Tomar la vivienda por asalto
La crisis de acumulación capitalista y
el correspondiente saqueo neoliberal provocó el regreso de la vivienda a
la primera línea de la lucha de los trabajadores y trabajadoras.
Situación que, más allá de chispazos como las movilizaciones de
2006-2007, no se producía desde la agitación vecinal del final del
franquismo o, más atrás, desde las huelgas de inquilinos de la época
republicana.
El movimiento se ha centrado en las peores consecuencias del modelo de negocio inmobiliario español: por un lado, el
desalojo violento de los hogares hipotecados y la condena de sus
residentes a pagar deudas gigantescas, combatidos principalmente
mediante el impedimento presencial de los desahucios y la presión hacia
la facción de la burguesía, los bancos, propietaria de las
hipotecas, para paliar las consecuencias sobre las personas afectadas.
Por otro lado, la recuperación ilegal de viviendas vacías con el
objetivo de dar cobijo a quienes no tienen acceso a un techo en
condiciones.
El movimiento (la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, principalmente) ha conseguido miles de
pequeñas victorias, siendo posiblemente la mejor noticia para los partidarios de la lucha colectiva y la acción directa en el último lustro.
Asimismo, ha logrado un importantísimo apoyo social a varias
reivindicaciones moderadas pero fundamentales para miles de hogares,
como la prohibición o, al menos, límites para la ejecución de desahucios
hipotecarios o la regulación de la dación en pago y el alquiler social.
Parece probable que algunas de estas
medidas se aprobarán, seguramente descafeinadas, en la próxima
legislatura, independientemente de quién sustituya la mayoría absoluta
de Mariano Rajoy. El gobierno de turno se atribuirá el mérito, pero en
todo caso sería un éxito conseguido por la insistencia de miles de
personas y su pelea en la calle; igual que lo han sido las normas de
algunas autonomías en este sentido, así como los precarios protocolos
puestos en marcha por el Gobierno español o las oficinas municipales de
escasa efectividad.
No obstante, de cara al futuro los
trabajadores y trabajadoras nos enfrentamos a importantes retos,
principalmente el cierre en falso del saqueo vivido. No rechazamos las
medidas paliativas para los casos más urgentes, pero la
organización social debe intentar pasar de organizar exclusivamente a
los casos más sangrantes (las familias en la calle o en proceso de
estarlo) a convertirse en un auténtico sindicato de inquilinos e
hipotecados. Hacer realidad el lema “la vivienda no es una
mercancía” equivale a agrupar a la inmensa mayoría de la clase
trabajadora, ahogada por la mercantilización de los lugares donde
desarrollamos buena parte de nuestra vida. En este sentido, hay que
reflexionar sobre los procesos de acción para que puedan alcanzar otro
tipo de situaciones sin abandonar las que ahora se abordan, creando una
estructura capaz de hacer de interlocutor con los propietarios, ya sean
entidades o individuos. Tratar, en definitiva de organizar a la sociedad como sujeto “habitante”, ya sea inquilino o hipotecado, que lucha por su derecho a una vivienda digna, sin pasar por sufrir las peores consecuencias de la falta de garantías. Enfocar, por ejemplo, la
defensa de inquilinos frente a sus caseros es un paso fundamental,
aunque tenga riesgos dada la necesidad de enfrentarse ya no al gran
capital, sino a las clases medias propietarias. Si bien es
cierto que los pequeños propietarios poseen un porcentaje ínfimo de
vivienda en comparación con los grandes tenedores, que pretenden
introducirse en el mercado del alquiler, desde hace años tras el
estallido de la burbuja inmobiliaria. En este mismo sentido, se habla
muchas veces de tratar que personas hipotecadas aún sin problemas para
hacer frente a las mensualidades, pero a las que aún les queda muchos
años de deuda, dejen de pagar, y se deshagan de su hipoteca. Frente
abierto en muchas PAHs que aún no han conseguido el efecto deseado.
En el plano de las reivindicaciones, recuperar y bajar a la calle demandas como un límite en cuotas hipotecarias y alquileres, vinculado a la capacidad económica de los habitantes,
dado que muchas de las medidas que hoy se consiguen, como los
alquileres sociales o las reestructuraciones, tienen una corta vigencia
temporal. Siendo además estas últimas (las restructuraciones)
consideradas por el movimiento como una trampa en forma de caramelo
lanzada por la banca, trampa en la que caen decenas de personas
afectadas y que solo consiguen alargar la agonía, a pesar de las
recomendaciones de las plataformas.
Asimismo, es imprescindible mantener y
reforzar el apartidismo del movimiento como garantía de independencia de
clase. La presión a los distintos partidos para que se cumplan las
exigencias del movimiento (“Las 5 de la PAH”, por ejemplo) debe ser
siempre transparente y clara, a la vez que contundente y, valga la
redundancia, exigente. Si no, la apariencia de falta de seriedad puede
jugar una mala pasada.
Todo esto sin olvidarnos de una
necesaria perspectiva multisectorial, entendiendo que las luchas por los
diferentes aspectos de nuestra vida (vivienda, trabajo, servicios
públicos, etc.) deben formar parte de una pelea conjunta para tener más
opciones de victoria. Un ejemplo de ello es incluir en “Las 5 de la PAH”
la lucha contra la pobreza energética, en consonancia con otros
movimientos.
Otro camino a seguir consistiría en
abrir nuevas líneas de trabajo en torno a modelos alternativos a la
vivienda en hipoteca o en alquiler, como son las cooperativas de
viviendas en derecho de uso en suelo en cesión, unido a una lucha por
la movilización de la vivienda vacía (tanto pública como privada) para
su alquiler en dicho régimen. Igualmente, sería apropiado
luchar por la recuperación de modelos sociales de convivencia más
comunitarios, como el de los 70′ que propiciaron las luchas vecinales
que derivaron en las asociaciones de vecinos, donde la vivienda era un
problema colectivo y no individualizado.
Todo esto podría servir para ofrecer
soluciones realistas con nuevos modelos de vivienda y poder plantar
cara, así, al sistema, que tratará, si no, de volver a inculcar un
modelo basado en la “propiedad” y en la hipoteca, con su correspondiente
lavado de cara.
Por último, debemos tener
presente que una desmercantilización adecuada de la vivienda no puede
garantizarse dentro de una economía capitalista. Concretamente,
en nuestra geografía las burbujas inmobiliarias han sido un motor de
todos los periodos de crecimiento capitalista, y lo volverán a ser como
indica el desembarco a gran escala de fondos extranjeros. Frente a esta
dinámica, es necesario resaltar que hoy mismo, sustituyendo al Estado
capitalista por una administración democrática con propiedad y toma de
decisiones colectivas, es posible garantizar un hogar digno a todos
aquellos y aquellas que vivimos en este país (y a aquellos que quieran
venir). Son tres millones y medio de viviendas vacías, más todo
el stock de viviendas no principales de las capas adineradas: una enorme
riqueza social creada por nosotros y nosotras, que debemos recuperar.
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