Ya vemos como está el ppatio del finiquito histórico of sistem in failure. Y vemos también que cuando no hay razones ni inteligencia solo quedan bufidos y disparates disponibles. Uno tras otro, sin parar. Como con prisas por tomar cuanto antes la Bastilla del manicomio desintegra-patrias, convencidos, para remate, de estarlas refundando, las patrias, no solo las zarandajas, estupideces en ristra y vergüenza ajena a toneladas,claro.
Ese lodazal en la época del imperio españolazo y las manías todopoderosas de las casas reinantes convertidas en santa inquisición, tuvo su momento. Lo hemos estudiado durante décadas, desde la escuela a la Universidad. Solo que ya han pasado unos quinientos años y que ya no nos reconocemos en el vocerío, ni en la mala leche congénita como argumentario del fracaso social, sí, como que ya en plan salvapatrias cuartelero/bancario/corrupto, en vez de animar desmoralizan a saco mientras ppropagan un ppestucio a ppodrido, a basura y a descuajaringue insoportable.
Si no hiciesen tanto daño a la comunidad humana y planetaria, sería cosa de apoyarles y tratar de rescatarlos del tsunami, pero, claro, con el emperre que llevan cualquiera se arriesga a ponerse a su nivel, a la altura del oleaje con chapapote adjunto, cuando nos están demostrando a diestro y siniestro que el cataclismo corre de su cuenta y que se los está llevando por delante; Cayetana, la vestal pitonisa perseguida y sacrificada en el altar para bellum si non vis pacem lo ha explicado sin ambages. Ellos se han tirado de cabeza al mar embravecido, han taladrado la estructura del barco de siempre hasta que el agua lo ha inundado, la sala de máquinas ya es la Laguna Estigia y Caronte se ha lanzado con la barca del finiquito a darles la bienvenida a "su nueva normalidad" funeraria del momentazo. Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla, teste David cum Sybilla...canta el Requiem en la catedral del caos.
Lo más sensato que puede hacer el Gobierno en tales tesituras es el difícil tencontén de no perder los nervios ni entrar al trapo. Tratar de explicar por qué se están muriendo a los moribundos político-parlamentarios que petan a causa de su propia toxicidad es tarea imposible, ya están fuera del tiempo que llega, sus cables mentales no responden, sus neuronas, ya colapsadas desde siempre, se les han frito, así que tomárselos al pie de la letra, sin leer entre líneas su desesperada situación irreversible, darles tanto crédito y seguirles el juego del desguace, es perder el tiempo miserablemente y correr el riesgo de que el mismo hundimiento , provocado por su tozudo empeño en suicidarse pensando que lo suyo es un subidón patriotero necesario, se lleve por delante los barcos que intentan mantenerse a flote mediante otros métodos más inteligentes de navegación en medio del océano pandémico/sanitario, demoledor/económico y social/resiliente, que desde luego requiere una pericia en compresión, una inteligencia, una genialidad, incluso, que el ppatio del finiquito no tiene, no conoce ni se imagina que pueda existir. Ya se les ha invitado durante meses enteros a la escucha, a la reflexión conjunta, a la cooperación más sana y urgente, pero está claro que es pedir peras al olmo.
Lo más acertado es la última decisión que se ha tomado respecto a la reforma del Poder Judiciaĺ y del cortafuegos del Ejecutivo y el Legislativo para desmantelar el desastre perpetrado por el pp entre Rajoy y Gallardón mano a mano, al iniciar el proceso del naufragio estatal que ahora entorpece y se lleva por delante cualquier conato de lucidez, inteligencia y gobernabilidad. Precisamente cuando España está atravesando una de las peores épocas desde el esplendor de la dictadura y sus cunetas rebosantes de horror. El pp ha cavado una fosa inmensa en la que España se hundido sin paliativos y que nadie fue capaz de entrever y calibrar en su momento, tampoco el Psoe lo vio, por eso dejó en manos de lo peor y de lo más torpe asuntos gravísimos de una trascendencia total: la justicia como felpudo de un sistema corrompido hasta las cachas, al que solo justifican las urnas sin discernimiento ni orientación ni conciencia ciudadana. Pero ¿qué hacer cuando las urnas se manipulan con la mentira y el miedo? ¿Qué salvavidas le queda entonces a la democracia y a la decencia, a la soberanía de la ética? Sólo la Justicia. Pero ¿qué sucede si la Justicia ya no lo es porque ha sido comprada, falsificada, y forma parte del mismo engranaje de la disolución del estado de Derecho que el ppodrido cotarro oligócrata desea como chollo interminable?
Sólo una revisión forzosa del problema puede hacer que esto se limpie, se adecente y se reforme de modo que nunca más haya ningún entuerto confundido con legitimidad y legalidad que nos venda la cabra cada vez que haya una cuestión en la que el caciquismo y sus ppatrañas intenten hacerse con el poder estatal mediante verdaderos golpes de estado leguleyos. Y donde un código deontológico constituyente solo reformable por referendum estatal rija los entresijos del estado.
Esa mafia ppeppera tiene necesariamente que deponer su actitud aberrante y si se resiste, con su historial y los daños innumerables e irreparables que está causando a la mayoría de españoles y españolas, que la Justicia, protegiendo a la ciudadanía, les desautorice y les revoque como representantes falsos y delincuentes del pueblo, vetándoles como opción política, como se hace en Alemania con los nazis. Quienes delinquen y han delinquido, con agravante de que ni siquiera distinguen el delito de la normalidad, deben quedar para siempre al margen de los servicios públicos, ya sea como miembros de partidos políticos, ya sea como funcionarios del estado, ya sea como responsables de la banca y de las grandes empresas que tengan relación con la economía del estado.
Que el historial ético forme también parte del curriculum vitae a la hora de presentarse a oposiciones, a candidaturas, de acceder a cargos públicos o a trabajos en los partidos políticos que se mantienen con dinero del estado.
Está claro que ese giro copernicano en el estado tiene que implementarse desde la información verdadera y mediante una intensa pedagogía social y llevarse a la Constitución una vez explicado y propuesto, en un referendum renovador y reparador de todos los gravísimos baches y deficiencias sufridas durante los últimos 42 años. Somos una ciudadana cruelmente damnificada por su propia historia miserable teñida de grandezas cuya mentira ahora está quedando al descubierto, y ese estado de desolación debe comenzar a corregirse cuanto antes, es decir, ya. Porque todos nuestros desastres económicos, laborales, culturales, empresariales, agrícolas, industriales , mediáticos, sanitarios, docentes, religiosos, territoriales, etc, etc, están fundamentados en ese esperpento estatal que basándose en nuestras carencias se ha convertido en el laberinto del Minotauro español: somos su alimento, perdidos y enredados por sus pasillos oscuros, interminables y sin salida. No busquemos a Teseo, porque acabaríamos endiosándolo y siendo también su alimento (ya nos pasó en los 80 con el Psoe).
Nosotros somos Teseo, así que dejemos de alimentar al monstruo de una maldita vez. No hace falta matarlo, basta con no alimentarlo. Con más denuncias de pelos y señales bien concretas y menos espectáculo escandalizante. Pongamos la atención en más propuestas, en más implicación, en más inteligencia que en cabreo, en más hacer que chismorrear despotricando. Ese Minotauro bulímico se agotará y morirá de su mismo mal si nadie le da de comer con su atención y sus alarmas inútiles. Pitos y flautas ya hemos tenido bastantes. Ahora al tajo. Como ha hecho el gobierno con su iniciativa regeneradora y modificadora del cacicato judicial.
Llevemos al Tribunal de la UE como ciudadanía, nuestra denuncia de esa vergonzante y letal anomalía política "legalizada" por el pp y soportada en silencio por el resto del Poder Legislativo y la ignorancia de la sociedad, y que allí y en la ONU, si es necesario, conozcan de primera mano el pozo negro, la fosa séptica del pputo Reino de España.
Es imposible curar la enfermedad que no se ve como tal, ni se reconoce ni se explica ni se diagnostica, que solo se refunfuña por las redes o en los bares y terracitas cerveceras y fumetas. Pensemos, reflexionemos, hablemos, propongamos y organicemos. A nuestra situación le sobran series y pelis que la describen divinamente, pero le falta coger la sartén social por el mango para cambiarla por algo mejor, más vivo, más justo, limpio y feliz. ¡A por todas y p'alante, familia!
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Aquí dejo, como explicación completísima y profesional sobre la ya urgentísima reconstrucción jurídica del País, este artículo del magistrado Joaquim Bosh, como siempre impecable y que no da puntada sin hilo. ¡Gracies, Ximo, germá!
5 claves para comprender la batalla por la cúpula judicial
1.- El bloqueo institucional. La Constitución establece con claridad que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe renovarse cada cinco años. Sin embargo, la actual cúpula judicial fue designada en 2013 y ya lleva caducada dos años en funciones. El principal partido de la oposición ha manifestado que no va a negociar su renovación y el cambio en este organismo requiere de una mayoría cualificada de 3/5 de ambas cámaras. Resulta imposible llevarlo a cabo sin los votos de la oposición.
¿A qué se debe este bloqueo tan manifiestamente inconstitucional? Hay que comprender la indudable importancia de las competencias del CGPJ: nombra a los magistrados de los principales tribunales, puede premiar o castigar a los jueces, interviene con sus opiniones en asuntos de enorme relevancia pública. La actual cúpula judicial fue diseñada hace siete años por el exministro Gallardón, tras una reforma legal con la que se configuró el CGPJ más partidista de nuestra historia democrática, en función de los intereses de su propia formación. En consecuencia, se nombró como presidente del organismo a Carlos Lesmes, ex alto cargo en los gobiernos de Aznar. También buena parte de los vocales nombrados estaban en sintonía con esos intereses. El bloqueo permite que ese control partidista se prolongue durante más tiempo del previsto constitucionalmente.
2.- El aprovechamiento de una cúpula judicial en funciones. El resultado se concreta en el mantenimiento de un CGPJ que no debía estar adoptando decisiones desde hace dos años. Pero continúa actuando igual que a lo largo de todo su mandato. Realiza a menudo nombramientos de altos cargos judiciales con un marcado sesgo partidista y no en función de un sistema de méritos objetivables, como han denunciado diversas entidades. Y se posiciona constantemente en público contra este gobierno, en contraste con la benevolente actitud que mantuvo con el anterior.
Los cuestionables afanes partidistas para perpetuar esta situación no pueden colisionar frontalmente con el imperativo constitucional de renovación cada cinco años. El pretexto del principal partido de la oposición es que no negocia para la renovación por discrepancias ideológicas con el Gobierno. Pero, además de la falta de respeto de ese argumento hacia el pluralismo democrático, resulta lógico que concurran siempre esas discrepancias. Y por esa regla de tres nunca se renovaría el organismo. La situación de bloqueo de la cúpula judicial es constitucionalmente insostenible.
3.- La reforma propuesta por los partidos del Gobierno. La proposición de ley que se ha presentado plantea superar el bloqueo con una enmienda sobre las mayorías para la elección. Supondría eliminar en la práctica la mayoría cualificada de 3/5 para la elección de los vocales judiciales en ambas cámaras, para sustituirla por la mayoría absoluta, con lo cual resultaría innecesario el apoyo de la oposición. No obstante, esa modificación legal acentuaría el control partidista de la cúpula judicial, que es uno de los problemas esenciales que presenta nuestro sistema de separación de poderes, ya bastante desprestigiado durante las últimas décadas por el reparto de cuotas entre los principales partidos. Desde la perspectiva de las injerencias partidistas, llegaríamos a una variante empeorada del sistema de Gallardón. Hoy puede beneficiar al PSOE y a UP, pero mañana sin duda favorecería al PP y a Vox. Y, en todos los casos, perjudicaría seriamente a la credibilidad de nuestro sistema judicial.
Resulta comprensible que desde el Gobierno se exploren alternativas a esta situación de bloqueo. El actual CGPJ no puede mantenerse ahí a perpetuidad. Pero el remedio puede acabar siendo peor que la enfermedad. Sería suficiente con una adecuada regulación de la cúpula judicial cuando está en funciones, para restringir al máximo sus atribuciones (en especial, los nombramientos de magistrados en altos tribunales). Así se eliminaría el principal incentivo para beneficiarse de bloqueos oportunistas. En cambio, reforzar el control partidista sobre la justicia supondría un paso más en la degradación institucional del CGPJ.
4.- La cúpula judicial española como anomalía en Europa. En un artículo anterior expliqué que nuestro sistema de gobierno de la judicatura (por reparto entre los principales partidos) no tenía equivalentes en los países de nuestro entorno. Las concepciones europeas se inspiran con razón en la idea de que la separación de poderes ha de llevar a la existencia de frenos, contrapesos y espacios de vigilancia institucional. Con esos equilibrios se pretende evitar los abusos de poder que pueden ocasionarse si la judicatura queda supeditada al poder político.
La Carta Europea sobre el Estatuto del Juez, aprobada por el Consejo de Europa, indica que los consejos de la judicatura son organismos independientes de los poderes ejecutivo y legislativo, integrados al menos en la mitad de sus miembros por "jueces elegidos por sus pares" (y no por el Parlamento, que designa a los miembros restantes). Se trata de un sistema mixto en la elección, entre judicatura y Parlamento, con el que se apuesta por una vigilancia mutua. Evita que el poder político ocupe espacios de influencia demasiado extensos, pero esa dualidad también permite evitar los riesgos de un posible corporativismo judicial, ante la presencia de miembros designados parlamentariamente. Así es como funcionan los equilibrios institucionales. Y por eso la existencia en España de una cúpula judicial colonizada al completo por los partidos políticos ha provocado constantes reproches del Consejo de Europa.
5.- La actitud exigente de la ciudadanía como única posibilidad de cambio. El sistema de configuración de la cúpula judicial con intervención de los partidos se ha deteriorado tanto que no resulta sencillo evolucionar hacia los estándares europeos. Las dinámicas de poder provocan que las fuerzas políticas intenten copar a toda costa los espacios de mayor influencia institucional. Por ejemplo, en las elecciones de 2011 el partido de Mariano Rajoy prometió en su programa promover la reforma del sistema de elección del CGPJ, para que "doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías". Sin embargo, tras obtener la mayoría absoluta, el exministro Gallardón decidió hacer exactamente lo contrario, con pleno apoyo de su formación, y optó por incrementar el control partidista de la cúpula judicial. Por ello, causa hilaridad que los ámbitos políticos que han patrocinado esta instrumentalización del CGPJ (o no la han cuestionado) ahora se rasguen las vestiduras y se escandalicen sin rubor ante las tentativas de control de sus adversarios.
Las mismas contradicciones podemos constatar entre los dirigentes de los partidos de izquierda. Pero esta lamentable situación también se explica ante una ciudadanía que ha sido poco exigente con las maniobras de control del sistema judicial. La tónica general ha sido que las injerencias son positivas si las perpetra el partido al que se respalda (siempre habrá alguna justificación comprensiva), pero negativas si las lleva a cabo la formación contraria. Es lo más opuesto al valor general del concepto de justicia. Por otro lado, los jueces no hemos sabido explicar la relevancia de estas cuestiones a la sociedad, ni tampoco buscar complicidades o apoyos en ella. Al contrario, siempre hemos sido percibidos como muy gremialistas y demasiado distanciados de la ciudadanía. El fracaso institucional se ha construido colectivamente.
Las mejoras estructurales que nos acerquen a las prácticas europeas no vendrán voluntariamente de los partidos, al estar demasiado implicados en las referidas dinámicas de poder. Solo se producirán a través de la presión ciudadana, si las bases de las formaciones de izquierda y de derecha presionan lo suficiente a los suyos, en lugar de aplaudir acríticamente las estrategias tóxicas contra la separación de poderes. Sin duda, resulta difícil que se produzca de verdad esa presión ciudadana. En ese caso, seguiremos como estamos. O incluso peor.
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