Ni una vía judicial más
La decisión de abrir la vía judicial contra el expresidente del
Govern, la expresidenta del Parlament y varios consellers no fue una
decisión jurídica, sino política
El principio de legitimidad democrática justifica y exige al nuevo presidente del Gobierno y a la nueva fiscal general del Estado la revisión de lo actuado
El principio de legitimidad democrática justifica y exige al nuevo presidente del Gobierno y a la nueva fiscal general del Estado la revisión de lo actuado
"No abrir ni una sola
vía judicial más" es uno de los ejes de la estrategia del presidente del
Gobierno para hacer frente a la crisis constitucional que afecta
principalmente al ejercicio del derecho a la autonomía en Catalunya,
pero que se proyecta sobre el sistema político español en su totalidad.
Estas fueron sus palabras textuales tras la reunión del Consejo de
Ministros del pasado viernes.
Está bien que así sea.
Pero no es suficiente. No basta con no abrir vías judiciales nuevas. Es
imprescindible que se revisen las vías judiciales abiertas y en especial
que se revise la vía judicial que decidió abrir el fiscal general del
Estado, José Manuel Maza, contra el expresidente del Govern y varios
consellers así como contra la expresidenta del Parlament y varios
miembros por el delito de rebelión.
El hecho de que el fiscal José Manuel Maza falleciera en
Argentina en acto de servicio, no puede hacernos olvidar que había sido
reprobado por el Congreso de los Diputados por una mayoría absoluta muy
amplia y que fue en su condición de fiscal general reprobado como
activó la querella.
El instituto de la reprobación
parlamentaria supone que el único órgano constitucional a través del
cual se proyecta la "soberanía nacional que reside en el pueblo español"
(art. 1.2 en relación con el 66.1 CE), considera que el titular del
órgano reprobado se ha inhabilitado con su conducta para el ejercicio de
la función para la que había sido nombrado. Únicamente el Congreso de
los Diputados puede legitimar democráticamente al presidente del
Gobierno mediante la investidura. Y únicamente el presidente del
Gobierno puede legitimar democráticamente al fiscal general del Estado.
El presidente del Gobierno puede retirarle esa legitimidad en cualquier
momento sin necesidad de dar ningún tipo de explicación. El Congreso de
los Diputados únicamente puede hacerlo mediante la aprobación de una
moción de reprobación, en la que sí se tienen que dar todo tipo de
explicaciones acerca de los motivos por los que tal reprobación se
produce. Un fiscal general reprobado carece de legitimidad democrática
para el ejercicio de la función que le ha sido encomendada. La decisión
del Congreso de los Diputados es una decisión firme no susceptible de
ser recurrido ante nadie.
Un "respeto decente" a la
soberanía nacional debería haber conducido al fiscal José Manuel Maza a
presentar su dimisión. Un mínimo de decencia política debería haber
conducido al Presidente del Gobierno a cesarlo si él no lo hacía. Faltó
ese respeto por partida doble al principio de legitimidad democrática y
acabó pasando lo que paso. Un fiscal reprobado por el Congreso de los
Diputados y, por tanto, "democráticamente indigno", aprovechó la
suspensión del Govern y la disolución del Parlament por el Gobierno de
la nación en aplicación del artículo 155 CE, para activar querellas por
el delito de rebelión contra los exmiembros del Govern y de la Mesa del
Parlament con la solicitud de las medidas cautelares más duras de todas
las posibles.
Dicha querella por rebelión y las
medidas cautelares adoptadas viciaron las elecciones autonómicas en
Catalunya del 21 de diciembre de 2017, el proceso de investidura
subsiguiente y continúa viciando las relaciones entre Catalunya y el
Estado, afectando, además, de manera no menor a la Jefatura del Estado. Y
no solamente en Catalunya, como los incidentes de este pasado viernes
en Palma de Mallorca, con ocasión de la recepción que la Casa Real
tradicionalmente organiza en esta fecha, pusieron de manifiesto.
Con políticos presos por un delito que el Tribunal Supremo no ha sido
capaz de argumentar persuasivamente ante los tribunales de Alemania,
Bélgica, Escocia y Suiza, y que no es, además, considerada una
calificación jurídica acertada por la mayoría, me atrevería a decir, por
la inmensa mayoría, de la opinión jurídica solvente de nuestro propio
país, no es posible que se pueda entablar una negociación que permita
salir del círculo vicioso en que nos encontramos.
La
decisión de "abrir la vía judicial" no fue una decisión jurídica, sino
política. Fue una decisión de un fiscal general del Estado en íntima
conexión con un Gobierno, cuyo presidente ha sido el primero de la
democracia al que se le ha aplicado una moción de censura. El principio
de legitimidad democrática no solo justifica, sino que exige al nuevo
presidente del Gobierno y a la nueva Fiscal General del Estado la
revisión de lo actuado.
Son ellos los que tienen que
decidir la política que se tiene que seguir y, en función de esa
decisión política, la adopción de la estrategia política apropiada.
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