Hace unos días, el secretario general de Podemos y vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, propuso que en España se estableciera una tasa o impuesto extraordinario para la reconstrucción del país que recayese sobre las personas con grandes patrimonios: del 2% a partir del millón de euros; el 2,5% a partir de 10 millones; el 3% a partir del 50 millones de euros y el 3,5% a partir de 100 millones.
Es una propuesta muy parecida a la que se viene haciendo en muchos países no sólo por partidos o economistas de izquierdas sino, desde hace años, por muchas de las personas propietarias de grandes patrimonios. En Estados Unidos, muchos financieros y grandes capitalistas han reclamado en diversas ocasiones que se establezcan ese tipo de impuestos sobre sus fortunas porque, como dijo una vez el inversor Warren Buffet, él pagaba un 17,7% de sus ingresos entre el impuesto sobre la renta y cotizaciones sociales, frente a una media del 32,9% del personal de su empresa: "No hay nadie en la oficina, desde la recepcionista para arriba, que pague un tipo fiscal más bajo, y yo no tengo ningún planeamiento fiscal, no tengo contables ni recurro a refugios fiscales, me limitó a cumplir lo que el Congreso de los Estados Unidos me dice que haga".
Eso mismo ocurrió en Alemania en 2011, cuando un grupo de millonarios hizo un llamamiento a través del semanario político Die Zeit exigiendo que se aumentara la tributación de las grandes fortunas del país, para contribuir a incrementar los ingresos del Estado en tiempos de crisis financiera.
También en Francia, dieciséis de las mayores fortunas de aquel país pidieron en ese mismo año al Gobierno que les impusiera un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis. En su manifiesto decían: "Nosotros, presidentes o dirigentes de empresas, empresarios, financieros, profesionales o ciudadanos ricos, deseamos la instauración de una 'contribución excepcional' que afectaría a los contribuyentes franceses más favorecidos".
La mayoría de los grandes propietarios no piensa de este modo, esa es la verdad.
Ahora que estamos viviendo las consecuencias económicas tan dramáticas de una emergencia sanitaria nos percatamos mejor que nunca de las opciones morales de cada uno.
Mientras que hay millones de pequeños y medianos empresarios que luchan sin descanso y sin apenas recursos para salvar sus recursos, cuando millones de personas se quedan sin ingresos y tienen que recurrir a comedores sociales para poder alimentarse, cuando los gobiernos (es decir, toda la sociedad) tiene que endeudarse hasta las cejas para evitar que cierren empresas, ¡qué difícil es encontrar muestras de solidaridad entre las personas con mayores fortunas!
Es verdad que muchas de ellas, algunos grandes empresarios, incluso están renunciando a sus retribuciones, un gesto simbólico sin duda valioso, o que realizan contribuciones silenciosas y de gran generosidad a otras personas que las necesitan. Pero siendo todas esas muestras dignas de elogio por la actitud personal que llevan consigo, no pueden ser por sí solas lo que permite que una sociedad sea justa y progrese proporcionando a todos sus miembros capacidades efectivas para ser libres y auténticas personas. Es más, pueden llegar a generar situaciones más propias de otros tiempos, como ocurre cuando el rey Felipe de Borbón, en lugar de reclamar Justicia distributiva, cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales y lucha contra la corrupción, se dedica a pedirle a la nobleza que compre leche y aceite para ayudar a la Cruz Roja.
La caridad es una virtud que debemos cultivar para sentirnos realmente humanos y no salvajes y debería ser digno de aplauso y reconocimiento social que se lleven a cabo. Yo aplaudo cuando grandes empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig la practican y hacen donaciones millonarias y creo que eso mismo deberíamos hacer todos los españoles. Pero me parece igualmente evidente que la caridad, la generosidad particular, es sólo una de las ruedas con las que puede andar el carro de una sociedad moderna. Porque con ella sería insuficiente para sufragar todo lo que la sociedad en su conjunto necesita para que los seres humanos vivamos con dignidad y libertad; porque, desgraciadamente, no todas las personas tienen la misma disposición y porque lo que debe presidir el criterio de satisfacción de las necesidades colectivas ha de ser la justicia y ésta no puede quedar, por definición, al albur de nuestro particular deseo de contribuir o no a las cargas comunes.
Lo que necesitamos no son solo prácticas caritativas que vienen tan caprichosamente como se pueden ir. De nada sirve una nobleza o personas de grandes fortunas con gran generosidad que proporcionen pan y aceite a los pobres si luego esconden su patrimonio (como la propia familia del Rey) en paraísos fiscales. Lo que necesitamos es justicia fiscal.
Y es de llamadas a la justicia de lo que estamos escasos entre las clases más afortunadas de nuestra sociedad.
En lugar de reclamar una imposición para sí semejante a la que recae sobre el resto de la sociedad con menos ingreso y patrimonio, los más ricos de entre los ricos sólo buscan evadir cada vez con mayor sofisticación sus obligaciones fiscales.
Ha sido precisamente su mayor influencia política lo que ha hecho que los impuestos extraordinarios que solicitan incluso las personas ricas más generosas en momentos de crisis no sólo no hayan avanzado, sino que incluso poco a poco estén desapareciendo los que recaían sobre el patrimonio en muchos países. En Francia, por ejemplo, existía desde los años ochenta del siglo pasado un impuesto sobre las fortunas superiores a 1,3 millones de euros que el presidente Macron eliminó en 2028 para sustituirlo por otro sobre la riqueza inmobiliaria que también suspendió poco después. Y algo así ha parecido en otro muchos países.
Ese paso atrás consistente en reducir la imposición sobre las grandes fortunas justamente cuando mayores son los patrimonios y cuando más se abre la brecha entre la riqueza de los más afortunados y la de la gente normal y corriente es una de las razones que explica que en los últimos años la desigualdad crezca sin parar en nuestras sociedades, con el daño que es sabido que eso produce en todos los ámbito de la vida social y económica.
En estos momentos de una crisis económica tan grave provocada por la pandemia comprobamos mejor que nunca la doble vara de medir de los egoístas y la doble moral de quienes están a su servicio o viven de los pequeños derrames que dejan caer a su alrededor.
En los barrios ricos de todas las ciudades del mundo no sólo proliferan las protestas para evitar los inconvenientes que supone el incómodo confinamiento sino para mostrar el rechazo hacia las medidas sociales, en todos los casos más bien modestas en comparación con las que reciben siempre los más adinerados, que reciben los pobres. Basta ver las críticas que ha concitado en España la aprobación de un ingreso mínimo de baja cantidad y que ya existe prácticamente en todos los países de la Unión Europea.
Al mismo tiempo que se enarbolan banderas nacionales y se gritan consignas de amor a la patria se critica cualquier tipo de medida orientada a que todos los españoles contribuyamos en la misma proporción a sostener las cargas que la patria necesita para garantizar una vida digna a todos nuestros compatriotas.
No hace falta ser un genio de la sociología para saber la estrecha correlación que hay entre las familias que más se oponen a las medidas sociales de este gobierno manifestándose en estas últimas semanas en las calles y las que tienen cuentas en Suiza u otros paraísos fiscales, entre las que más banderas levantan y más besos le dan y las que más critican cualquier avance en justicia fiscal o eluden en mayor medida sus obligaciones con la hacienda pública.
Es muy curioso lo que está ocurriendo en estos últimos meses. Los más ricos de todo el mundo, los que pagan a los periodistas que difunden las maldades de los impuestos y a los políticos que los eliminan, se han dedicado a comprar los llamados "pasaportes pandémicos", es decir, la nacionalidad en diversos países para así poder desplazarse de un país a otro, según les convenga en cada caso, para eludir los confinamientos. Ahora lo hacen por esa razón, pero continuamente emigran de país en país huyendo del pago de impuestos, una emigración de la que se habla poco y que nada molesta, a pesar de que los costes que ocasiona a los países de donde salen y a donde van son mucho mayores de la emigración de quienes huyen de la pobreza.
No quiero decir con todo esto que la propuesta de impuesto que se se ha hecho en España por Podemos sea la solución de todos nuestros problemas. De hecho, no creo que, por sí solo, lo sea y me parece que se ha realizado de un modo bastante inadecuado. Si era una propuesta de Podemos no debería hacerla anunciado el vicepresidente del gobierno y si era del gobierno, debería haberlo hecho la ministra del ramo. Esa confusión no es buena y confunde a la gente. Además, las reformas fiscales no deben centrarse en figuras impositivas concretas que puede parecer que están dirigidas "contra" alguien sino como cambios de conjunto, sistemáticos, integrales y en beneficio de todos. Para no caer en el vacío, deben presentarse con gran solvencia técnica, venir acompañadas de medidas destinadas a evitar la elusión y el fraude y, sobre todo, precedidas de una potente pedagogía que explique bien los propósitos y las consecuencias de lo que se propone. De otro modo, las buenas intenciones fiscales se quedan en ruido que no resuelve nada y que lo empaña todo.
El debate sobre la nueva ley contra el fraude fiscal que ha anunciado la ministra de Hacienda sería una buena ocasión para plantear las cosas de otro modo, abriendo ante la sociedad española el debate sobre la justicia fiscal que necesitamos y como un reto fundamental: que quienes tanto dicen amar a la patria conviertan esa declaración de amor en una práctica efectiva que permita hacerla más grande y capaz de proporcionar libertad y bienestar a todos nuestros compatriotas.