Como la Cañada Real, el Pozo del Tío Raimundo también fue un asentamiento ilegal. Como en la Cañada, sus habitantes eran gente humilde y, como en la Cañada, en los inviernos se pasaba frío porque no había electricidad. Hoy, en la antigua vía pecuaria del este de Madrid sigue habiendo cortes de luz. En el Pozo, hace 63 años, el movimiento vecinal y el empecinamiento de un cura en crisis de fe (política) consiguieron traer el tendido. Desde 1957 funciona ininterrumpidamente la Cooperativa Eléctrica del Pozo, empresa de distribución y venta de electricidad que resiste en Madrid a la presión de las grandes compañías de la energía, dando luz a 2.400 familias del barrio.
José María Llanos, jesuita, falangista de primera hora y confesor de Franco, emprendió un giro ideológico que lo llevó con los años al Partido Comunista. Tuvo que ver en ello su llegada al Pozo, donde se encontró con la precariedad de los nuevos madrileños, protagonistas del éxodo rural, venidos principalmente de Extremadura y Andalucía. La Unión Eléctrica Madrileña, que entonces distribuía energía en la ciudad, no estaba por la labor de dar suministro. No existía entonces la empresa pública Red Eléctrica, que llegó con los socialistas en los 80, y el transporte de energía estaba en manos de un oligopolio dirigido por adictos al régimen. En el vecindario se organizaron para traer ellos mismos la luz. «Fue una movilización dura, la empresa se aferraba a que las viviendas eran ilegales y a que la gente no iba a pagar», recuerda Eladio Palomino, presidente del consejo rector de la eléctrica, de la que fue técnico antes de jubilarse. El padre Llanos se implicó, usó su influencia y se enfrentó a su propia familia, recuerda Palomino.
De la cooperativa vino el germen de la asociación de vecinos que luchó por la reforma del Pozo, que no llegaría hasta la democracia. Del único transformador que había al principio, se pasó con el tiempo a seis. La sede de la eléctrica está hoy en uno de los locales cedidos en los 80, cuya entrada adornan las placas de las primeras calles del vecindario, y solo tiene dos trabajadores, que además son hermanos. Lola y Fermín Tostado, nietos del tesorero de los 70. Represaliado tras la guerra, esquivó la pena de muerte por tener una hija en camino y se reencontró en el Pozo con un compañero de presidio, el dueño de la papelería, que lo introdujo en la cooperativa.
La eléctrica afronta tiempos complicados, el coronavirus ha golpeado duramente. «Vamos a tener unas pérdidas en comercialización apabullantes, nos hemos comido la pandemia con gente que ha perdido el trabajo, que está en ERTE, que ya estaba en situaciones laborales precarias de antes», avanza Lola, que desde 2004 es gerente, administrativa, atiende al público y ejerce de psicóloga (fue lo que estudió en la universidad) de una clientela que paga cuando puede. «Soy el antidirector de empresa», casi presume. Fermín, por su parte, es el electricista de guardia, el que coge las herramientas cuando hay una incidencia, el que corta los enganches de los morosos más recalcitrantes.
En una mañana, mientras Fermín teclea en una estancia, Lola atiende a Elena, una vecina que habla castellano con dificultad y le explica que la cola para ir al banco a hacer el ingreso es muy larga. «No te preocupes, Elena, si queréis, venís a pagar aquí», la tranquiliza. El hecho de que haya una persona en la sede atendiendo las quejas y dudas, y no una centralita de llamadas y un teleoperador impersonal tras un rato de espera, agrada a los clientes, que reciben constantemente ofertas de las grandes empresas para cambiarse de compañía. Fermín ya se las ha visto tiesas en alguna ocasión con comerciales que abordan a mujeres mayores en sus casas y las confunden para que firmen un contrato distinto casi sin darse cuenta. «Viene un abuelo de 85 años a preguntarte por qué no le estás facturando y resulta que se ha cambiado de empresa [sin saberlo]; se te cae el alma a los pies», critica Lola.
Pese a las muy cacareadas virtudes del mercado libre, en la eléctrica del Pozo certifican que los precios de la luz son hoy mucho más caros que hace 20 años. «Nosotros somos una empresa y queremos ganar dinero, pero la idea es hacer un retorno cooperativo a los socios, cuanto mayor mejor», cuenta la gerente. El descuento antes de impuestos era antes de 2009, cuando se liberalizó la comercialización, del 12%, ahora solo es del 2,5%. Podría ser algo mayor, pero la compañía tiene que contribuir también con una parte para sufragar el servicio a los consumidores de último recurso, los que están en una situación más vulnerable. Estos pueden acceder a bonificaciones del 25% o el 40%, dependiendo de lo escasos que sean los ingresos del hogar, pero la ley exige que sea a través de una de las llamadas comercializadoras de referencia, que para ser consideradas como tales tienen unos requisitos de capital social y número de clientes que quedan muy lejos de las posibilidades de la pequeña compañía del Pozo. Con lo cual Lola se ve en la tesitura, de vez en cuando, de tener que recomendar a los clientes que se vayan con la competencia. «El año pasado, 150. Y este año, calculo que otros 150», dice. «Ser pequeño significa que no pintas para lo bueno, pero cuando hay que pagar, pagas como uno más», lamenta Palomino.
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