domingo, 13 de abril de 2014

La Casa de San Jamás

por Juan José Téllez

13 abr 2014

Imaginen que, durante un incendio, los transeúntes no se alarmaran tanto de las llamas sino del diferente uniforme que luciesen los bomberos. La crisis de gobierno en Andalucía, suscitada esta semana tras el desahucio de la Corrala la Utopía en Sevilla, ha derramado ríos de tinta sobre la presunta firmeza de Susana Díaz, el supuesto radicalismo de Antonio Maíllo y, mucho menos, a propósito del llamativo encogimiento de hombros de Juan Ignacio Zoido, el alcalde sevillano y hasta hace poco presidente a la fuerza del Partido Popular de Andalucía.
En la Plaza Nueva de Sevilla, los despojados salieron a la calle con una semana de antelación, acampando a las puertas de la Casa Consistorial y de la Carrera Oficial de Semana Santa. Una extraña orden de desalojo, nos deparó imágenes entrañables de estas fiestas, como una niña agarrándose a las piernas de un comprensivo antidisturbios. Y todo ello en vísperas de que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento se reunieran para negociar una salida a la ocupación de un piso vacío de Ibercaja, esa entidad a la que los millonarios fondos comunitarios le sanearon algunas de sus amistades tóxicas. El suceso desató un extraño viacrucis en el que estuvo a punto de romperse el bipartito andaluz, que es como le llaman los desafectos a esa experiencia política que apenas ha dado un ruido en año y medio, pero que ha estado a punto de irse a pique quizá porque la izquierda es demasiado plural como para que le impongan los candidatos y las decisiones políticas por sms.
En un país en el que nadie ha cuestionado la legalidad de atiborrar de millones a Bankia para sanear los errores de Rodrigo Rato y de otros próceres al uso, ponemos de repente el grito en el cielo porque haya que respetar a rajatabla el turno de llegada de pobres a la ceremonia del goteo de viviendas sociales.
Vivimos en un tiempo de espejismos. Así, nos conmueve la elegante propuesta de que los socialistas abandonen a los rojos y se abracen a la grosse coalitionen al sur de Despeñaperros, formulada por Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente del PP andaluz después de haber sido diputado por Cantabria. Nos quedamos perplejos también ante la paradoja de que rompa a llorar cuando no le hacen caso y diga entonces que el PSOE es rehén de los radicales comunistas. Y, para colmo, en lugar de preguntarnos quién dio la orden de desahuciar a los okupas de la corrala, un mes después de que lo ordenase el juez y apenas unos días antes de cerrar el acuerdo que había estado fraguando durante dos años el Defensor del Pueblo de Andalucía.
En esa misma línea, los analistas se preguntan si es lícito realojar a 22 familias o tan sólo a 8, que son las que cumplen las condiciones estrictas para saltarse el turno por especial urgencia social. Pero nadie parece decir ni pío sobre el parque de viviendas vacías que mantiene tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía en su conjunto. Las ONGs aseguran que en dicha ciudad andaluza hay cuatrocientas familias bajo el paraguas de la exclusión social. Casi tantas como las 528 viviendas sin uso en manos de la Corporación local, que ha escapado sin apenas rasguños de todo este rifirrafe, con tan sólo decir que los activistas se equivocan y que ese no es el censo real; aunque no ofrezca la cifra exacta de techos disponibles a la sombra de la Giralda. La Junta, por cierto, tampoco acepta que sean 5.000 las viviendas de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), las que carecen de uso alguno en la actualidad.
Eso sí, en el texto del decreto antidesahucios que La Moncloa ha recurrido al Constitucional, la Consejería de Fomento que titula Elena Cortés, de Izquierda Unida, aseguraba que podría “estimarse que el número de viviendas vacías existentes en Andalucía se encontrará muy por encima de las 700.000″, incluyendo por cierto  a las de nueva construcción que no han sido adquiridas, más las que sus dueños no consiguen o no quieren vender o alquilar, así como las que han ido devolviendo sus antiguos propietarios por riguroso impago de la hipoteca, entre otras causas.
Según Caritas, 40.000 personas se encuentran hoy sin techo en España, frente a las 23.000 que estima el INE, quizá porque los organismos oficiales tan sólo contabilicen a los demandantes de viviendas y no a quienes tiraron la toalla hace mucho. Otras 12.000 personas –o familias– aguardan una vivienda de VPO en Andalucía. Casi el mismo número de viviendas de VPO que se encuentran vacías en todo el Estado, 13.504 según el último informe de la Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril.
La falta de transparencia sobre la ubicación y situación registral de dichas casas y pisos es absoluta, por más que el ministerio de Fomento prometa desde hace tiempo la creación de un registro general que recopile toda la información mercantil posible sobre su origen y situación legal. ¿Por qué no se destinan a alquiler social, por ejemplo, para evitar que existan casos como el de la Corrala Utopía de Sevilla, o como tantos otros que ahora quizá puedan suscitarse y que tal vez terminen dando una patada contra sus puertas, con el mismo ímpetu que algunas cajas de ahorros la dieron contra los fondos públicos o el chute de nuestros últimos dos gobiernos sobre los derechos laborales?
El pasado 28 de enero, el Banco de España hizo público que durante el primer semestre de 2013 se produjeron 35.098 entregas de viviendas por falta de pago al banco, cifra que incluye tanto las actuaciones voluntarias como las que se produjeron bajo requerimiento judicial. Se trata de una cifra bastante próxima a la del total del año anterior, cuando se registraron 44.745 procedimientos de desahucio. ¿Dónde va a ir toda esa gente? ¿A la Casa de San Jamás, como cantaba Aguaviva hace un mundo? ¿Dónde está el cuñado, el padre, el suegro o el alma caritativa que les admita en casa? ¿Hay tantos puentes para albergarles?
Esa es la mayor crisis que nos aflige y no hay ningún pacto de Estado en ciernes, de esos que tanto gustan a la galería, para intentar enfriar esta patata caliente. Sin embargo, apaciguadas las aguas políticas en Andalucía, pasaremos a otro asunto de la agenda de la actualidad sin que se nos arrugue la sonrisa. ¿Quién habrá ganado en ese pulso interno entre PSOE e IU, con varios goles en propia puerta? Quizá alguno de los últimos desahuciados tenga la respuesta. Uno de ellos quizá se anime a ocupar otra corrala en algún otro lugar, animado porque al menos ocho familias de La Utopía terminaron encontrando una solución a su desavío. Otro, sin embargo, no moverá un dedo, tal vez porque centrará su atención en las catorce que no consiguieron nada después de dos años de lucha. La vida sigue pero la Utopía ya no existe.

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