¿Mentir o morderse la lengua?
El ministro Fernando Grande-Marlaska se mordió la lengua en sus respuestas en el Congreso de los Diputados y el Senado, que es algo muy distinto de mentir
El debate que se ha
abierto acerca de si el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska,
mintió en sus respuestas a las preguntas sobre el cese del coronel de
la Guardia Civil Pérez de los Cobos y, como consecuencia de ello,
debería dimitir, está viciado en su origen.
El
ministro no podía decir la verdad, porque ello hubiera supuesto dejar
constancia en el diario de sesiones que el origen del cese estaba en la
ejecución desviada por el coronel Pérez de los Cobos de una decisión
presuntamente prevaricadora de la jueza de instrucción Rodríguez Medel.
Fernando Grande-Marlaska sabía que era así, pero no lo podía decir.
En la pasada semana publiqué dos artículos sobre la decisión de la jueza, ¿Prevaricación administrativa o ignorancia judicial? y El mundo al revés,
en los que expliqué con cierto detenimiento por qué me parecía que era
la conducta de la jueza de instrucción y no la del delegado del Gobierno
de Madrid la que podría considerarse que había incurrido en el delito
de prevaricación, en la medida en que su decisión no era justificable,
ni procesal ni sustantivamente, con ninguna de las técnicas de
interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del Derecho.
A la misma conclusión llegó José Antonio Martín Pallín, que calificó la decisión de la jueza Rodríguez Medel de "absolutamente insólita, carente de sustento legal y desprovista de cualquier motivación racional".
La
reducción de una denuncia contra todos los Delegados del Gobierno a uno
solo y la exclusión de los demás posibles jueces de instrucción del
ejercicio de la función jurisdiccional carecen de cualquier
justificación objetiva y razonable. De la misma manera que carece de tal
justificación contemplar siquiera la posibilidad de que se haya
cometido un delito de prevaricación "por omisión", ante la inexistencia
en este caso de un "acto administrativo" por parte del Delegado de
Gobierno de Madrid. Como no lo hubo, por lo demás, por parte de ningún
otro de los restantes Delegados de Gobierno. La prevaricación exige una
conducta "dolosa y grave". No existe la prevaricación "imprudente o por
omisión".
En el origen de las preguntas que se
dirigieron al ministro en el Congreso de los Diputados y en el Senado
hay, por tanto, una decisión judicial estrambótica dictada "con una
ligereza y falta de ponderación preocupantes" (Martín Pallín). No se
trata de preguntas limpias, sino de preguntas capciosas, que descansan
sobre una actuación judicial presuntamente delictiva.
Pero
no queda ahí el asunto. Si resulta difícil de entender que una jueza de
instrucción actúe de la forma en que lo hace, admitiendo a trámite una
denuncia que tenía que haber sido rechazada de plano, no menos extraño
resulta que, además, solicite un informe no a alguno de los órganos de
investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (UCO,
SEPRONA), sino que se lo solicite al coronel Pérez de los Cobos, que no
dirigía ninguna unidad orgánica de investigación.
El
coronel Pérez de los Cobos asumió, sin embargo, la función de policía
judicial y encargó a unos subordinados la función de redactar un
informe, que plasmaron en un escrito de 82 folios plagados de
"falsedades, invenciones y juicios de valor". El informe llega a ser tan
delirante que OK Diario se convierte en una suerte de New York Times,
cuya credibilidad está por encima de toda sospecha. Esta es la forma en
que el coronel Pérez de los Cobos dio ejecución a la solicitud de la
jueza Rodríguez Medel.
En el ordenamiento español, de
manera en mi opinión anticonstitucional, la Guardia Civil es un cuerpo
sometido a disciplina militar. Las Fuerzas Armadas "constituidas por el
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire" están definidas en
el artículo 8 de la Constitución y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, en el artículo 104. No son
vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Pero, a pesar de
ello, la Guardia Civil está sometida a disciplina militar y le son
parcialmente de aplicación las ordenanzas militares. Y en dichas
ordenanzas "se impone el deber de comunicar a sus superiores y anotar en
el orden del día la puesta en marcha de una investigación a petición de
un juzgado" (Martín Pallín), sin que ello comporte la obligación de
informar sobre el desarrollo de las investigaciones. De que se está
haciendo una investigación, sí. Del contenido de la misma, no. Parece
que el coronel Pérez de los Cobos no cumplió con esta obligación.
Al
ministro se le pregunta por un cese que tiene su origen en una conducta
presuntamente delictiva de una jueza de Instrucción y en una conducta
irregular por parte de un coronel de la Guardia Civil. Y lo que hace es
"morderse la lengua" y contestar evasivamente, situando el cese en una
reestructuración administrativa, lo que, muy probablemente, es además
así.
No ha habido ninguna injerencia ni en el proceso
de elaboración y de transmisión del resultado del informe a la jueza,
que es lo que podía ser constitutivo de delito. El ministro simplemente
se ha mordido la lengua a fin de limitar el menoscabo que supondría para
el prestigio de la judicatura y de la Guardia Civil que quedaran las
palabras que reflejaran la verdad de lo acontecido en el Diario de
Sesiones.
No estoy, por ello, de acuerdo con el primer párrafo del artículo de Ignacio Escolar de hoy mismo. Completamente de acuerdo con el resto. Y tampoco con el editorial de ARA, también de hoy.
No hay comentarios:
Publicar un comentario