Por el bien de la propia justicia
Estamos en un buen momento para acometer una reforma del Poder
Judicial que tenga como objetivo primordial intentar recuperar la
confianza de los ciudadanos en sus jueces
Baltasar Garzón - Promotor de Actúa
La separación de poderes
no sólo es una aspiración, es un requisito mínimo, indispensable, de un
Estado de Derecho democrático. Estamos en un buen momento para acometer
una reforma del Poder Judicial que tenga como objetivo primordial
intentar recuperar la confianza de los ciudadanos en sus jueces. La
sociedad evoluciona y lo que exige son nuevas formas que se alejen de
los viejos modos y en las que la ética y la responsabilidad ocupen un
lugar primigenio por encima de otros intereses, ya sean políticos,
económicos o corporativos.
Tantas acciones desnortadas del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) y de sus presidentes, elegidos por el PP abusando de la mayoría
absoluta, han movido al descrédito de la justicia. Gracias a esta
fórmula, cuando el Partido Popular era Gobierno nombró en los más altos
cargos judiciales a quienes consideraban los suyos para salvaguardar así
la malparada imagen de una formación en la que la corrupción hacía y
sigue haciendo estragos. Han sido demasiadas designaciones de
profesionales cuya valía, que respeto profundamente, quedó cuestionada
por el aroma a incienso proveniente de la Obra de monseñor Escrivá de
Balaguer y por proximidades sospechosas a entidades financieras y
grandes corporaciones. A ello hay que añadir lo ocurrido con el Tribunal
Supremo en su inflexible postura sobre el procés, sin olvidar el
escándalo de ida y vuelta de las hipotecas, que después de conocerse el
contenido de la sentencia y especialmente los votos particulares,
desvela una carcoma que amenaza con destruir la escasa confianza que la
ciudadanía le dispensa a la Justicia. Tales actuaciones resultan tan
insoportables como fuera de lugar. Constatamos por tanto que esta sigue
presentando una pátina casposa similar a la del antiguo régimen, que en
nada sintoniza con la sociedad actual.
Pero es que ¿acaso no es evidente? Cuando un partido
político tiene causas pendientes ante la justicia y –no olvidemos- ante
el Tribunal Supremo, y negocia la composición de los órganos que
controlan toda la maquinaria judicial, su intención no es inocente y en
pro de la defensa de la independencia y el mérito, sino que busca, ni
más ni menos, todo lo contrario, y mientras más arriba este la
incidencia mejor. Ese mensaje es demoledor para la ciudadanía y la lleva
al hartazgo. Cuando además ese partido se jacta de controlar la Sala
Segunda del máximo tribunal “por detrás” y el CGPJ de forma tan
impúdica, la percepción que queda es que se ningunea a los jueces, como
si éstos fueran títeres u objetos decididos por aquellos que creen estar
por encima de la ley, sobre el bien y el mal. Con este proceder se
niega la esencia de ese órgano de gobierno de los jueces y lo lastra
para todo su mandato. Una vez más. Si además y por escrito aparece la
evidencia de tal intención de manipular y controlar desde un partido a
la justicia, la desconfianza se da la mano con la indignación.
El empeño del PP por situar, como fuera, a la cabeza del Poder Judicial
al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, señor
Marchena, ha terminado en desgracia colectiva. Era de esperar cuando se
pretende empezar la casa por el tejado. En el camino han quedado de modo
desairado muy buenos profesionales del derecho y la justicia que se
postularon o a los que postularon para cubrir los puestos de vocales del
CGPJ y que han sido arrastrados al limbo. En algún caso, incluso, un
magistrado intachable, de prestigio internacional, tuvo que soportar en
la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, los improperios y
groserías del diputado del PP, Carlos Rojas, quien, en un ejercicio de
arrogancia intolerable, abusó del poder del que le invistió la soberanía
popular para insultar al compareciente. De este modo, el PP dejó claro
que no está dispuesto a perdonar que un tribunal compuesto por tres
jueces independientes dictara una sentencia que ha puesto en evidencia
la responsabilidad de su formación en prácticas corruptas. Haciendo gala
de soberbia, el PP cargó contra el juez que consideraba más peligroso,
es decir, aquel al que le corresponde ahora juzgar los Papeles Bárcenas.
Ni más ni menos. Rojas se dio el lujo de señalar expresamente que la
designación de aquel juez no obedecía a su trayectoria judicial, sino
porque tenía que “dejar de hacer lo que estaba haciendo”, en una alusión
implícita a los casos de corrupción que afectan al PP. Utilizó Rojas en
público el mismo argumentario que al día siguiente se conocería que
usaban en privado, cuando saltó a la prensa el desdichado WhatsApp
difundido por el senador Ignacio Cosidó, en el que se jactan de haber
alcanzado un acuerdo que les permitiría controlar a los jueces desde
atrás.
El PP, tal como viene haciendo desde que fue
desalojado de la Moncloa por la moción de censura, está degradando las
instituciones y el debate político con constantes insultos,
descalificaciones, acusaciones bárbaras e injuriosas, furibundas y
esperpénticas además de infundadas, en una espiral de desesperación
nunca igualada en democracia. Anda dando tumbos con la apariencia de un
pollo degollado, vacío de contenido y en los estertores finales,
agarrándose a Ciudadanos como tabla de salvación y, si se tercia a Vox.
Todo para recuperar el poder y, de nuevo, fiscalizar el Poder Judicial
desde su órgano de gobierno.
Pero ¿por qué lo
hicieron? ¿Por qué exhibieron de ese modo tan impúdico sus verdaderas
intenciones en cuanto al control de la judicatura que pretendían? ¿Por
qué de inmediato el líder de los populares, señor Casado, se apuntó de
forma urgente para proponer la elección de los jueces por los jueces?
Tanta prisa tenía el líder popular por ofrecer una alternativa que
contentara a la parte más conservadora de la magistratura, que hizo
propio el texto de 1980 sobre la elección del CGPJ sin corregir, es
decir utilizando términos como “audiencias territoriales” o “jueces de
distrito” que pasaron ya a la historia hace mucho tiempo. El resultado
fue una propuesta que induce a la risa, oportunista, que descalifica a
sus propios proponentes como representantes de la voluntad popular y que
solo desvela aquella necesidad de arroparse con el partido de Rivera.
Ahora, este deberá estar preparado para soportar la corrupción rampante
en la que se encuentran tantos miembros de la formación popular. El
verá, pero los votantes deben saberlo y no escudarse en una regeneración
falsa.
La realidad es que los dirigentes del PP
rompieron el acuerdo con el Gobierno para renovar el CGPJ porque, ante
la posibilidad de que pudieran convocarse elecciones generales en el
medio plazo, consideraron la posibilidad más ventajosa de permitir que
se prorrogase la vigencia del actual equipo con su presidente Carlos
Lesmes al frente, esperando a ver si los resultados de los comicios les
resultan favorables con lo que se asegurarían un sesgo que no va a ser
progresista, precisamente. No me extrañaría que en tal tesitura,
trabajen porque la presidencia del Poder Judicial recaiga en el mismo
magistrado, Manuel Marchena, que plantearon en el reciente malogrado
acuerdo. Mientras, con una desfachatez extrema, el PP denuncia al
Gobierno de filtraciones y se lava las manos de sus propias acciones
intolerables que todo el mundo ha podido constatar.
Ni siquiera sus voceros mediáticos han conseguido desviar la atención de
la ciudadanía de los verdaderos responsables de esta situación que se
traduce en una prórroga del Consejo actual. Pero, si los vocales
actuales tuvieran el valor que se presume en los jueces y autoridades,
deberían de renunciar sin paliativos el 4 de diciembre, cuando expire su
mandato y dejar en evidencia la incapacidad de aquellos políticos que
anteponen sus intereses a los del pueblo al que dicen dar voz.
En este contexto, urge en las elecciones al Consejo General del Poder
Judicial, eliminar toda sospecha de suciedad, de aprovechamiento propio,
de beneficio mezquino. ¿Cómo? Eligiendo no a quien más renta a este o
al otro partido, sino al que más vale, al que más conoce de Derecho, al
que mejor sintoniza con la realidad en la aplicación de su conocimiento y
su experiencia. Se trata de algo de suma importancia, elegir a quienes
gobiernan el Poder Judicial o a quien va a presidir el Tribunal Supremo
que, como indica su nombre, es la máxima institución de resolución de
los más graves conflictos jurídicos, incluidos los delitos cometidos
desde las instituciones. Alternativas para hacer esto adecuadamente y
con legitimidad democrática hay muchas, pero la solución de volver a un
sistema endógeno donde los jueces son quienes eligen a sus pares para el
CGPJ no sólo carece de verdadera legitimidad democrática sino que es
además la pretensión de control corporativo por parte del Partido
Popular, al ser la asociación mayoritaria cercana a dicho partido y que
por tanto se representaría a sí misma, pero no a la sociedad en su
conjunto. El Poder Judicial no debe ser afín a uno u otro partido
político, ni siquiera a los dos, tres o cuatro mayoritarios, sino que
obligadamente precisa ser auténticamente independiente de todos ellos y
reflejar a la sociedad en la que van a impactar sus políticas
judiciales.
Al respecto se debe considerar que el
Consejo General del Poder Judicial no es un órgano que se limite al
control administrativo de sus miembros, sino que desarrolla dichas
políticas judiciales, complementarias a la acción del Ministerio de
Justicia. Las decisiones del Consejo exceden a lo que sería una
dirección de Recursos Humanos como el líder del Partido Popular afirma
con tanta ligereza.
Frente a tales opciones la medida
a adoptar es más democracia en la elección, que se debe basar, insisto,
en los méritos de los candidatos, con absoluta transparencia y sin
olvidar la participación ciudadana ni el control parlamentario, por
supuesto. ¿Cuál es problema para aplicar una imprescindible
transparencia al sistema de elección de los vocales del Consejo General
del Poder Judicial y de su presidente? ¿Por qué no se lleva a cabo una
presentación de candidatos con la exposición de sus conocimientos y las
propuestas que hagan para organizar el sector de la Justicia y hacerlo
más cercano, eficaz y fiable? Así sabríamos quién es cada cual y no
como ahora cuando nuestra información se limita a la evocación de sus
posibles amistades o relaciones en base a quien los presente y las
filtraciones que unos y otros hacen a la prensa, sometiendo a los
propios aspirantes al desdén o la denostación de aquellos a quienes no
guste su nominación.
La independencia es la norma
básica de la Justicia y la credibilidad es el elemento fundamental para
que los ciudadanos confíen en ella. No basta con que un juez sea
imparcial, sino que debe además ser percibido como tal por el ciudadano.
En el órgano de gobierno de los jueces hacen falta grandes jueces,
fiscales, juristas, catedráticos, filósofos que puedan dirigir un
colectivo sobre la base del mérito, de su independencia y su
credibilidad y de los valores que deben impregnar una sociedad diversa
como la española. Quienes dirijan al órgano supremo de la judicatura
tienen que ser hombres y mujeres, por sobre toda otra consideración,
justos. Esa es la apuesta de futuro, indispensable, frente a la angustia
de algunos por controlarlo todo.
Además de reformar
esta manera de designar, también es preciso modificar las normas que
rigen el Tribunal Supremo de manera que no se convierta en un lugar
cómodo en el que demasiadas veces algunos de sus componentes se
apoltronan en el puesto o lo utilizan como base de operaciones políticas
de largo alcance o para otras funciones extrajudiciales que poco o nada
tienen que ver con la dedicación exclusiva que deberían tener en su
altísima labor judicial.
El punto de partida para
combatir tal riesgo es precisamente establecer un sistema claro,
transparente, fiable y sólido en la designación de los jueces y su
órgano de gobierno. No lo digo yo, lo dicen diversos organismos
anticorrupción del Consejo de Europa y de Naciones Unidas, que ya nos
han advertido en más una ocasión de que lo estamos haciendo mal. Urge la
constitución de un Poder Judicial fuerte, independiente, imparcial y
bien gobernado, sin interferencias o sospechas de que en él medre la
política partidista. Hay que hacerlo cuanto antes, por el bien de la
propia justicia que, solo así será creíble para la sociedad.
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