El pasado día 31 de enero de 2019 presenté ante los Juzgados una querella contra el Alcalde de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, su concejala de Hacienda, M.ª Dolores Navarro, el Gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y dos funcionarios del mismo Ayuntamiento.
Los presuntos delitos que motivan la querella son falsedad documental y prevaricación administrativa, por una serie de hechos que han provocado que el Ayuntamiento “le perdone” a la EMVS cerca de 500.000 euros, procedentes de los recargos e intereses devengados por una serie de impuestos y tasas municipales impagados por esa empresa pública.
Durante la presente legislatura completa, todos los partidos representados en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz hemos pedido en innumerables ocasiones la disolución de la EMVS ante las flagrantes irregularidades que han acompañado la gestión de esta Empresa desde su constitución. Y siempre nos hemos encontrado con un muro de silencio apuntalado por la mayoría absoluta del Partido Popular. Al amparo de esa mayoría, el PP se ha negado sistemáticamente a responder, a debatir o a explicar todas y cada una de las cuestiones, cuanto menos, dudosas, que los partidos de la oposición hemos denunciado una y otra vez.
Ese rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular ha impedido arrojar luz sobre hechos tan graves como la presunta condonación de impuestos que se denuncia en nuestra querella, o sobre la inexplicable cesión gratuita de suelo municipal a la EMVS por valor de más 35 millones de euros (para luego vender pisos a precio de mercado), o la facturación de la EMVS al ayuntamiento de tres edificios dotacionales por más de 23 millones de euros, pese a que deberían haber sido gratuitos, o la sobrevaloración del stock de plazas de garaje que mantiene la EMVS, y un largo etcétera de irregularidades que han sido puestas de manifiesto (algunas de ellas, incluso, por la Cámara de Cuentas en su Informe de Fiscalización de las Cuentas de 2012).
Ante la negativa del Partido Popular a explicar y aclarar todas estas cuestiones, se ha realizado colectivamente un trabajo de fiscalización y revisión exhaustiva de todo lo relativo a las cuentas de la EMVS y a su relación con el propio Ayuntamiento de Torrejón, en el cual hay que destacar la labor realizada por Paco Hernández, portavoz del Grupo Municipal Ganar Torrejón, ya que sin su colaboración no hubiera sido posible redactar la querella presentada. Confío en que su grupo político se anime a sumarse al procedimiento judicial que se ha abierto. También es necesario hacer una mención a Podemos Comunidad de Madrid, que ha puesto a nuestra disposición los medios necesarios para afrontar judicialmente este asunto, de la mano del abogado Raúl Carballedo, así como recordar el apoyo político y la cooperación del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, especialmente a María Espinosa, Miguel Ongil, Marco Candela y, por supuesto, a Ramón Espinar. Su apoyo y aliento han sido imprescindibles para llevar a los tribunales los entresijos de la EMVS de Torrejón de Ardoz.
Los hechos denunciados se enmarcan en lo que ha sido la política de especulación con el suelo y la vivienda pública que el Partido Popular ha practicado allí donde ha gobernado. No es casualidad que una de las personas denunciadas en esta querella, la actual Concejala de Mujer, Transparencia, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, esté en la actualidad condenada por el Tribunal de Cuentas de la Comunidad de Madrid por la venta de viviendas de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid durante la anterior legislatura, cuando era concejala del Ayuntamiento de la Capital. Tampoco es casualidad que en el momento que se producen los hechos denunciados en la querella, el Presidente de la EMVS de Torrejón fuese Pedro Rollán Ojeda, actual vicepresidente de la Comunidad de Madrid, quien también debería dar muchas explicaciones sobre su gestión como alcalde de Torrejón, especialmente en materia de vivienda pública.
Los hechos denunciados no son más que la ramificación jurídica de la gestión integral de la EMVS de Torrejón de Ardoz, la cual en sus casi 12 años de existencia no ha servido para intervenir en favor de la ciudadanía de Torrejón en materia de vivienda, sino para engordar burbujas inmobiliarias y favorecer a sus amiguetes. Nada que no hayamos visto antes en otras administraciones gobernadas por el Partido Popular.
No obstante, el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz es especialmente sangrante, ya que si sumamos los valores de todas las parcelas de suelo municipal que la EMVS ha recibido gratuitamente, los pagos indebidos que el Ayuntamiento le ha hecho por la construcción de unos edificios dotacionales que deberían haber sido entregados gratuitamente en contraprestación del suelo recibido, más las continuas inyecciones económicas realizadas desde el Ayuntamiento a la EMVS en concepto de préstamos no devueltos, subvenciones o encargos de trabajos perfectamente asumibles por el personal de la plantilla municipal, nos encontramos con que la EMVS le ha supuesto un “boquete” económico a las arcas públicas municipales superior a los 60 millones de euros. ¿Hasta qué punto puede ser asumible esta nefasta gestión para un ayuntamiento intervenido, con varios planes de ajuste sobre sus hombros, y con una deuda bancaria reconocida de 124 millones de euros?
En Podemos tenemos la firme convicción de que es necesario sacar al Partido Popular del Gobierno de nuestras instituciones como paso necesario para arrojar luz sobre su nefasta y antisocial gestión, y emprender la puesta en marcha de políticas de vivienda con un claro interés social, poniendo las necesidades de nuestro vecinos y vecinas por encima de los intereses económicos de quienes especulan con ese bien de primera necesidad que es la vivienda.
Concretamente, en Torrejón es necesario afrontar la constitución de un parque de vivienda pública para alquiler social así como intervenir de manera urgente en el mercado de alquiler para regular los precios máximos, hoy fijados por los fondos buitres que ostentan la propiedad de la mayoría de las viviendas disponibles en nuestra ciudad. También consideramos necesario frenar el expolio de suelo público que el PP ha llevado a cabo durante las 3 últimas legislaturas, conservando la propiedad municipal de las pocas parcelas que quedan en manos del Ayuntamiento.
Una política de vivienda que mire por las necesidades de nuestros vecinos y vecinas es posible, y tras las elecciones municipales de mayo, puede ser real.