Mineras denunciadas ante la ONU por violar los derechos de los indígenas en Amazonía Indígenas denuncian a mineras ante la ONU por violar sus derechos en la Amazonía
Una treintena de líderes de comunidades indígenas de
los nueve países de la Panamazonía ultiman un documento que recopila las
principales vulneraciones de derechos en el territorio de la Amazonía,
en el que viven 33 millones de personas.
La principal causa de la deforestación de la Amazonía peruana es la agricultura migratoria y la ganadería. EFE/Archivo
Líderes indígenas, apoyados por la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), van a trasladar a la ONU y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDDHH) un informe con casos documentados de violaciones de derechos en ese territorio, la mayoría vinculados a la actividad de industrias extractivas y empresas mineras.
Una treintena de líderes de comunidades
indígenas de los nueve países de la Panamazonía han recibido formación
en la Escuela de Derechos Humanos de la REPAM, situada en la ciudad
peruana de Jaén, donde se ultima un documento que recopila las principales vulneraciones en el territorio de la Amazonía, en el que viven 33 millones de personas.
Las denuncias se centran en zonas donde se han
ubicado industrias extractivas que contaminan el entorno natural y
alteran la vida de esas comunidades obligadas en ocasiones a
desplazarse. "Las principales amenazas vienen de los estados que no garantizan los derechos
de estos pueblos y autorizan a las empresas extractivas y petroleras a
realizar esas actividades", según denuncia la responsable de
comunicación de la red, Daniela Andrade, una de las formadoras de esta
escuela de derechos humanos.
Las denuncias se centran en zonas donde se han ubicado industrias extractivas
En la escuela se dotan de herramientas a
líderes de comunidades amazónicas, como enseñanza jurídica para conocer
las vías de acceso a los sistemas de defensa de derechos humanos en sus
países y ante organismos internacionales como la ONU, para que ayuden a sus poblaciones a tomar conciencia de sus derechos. "También
se trabajan protocolos de defensa ante posibles ataques de empresas y
de gobiernos", señala Andrade, porque "muchos de esos líderes están
amenazados por este trabajo de resistencia y de defensa de la dignidad
de las comunidades".
Las principales amenazas en estos momentos contra los
380 pueblos indígenas que viven en la Amazonía, con una extensión de
5,5 millones de kilómetros cuadrados, "proceden de empresas canadienses y chinas autorizadas
por los estados, que hacen carreteras y otras vías para desarrollar sus
actividades, desalojando en muchas ocasiones a las comunidades", relata
la responsable de esta red de organizaciones católicas.
En la escuela se dota de herramientas que ayuden a sus poblaciones a tomar conciencia de sus derechos
Durante
una visita a este centro de formación, apoyado por organizaciones como
Cáritas Española, su directora y abogada Francis Andrade ha destacado la
importancia de "generar un movimiento global de acción" dejando que
estas comunidades sean las que lo protagonicen. Para la jurista, "una
selva no se salva sin otra selva" y por ello ha valorado la importancia
de esa unión. "Trabajamos con las comunidades para que sean ellas las
que den respuestas desde la resistencia de acciones en sus actividades
cotidianas".
"Estos líderes nos dicen que se sienten los
cuidadores del territorio para todos, los guardianes para que tengamos
vida". Una de las alumnas de esta escuela Flavia Silva, ha expuesto la lucha y el sufrimiento de su comunidad,
situada al nordeste de Brasil, en el estado Marañón, por la
construcción de una vía ferroviaria de más de 900 kilómetros que
comunica cinco industrias extractivas de hierro y otros materiales.
"Se vulnera el derecho de mi pueblo a la no
contaminación y eso afecta no solo a mi comunidad sino a todo el país",
cuenta esta joven líder, que denuncia que llevan más de diez años
luchando por nuevos reasentamientos.
"Por no saber las consecuencias de sus trabajos, no hemos podido enfrentar la destrucción de nuestros territorios"
"He
aprendido a cómo negociar ante problemas de nuestras comunidades con
las empresas extractivas; por no saber las consecuencias que iban a
tener sus trabajos, no hemos podido enfrentar el saqueo y la destrucción de nuestros territorios", ha señalado Germán Vargas, líder Quichua de Ecuador, otro alumno de la escuela.
El informe documenta casos de vulneración de derechos humanos
como el proyecto minero Afrodita en el Cenepa (Perú), derrames de
petróleo en comunidades de Chiriaco (Perú) y los sufridos por el Pueblo
Tagaeri (Ecuador), Pueblo Yaminawa (Brasil) y Pueblos indígenas del
Tipnis (Bolivia), entre otros.
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