El suicidio de una mujer en Madrid certifica la desprotección de las personas que no pueden pagar el alquiler
Expertos y colectivos de vivienda vuelven a denunciar la
"desprotección" de los inquilinos en alquiler tras el suicidio de una
mujer el día de su desahucio
Dos leyes, de la PAH y de Unidos Podemos, y el acuerdo de presupuestos admiten esta situación e incluyen medidas para revertirla que aún no están aprobadas
"Estamos en el peor momento. La crisis sigue presente en las familias, los precios están disparados y las administraciones no tienen viviendas", analiza Raquel Rodríguez, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid
Dos leyes, de la PAH y de Unidos Podemos, y el acuerdo de presupuestos admiten esta situación e incluyen medidas para revertirla que aún no están aprobadas
"Estamos en el peor momento. La crisis sigue presente en las familias, los precios están disparados y las administraciones no tienen viviendas", analiza Raquel Rodríguez, profesora de la Universidad Politécnica de Madrid
La exconcejala socialista Amaya
Egaña se suicidó en diciembre de 2012 cuando la comisión judicial que
iba a desahuciarla subía por las escaleras de su casa en Bilbao. Su
muerte, en plena crisis económica, conmocionó a la ciudad y fue contestada con una gran movilización
que presionó al Gobierno para que tomara medidas para evitar los
lanzamientos hipotecarios. Seis años después, una mujer de 65 años se ha tirado por la ventana su vivienda en Madrid el día de su desahucio. Vivía de alquiler.
¿Qué ha pasado en este tiempo? Los expertos y los colectivos de
vivienda comparten un mismo diagnóstico: las medidas antidesahucios
promovidas por el PP en los años más duros de la crisis abordaron la
situación de las familias cargadas con una hipoteca, pero no la de los
inquilinos que viven de alquiler y no pueden pagarlo. Su situación, por
el contrario, "ha evolucionado hacia una mayor desprotección". "Ahora
los lanzamientos son más exprés", explica Raquel Rodríguez, profesora
del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Un estudio elaborado por Amnistía Internacional ya alertaba el año pasado de esta desprotección,
y la achacaba a varias reformas legales que han "liberalizado el sector
de la vivienda en alquiler y han acelerado el proceso judicial" y que
se produjeron, paradójicamente, en paralelo a las medidas paliativas
para frenar la oleada de lanzamientos hipotecarios.
El informe aludía a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
aprobada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que redujo los
contratos de cinco a tres años. Y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que
fue reformada en 2009 por el Gobierno socialista de Zapatero. Esos
cambios se centraron solo en los procedimientos judiciales por alquiler.
Para agilizarlos, se recortaron las posibilidades del inquilino de
alegar, se acortó a la mitad el tiempo con el que debe avisar el
arrendador de que va a demandar y se redujo el plazo de las familias
para pagar o responder a la demanda a 10 días. Dicha norma permite
también a los tribunales ejecutar los lanzamientos sin examinar la
proporcionalidad teniendo en cuenta la situación de los inquilinos y sin
valorar el grado de desigualdad entre arrendador y arrendado.
"Con la legislación actual no están garantizados los derechos básicos
de los inquilinos y la ONU lo ha advertido", denuncia Alejandra San
Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El
Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas dictaminó en
2017 que España había "violado el derecho a la vivienda adecuada" de una familia,
la de Mohamed Ben Djazia, que terminó durmiendo en el coche tras ser
desahuciada por impago del alquiler sin tener ninguna alternativa
habitacional.
La ausencia de medidas para proteger a las personas vulnerables que viven de alquiler se plasma en los datos. Cuatro de cada cinco desahucios con orden judicial que hay en la Comunidad de Madrid se producen por impagos de alquiler,
según el Consejo General del Poder Judicial. Solo en los seis primeros
meses de este año, 2.866 familias fueron lanzadas por un juzgado de la
casa donde vivían. Quince al día. Las cifras del CGPJ no revelan un
aumento disparado de estos desahucios pero sí de la proporción de los
que están provocados por problemas para abonar las rentas. El porcentaje
respecto al total ha crecido 17 puntos en cinco años.
Rodríguez sentencia que "estamos en el peor momento posible". "La
crisis económica sigue presente en las familias, los precios están
disparados, las administraciones no tienen cartera de viviendas sociales
–en Madrid una buena parte se vendió a fondos buitre– y, además, no hay
de momento herramientas legislativas para cambiar eso. Las reglas son:
si no pagas, me voy al juzgado y te vas a la calle. Sin que nada pueda
impedirlo, sin que puedas alegar nada", sostiene. El precio medio del
alquiler en la ciudad Madrid ha subido un 45% desde 2013, según datos de
Idealista. Un metro cuadrado costaba poco más de 11 euros en 2013 y hoy
ya supera los 16. En algunos distritos como Centro o Chamberí, donde
este lunes se produjo el suicidio, la subida se dispara aún más.
El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó en su acuerdo de presupuestos con Unidos Podemos varias medidas para revertir la desprotección de los inquilinos
que podrían terminar aprobándose a través de reales decretos si no
tienen los apoyos parlamentarios para sacar adelante las cuentas. Entre
estas novedades está la competencia de los ayuntamientos para regular y
limitar las subidas abusivas de los precios del alquiler – Madrid ya ha anunciado que lo hará–,
y el aumento de la duración de los contratos a cinco años si el
propietario es persona física y a siete si se trata de una jurídica, con
posibilidad de prorrogarlo tres años más en caso de que las dos partes
estén de acuerdo. En todo caso, hay diferencias entre el Ejecutivo y la
formación morada sobre la cadencia con la que se deben de aprobar estas
medidas. El Ministerio de Fomento quiere retrasar al año que viene
(y UP no se fía) la aprobación de dos índices de precios y del derecho
de tanteo y retracto de las administraciones públicas, que les daría
preeminencia para comprar bloques de vivienda frente a los fondos de
inversión.
Además, el Congreso está tramitando dos leyes en el mismo sentido. Una con un largo camino legislativo, de tropiezos y avances por los bloqueos de PP y Ciudadanos, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca; y otra, posterior y más de mínimos, impulsada por Unidos Podemos. Ambas ya han dado el primer paso para entrar en el Congreso, la toma en consideración, pero su recorrido es aún largo.
"Las leyes están un poco estancadas por la prioridad que, tras la
sentencia del Supremo, se ha dado a la Ley de Crédito Hipotecario",
explica la abogada Alejandra Jacinto. El Consejo de Ministras aprobó
hace tres semanas la aceleración del tramitación de esta norma,
que se aprobará para cumplir una directiva de 2014 y refuerza la
protección del cliente frente a una hipoteca. "Esta norma solo va de
eso, de hipotecas, no de alquileres, que es lo que ahora más vemos en
las asambleas, en las consultas... Hay desahucios todos los días",
remacha la letrada vinculada a la PAH. La norma impulsada por la PAH,
recuerda, contiene medidas de más calado en torno a cinco ejes: que se
produzcan desahucios sin alternativa habitacional; regular el precio del
alquiler; la dación en pago reatroactiva; que se realoje temporalmente a
familias en emergencia en pisos vacíos de la banca y combatir la
pobreza energética.
Los activistas antidesahucios
admiten que "la casuística de los desahucios por alquiler es mucho más
compleja". "Con las entidades financieras ves los abusos. En estos casos
a veces no hay en quién focalizar, excepto si es un fondo buitre. Y no
lo vamos a hacer en los particulares", asume Manuel San Pastor, también
letrado de la PAH. De aquí también, según los expertos, la dificultad
extra para legislar sobre ello "en un país de propietarios": "No es lo
mismo enfrentarse con un único enemigo, que es la banca, que es el que
da las hipotecas, a tener enfrente una amalgama de rentistas, socimis,
particulares... En España cualquier cosa que vaya en la dirección de
poner coto a estas prácticas se puede entender como un ataque a los
ahorros", opina Raquel Rodríguez.
El movimiento
contra los desahucios, con múltiples nodos en Madrid, no tenía
conocimiento del caso de la mujer que iba a ser desahuciada este lunes y
ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Madrid sobre el seguimiento
que se pudo dar a su circunstancia desde servicios sociales. "La falta
de actuaciones preventivas corresponde proporcionalmente a los
representantes públicos", dice la organización en un comunicado. Fuentes
municipales aseguran, por su parte, que la Junta de Distrito de
Chamberí no se tenía constancia de que el desahucio se iba a producir,
pese a que junto a la comisión judicial iba la Policía Municipal, y
apuntan que la inquilina no había pedido una vivienda social. La
inquilina llevaba cuatro años viviendo en esa casa, según informó la
Policía Municipal a Europa Press.
Aparentemente nadie
conocía su caso. ¿Pero nadie pudo hacer nada para evitar este final
cuando la comisión judicial llamaba a la puerta con la orden de
desahucio en la mano? "Decir que hemos superado la crisis es pensar que
este tipo de casos han desaparecido, y no ha sucedido", analiza la
profesora Rodríguez. En la PAH van más allá: "Lo que ha pasado, y lo que
sigue pasando, es un auténtico fracaso social".
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