Raúl Cordero Nuñez, secretario general Comarca Sur de CCOO Madrid
En toda democracia se impone una relación compleja entre la ciudadanía y sus instituciones. Para garantizar el marco de derechos fundamentales que define un sistema democrático es necesaria una legitimidad suficiente de las instituciones que van a delimitar la esfera pública, un grado suficiente de eficacia en su gestión de los problemas, pero también una percepción positiva por parte de la ciudadanía sobre las dos cosas anteriores. Un sistema democrático debe serlo y parecerlo. Si no lo es, aunque la ciudadanía no lo perciba, se estarán perdiendo derechos fundamentales. Si lo es, pero la gente no lo piensa, el apoyo popular sobre el sistema desciende, y, con este descenso, las instituciones pierden su legitimidad, que descansa precisamente en el apoyo popular.
Por eso, es necesario plantear algunas reflexiones sobre el fallo del TSJ de Madrid en relación a las medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio de Sanidad. Porque las sentencias de un tribunal de justicia en un sistema democrático también inciden en los ámbitos de la legitimidad, la eficacia y la percepción popular de las instituciones, más allá de las valoraciones estrictamente jurídicas.
Los municipios del sur de Madrid, representados por sus gobiernos locales, sus sindicatos mayoritarios, sus asociaciones de vecinos y otras muchas organizaciones sociales, no nos hemos opuesto a las restricciones sobre nuestra movilidad. En los distintos espacios colectivos de que disponemos, hemos acordado defender la sanidad pública sin menoscabar el prestigio de la autoridad sanitaria, para lo que estamos haciendo un ejercicio enorme de gestión de la frustración al renunciar, por ejemplo, a la convocatoria de movilizaciones presenciales. Pero exigimos igualdad de trato.
Los argumentos sobre la vulneración de derechos y libertades fundamentales que han servido para tumbar las medidas extendidas a la totalidad de la ciudad de Madrid, contienen en su afirmación positiva una exclusión. Esos mismos derechos y libertades parecerían estar en juego también en el caso de las restricciones selectivas sobre algunos barrios obreros o municipios del sur. Sin embargo, no se consideró así por el mismo tribunal pocos días antes.
Las consecuencias de este aparente trato discriminatorio inciden en la percepción popular sobre las instituciones. El mensaje que se lanza a los vecinos y vecinas del sur es que los derechos fundamentales están confinados en los barrios del norte. Pero, además, perjudican la gestión eficaz de los problemas sanitarios. En los debates sobre participación y democracia, pocas veces se habla de la necesidad de eficacia para la vida democrática. Una democracia ineficaz para resolver los problemas de la gente, termina dando paso a monstruos totalitarios, que siempre son más eficaces (para sus propios fines).
En este momento, el mayor reto al que se enfrenta nuestro país tiene que ver con una gestión eficaz de la crisis del coronavirus. Cuando se juega en corto y se busca la rentabilidad política en la confrontación, en lugar de basarse en criterios sanitarios, se desvaloriza la democracia en su exigencia de eficacia. Cuando se evidencia la política de clase discriminatoria, se desvaloriza la percepción popular sobre las instituciones. Y, cuando sucede todo lo anterior, se pierde legitimidad. Se abre el paso para la antipolítica y la reacción.
Pareciera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, avalada por el fallo del tribunal, se hubiese propuesto confinar los derechos y libertades fundamentales para evitar que salgan de algunos barrios privilegiados de Madrid. Y esto hace saltar el marco completo de derechos fundamentales: ni es legítimo, ni es eficaz para gestionar la pandemia, ni puede percibirse como positivo en el Sur de Madrid.
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