Desahuciados en plena pandemia: “He pasado meses durmiendo en un garaje donde guardo los muebles”
- En 2020, según el Consejo
General del Poder Judicial, se han producido 18.138 desahucios. El nuevo
decreto del Gobierno estipula la suspensión de desalojos “en el caso de
personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional”
- “Toda la familia dio positivo y por eso seguimos en casa. Gracias al Covid tengo un techo”
- “Soy víctima de violencia machista, tengo tres hijos (uno bipolar) y me dejan en la calle en plena pandemia”
“¡Las calles serán siempre nuestras!”, gritaban cientos de personas mientras los agentes se replegaban en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Era el mediodía del pasado 11 de noviembre y, tras varias horas de tensión, de levantar esas manos que fueron sus únicas armas, celebraban, aún angustiados, que Ruth y José se quedaban en casa. Un crisol de alegría y rabia contenida se reflejaba en las caras enmascarilladas de los que allí estuvieron.
Casi a la misma hora, pero a unos cuantos kilómetros de distancia, en Fuenlabrada (Madrid), la mezcolanza era de tristeza y enojo palmario. Mayte Badenes (de 45 años) abandonaba, junto a su madre de 82 y sus hijas de 8 y 12, la casa que sus padres habían terminado de pagar en 1982.
El pueblo había logrado paralizar el desalojo 12 días antes, pero ese 11 de noviembre se corroboraron los peores augurios. Mayte llevó a sus hijas a casa de unas amigas, donde vivieron hasta finales de mes. Encontró un colchón para su madre en el piso de otra amiga. Ella dormía en el suelo a su lado: “Han sido mi salvación, yo no sabía dónde meterme”, asegura.
El drama de Mayte comenzó en junio de 2014, cuando solicitó un préstamo de 27.000 euros a Muthoot Finance para poner en marcha un bar. Rehipotecó la casa de sus padres como aval. Ese hogar familiar que sus progenitores pagaron hace 38 años: “Volvieron con dinero de Bélgica y compraron dos casas. Cuando se divorciaron, una se la quedó mi padre y otra mi madre. Pero como ella no tenía dinero para pagar los gastos del divorcio, mi padre hizo un embargo de la vivienda. Parte de mi préstamo fue para pagar a mi padre por ese embargo”.
Mayte fue víctima de violencia de género en septiembre de 2014, dos meses después se aplicó la orden de alejamiento. Imposibilitada para gestionar el bar, entregó las llaves en enero de 2015 con todas las deudas zanjadas. Excepto el préstamo: “En noviembre de 2014, tras tres mensualidades sin pagar, me envían un burofax y me dicen que o pago la totalidad en dos días o me subastan la casa. Intenté negociar, pero fue imposible”.
Comenzó entonces un proceloso camino jalonado de juicios, inanes intentos de acuerdo y nervios. Muchos nervios. Pasaron varios años hasta que, el 19 de marzo de 2019, en plena pandemia del coronavirus, le adjudicaron el piso a tres empresas: “He presentado informes de vulnerabilidad, de la situación de mi madre, de mis hijas, les he dicho que les pago 400 euros y nada”.
Mayte, cuyos únicos ingresos son 430 euros de una ayuda para mayores de 45 años y 398 de la pensión de su madre, acaba de recibir 20.000 euros “del sobrante de la cantidad por la que vendieron el piso. Han quitado lo que les debía, con muchos intereses, y me han dado eso”.
El 30 de noviembre comenzó a vivir en su nueva casa de Torrijos (Toledo), a 82 kilómetros de Fuenlabrada. Para conseguir que le alquilaran la vivienda ha tenido que pagar la renta correspondiente a un año (casi 6.000 euros) en concepto de fianza y, a la vez, seguir pagando cada mensualidad.
“Estoy tranquila, llevo cuatro años pasándolo muy mal y, al menos, ahora sé que no va a venir nadie a echarme”, dice Mayte. Trata de olvidar estos años, aunque se muestra muy dolida con los Servicios Sociales de Fuenlabrada: “Me recomendaron que buscara fuera de Madrid, porque era más barato, y me prometieron ayuda con la fianza y con la renta de tres o cuatro meses. Pero nada. En cuanto encontré el piso me dejaron tirada. ‘Que me fuera a los Servicios Sociales de Torrijos’, decían. Echo de menos una mísera llamada del Ayuntamiento: mi padre ha sido policía en Fuenlabrada, llevaban 40 años viviendo allí y lo único que han hecho es ponernos 15 policías en la puerta y otros ocho arriba”.
“Toda la familia dio positivo y por eso seguimos en casa. Gracias al Covid tengo un techo”
Mientras Mayte salía de su casa para buscar un lugar en el que dormir, Ruth y José, a las puertas de la suya, agradecían el apoyo de la gente que paró su desahucio: “Ha sido gracias a vosotros. Os llevo en mi corazón”. Esa mañana quedó resumido en este reportaje de Koiné TV.
Dicen que la alegría dura poco en la casa del pobre. El nuevo lanzamiento se señaló para quince días después, el 26 de noviembre: “Nos habían dado ya la fecha del desahucio. Entonces mi hijo dio positivo por Covid, y, detrás de él, toda la familia. El coronavirus ha parado el mundo entero, pero yo le doy la gracias porque gracias a él tenemos un techo”.
Esto no ha acabado. Ni mucho menos. Ya tienen día para el próximo intento, será el 1 de febrero de 2021 a las 8 de la mañana. “Esto es horrible, que me den una alternativa, yo no quiero vivir de patada. Somos trabajadores de toda la vida, sólo quiero una oportunidad”.
Para Ruth es difícil mirar atrás. A esos tiempos en los que, más mal que bien, con la venta ambulante podía pagar una hipoteca. El calvario comenzó en 2018 cuando tuvo que elegir entre dar de comer a sus hijas (una de 3 años, otra de 15 y uno de 21) o saldar su deuda con el banco. No cabía duda en la respuesta.
Lo recuerda con tristeza: “No podía pagar la hipoteca que tenía con Ibercaja, así que me hicieron un alquiler de 350 euros. Lo pude pagar durante casi un año y luego ya tampoco”. El primer desahucio parado fue en 2019. Tras él, relata Ruth, “fuimos a Ibercaja y llegamos a un acuerdo para pagarles 3.000 euros y luego una renta más baja. Con ayuda de familiares y organizaciones conseguimos el dinero y, de repente, pasado un mes, nos enteramos de que Ibercaja había vendido el piso a un fondo buitre con nosotros dentro. Este, a su vez, también lo puso en venta. Llegaba gente y me decía: ‘Te doy 50 euros si me dejas verlo’”. El siguiente desalojó se fijó para el 20 de marzo, pero con el Covid se paró todo. “Eso sí, en cuanto acabó el primer estado de alarma se abrió la veda”.
Ruth ha presentado un informe del Hospital Miguel Servet de Zaragoza en el que se indica que su hija pequeña padece hipoplasia hipofisaria severa y que necesita tratamiento diario. En otro documento, este del Ayuntamiento de Zaragoza, se dice que la familia está en “situación de especial vulnerabilidad”, con unos ingresos totales de 738 euros del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI).
No parecen motivos suficientes para que Ruth, José y sus hijos tengan una alternativa habitacional. Tras el primer intento de desahucio, aclara ella, “nos ofrecieron una casa fuera de Zaragoza, a mí me venía muy mal porque tengo que ir habitualmente con mi hija al médico, y la rechazamos. Pero nadie me dijo que si decía que no, ya no tendría oportunidad de aspirar a más. Te juro que ahora la cogería”.
“Hago vida en la calle y, por las noches, entro a escondidas al garaje”
El 20 de marzo tuvo lugar el segundo intento de desahucio de Ruth. Por esas fechas, Toribio Hidalgo Casillas (‘Tory’ para los amigos) ya llevaba cuatro días durmiendo en un garaje de Sant Celoni (Barcelona). Su desalojo estaba programado para el 16 de marzo, se suspendió con la pandemia, pero nadie le avisó (aún no estaba en contacto con la PAHC Baix Montseny) y dejó la casa antes de que alguien llegara para echarle.
Seis días antes había sacado todas las cosas de la casa en la que llevaba viviendo 20 años (sólo dejó un sofá para dormir hasta el 16) y las había metido en un garaje que alquiló por 75 euros. Era la culminación de un proceso que se inició cuando la propietaria de la finca en la que residía falleció y esta pasó a sus hijos. “Trabajé durante 27 años en una empresa de caravanas y casas móviles, pero me echaron con un ERE. Entonces, sin que yo pidiera nada, la antigua propietaria me bajó la renta 135 euros. Pero todo cambió cuando ella murió”.
Hacía vida por la calle y, a escondidas, entraba por la noche en el garaje: “Había vecinos que sospechaban y tenía miedo de que me denunciaran por dormir allí”. Después compartió pensión con un compañero durante mes y medio. De allí pasó a un edificio okupado donde halló un sofá. Volvió al garaje durante más de un mes. Llegó entonces una primera okupación fallida, y con posterioridad un hostal en el que los Servicios Sociales pagaban una parte y él otra: “La dueña del hostal me ha perdonado 150 euros. Todavía hay gente buena en el mundo”.
Hace sólo unos días, ha okupado otro piso vacío. Desde él habla con cuartopoder. Está tranquilo, dice, a la espera de que vayan a identificarle: “Ya sé cómo funciona esto, pero, al menos, tengo un colchón hasta que vengan”. Su único ingreso es una ayuda de 430 euros. “Llegué a esta situación por algo puntual, que le puede ocurrir a cualquiera. Espero salir. Yo no quiero esto. Quiero trabajar, pagar mis impuestos y tener una casa”.
“Soy víctima de violencia machista, tengo tres hijos (uno con una discapacidad del 50 %) y me dejan en la calle en plena pandemia”
A las 6:45 de la mañana del pasado 7 de julio, Esperanza (43 años), su hijo de 17 años (bipolar, con una discapacidad del 50 %), su hija de 13 y otro hijo de 12 se vieron en la calle. Les acababan de echar del piso que habían okupado en un bloque del barrio de Torrero (Zaragoza).
“Vino un despliegue policial que sobrepasaba todos los límites. Mi hijo, el que está malo, vomitando, los demás también muy mal. Justo la chica que vivía debajo de mí se marchó, porque también la iban a desalojar, y me metí yo”. Ahí está ahora Esperanza, que asume que, en cualquier momento, volverá a ser desahuciada.
“La gente se piensa que de okupa se vive bien. Yo no. Yo vivo con el corazón en vilo. Prefiero pagar un alquiler y saber que nadie va a venir. Si me ofrecen un alquiler social lo acepto con los ojos cerrados. Llevo apuntada en Zaragoza Vivienda desde 2016, pero nada”.
2016 era dos años antes de que Esperanza, que sufrió violencia de género, perdiera su casa. Ya en aquel momento reclamaba un alquiler social: “Siempre he vivido de alquiler, la última vez (en 2018) tuve que dejar el piso porque la propietaria lo necesitaba para uso propio”. Esperanza cobra 700 euros del IAI “y con eso no vale para hacer un seguro de impago, que es un requisito que ya pide todo el mundo: agencias y particulares”.
Primero entró en el piso del que la desalojaron hace cinco meses: “Era de la Sareb. Zaragoza Vivienda me iba a reubicar en una vivienda social, pero llegó el PP al Gobierno municipal y se cargó toda la mediación en caso de ocupación”. Lo que llegó no fue una alternativa habitacional, sino un desahucio. Y otra okupación.
“Habrá gente que okupe para delinquir, pero yo no me niego a pagar. Sólo quiero un alquiler y que quiten las restricciones. Yo no quiero vivir de okupación”, afirma.
“Lo que nos espera en 2021 es realmente terrible”
Según el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), en el primer trimestre del año actual hubo 9.659 desahucios, 1.383 en el segundo y 7.096 en el tercero. Por tanto, 18.138 en total. Las cifras fueron netamente superiores en los años anteriores (en los que no había pandemia): hasta el tercer trimestre de 2018 hubo 44.606, mientras que el año terminó con 59.677. A septiembre de 2019, el cruel recuento estaba en 40.384. La anualidad finalizó con 53.996.
En palabras de la representante de Stop Desahucios Zaragoza, durante el intento de desalojo de Ruth y José, “después del parón van a venir todos juntos, lo que nos espera en 2021 va a ser realmente terrible”.
Esta percepción podría verse atemperada por el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. En el artículo 1 del mismo se establece la “suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional”.
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