El BOE del 6 de septiembre estableció el plazo de un mes para que
los ciudadanos en proceso de desahucio puedan apelar si su contrato
contiene cláusulas abusivas
Abogados y expertos denuncian que el Gobierno ha intentado camuflar esta modificación legal que le ha venido impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Abogados y expertos denuncian que el Gobierno ha intentado camuflar esta modificación legal que le ha venido impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Pilar Blázquez
- Madrid (eldiario.es)
Miembros de la plataforma Stop Desahucios durante una protesta
"Queda menos de un mes!!! Pásalo". Un mensaje de
urgencia muy similar a este es el que está circulando entre los abogados
que llevan casos de desahucios en España. Una solución de urgencia para
dar publicidad a una norma que el Gobierno ha aprobado casi a
escondidas. Y que, una semana después de haberse publicado en el BOE del
6 de septiembre, apenas ha tenido la publicidad suficiente como para
haber llegado a los interesados.
Se trata de
autorizar el derecho de apelación de los ciudadanos inmersos en un
proceso de ejecución de su vivienda. Con ello pueden paralizar el
proceso y exigir que el juez revise, en una segunda ocasión, si su
contrato ha sido objeto de cláusulas abusivas. Una posibilidad que
incluso podría dar como resultado la paralización total del
procedimiento.
Esta modificación no se hace por
convencimiento del Gobierno sino que es fruto de una imposición de
Bruselas. El pasado mes de julio una sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea confirmó lo que los abogados llevan meses
denunciando: que el sistema de ejecución hipotecaria que se aplicaba en
el Estado español no protegía igual a los clientes que a la banca y
concedía ventajas excesivas a las entidades financieras.
"Hasta ahora, solo los bancos podían apelar la decisión de los jueces a
la hora de valorar si los contratos hipotecarios contenían cláusulas
abusivas o no. Y eso era una flagrante injustica para el ciudadano, la
otra parte del proceso", explica Paco Sanz, responsable del Departamento
de Estudios de la Asociación de Consumidores Adicae.
El problema es que el tiempo corre en contra de los afectados que son
aquellos que tienen un proceso de ejecución hipotecaria en marcha.
Quienes ya hayan sido desahuciados no pueden ejercerlo ya. Desde el
momento de la publicación de esta información apenas les quedarán tres
semanas para poner en marcha la apelación. El plazo comenzó a contar
cuando el cambio legislativo fue publicado en el Boletín Oficial del
Estado el pasado sábado 6 de septiembre. "Para evitarse problemas la
presentación de la apelación no debería demorarse más allá del 6 de
octubre, aunque, según se interprete la ley, el plazo podría terminar el
día 8. Pero mejor no correr riesgos", advierte Miquel Samper,
presidente del Consell de l'Advocacia Catalana (CICAC) y vicepresidente
del Consejo General de la Abogacía española.
Por un motivo u otro, lo cierto es que el
ciudadano ya puede ejercer sus derechos y según recomiendan desde Adicae
no debe dejar pasar esta oportunidad por mucha prisa que tenga que
darse. "Un juez no puede tolerar que haya una cláusula abusiva, como
puede ser una cláusula suelo, en un contrato. Si ésta existe en su
hipoteca debe apelar cuanto antes", recomienda Paco Sanz. Según explica,
el efecto positivo más inmediato es que se paraliza el proceso. El
segundo, que el juez debe recalcular las cuantías a pagar sin el
condicionamiento de la cláusula abusiva y por lo tanto "el banco se verá
obligado a renegociar".
Mejoras en las quiebras personales
Pero más allá de estos efectos, lo cierto es que los profesionales
consideran que esta modificación apenas aporta nada para resolver la
situación extrema a la que se deben enfrentar muchas familias españolas.
Desde Adicae llevan años reclamando que España se ponga a la altura del
resto de países de la Unión Europea en materia de insolvencias
personales. "Lo que tenía que haber incluido en la reforma de la Ley
Concursal es la posibilidad de que las personas físicas pudieran
reestructurar sus deudas en función de las necesidades de un ciudadano y
no, como ahora, que se aplican las mismas reglas que a las empresas",
denuncia Sanz.
Por su parte, desde el mundo de la
abogacía, Samper lideró la puesta en marcha de espacios de mediación
para favorecer acuerdos con los bancos y evitar la judicialización
excesiva y la demora que ésta implica en la solución de los casos. "El
resultado es óptimo. Porque es un abogado especializado quien se
enfrenta al banco y con ellos no pueden cometer los abusos que comenten
con los clientes. El problema es que no hay interés en el Ministerio de
Justicia ni en el Gobierno por apoyarnos", se queja Samper.
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