La renuncia de Marchena al Poder Judicial sume a la Justicia en una grave crisis institucional en el peor momento
El magistrado pactado por PP y PSOE para presidir el órgano de
Gobierno de los jueces renuncia después de que el negociador de Casado
escribiese a sus compañeros que él controlaría la sala del procés "desde
atrás"
El acuerdo de populares y socialistas para renovar el Poder Judicial partió de la elección de Marchena y está ahora roto: el Gobierno pide la dimisión de Cosidó
La crisis estalla en el peor momento posible: con los tribunales en su peor momento de credibilidad y a las puertas del juicio a los dirigentes independentistas por el 1-O
La ministra, Dolores Delgado, ha sido reprobada en el Congreso igual que su antecesor y jueces y fiscales realizan huelgas para reclamar mejoras en la carrera
Tribunales europeos han asestado importantes varapalos a España y la crisis de la hipotecas abiertas por el Supremo minan su reputación en vísperas del juicio al procés, el más importante de las últimas décadas
El acuerdo de populares y socialistas para renovar el Poder Judicial partió de la elección de Marchena y está ahora roto: el Gobierno pide la dimisión de Cosidó
La crisis estalla en el peor momento posible: con los tribunales en su peor momento de credibilidad y a las puertas del juicio a los dirigentes independentistas por el 1-O
La ministra, Dolores Delgado, ha sido reprobada en el Congreso igual que su antecesor y jueces y fiscales realizan huelgas para reclamar mejoras en la carrera
Tribunales europeos han asestado importantes varapalos a España y la crisis de la hipotecas abiertas por el Supremo minan su reputación en vísperas del juicio al procés, el más importante de las últimas décadas
Manuel Marchena, el magistrado que
PP y PSOE habían pactado para presidir el Consejo General del Poder
Judicial y el Tribunal Supremo, ha dado un portazo antes incluso de ser
nombrado, y su renuncia sume en una grave crisis a la Justicia española
en el peor momento posible a las puertas del juicio al procés que
empezará en el alto tribunal las próximas semanas.
La salida de Marchena con un comunicado que reivindica su
independencia, se produce un día después de que se conociesen los
mensajes del senador del PP, Ignacio Cosidó, el negociador de Pablo
Casado, en los que intentaba convencer a sus compañeros del reparto
acordado con el PSOE en el Poder Judicial con el argumento de que el
nombramiento de este magistrado permitiría "controlar desde detrás"
la sala segunda del Tribunal Supremo que juzgará a los dirigentes
independentistas. "Jamás he concebido mi labor jurisdiccional como un
instrumento al servicio de una opción política", asegura Marchena en su
despedida.
El secretario de Organización del PSOE y ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, ha cargado contra Cosidó este martes durante
una entrevista en la cadena Ser: "Me extraña que siga ejerciendo. Vista
la reacción del Partido Popular, la pregunta es si se puede pactar algo
con el Partido Popular. El PP es ahora mismo un obstáculo para la
democracia".
Ábalos ha dado por hecho "la situación
de bloqueo" que propiciará la continuidad de Carlos Lesmes al frente del
Poder Judicial y como presidente del Supremo, cuyo mandato está
agotado.
El Partido Popular se había apresurado a
primera hora de la mañana a dar por roto el acuerdo con el PSOE para
renovar el Consejo General del Poder Judicial, según ha anunciado Javier
Maroto esta mañana en Radio Nacional de España. Los dirigentes del PP
obvian los polémicos mensajes de Cosidó y cargan contra el Gobierno al
que acusan de frustrar la negociación dando a conocer el nombre del
presidente del CGPJ antes incluso de que se conociesen a los vocales que
según la ley tendría que elegirlo.
Los últimos
acontecimientos han resquebrajado el único acuerdo institucional
alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP de Pablo Casado han
alcanzado desde que se produjo el relevo en la cúpula del Partido
Popular.
La Justicia agrava así su profundísima
crisis: no hay candidato para el Supremo a las puertas del juicio más
importante de la historia reciente española, la renovación del órgano de
Gobierno de los jueces está en el aire y las negociaciones rotas entre
PP y PSOE anticipan un bloqueo de la renovación.
Y
todo esto coincide con el peor momento de reputación de los tribunales
españoles, tras la polémica decisión del Supremo de corregirse a sí
mismo para dar la razón a la banca y que sean los clientes los que
paguen los impuestos de la hipoteca.
Cómo debe ser
la cosa para que el presidente del Tribunal Supremo, la más alta
instancia judicial del país, haya tenido que salir a pedir perdón. Sucedió el pasado 25 de octubre
en medio de un colosal escándalo después de una decisión insólita: el
presidente de la Sala que había determinado 24 horas antes que el
impuesto de las hipotecas debían afrontarlo los clientes y no los bancos
anunciaba una reunión para revisar la condena, visto el "impacto social y económico" del fallo.
Dos semanas después un tribunal partido a la mitad (15 votos a 13 con tres ausencias) corregía la decisión para situarse del lado de la banca.
Cabe entender que el "impacto social y económico" se ha diluido porque
ahora la resolución ya no tiene vuelta atrás. Tampoco el clamor social,
que llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a anunciar la
reforma exprés de la ley (redactada en 1993 cuando en el ministerio de
Economía estaba otro economista socialista, Pedro Solbes) que cargue la
tasa a los bancos y a pedir al Supremo "que reflexione" sobre lo
acontecido.
El alto tribunal se había enmendado el mismo día que se conoció una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que determinaba que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo en el pleito que lo condenó por terrorismo y que una jueza debió ser recusada.
El varapalo venía de Europa y no era el primero: diferentes tribunales
de Alemania y Bélgica se han negado estos últimos meses a aceptar el
criterio del instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo
Llarena, para extraditar al expresidente de la Generalitat Carles
Puigdemont y otros líderes del independentismo que huyeron fuera de
España.
Mientras tanto, aquí en casa, todas las
asociaciones de jueces y fiscales, todas juntas independientemente de su
ideología, convocaron la primera huelga contra el Gobierno de Pedro Sánchez que
se celebró este lunes con seguimiento desigual. Sus reclamaciones
vienen de lejos: piden recuperar el poder adquisitivo perdido durante
los recortes y reformas que corrijan algunas de las decisiones más
polémicas del Gobierno de Mariano Rajoy: el papel cero no funciona -y lo
sabe cualquiera que frecuente los juzgados- y los seis meses que el
Ejecutivo de Rajoy fijó de plazo para que jueces y fiscales instruyan
los casos a partir de que se empiezan a investigar es una quimera, con
los medios que tiene hoy la Justicia no es posible sacar adelante un
sumario en medio año.
Por si faltaba algo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido reprobada
en el Congreso. No es precisamente una novedad. También lo fue el
político del PP, que le traspasó la cartera el pasado julio, Rafael
Catalá. El antecesor de este, Alberto Ruiz Gallardón, había dimitido
tras constatar que estaba quedado solo en el Gobierno de Rajoy con su
proyecto de reforma de la ley del aborto. En el Ejecutivo anterior, el
que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, Marino Bermejo también
renunció a la cartera de Justicia. Fue en febrero de 2009 cuando
trascendió que había participado en una cacería junto al juez Baltasar
Garzón que por aquellos tiempos comenzaba a instruir el sumario de
Gürtel. Por el ministerio pasó después Francisco Caamaño, cuya última
decisión, en el Consejo de Ministros fue indultar al vicepresidente del
Banco Santander, al que la justicia había inhabilitado en su condena por
una denuncia falsa.
No es exactamente que el cargo
esté maldito. Los ministros de Justicia trabajan con material sensible.
Más durante los últimos años en que los tribunales han determinado el
día a día institucional en medio de una ciénaga de corrupción y sumarios
que han jubilado a toda una generación política. En medio de este clima
de descrédito conviene no olvidar que fue la Justicia con la sentencia
de la primera era de Gürtel, la que hizo caer al Gobierno de Mariano
Rajoy. igual que antes había arruinado las carreras de un largo etcétera
de dirigentes, la mayoría del PP.
Pero a pesar de
que son mayoría los jueces y fiscales que hacen su trabajo, la carrera
vive su peor momento sumida en una gravísima crisis de reputación que
llega en el peor momento posible: cuando está a punto de empezar el
juicio más importante de las últimas décadas en España: el que sienta en
el banquillo a los líderes independentistas. Sectores soberanistas ya
han advertido que no respetarán ninguna resolución que no sea la
absolución, mientras el Tribunal Supremo y la Fiscalía insisten en
atribuir a los líderes del procés, el delito de rebelión, de los más
graves que recoge el Código Penal, y que viene a decir que en Catalunya
tras el 1 de octubre de 2017 lo que se produjo fue un alzamiento
violento.
Semejante calificación no solo la discuten
los dirigentes independentistas. Un centenar de reputados penalistas
han firmado un manifiesto en el que discrepan con la acusación. Entre
ellos está Diego López Garrido, la persona que redactó el artículo del
Código Penal en 1995 donde se tipifica el delito.
En
medio de un fenomenal ruido y acusaciones cruzadas de politización de la
Justicia, la nueva fiscala General del Estado, María José Segarra,
nombrada por el Gobierno de Sánchez y que hizo campaña el pasado
invierno por la Unión Progresista de Fiscales, en las elecciones de la
carrera, ha decidido mantener la calificación en su escrito de acusación
que habían defendido sus antecesores: Julián Sánchez Melgar y el
fallecido José Manuel Maza, que anunció a bombo y platillo en los medios
que se acusaría por rebelión antes siquiera de tomar declaración a los
dirigentes soberanistas.
La decisión de Segarra de
mantener la acusación de rebelión no es compartida por sectores del
Gobierno que sin embargo han dado autonomía al ministerio público para
decidir. Los dirigentes socialistas habían perdido toda esperanza cuando
vieron que la fiscalía general no se había atrevido a pedir la
imputación de Pablo Casado en el Supremo por las irregularidades de su
máster.
Fuentes cercanas al Gobierno aseguran que en
el gabinete de Pedro Sánchez se ha asumido que el nombramiento de
Segarra fue un error y que no cabe esperar de la fiscala General que
vaya a rectificar los férreos planteamientos de los fiscales del
Supremo, partidarios desde el principio de acusar por los delitos más
graves y que piden 25 años de cárcel para el líder de ERC, Oriol
Junqueras.
Es en este disparatado contexto, en el que
el PSOE y PP decidieron abordar en solitario el Consejo General del
Poder Judicial, cuyas negociaciones llevaron en solitario estos dos
partido. El Gobierno aceptó finalmente que fuese el candidato de los populares, Manuel Marchena, el que presidese el órgano de gobierno de los jueces a cambio de que la mayoría de vocales fuese progresistas.
El acuerdo, que se cerró a principios de noviembre, incluía el reparto
de los veinte puestos existentes con once candidatos propuestos por el
PSOE y nueve por el PP.
Marchena presidía
hasta ahora la Sala Segunda del Supremo, y según algunas voces, es el
cerebro de la arquitectura jurídica del proceso contra el
independentismo. Entre el cupo de vocales que se reservan a reconocidos
juristas, el PSOE ha propuesto a José Ricardo de Prada, el ponente de la
sentencia Gürtel, que fue duramente criticado por el PP el pasado
viernes en el examen del Congreso.
Mientras PP y PSOE
negociaban a contrarreloj el principal socio del gobierno, Unidos
Podemos convocaba manifestaciones contra la decisión del impuesto de las
hipotecas a las puertas del Supremo este mismo sábado.
Los populares que habían recibido críticas de sus medios afines por
aceptar una mayoría de vocales progresistas aprovechan ahora para dar
por roto el acuerdo, una vez que Marchena ya no va a ser presidente.
Según Maroto, no habrá más negociación mientras no dimita la ministra de
Justicia, Dolores Delgado.
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