DANNY CAMINAL
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a las puertas del TSJC.
Sábado, 17 de diciembre del 2016
La judicialización del proceso soberanista en Catalunya brindó ayer al independentismo catalán una fotografía impagable: la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declarando en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por permitir que se votaran las conclusiones de la comisión del llamado proceso constituyente, pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. A muchos puede chocarles, y no sin razón, que se encause a la segunda autoridad catalana por una votación política sin efectos legales, pero no se puede obviar que la desobediencia ante un mandato judicial entronca con el propósito de la mayoría del Parlament de transgredir la legalidad vigente, como se explicitó en la declaración del 9 de noviembre del 2015. Si Forcadell cumplió el mandato del Parlament, la fiscalía y los tribunales cumplen con su deber de velar por el respeto al marco legal.
Pese al carácter pacífico del movimiento político y cívico que ayer arropó a Forcadell, sus promotores deben ser conscientes de que el camino de la desobediencia y la ilegalidad solo les llevará a la suspensión de sus acuerdos y a las condenas judiciales. Es decir, a ninguna parte. El precedente de Juan María Atutxa, que como presidente del Parlamento vasco se negó a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, así lo acredita: el TSJ lo absolvió porque lo amparaba la inviolabilidad parlamentaria, pero el Supremo acabó inhabilitándolo cinco años más tarde, cuando ya había dejado la escena política.
Ni la judicialización ni la unilateralidad son la solución para el conflicto catalán. La primera solo sirve para alimentar el victimismo del que se nutre el independentismo; la segunda tensa a la sociedad y ahuyenta del bloque soberanista al catalanismo moderado. Este nuevo episodio en los tribunales llega cuando el nuevo Gobierno de España habla de una oferta de diálogo que los independentistas se han apresurado a desacreditar antes y después de la declaración de Forcadell. Pretender que el diálogo desvirtúe la acción de la justicia es creerse la propia propaganda cuando se dice que España no es un Estado de derecho. Puesto que lo es, la forma evidente de desjudicializar el procés es no cometer ilegalidades. Lo que no quita la urgencia de que quienes ahora hablan de diálogo lo materialicen de forma tan tangible como la acción de los tribunales.
La judicialización del proceso soberanista en Catalunya brindó ayer al independentismo catalán una fotografía impagable: la de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declarando en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por permitir que se votaran las conclusiones de la comisión del llamado proceso constituyente, pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. A muchos puede chocarles, y no sin razón, que se encause a la segunda autoridad catalana por una votación política sin efectos legales, pero no se puede obviar que la desobediencia ante un mandato judicial entronca con el propósito de la mayoría del Parlament de transgredir la legalidad vigente, como se explicitó en la declaración del 9 de noviembre del 2015. Si Forcadell cumplió el mandato del Parlament, la fiscalía y los tribunales cumplen con su deber de velar por el respeto al marco legal.
Pese al carácter pacífico del movimiento político y cívico que ayer arropó a Forcadell, sus promotores deben ser conscientes de que el camino de la desobediencia y la ilegalidad solo les llevará a la suspensión de sus acuerdos y a las condenas judiciales. Es decir, a ninguna parte. El precedente de Juan María Atutxa, que como presidente del Parlamento vasco se negó a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, así lo acredita: el TSJ lo absolvió porque lo amparaba la inviolabilidad parlamentaria, pero el Supremo acabó inhabilitándolo cinco años más tarde, cuando ya había dejado la escena política.
Ni la judicialización ni la unilateralidad son la solución para el conflicto catalán. La primera solo sirve para alimentar el victimismo del que se nutre el independentismo; la segunda tensa a la sociedad y ahuyenta del bloque soberanista al catalanismo moderado. Este nuevo episodio en los tribunales llega cuando el nuevo Gobierno de España habla de una oferta de diálogo que los independentistas se han apresurado a desacreditar antes y después de la declaración de Forcadell. Pretender que el diálogo desvirtúe la acción de la justicia es creerse la propia propaganda cuando se dice que España no es un Estado de derecho. Puesto que lo es, la forma evidente de desjudicializar el procés es no cometer ilegalidades. Lo que no quita la urgencia de que quienes ahora hablan de diálogo lo materialicen de forma tan tangible como la acción de los tribunales.
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