Con amnistía, no hay memoria que valga
En mi familia -muy numerosa, muy variada-, había un alto cargo franquista que, cuando yo tenía unos diez años se jactaba de ir al club de puteros de Madrid por excelencia entonces, en la Plaza de Cuzco, el D'Angelo -ahí sigue, por cierto-. Este señor, cuya existencia me ayudó a reafirmarme en mis principios republicanos y democráticos, contaba cómo iban allí él y sus compañeros armados y abusaban de las mujeres, a las que además, daban unas palizas de muerte. Es probable, de hecho, que más de una desdichada no lo contara, ya que una vez oí decir al sujeto en cuestión, con mucha alegría, que tuvo que pedir a uno de sus secuaces que dejara de golpear a una pobre chica, que la iba a matar, "y es muy cansado andar ocultando estas cosas". Cuando escuché esta conversación con todo lujo de detalles -porque no debía estar donde estaba-, tuve pesadillas varios días. Era una cría, pero nunca he podido olvidar a esas mujeres sin rostro a las que nadie podría echar de menos ni reconocer ni enterrar ni, mucho menos, llevar a juzgar a sus asesinos y maltratadores.
El Gobierno anunció este martes, por fin, la nueva ley de Memoria Democrática que viene a ampliar la de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, rompiendo años de silencio y sumisión al franquismo. Desde que se anunció este proyecto y se fueron avanzando sus contenidos, que tienen varias cosas muy positivas, nos temíamos que habría que esperar a una tercera o cuarta intentona, por lo menos, para tener una ley de memoria escrupulosa con el mandato internacional; y créanme, es muy decepcionante. Público ha sido el primer medio que ha hecho bandera de la denuncia contra el olvido y la lucha por la memoria; nos hemos convertido, de hecho, hasta en motivo de burla por ello: "Ya están estos de Público a vueltas con el franquismo". Con las fosas de no sé quién.
En 2014, el informe de la ONU de Pablo de Greiff, ex relator de la Naciones Unidas, dejó bien claros a España los cuatro objetivos de una ley de memoria sobre la realidad silenciada del franquismo en la historia de nuestro país y su desarrollo práctico: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición: "Hay que extraditar o juzgar". Estos cuatro puntos (lo de "juzgar", ya tal) fueron enumerados muy solemnemente este martes, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros por el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que toma el relevo de la exvicepresidenta Carmen Calvo. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que con la ampliación de la ley Zapatero, se está cumpliendo el mandato internacional, pero no es cierto y tampoco hace falta ser un experto jurista como Bolaños para verlo.
La ley de Amnistía, ley 46/1977, de 15 de octubre, buscaba la reconciliación de los españoles tras cuarenta años de dictadura y fue aprobada pese a la abstención de Alianza Popular (AP), de Manuel Fraga, germen del PP. Obviamente, AP recelaba de que se amnistiase a los presos políticos de Franco, pero sí favorecía que los delitos de sangre y cercenamiento de derechos y libertades cometidos por los suyos, los franquistas, quedaran olvidados. Así, la amnistía comprende, entre otras cosas:
e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.
Es cierto que con la nueva norma de Sánchez, aplicada estrictamente y sin concesión alguna a los Camuñas y Vox de turno, que pretenden reescribir la historia de nuestro maltratado país a imagen y semejanza de la ultraderecha (todo lo que está en nuestra contra debe ser eliminado por el bien de España), podríamos alcanzar algo parecido a la verdad y a las garantías de no repetición, aunque también correríamos el riesgo de morir de éxito. No obstante, la realidad es tozuda y nos lo demuestra cada día, cada minuto, cada segundo.
La ley de amnistía impide la justicia y la reparación, por mucho que el PSOE se esfuerce en sacar a Franco del Valle de los Caídos, en dar una patada en su culo intocable a los monjes benedictinos que lo custodian y en mandar a las cavernas a ese laboratorio de cicuta que es la Fundación Francisco Franco. En España, hay más de 140.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, cuyas familias tienen derecho a que las encuentren. Además, todavía hay víctimas directas y vivas de la brutalidad franquista, con muchos años ya, con derecho a ser reconocidas y reparadas; hay exiliados/as y marginados por el Gobierno de Franco que pasaron mucho más que penurias, presos políticos y maltratados -sobre todo, ellas y sus hijos- solo por ser familia de un fusilado, exiliado o desaparecido. Y están las muchachas del D'Angelo, sin nombre ni rostro, pero reales. Tantas y tantas.
La furia de la (ultra)derecha por esta ley, como apuntaba este martes la periodista Olga Rodríguez, la amenaza de derogación por parte de Pablo Casado, no hace perfecta a la ley del Gobierno de coalición, ni mucho menos: la justicia y la reparación vienen con procesos judiciales y sentencias contra los culpables de delitos que en su mayoría no prescribirían (crímenes de guerra y de lesa humanidad), más allá de las ayudas económicas, jurídicas y ténicas imprescindibles para ayudar a encontrar a los/as desaparecidos. España necesita bastante más que reeditar libros escolares que pongan negro sobre blanco lo que ocurrió entre 1936 y 1975, muy necesarios, sí, para educar a las generaciones actuales y a las que vienen, las cuales, hoy, dependen absolutamente de la voluntad de sus padres, madres y tutores para ser informados. Una vergüenza.
España necesita que los responsables de los crímenes perpetrados comparezcan ante los tribunales de Justicia, con nombres y apellidos si han muerto, para poner a las víctimas del franquismo al mismo nivel que las del terrorismo de ETA o el yihadista, cuya memoria íntegra nadie cuestiona, al revés. España necesita una petición de perdón que venga del Gobierno y las instituciones por el daño irreparable de la dictadura con las complicidades necesarias del Estado, pero nadie se lo ha planteado todavía. ¿Cómo hacerlo si quienes perpetraron los crímenes murieron con medallas pensionadas o los vivos y/o sus hijos siguen ocupando posiciones privilegiadas en una presunta democracia "plena"? Los hechos que nos demostrarán que el Gobierno quiere de verdad esa memoria democrática, que hoy nada más que solemniza, solo vendrán cuando se abran de par en par las puertas, ventanas y cloacas de todo el Estado y se ponga a cada uno en su sitio, sin amnistía ni venganza ni paños calientes: con justicia, reparación y verdad. Ya está bien.
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