¿A quién desnuda Llarena?
Es harto probable que los catalanes no logren independizarse, pero
lo que si han logrado hasta el momento es dejar en pelotas al sistema
Elisa Beni
Es indudable que la
pretensión del magistrado Llarena de que el Gobierno español se haga
cargo, con fondos públicos, de su representación legal en Bélgica ante
la demanda civil presentada por el expresident de la Generalitat y
cuatro de sus exconsellers, pone sobre la mesa del nuevo Ejecutivo
español un marrón sobrevenido y de compleja solución.
El amparo irregular concedido por el CGPJ al magistrado ha sido
redirigido al Ejecutivo en una exigencia de apoyo a la totalidad de la
jurisdicción española, argumentado que es toda ella la amenazada por
unos jueces belgas que, ellos también, aplican su principio de
legalidad.
No le queda al Ministerio de Justicia más que estudiar
bien lo que la Comisión Permanente dirigida por Lesmes le exige y
analizarlo a la luz de la legalidad vigente, como si existiera el riesgo
de tomar una decisión injusta y como si fuera posible hacerlo a
sabiendas, como si existiera riesgo de mal uso del erario público. El
amparo otorgado por la Comisión Permanente a Llarena es extemporáneo y
debería haber sido rechazado a limine, es decir, sin ni siquiera estudiarla.
La vocal Concepción Sáez en su voto particular deja meridianamente
claro que Llarena en su petición formal de amparo del 30 de julio
manifestó haber conocido de la demanda belga por la prensa. Tal
publicación, explica la vocal, "tuvo lugar el día 5 como indica el
propio magistrado solicitante y resulta público y notorio por las
informaciones en numerosos medios de comunicación que la noticia de la
interposición de la demanda ante la Primera Sala del Juzgado de Primera
Instancia francófono de Bruselas se dio el 5 de junio de 2018 y que la
petición de transmisión de documentación de este órgano judicial al
Juzgado Decano de Madrid se recibió el 18 de junio de 2018. Con los
mismos instrumentos de conocimiento también sabemos que la instrucción
de la causa especial por el magistrado Sr. Llarena finalizó el 10 de
julio de 2018".
Pues bien, habida cuenta de que el
Reglamento 2/2011 de 28 de abril, que regula la interposición del
Recurso de Amparo por los jueces, fija un plazo de diez días desde el
conocimiento por el juez del hecho que le perturba, queda meridianamente
claro que pasaron 55 días en realidad desde ese momento hasta la
petición de amparo de Llarena. Ese único dato, conocido por Lesmes y su
Permanente, basta para cuestionar la justicia y legitimidad de la
decisión acordada. Este dato debe pesar en el análisis del Ministerio de
Justicia.
Lo cierto es que de este relato fáctico se
deduce también que Llarena no ha dicho toda la verdad al CGPJ. No lo ha
hecho porque, todo un magistrado del Tribunal Supremo, afirma ante su
órgano de Gobierno que sólo ha tenido conocimiento de la demanda belga
por la prensa pero tal extremo es inveraz. Ese mismo día 5 de junio, los
abogados de los ex consellers en España presentaron un escrito de
recusación de Llarena en el Tribunal Supremo alegando que el magistrado
traía pleito con estas personas -causa de recusación tasada en la ley- y
en ese escrito de recusación se adjuntó la demanda belga en francés y
castellano. Tan es así que personal del propio tribunal se puso en
contacto con el bufete de abogados que presentaba la recusación para
indicar que al texto de la demanda belga le faltaban dos folios para que
tal error fuera subsanado. Llarena desestimó en auto tal recusación y
después olvidó informar de todo esto al CGPJ que debía tomar una
decisión al respecto. Llarena tuvo en su poder la demanda civil casi dos
meses antes de pedir amparo y no lo hizo en plazo.
¿A quién desnuda Llarena con esta extemporánea petición, aparte de a él
mismo, para conseguir que su representación legal la pague el Estado? De
momento al CGPJ encabezado por Lesmes y a su Comisión Permanente,
excepto a la vocal Sáez que suscribe un voto particular y al vocal Lucas
que ha manifestado su adhesión a esa postura. Los demás saben que el
periodo preclusivo estaba super superado y, aún así, firmaron ese
amparo. No es difícil suponer -y los periodistas suponemos por sistemas
propios e inherentes a nuestro oficio- que hay juristas estudiando la
comisión de una posible prevaricación por parte de estos integrantes de
la Comisión Permanente del CGPJ.
No es el único
motivo por el que esta cuestión puede dejar en pelotas a muchos. En su
petición de amparo decía Llarena que estaba en peligro la indemnidad de
la jurisdicción española y esto es lo que ha hecho que muchos jueces y
que el propio Ministerio permanezcan a la expectativa de si tal cuestión
es cierta, es decir, de si la demanda belga pone en jaque la
independencia de la Justicia española más allá de demandar por
manifestaciones privadas a un juez concreto. El CGPJ decidió poner el
amparo concedido en conocimiento del Ministro de Asuntos Exteriores y "a
través de la Abogada General, del Ministerio de Justicia" para que
"adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad
de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".
Si esto no fuera cierto, si no fuera una cuestión que afectara a la
jurisdicción española sino un asunto particular de un magistrado,
quedarían desnudos todos aquellos que apoyaran darle cobertura pública.
Lo cierto es que el órgano de gobierno del Poder Judicial español ha
acordado oficialmente "excitar" al Gobierno español para que exija al
Gobierno belga que se dirija a sus jueces para exigirles que respeten la
independencia de un juez español. Un contrasentido que les deja
desnudos y sin mano que cubrirse dado que presupone que otro gobierno
podría dirigirse a sus jueces ¿acaso porque están demasiado
acostumbrados a que en esos términos los gobiernos españoles se dirijan a
ellos?
Finalmente, todo este embrollo a quien
desnuda es al Tribunal Supremo y a las profundas heridas a las que los
políticos y gobernantes han sometido al órgano máximo de la Justicia
española. Un tribunal que ha sido deteriorado en su calidad y convertido
en un órgano politizado que en estos momentos navega de forma autónoma
controlando a todos -Ejecutivo, Legislativo, Constitucional- y sin tener
el control efectivo de nadie.
¿Alguien en sus
cabales cree que la Sala II está dispuesta a examinar en serio una
querella por las anomalías cometidas en la instrucción por Llarena?,
¿alguien podría afirmar que una querella contra Lesmes y compañía por
prevaricación en ese otorgamiento de amparo podría siquiera ser
examinada con imparcialidad por ese tribunal?, ¿alguien cree que podría
conseguirse que la Sala reconociera que Llarena no podía jugar a poner y
quitar OED's o dejar sin perseguir a los procesados?
Este problema y no otro está en el origen del recurso a la Justicia de
otros países de la Unión. Ese es el gran desnudo que ha conseguido este
asunto. ¿Quién controla a los que controlan si deciden en conjunto hacer
de su capa un sayo?, ¿quién le pone el cascabel al gato?
Es harto probable que los catalanes no logren independizarse, pero lo
que si han logrado hasta el momento es dejar en pelotas al sistema. Algo
que no fue posible durante la lucha contra el independentismo vasco,
aunque sucedió también con creces, porque en aquel entonces había muchos
muertos sobre la mesa y nadie hubiera alzado la voz. Ahora la realidad
está sobre el tapete. A ver a cuántos más deja al descubierto.
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