De la mentira a la hipnosis
Lo clavaba El Roto
(como suele) en su viñeta del pasado sábado, 30 de julio: "Las mentiras
están perdiendo credibilidad. ¡Hay que reforzar la hipnosis!". En esas
parece que andan Mariano Rajoy y su 'equipo médico' habitual. Si las
mentiras son tan burdas y la credibilidad del emisor está tan mermada que ya nada cuela
(salvo entre los aplaudidores profesionales), entonces hay que retorcer
la realidad o la visión del personal hasta hacerlas coincidir con lo
que previamente interesa.
Contaba este martes nuestra compañera Yolanda González en infoLibre que en la Moncloa, en el PP y en el Grupo Parlamentario Popular están buscando fórmulas que permitan a Rajoy salir del bucle en el que él mismo se ha metido y al que pretende arrastrar además al rey y al Parlamento si se tercia. Se trataría de que finalmente su jefe acuda al Congreso, pero de una manera que no pueda calificarse como investidura frustrada sino como un engendro por definir, quizás una sesión extraordinaria con sermón del presidente en funciones y convocatoria de nuevas elecciones. Todo les valdría con tal de achacar a la oposición la responsabilidad de una tercera cita con las urnas. Y, si es posible, hacerlo evitando la imagen de una rotunda derrota parlamentaria.
Dan por descontado que las reuniones de estos días con Pedro Sánchez y Albert Rivera no van a mover a PSOE y a Ciudadanos de sus posiciones anunciadas, y consideran que las elecciones fijadas en Euskadi para el 25 de septiembre bloquean la posibilidad de acuerdos previos con el PNV. Por más que Sánchez le ha insistido este martes a Rajoy, no ha conseguido que el presidente en funciones aclare si irá o no a la investidura, a pesar de que no hay un solo constitucionalista en la galaxia que no confirme que el candidato Rajoy está obligado a someterse a la investidura una vez hecha la propuesta del rey a la presidenta del Congreso.
Un mes largo después del 26-J, el PP no ha logrado sumar un solo apoyo a sus 137 escaños. Intentó instalar la falacia de que la lista más votada es la que debe gobernar, y los demás tienen la obligación de hacer la ola, y para extender esa manipulación de lo que es una democracia parlamentaria 'normal' se ha contado con la inestimable ayuda de potentes altavoces mediáticos, jarrones chinos y barones castizos.
Pero ya no cuela. Incluso en las encuestas cocinadas para corroborar lo que previamente se proclama desde los púlpitos editoriales, resulta que la inmensa mayoría de los encuestados es partidaria de que se eviten nuevas elecciones, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Por ejemplo, en la que el pasado domingo publicaba El País, se insistía en que una mayoría del electorado socialista sería partidaria de la abstención de su partido para facilitar que haya gobierno. Apenas se destacaba, sin embargo, que el 90% de esos electores (y también la inmensa mayoría de los votantes de Ciudadanos) exigen la renuncia de Rajoy si así fuera posible formar nuevo gobierno.
La complejidad del escenario político es en realidad bastante menor de la que se quiere aparentar desde el PP. Rajoy sabe desde el 26J (es más, desde el 20D) que no puede lograr mayoría absoluta en la primera votación, ni tampoco mayoría simple en la segunda, puesto que el PSOE ha anunciado que votará no y Ciudadanos se abstendrá. Cualquier candidato que respetara la letra y el espíritu de la Constitución (artículo 99) pasaría por ese 'calvario' político (como lo pasó Pedro Sánchez hace cinco meses) e intentaría obtener los apoyos suficientes en una tercera votación. Una vez puesto en marcha el reloj tras la investidura frustrada, sería la hora de negociar seriamente condiciones políticas de contenido y de nombres para llevar a Ciudadanos al "sí" e intentar acuerdos con el PNV, o colocar toda la presión de la gobernabilidad en el PSOE, aferrándose a esa ambigüedad con la que Sánchez ha insistido tanto en esquivar el compromiso sobre lo que hará "en el último minuto" si depende de los socialistas la gobernabilidad. Ese ha sido el intento claro de Rajoy este martes tras la entrevista con el secretario general del PSOE.
El problema real es que Rajoy está demostrando un desprecio absoluto por las reglas de la democracia parlamentaria. Cuando una abogada del Estado como Soraya Sáenz de Santamaría argumenta que "la coherencia política está por delante de la coherencia jurídica", está dando una soberana patada al Estado de Derecho, cuya base es el respeto a la legalidad. La coherencia política, como explicaba aquí mismo Luis García Montero, debe servir para cambiar esa legalidad por las vías jurídicas adecuadas, en ningún caso para ignorarla. Hasta el 26J, el PP era una organización a la que varios jueces acusan de graves delitos en cinco causas diferentes. Desde el 26J, Rajoy y su partido están actuando además como una organización antisistema dispuesta a cualquier argucia con tal de esquivar las normas constitucionales e institucionales. Una vez más, engordan con ello la argumentación defendida desde 2010 por las formaciones independentistas catalanas, que siguen dando pasos políticos en su hoja de ruta soberanista al margen de las leyes del Estado y de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Todo es bastante más sencillo y procaz: Rajoy se niega a salir derrotado de las dos primeras sesiones de investidura y además no se fía de que entonces Pedro Sánchez intente encabezar una candidatura alternativa (como sería, por otra parte, su obligación). Y para evitar ese trago y seguir cargando al prójimo toda la responsabilidad sobre la ausencia de Gobierno, Rajoy se dispone a darle un nuevo zasca a la legalidad constitucional y al respeto institucional. Si finalmente no se somete a una investidura en toda regla, será la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien estará actuando de forma descaradamente partidista y será responsable directa del deterioro institucional y de las consecuencias legales que conlleve.
El problema de fondo consiste en que uno empieza aceptando sobresueldos de su tesorero, continúa mostrándole su apoyo explícito cuando es sorprendido con cuentas millonarias en Suiza, sigue presidiendo un partido que destruye pruebas judiciales a martillazo limpio... y termina haciendo una pajarita de papel con la Constitución. Cada minuto que pasa, Mariano Rajoy va acumulando más méritos (si es que le faltaba alguno) para terminar viéndose obligado a apartarse de la carrera presidencial y a permitir que otros intenten regenerar de verdad el cenagal en el que se ha convertido la política española.
P.D. Entre la mentira y la hipnosis están los datos. Ha presumido el Gobierno de haber evitado por mérito propio la multa que la Comisión Europea iba a imponer a España por el incumplimiento en el objetivo del déficit. Basta escuchar y leer lo que dice la propia Comisión para concluir que el 'perdón' a España se debe a la propia debilidad de la UE y al temor al crecimiento de los populismos tras el Brexit. Ahora se filtra que Bruselas puede castigar a España con una sanción de 6.100 millones de euros si no presenta a tiempo un Presupuesto antes del 15 de octubre. "Maldita la gota que se desperdicie", diría el Lazarillo. Amenazan con el apocalipsis si no hay gobierno urgente (del PP, por supuesto) a la vez que con este Ejecutivo en funciones mejoran los datos sobre puestos de trabajo (que no empleo digno) y crecimiento económico. Nunca en los últimos cinco años hubo menos recortes al bienestar. Larga vida al estado de provisionalidad.
Contaba este martes nuestra compañera Yolanda González en infoLibre que en la Moncloa, en el PP y en el Grupo Parlamentario Popular están buscando fórmulas que permitan a Rajoy salir del bucle en el que él mismo se ha metido y al que pretende arrastrar además al rey y al Parlamento si se tercia. Se trataría de que finalmente su jefe acuda al Congreso, pero de una manera que no pueda calificarse como investidura frustrada sino como un engendro por definir, quizás una sesión extraordinaria con sermón del presidente en funciones y convocatoria de nuevas elecciones. Todo les valdría con tal de achacar a la oposición la responsabilidad de una tercera cita con las urnas. Y, si es posible, hacerlo evitando la imagen de una rotunda derrota parlamentaria.
Dan por descontado que las reuniones de estos días con Pedro Sánchez y Albert Rivera no van a mover a PSOE y a Ciudadanos de sus posiciones anunciadas, y consideran que las elecciones fijadas en Euskadi para el 25 de septiembre bloquean la posibilidad de acuerdos previos con el PNV. Por más que Sánchez le ha insistido este martes a Rajoy, no ha conseguido que el presidente en funciones aclare si irá o no a la investidura, a pesar de que no hay un solo constitucionalista en la galaxia que no confirme que el candidato Rajoy está obligado a someterse a la investidura una vez hecha la propuesta del rey a la presidenta del Congreso.
Un mes largo después del 26-J, el PP no ha logrado sumar un solo apoyo a sus 137 escaños. Intentó instalar la falacia de que la lista más votada es la que debe gobernar, y los demás tienen la obligación de hacer la ola, y para extender esa manipulación de lo que es una democracia parlamentaria 'normal' se ha contado con la inestimable ayuda de potentes altavoces mediáticos, jarrones chinos y barones castizos.
Pero ya no cuela. Incluso en las encuestas cocinadas para corroborar lo que previamente se proclama desde los púlpitos editoriales, resulta que la inmensa mayoría de los encuestados es partidaria de que se eviten nuevas elecciones, pero no a cualquier precio ni de cualquier manera. Por ejemplo, en la que el pasado domingo publicaba El País, se insistía en que una mayoría del electorado socialista sería partidaria de la abstención de su partido para facilitar que haya gobierno. Apenas se destacaba, sin embargo, que el 90% de esos electores (y también la inmensa mayoría de los votantes de Ciudadanos) exigen la renuncia de Rajoy si así fuera posible formar nuevo gobierno.
La complejidad del escenario político es en realidad bastante menor de la que se quiere aparentar desde el PP. Rajoy sabe desde el 26J (es más, desde el 20D) que no puede lograr mayoría absoluta en la primera votación, ni tampoco mayoría simple en la segunda, puesto que el PSOE ha anunciado que votará no y Ciudadanos se abstendrá. Cualquier candidato que respetara la letra y el espíritu de la Constitución (artículo 99) pasaría por ese 'calvario' político (como lo pasó Pedro Sánchez hace cinco meses) e intentaría obtener los apoyos suficientes en una tercera votación. Una vez puesto en marcha el reloj tras la investidura frustrada, sería la hora de negociar seriamente condiciones políticas de contenido y de nombres para llevar a Ciudadanos al "sí" e intentar acuerdos con el PNV, o colocar toda la presión de la gobernabilidad en el PSOE, aferrándose a esa ambigüedad con la que Sánchez ha insistido tanto en esquivar el compromiso sobre lo que hará "en el último minuto" si depende de los socialistas la gobernabilidad. Ese ha sido el intento claro de Rajoy este martes tras la entrevista con el secretario general del PSOE.
El problema real es que Rajoy está demostrando un desprecio absoluto por las reglas de la democracia parlamentaria. Cuando una abogada del Estado como Soraya Sáenz de Santamaría argumenta que "la coherencia política está por delante de la coherencia jurídica", está dando una soberana patada al Estado de Derecho, cuya base es el respeto a la legalidad. La coherencia política, como explicaba aquí mismo Luis García Montero, debe servir para cambiar esa legalidad por las vías jurídicas adecuadas, en ningún caso para ignorarla. Hasta el 26J, el PP era una organización a la que varios jueces acusan de graves delitos en cinco causas diferentes. Desde el 26J, Rajoy y su partido están actuando además como una organización antisistema dispuesta a cualquier argucia con tal de esquivar las normas constitucionales e institucionales. Una vez más, engordan con ello la argumentación defendida desde 2010 por las formaciones independentistas catalanas, que siguen dando pasos políticos en su hoja de ruta soberanista al margen de las leyes del Estado y de las decisiones del Tribunal Constitucional.
Todo es bastante más sencillo y procaz: Rajoy se niega a salir derrotado de las dos primeras sesiones de investidura y además no se fía de que entonces Pedro Sánchez intente encabezar una candidatura alternativa (como sería, por otra parte, su obligación). Y para evitar ese trago y seguir cargando al prójimo toda la responsabilidad sobre la ausencia de Gobierno, Rajoy se dispone a darle un nuevo zasca a la legalidad constitucional y al respeto institucional. Si finalmente no se somete a una investidura en toda regla, será la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien estará actuando de forma descaradamente partidista y será responsable directa del deterioro institucional y de las consecuencias legales que conlleve.
El problema de fondo consiste en que uno empieza aceptando sobresueldos de su tesorero, continúa mostrándole su apoyo explícito cuando es sorprendido con cuentas millonarias en Suiza, sigue presidiendo un partido que destruye pruebas judiciales a martillazo limpio... y termina haciendo una pajarita de papel con la Constitución. Cada minuto que pasa, Mariano Rajoy va acumulando más méritos (si es que le faltaba alguno) para terminar viéndose obligado a apartarse de la carrera presidencial y a permitir que otros intenten regenerar de verdad el cenagal en el que se ha convertido la política española.
P.D. Entre la mentira y la hipnosis están los datos. Ha presumido el Gobierno de haber evitado por mérito propio la multa que la Comisión Europea iba a imponer a España por el incumplimiento en el objetivo del déficit. Basta escuchar y leer lo que dice la propia Comisión para concluir que el 'perdón' a España se debe a la propia debilidad de la UE y al temor al crecimiento de los populismos tras el Brexit. Ahora se filtra que Bruselas puede castigar a España con una sanción de 6.100 millones de euros si no presenta a tiempo un Presupuesto antes del 15 de octubre. "Maldita la gota que se desperdicie", diría el Lazarillo. Amenazan con el apocalipsis si no hay gobierno urgente (del PP, por supuesto) a la vez que con este Ejecutivo en funciones mejoran los datos sobre puestos de trabajo (que no empleo digno) y crecimiento económico. Nunca en los últimos cinco años hubo menos recortes al bienestar. Larga vida al estado de provisionalidad.
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