Rescatando a Llarena

Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un juez
No hay motivos para que los ciudadanos rescatemos a un magistrado bocazas. A ver cómo lo explican

Elisa Beni

18/08/2018 -

 

Pablo Llarena EFE

Hasta la fecha el sufrido contribuyente español se ha visto abocado a rescatar bancos y concesionarios de autopistas varios, pero no se había dado el caso hasta el momento de que se nos pidiera que rescatáramos a un juez. Sin embargo, eso es exactamente lo que está sucediendo. El magistrado Llarena, con el dudoso apoyo de su amigo Lesmes, el amo del calabozo del CGPJ, pretende que se utilice dinero público para pagar la representación legal de Pablo Llarena en un pleito civil en Bruselas y, además, que en caso de que éste se pierda y sea condenado, se utilice el dinero de todos para pagar la indemnización, que sería simbólica, y hacer frente a las costas, que no lo serían tanto.

Ya saben, era esa demanda civil presentada por Puigdemont y los ex consellers Serret, Comin, Puig y Ponsatí de protección del honor por manifestaciones privadas realizadas por el magistrado en conferencias (patrocinadas por BMW, en FAES y en universidades de verano) en las que se habría vulnerado su derecho a la presunción de inocencia por parte del juez que instruye su caso. Esa demanda civil que le partía la caja a Llarena y al resto del mundo y que el entonces juez decano de Madrid consideró que no debía ni de hacerle llegar. Esa demanda que ha seguido su curso legal y que mantiene su citación para septiembre. Lo que era una coña y una ocurrencia hace dos meses ha terminado poniendo en marcha mecanismos inauditos para el rescate de Llarena. Con el dinero de todos. Y ojo a eso. Porque lo que se sustancia en Bruselas -lugar de residencia de los demandantes- es si el magistrado Llarena, que en sus escritos judiciales considera presuntos autores de un delito de rebelión y malversación a los catalanes, ha cometido un ilícito civil al dar por hecho en manifestaciones privadas que lo han cometido. Se preguntarán ¿y qué tiene que ver el CGPJ y el Ministerio de Justicia y, sobre todo, nuestro dinero con lo lenguaraz que sea Llarena o lo que se le escape el subconsciente cuando va por ahí de gira? Pues eso mismo me pregunto yo y me parece que también Justicia debe de estudiar muy bien la situación antes de tomar una decisión que pudiera suponer una mala utilización de fondos públicos, ya que esto tiene un nombre muy feo. Ya saben.

Estábamos en que Llarena y los demás reían a mandíbula batiente hace dos meses por la demanda y que éste desestimó rápidamente la recusación que se le hizo por considerar que tenía pleito con estas personas, lo cual es motivo legal para abandonar el caso. ¡A él no le interfería nada! Hace unos días, sin embargo, el juez presentó una petición de amparo ante el CGPJ al encontrarse perturbado en su independencia. ¿Y cómo puede uno no tener interés alguno y desestimar una recusación por un tema y semanas después afirmar que ese tema le perturba tanto que precisa amparo? Pues ya ven. Voy a intentar explicárselo. El imperturbable magistrado se ha dado cuenta de que el procedimiento civil belga sigue adelante y que podía optar por estar representado o en ausencia. Esto último no permite ninguna defensa así que ¿tenía que contratar un abogado y pagarlo de su bolsillo? Vaya faena. Además, pensándolo bien, incluso podía perder y aunque las indemnizaciones ascendieran a cinco euros, el pago de las costas incluyendo los honorarios de los abogados podía dispararse a un pico. Con el bolsillo propio amenazado, Llarena ha pedido sopitas. Estas sopitas no eran de fácil cocción. Me cuentan que el propio Lesmes afirmó en la Permanente que tuvo una conversación con la Abogada General del Estado para ver cómo se podía hacer que fuera la Abogacía la que se hiciera cargo de la situación. Esta le dijo que así, sin que se excitara la cuestión desde el Consejo, iba a ser más bien imposible. Así que, se pusieron a excitar y la excitación ha consistido en la utilización espuria de la figura del amparo que está pensada para preservar la independencia judicial respecto a otros poderes del Estado.

No acaban ahí las invenciones y las anomalías. De facto para conceder el amparo se vivió una sesión de alta tensión de la Comisión Permanente del CGPJ en la que no faltaron literalmente los gritos. Y es que la solicitud de amparo de Llarena no debería de haber sido ni siquiera tramitada. La ley recoge un plazo preclusivo de diez días para presentarlo desde el momento en que se produzca el hecho perturbador. Se ha llegado a rechazar la tramitación de peticiones de amparo por pasarse un día del plazo. Pues bien, la de Llarena se ha pasado no un día sino casi dos meses. Este motivo fue alegado por una de las vocales que se negaba siquiera a estudiar la petición al considerarlo ilegal. Nada importó al bulldozer Lesmes. Además, la petición de amparo conlleva un error conceptual dado que el mecanismo para garantizar la independencia poco tiene que ver con las acciones privadas de un magistrado y la posibilidad de que éstas le cuesten la pasta. Así que se habla de proteger frente a inmisiones del extranjero la indemnidad de la jurisdicción española cuando ningún riesgo sufre en un procedimiento personal, pero es que, además, eso no constituiría tampoco motivo de amparo. Lo cierto es que en la tumultuosa reunión llegó a resonar la frase: “A ver, que estamos hablando de dinero respecto de una persona que vive de su sueldo”. Así que se exige el rescate del magistrado Llarena y así se lo ha hecho llegar el CGPJ al Ministerio de Justicia.

La demanda civil presentada en Bélgica dice textualmente: “el juez Llarena ha cometido una falta AL MARGEN DE SU FUNCIÓN JURISDICCIONAL”. Ahora Lesmes ha decidido que, si el magistrado ha sido un bocazas, lo tenemos que pagar todos. El Ministerio ya ha dicho que la Abogacía del Estado no puede actuar y que, en todo caso, habría que contratar abogados. Ojo con esto. Ojo. Usar fondos públicos para pagar abogados en asuntos privados es algo no aceptable. De nombre feo.

No hay motivos para que los ciudadanos rescatemos a un magistrado bocazas. A ver cómo lo explican. 

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Elisa da en el clavo totalmente. 

A ver, si el responsable directo de la cagada es el juez Llarena, a él y sólo a él le corresponde pagar su defensa por su grave metedura de pata judicial ante los tribunales de  la UE. Lo que significa pagarse un abogado defensor y si no tiene con qué, solicitar un abogado de oficio, como todo el mundo, Si una democracia es igualitaria, así debe ser. Sin privilegios de casta ni chanchullos adjuntos. El que la caga, la paga. Máxime cuando en España hay quienes la pagan aunque no la hayan cagado, como por ejemplo, quienes se compraron una casa cuando tenían un sueldo normal y  estable, y, por una crisis de pésima gestión, se quedan sin techo, arrastrando, encima, una hipoteca impagable de por vida porque pierden el trabajo gracias a  "reformas legales" como la laboral, sin ir más lejos, a cargo del mismo estado que a la vez que les reduce  el sueldo a mitad les estragula legalmente, mientras las leyes y sus técnicos togados más obedientes al sistema político y financiero que a la Justicia distributiva que deberían defender desde la ética particular y la moral social, miran para otro lado, cobrando sueldazos comparativamente escandalosos, procedentes de unos impuestos que los expoliados por la ley del embudo siguen pagando. Poder Judicial, ¿al servicio de quién? ¿Del estado, cuya base es el pueblo soberano del que también han salido esos jueces, fiscales y abogados, que parcen haber caído de otra galaxia? ¿O tal vez al servicio de una complicidad "legalista", que no justa, para mantener un sistema de esclavitud social al que se intenta lavar la mugre con rituales y devociones formales, pero sin contenido ético ni cívico, y al servicio descarado y bien remunerado, de oligocracias depredadoras, de las que la casta jurídica oficial, ya forma parte como esbirra del poder, desde siempre?

Si como consecuencia del lance ya previsiblemente desastroso, el CGPJ se ve interpelado por la situación típica y tópica de que algo como lo de Llarena le puede pasar a cualquiera de sus miembros al verse en la tesitura de pagar una pasta de su bolsillo, por sus errores, ya sea por desconocimiento o por insensatez del juez en cuestión, que le impide aplicar el conocimiento de un modo adecuado a las situaciones que él mismo ha provocado, esas señorías tan engoladas deberían ser además de responsables y coherentes en plan gremio, más innovadoras e imaginativas y, por ejemplo, montarse entre ellas mismas un crowdfunding solidario para casos tan lamentables y torpemente gestionados ( algo parecido a lo que en el franquismo hicieron los joyeros y peleteros de Madrid para sufragar y paliar los saqueos habituales de Carmen la collares y costilla de S.E Paco el medallas, que cada vez con más frecuencia esquilmaba los establecimientos joyeriles y pellejiles, sin pagar ni un duro y dando por hecho que todo lo que elegía era un regalo obligado de los agradecidos siervos de la gleba al feudo de El Pardo. Curiosamente la mentalidad cortijera del jerifatado sigue en pie con idéntico "derecho", -de pernada, claro-.) Un ejemplo interesante es el caso de los arquitectos, que pagan un seguro durante años por cada obra realizada, en prevención de posibles problemas graves, que pueden surgir en cualquier momento y pillarles sin solvencia para asumirlos. Lo mismo puede suceder en cualquier estamento social y laboral. Para eso están los sindicatos, por ejemplo. Pero, claro, ¿cómo se van a rebajar las señorías de las alturas a sindicarse, si el estado es el hada madrina natural, si l'état c'est moi, n'est vrai? Pero en realidad, ¿por qué tendría que correr el Estado, es decir, todos nosotros, con el gasto de defender a un individuo que ha actuado aplicando la ley del peor y más torpe de los modos posibles y que para más recochineo, además de un inepto que se ha comportado como cohechista pro-pepero barriendo descaradamente en sus sentencias para un partido político que ha hecho papilla a una inmensa mayoría social, (el problema de Catalunya es un fifty/fifty entre dos caras del mismo estado que no encajan por exceso de orgullo estúpido y por falta de memoria, entendimiento y voluntad. O sea de inteligencia global); y para colmo, resulta que la autoridad juzgadora es un gorrón que pretende que le paguemos las facturas de su ineptitud, que tendría que pagar él, como lo hace cualquier ciudadano que meta la pata y perjudique, para más inri aun, a millones de personas con el resultado calamitoso de su fiasco profesional?

Lo que desde luego no deberían permitir los poderes  Legislativo y Ejecutivo en la democracia de un estado de Derecho, con la Jefatura del Estado en cabeza de la moral y la decencia (¡¡¡¡jajajaja!!!!, que en España va y resulta que tiene patente de corso constitucinal y puede hacer lo que le dé la gana sin que tenga que asumir nada de nada, por generaciones y corinnas en ristra...) es que la máxima representación del Derecho, que es el Poder Judicial, sea la Cueva de Alí Babá, en el mejor estilazo pepero, utilizando la misma Ley como amparo y tapadera de sus discapacidades y socavones morales y éticos, plasmados en una descarada prevaricación entre magistrados dispuestos a todo para escaquearse y protegerse mutuamente  de cumplir con la ley, que obliga indiscriminadamente a pagar por los errores cometidos a todos por igual (¡¡¡jajajajaja!!!).
¿Cómo y con qué autoridad, después de tal estropicio manipulador, piensan tener el impúdico cinismo de condenar y hacer cumplir esas mismas penas a los demás sentenciados y condenados, si cuando les toca a ellos la papeleta se esconden como conejos entre  subterfugios, miseria, inmoralidad, jeta inconmensurable y  legalismo ensimismado en sus privilegios, en un estado en que la justicia, constitucionalmente, se supone que es igual para todos (bis indefinido del ¡jajaja!)

Es una vergüenza que sujetos como Llarena, sólo por haber aprobado una oposición de memorietas y sin nociones prácticas de ética personal y moral colectiva sean nada menos quienes decidan lo que es o no es justo, lo que debe hacerse o evitarse para que se cumplan unas leyes sanas, no unos enredos arbitrarios con más trampas que soluciones honradas; en su capacidad de discernir y de conciencia lúcida personal, esa casta leguleya y retrógrada está a la altura  de un parvulario enrarecido porque el alumnado que sólo es adulto cronológico pretende ser el sabelotodo del cole, estando más verdes que  las espinacas. Basta con recordar los horrores del caso Garzón y el capote salvador que las señorías en cuestión le echaron a la Gürtel en el mismo CGPJ y Tribunal Supremo, para que se nos pongan los pelos como escarpias y las antenas estén conectadas con la realidad más que con las tertulias  sin sustancia y la demagogia a la carta mediática, para comprender que no basta con saberse de memoria todas las leyes, si no hay inteligencia, ni sensatez, ni sabiduría ni honestidad suficientes para aplicárselas a uno mismo y a los colegas  amiguetes con equidad y decencia, cuando se equivocan y hacen más daño que bien a la sociedad.

Afortunadamente, la especie humana va descubriendo que sí hay vida al margen del disparate oligócrata, y que si de algo bueno sirve la tecnología en la comunicación es para despertar conciencias a distancia, como la Universidad o el Bachiller cuando la gente no tiene acceso físico para compaginar el estudio con la asistencia diaria a las aulas. Internet ayuda  a solventar muchas lagunas desinformativas y madres inmundas de la corrupción, porque si se quiere, la información mediante el análisis comparativo y la reflexión entre noticias y realidades, se puede convertir en búsqueda, en cambio transformador  y regenerador de intereses y valores, en compromiso, que puede cerrar las puertas a la manipulación, al engaño y a la extorsión institucionalizada y hasta sacralizada como estamos viendo en el caso del rey d-emérito, su familia y el CGPJ, o los privilegios "normales" de la familia Franco, del pp, del Ibex35 o de la iglesia católica. 

Hay una circunstancia fundamental que debemos tener en cuenta: sin internet el 15M no habría sido posible. Ni tampoco los ayuntamientos del cambio, que están siendo la base social y política de una nueva conciencia unificadora entre  mundus maior y  mundus minor. Pero sin olvidar que internet sin nosotras tampoco sería nada, sin sobrevalorar su servicio ni dejar que se haga el amo de nuestra mente y de nuestra voluntad, que son sobre todo los dos recursos de que dispone nuestra conciencia como alma, para humanizar la vida, la convivencia y la comprensión de causas y efectos en los acontecimientos. Y de ese modo ser capaces de organizar y compartir la gracia y el don del ser, sincrónica y vitalmente, uno y todos: la riqueza incalculable  y el trabajo imprescindible del bien común.

A más conciencias  despiertas, menos engaños y menos injusticias son posibles. No lo olvidemos nunca. Si consentimos y callamos, tolerando atropellos como lo más normal, seremos cómplices, responsables de nuestros problemas  al mismo tiempo que víctimas  de injusticias, como la que ahora el CGPJ pretende  que le paguemos a Llarena los platos que ha roto por meterse en camisas de once varas, de espaldas a la ciudadanía y a la conciencia que obviamente desconoce, según delata su comportamiento,  haciendo el juego al pp y a un estado irregular e ilegítimo que nos está extorsionando, en vez de trabajar para liberarnos entre todos de ese marrón, desde la verdadera aplicación de la Justicia y no del enjuague como sucedáneo fatal de la pobre mujer abusada y humillada, con la venda en los ojos, la espada y la balanza. ¿Será por eso por lo que se llama Justicia  y no  Justicio?