Resulta ineludible un nuevo contrato social
Se impone establecer unas nuevas reglas
Las perspectivas de la COVID no resultan, hoy en día, nada optimistas. Lo que debía ser una posible tercera ola los próximos meses ya se ha iniciado mucho antes de tiempo y la variante del virus que ha emergido en Gran Bretaña ha encendido todas las alarmas por su mayor capacidad de contagio además de proporcionar a ese país, de facto, un Brexit duro con el que no contaba. Siempre se ha dicho que hay que ser cauto con lo que se desea ya que corres el riesgo de que te sea concedido. En todo caso no ha habido tregua navideña de la pandemia. Más aislamiento y soledad para las personas y más depresión para una economía que, aparte de los contados sectores que lo perciben como una oportunidad, está inmersa en un bache profundo de difícil y larga salida. Estamos todavía en una fase de contención en la que mantener el tejido productivo resulta crucial. El proceso de vacunación nos abre a la esperanza, pero de momento solo es esto. Serán necesarios más programas de ajuste temporal del empleo, aplazamiento de impuestos, ayuda directa a autónomos y pequeñas empresas y proporcionar liquidez con líneas de avales y créditos. Y, lógicamente, ayuda directa a las personas que han perdido o se les disiparán sus ingresos y corren el riesgo de aumentar la ya muy poblada zona de exclusión social.
Habrá que articular después la fase de recuperación la que, en el mejor de los casos, se alargará más de tres años. Se tratará de recuperar la actividad económica y el empleo de cara a restablecer también el consumo. Habría que poner en práctica políticas económicas tendentes a transformar estructuralmente la economía, tema que en España resulta del todo imprescindible e inaplazable. Los importantes fondos provenientes del Next Generation instrumentados por la Unión Europea deberían servir para cambiar profundamente una economía de bajos niveles de productividad y demasiada dependencia del turismo, hacia una economía más competitiva, tecnológica y sostenible. Mudar de una economía marrón a una economía verde es ya inexorable, como lo es un proceso reindustrialitzador inteligente, asumir la transición energética hacia las renovables, digitalizar las pymes, aumentar la dotación en investigación y desarrollo en los presupuestos públicos o bien invertir mucho más en salud pública. Se debe estimular la innovación, garantizar la producción más estratégica en el propio país y evolucionar hacia una economía de tipo circular que no genere residuos y con una huella de carbono reducida.
La financiación de todo esto, aparte de los fondos europeos, se hará en buena parte endeudándose, pero se debería optar, también, por sanear un ineficiente y desfasado sistema tributario. Con prudencia, la deuda no es hoy un mal recurso teniendo en cuenta que el precio del dinero está en tasas negativas. Ahora bien, como a pesar de todo se tiene que devolver, ciertamente que lo que se hace se diferir la carga hacia las generaciones futuras. En parte, parece bastante lógico teniendo en cuenta que, justamente, lo que se trata es de hacer inversiones que posibiliten un futuro digno. Ahora bien, lo que hay que revisar en profundidad es un sistema tributario lleno de agujeros que lo convierten en insuficiente y poco equitativo. Multitud de mecanismos de fraude fiscal que se calcula se aproximan a los 60.000milions de euros anuales y formas de elusión fiscal que llevan, por ejemplo, que las empresas del Ibex liquiden una media del 6% en Impuesto de Sociedades cuando el valor nominal es del 30%. Todo ello explica bastante la debilidad de los ingresos tributarios del Estado como, también, la incapacidad para hacer cotizar de alguna manera las incontrolables plataformas digitales o las grandes corporaciones que operan en muchos países a la vez, especulan con sus precios de transferencia para que los beneficios terminen recalando en paraísos fiscales. Apple centraliza su negocio europeo en Irlanda, donde tiene pactado un tipo impositivo del 0,005%.
Más allá de la deficiente gestión del sistema fiscal, hay un problema con su naturaleza. Los sistemas tributarios actuales descansan sobre las rentas del trabajo mucho más que sobre las rentas de capital. Resulta injusto y tiene bastante ver con la creciente y acumulativa desigualdad social acentuada en los últimos tiempos. Pero, además, resulta ineficaz cuando los salarios tienen un peso cada vez menor en el PIB de los países. Son los efectos inherentes a unos salarios medios en declinación y en una sociedad con cada vez más gente sin trabajo o brutalmente precarizada. Se impone establecer unas nuevas reglas. Resulta justo y necesario.
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