales en vez de a retribuir a los propietarios de los
inmuebles.
Y
por eso, en diciembre de 2016, recompramos el edificio y lo hicimos
adquiriéndolo más barato que el precio por el que fue vendido por el PP.
Si actualizamos el valor de venta de Alcalá 45 en 2004 con el IPC
tendríamos que haber abonado por el edificio 124 millones de euros y si
hubiéramos utilizado el indicador sectorial de vivienda e inmuebles, el
valor sería de 144 millones de euros.
Lo
adquirimos por 104 millones de euros. Ahorramos 22 millones en
alquileres hasta 2019 y la rentabilidad económico financiera de la
operación superaba el 8,33% sin incluir los costes de traslado a unas
nuevas instalaciones que habría que haber puesto a disposición del
Ayuntamiento ya en estas fechas y que ascendían a unos 15 millones de
euros adicionales.
Bueno,
pues esta operación realizada en 2016, mereció los calificativos de:
"comunista, caprichosa, arbitraria, despropósito, impresentable,
chapucera, realizada con prisas, oscura y que no tenía otro objetivo que
el que Sánchez Mato tuviera su palacio de invierno". Para completar el
marco, la Cámara de Cuentas indicó que la adquisición, pese a demostrar
un ahorro de gasto recurrente en los próximos 20 años de más de 140
millones de euros en alquileres, contribuía al incumplimiento de la
regla de gasto.
De todo esto, toda la
ciudadanía tuvo cumplida información en medios escritos, emisoras de
radio y alguna que otra televisión en los que se trasladó la posición
política de Partido Popular y Ciudadanos, obviándose los elementos que
hemos aquí desgranado tanto del origen de ese alquiler desmesurado como
del ahorro económico que esa decisión de gobierno supuso.
Ante tanta hipocresía acumulada, cabe formular algunas preguntas que no tengo duda alguna de que jamás serán contestadas.
- Si ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler al año, que es lo conseguido por PP y Ciudadanos, es "algo positivo y rentable económicamente para la ciudad", ¿me podría explicar alguien por qué ahorrarse 7 millones anuales es un "despropósito de bolcheviques"?
- Si comprar un edificio en 2016 era "una estratagema para disimular la reducida ejecución del presupuesto y una operación precipitada y apresurada", ¿cómo se debería calificar la que han aprobado el 12 de diciembre de 2019?
- Si ahorrarse 25 millones en 20 años, que es lo que ha hecho Almeida, es "una gestión excelente", ¿por qué reducir las obligaciones de pago municipales en 140 millones en el mismo plazo merece ser calificado de chapucero?
- Si conseguir una rentabilidad económica del 8,31%, que es lo obtenido por el actual equipo de gobierno, es "una buena operación", ¿por qué obtener el 8,33% era "un capricho de concejal comunista"?
Y por último, si comprar un edificio municipal para ahorrar alquileres en 2016 era un intento deliberado de incrementar el incumplimiento de la regla de gasto y fue usado como arma arrojadiza para exigir mi cese y el de mi equipo por incumplir la regla de gasto, ¿qué habría que hacer con Almeida y Villacís cuando han anunciado que la incumplirán y compran un edificio por 55 millones de euros?
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