Situación límite
El Gobierno ha anunciado ya las condiciones en que se producirá la
desescalada material de la situación de alarma en la que nos
encontramos, pero las empresas y trabajadores autónomos se encuentran en
una situación de enorme incertidumbre e inseguridad que incrementa
peligrosamente la vulnerabilidad de nuestra economía.
Nadie puede negar que la situación a la que se está haciendo frente es sumamente difícil, que no había protocolo alguno que estableciera lo que había que hacer y lo que no en esta emergencia sanitaria y económica y que, por mucho que se quiera comparar, la situación de cada país es distinta no sólo por el acierto o desacierto de los gobiernos que, en este momento puntual, han tenido que hacer frente a la pandemia. Es seguro que de no haberse producido los recortes en servicios públicos (sobre todo, sanitarios) que se han llevado a cabo en España en los últimos años, de haber estado en otra situación nuestras residencias de mayores, por ejemplo, la evolución del daño hubiera sido distinta. Lo mismo que, pasado el tiempo, se analizará el efecto tan negativo que está teniendo la decepcionante respuesta de la Unión Europea, incapaz de actuar como lo que se supone que es, un grupo de países que unen sus esfuerzos con un destino compartido y común.
Tampoco creo que nadie pueda poner en duda la firme voluntad que está teniendo este gobierno para evitar que las personas y grupos sociales más desfavorecidos sufran en mayor medida que los demás las consecuencias terribles de la pandemia, como nos consta que ocurrió en crisis anteriores.
Circunstancias como esas hay que tenerlas en cuenta, pero no se pueden utilizar para ocultar los errores que se cometan y las lagunas que se observan en las medidas que se estén aplicando. Hay que tratar de desvelarlos con lealtad y contribuir de la manera en que cada uno mejor pueda a corregirlos.
En los próximos días y semanas se va a ir produciendo la reactivación de la vida económica y, sin embargo, las empresas y trabajadores no tienen las mínimas certezas de las que hay que disponer para abrir los negocios con un mínimo de seguridad.
Esto es algo muy importante y que el Gobierno quiero creer que ya habrá considerado: puede ocurrir que haya muchas empresas que decidan no volver a abrir, a pesar de poder hacerlo ya, si no disponen de información suficiente sobre lo que vaya a suceder con las ayudas que hasta ahora estén recibiendo o con la gestión de sus plantillas.
El Gobierno debe informar cuanto antes de la estrategia que va a seguir en esas materias y más vale ser cauto, poniéndose en el peor de los lugares, que no tratar de contentar a todos ofreciendo escenarios que luego no vayan a poder cumplirse, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.
Miles de empresas y trabajadores autónomos están gastando su ahorro o se están endeudando para seguir pagando gastos que son ineludibles y una gran parte se empieza a encontrar en una situación límite, sin saber si van a contar con más ayudas, si el plan de desescalada será firme o si, a la vuelta, el tipo de negocio que habían desarrollado va a seguir teniendo la misma demanda o podrá llevarse a cabo en las condiciones de siempre.
Es cierto que el Gobierno se enfrenta a las mismas incertidumbres y que tiene muchas más dificultades que una empresa en concreto para determinar qué va a ocurrir en el futuro más inmediato, pero, desgraciadamente, este argumento no vale en una situación de emergencia. Si se va a dejar caer a las empresas se debe decir cuanto antes porque el destrozo y el coste que sufriremos todos serán mucho mayores si, por no querer asumirlo ahora, se va dejando que sea el tiempo quien vayan pasando la cuenta.
Sigue siendo imprescindible que las empresas reciban ayuda incluso cuando se haya producido la vuelta a la actividad. Esta no va a ser ni inmediata ni completa, de modo que será un error memorable que se deje que todas las empresas y todos los trabajadores autónomos reemprendan sus negocios como si sólo se tratara del despertar de una mala noche en una mala posada. El Gobierno debe ofrecer cuanto antes una estrategia de apoyo, todo lo modulada que haga falta pero efectiva y que no puede seguir pasando por fomentar su endeudamiento. En una situación como esta, es el Estado quien debe endeudarse y no miles de empresas y trabajadores autónomos. Aunque, eso sí, ese endeudamiento gubernamental debe ser entendido, asumido y apoyado por la ciudadanía como un esfuerzo imprescindible de la nación en su conjunto y que debe ser asumido por cada uno en función de nuestra particular capacidad de pago. Para lo cual es fundamental que exista liderazgo y mucha y buena pedagogía.
En concreto, creo que deben contemplarse tres cuestiones principales.
La primera, la ayuda en metálico que no sólo no puede desaparecer, sino que se debe hacer mucho más ágil y efectiva.
La segunda es el paréntesis fiscal que debe continuar, para evitar que la vuelta a la actividad produzca el ahogo definitivo de la ya de por sí escasa liquidez de las empresas y autónomos. El calendario fiscal debe dar prioridad ahora a su salvamento y el Estado deberá cubrir -endeudándose en lo que haga falta, como acabo de decir- el roto que eso lógicamente supone para las finanzas públicas. El coste que todos tendremos que asumir más adelante si no lo hace ahora será mucho mayor.
La tercera cuestión que hay que poner sobre la mesa con carácter inmediato y urgente es la relativa a la gestión de las plantillas de las empresas. Yo he defendido y defiendo que hay que evitar que haya empresas que utilicen las ayudas recibidas del Estado para cambiar con oportunismo su plantilla (como, desgraciadamente, están haciendo muchas). Sin embargo, esa prevención no puede llevar a mantener una posición maximalista que puede tener un coste terrible en cuanto a pérdida de empleo se refiere.
Por un lado, es evidente que la vuelta a la actividad no va a ser, como he dicho, ni completa ni inmediata. Y, por otro, también lo es que muchas empresas, afortunadamente, han comenzado ya a reinventarse o lo van a hacer enseguida. Cuando abran tendrán que acomodar su negocio a los nuevos planes de gasto de los consumidores, a los miedos y nuevas pautas de consumo, a la exigencia del distanciamiento... o puede ser que incluso hayan virado completamente su actividad para poder sobrevivir. Lógicamente, todo eso tiene un efecto directo sobre su política de personal, así que no se puede pretender que, por mucha que haya sido la ayuda que hayan recibido, mantengan una misma estructura de personal idéntica a la anterior.
Entre el malgastar la ayuda recibida o utilizarla con oportunismo y el realizar esos cambios positivos que a la postre salvan empleo, hay mucha distancia y las normas, por tanto, se deben establecer con enorme flexibilidad para poder contemplar la realidad de cada caso.
Por tanto, se debe hacer lo necesario para que los ERTES se vayan resolviendo de una manera flexible y adaptada. En otro caso, se puede dar lugar a que muchas empresas que pudieran comenzar a tener actividad decidan no reiniciarla si la demanda o las nuevas condiciones del negocio no les permiten –como es lógico que les ocurra en muchos casos– asumir a la totalidad de la plantilla anterior.
Prórroga fiscal y flexibilidad laboral negociada y bien definida son, en este momento, las claves para que la vuelta a la actividad no se convierta en un verdadero desastre. Aunque no es lo único imprescindible para evitarlo.
Tampoco se puede olvidar que es fundamental dar ayuda de choque y urgente a las familias que se encuentran en situación de carencia extrema y que no están recibiendo ningún apoyo. Me temo que una vez más se ha demostrado que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tratar de configurar en situación de emergencia un mecanismo perfeccionado de ingreso mínimo, con todas sus cautelas y garantías, quizá no haya sido la mejor idea cuando la necesidad de miles de personas apura en tan gran medida.
Además de hacer lo que acabo de señalar, el Gobierno debe evitar seguir cometiendo los tres errores garrafales que empañan hasta ahora la gestión que realiza de la crisis, eso sí, con una gran preocupación social.
En primer lugar, no puede seguir actuando como El Llanero Solitario frente a la pandemia. Me resulta verdaderamente incomprensible que este Gobierno no se dé cuenta del coste político tan tremendo que le está suponiendo el no haber convocado desde el primer momento y permanentemente a todas los partidos políticos, agentes sociales y autoridades autonómicas y del Estado para realizar y protagonizar conjuntamente el seguimiento de la crisis. Cada día que pasa es un paso más hacia el abismo y no sé si aún se estará a tiempo de arreglarlo, pero el Gobierno debe rectificar cuanto antes en este sentido.
En segundo lugar, y por razones obvias que no voy a detenerme a comentar, el Gobierno debe mejorar también la comunicación de sus estrategias.
Finalmente, también se debe corregir cuanto antes el grave error de haber circunscrito el diseño del llamado plan de reconstrucción a una comisión parlamentaria sin apenas contenido, sin el apoyo necesario, que no parece que haya comenzado a hacer algo y, en principio, como algo ajeno a la propia actuación del Gobierno.
Ya casi estamos en el día después –si el destino no nos devuelve en unos pocos meses a la casilla de salida y esto sí que tiene mucho que ver con la responsabilidad de las personas corrientes– y la ciudadanía no sabe qué va a pasar (más allá de las condiciones en que se producirá la desescalada), cómo vamos a salir de todo esto y de qué manera se podrá hacer frente a un futuro económico tan incierto. También me parece mentira que este Gobierno no se dé cuenta, a la hora de pensar en el futuro, de lo importante que es la complicidad social y ciudadana, la participación de todas las personas y organizaciones que llevan pensando en los problemas de España durante años e incluso resolviéndolos en el día a día. Cuanto antes, con la máxima urgencia, el Gobierno debería hacer una gran convocatoria nacional que permita aflorar la creatividad y el compromiso de los españoles de todas las comunidades y nacionalidades. En otras ocasiones hemos sido capaces de poner en marcha grandes proyectos y podríamos volver hacerlo ahora que es mucho más necesario.
Nadie puede negar que la situación a la que se está haciendo frente es sumamente difícil, que no había protocolo alguno que estableciera lo que había que hacer y lo que no en esta emergencia sanitaria y económica y que, por mucho que se quiera comparar, la situación de cada país es distinta no sólo por el acierto o desacierto de los gobiernos que, en este momento puntual, han tenido que hacer frente a la pandemia. Es seguro que de no haberse producido los recortes en servicios públicos (sobre todo, sanitarios) que se han llevado a cabo en España en los últimos años, de haber estado en otra situación nuestras residencias de mayores, por ejemplo, la evolución del daño hubiera sido distinta. Lo mismo que, pasado el tiempo, se analizará el efecto tan negativo que está teniendo la decepcionante respuesta de la Unión Europea, incapaz de actuar como lo que se supone que es, un grupo de países que unen sus esfuerzos con un destino compartido y común.
Tampoco creo que nadie pueda poner en duda la firme voluntad que está teniendo este gobierno para evitar que las personas y grupos sociales más desfavorecidos sufran en mayor medida que los demás las consecuencias terribles de la pandemia, como nos consta que ocurrió en crisis anteriores.
Circunstancias como esas hay que tenerlas en cuenta, pero no se pueden utilizar para ocultar los errores que se cometan y las lagunas que se observan en las medidas que se estén aplicando. Hay que tratar de desvelarlos con lealtad y contribuir de la manera en que cada uno mejor pueda a corregirlos.
En los próximos días y semanas se va a ir produciendo la reactivación de la vida económica y, sin embargo, las empresas y trabajadores no tienen las mínimas certezas de las que hay que disponer para abrir los negocios con un mínimo de seguridad.
Esto es algo muy importante y que el Gobierno quiero creer que ya habrá considerado: puede ocurrir que haya muchas empresas que decidan no volver a abrir, a pesar de poder hacerlo ya, si no disponen de información suficiente sobre lo que vaya a suceder con las ayudas que hasta ahora estén recibiendo o con la gestión de sus plantillas.
El Gobierno debe informar cuanto antes de la estrategia que va a seguir en esas materias y más vale ser cauto, poniéndose en el peor de los lugares, que no tratar de contentar a todos ofreciendo escenarios que luego no vayan a poder cumplirse, como ya ha ocurrido en varias ocasiones.
Miles de empresas y trabajadores autónomos están gastando su ahorro o se están endeudando para seguir pagando gastos que son ineludibles y una gran parte se empieza a encontrar en una situación límite, sin saber si van a contar con más ayudas, si el plan de desescalada será firme o si, a la vuelta, el tipo de negocio que habían desarrollado va a seguir teniendo la misma demanda o podrá llevarse a cabo en las condiciones de siempre.
Es cierto que el Gobierno se enfrenta a las mismas incertidumbres y que tiene muchas más dificultades que una empresa en concreto para determinar qué va a ocurrir en el futuro más inmediato, pero, desgraciadamente, este argumento no vale en una situación de emergencia. Si se va a dejar caer a las empresas se debe decir cuanto antes porque el destrozo y el coste que sufriremos todos serán mucho mayores si, por no querer asumirlo ahora, se va dejando que sea el tiempo quien vayan pasando la cuenta.
Sigue siendo imprescindible que las empresas reciban ayuda incluso cuando se haya producido la vuelta a la actividad. Esta no va a ser ni inmediata ni completa, de modo que será un error memorable que se deje que todas las empresas y todos los trabajadores autónomos reemprendan sus negocios como si sólo se tratara del despertar de una mala noche en una mala posada. El Gobierno debe ofrecer cuanto antes una estrategia de apoyo, todo lo modulada que haga falta pero efectiva y que no puede seguir pasando por fomentar su endeudamiento. En una situación como esta, es el Estado quien debe endeudarse y no miles de empresas y trabajadores autónomos. Aunque, eso sí, ese endeudamiento gubernamental debe ser entendido, asumido y apoyado por la ciudadanía como un esfuerzo imprescindible de la nación en su conjunto y que debe ser asumido por cada uno en función de nuestra particular capacidad de pago. Para lo cual es fundamental que exista liderazgo y mucha y buena pedagogía.
En concreto, creo que deben contemplarse tres cuestiones principales.
La primera, la ayuda en metálico que no sólo no puede desaparecer, sino que se debe hacer mucho más ágil y efectiva.
La segunda es el paréntesis fiscal que debe continuar, para evitar que la vuelta a la actividad produzca el ahogo definitivo de la ya de por sí escasa liquidez de las empresas y autónomos. El calendario fiscal debe dar prioridad ahora a su salvamento y el Estado deberá cubrir -endeudándose en lo que haga falta, como acabo de decir- el roto que eso lógicamente supone para las finanzas públicas. El coste que todos tendremos que asumir más adelante si no lo hace ahora será mucho mayor.
La tercera cuestión que hay que poner sobre la mesa con carácter inmediato y urgente es la relativa a la gestión de las plantillas de las empresas. Yo he defendido y defiendo que hay que evitar que haya empresas que utilicen las ayudas recibidas del Estado para cambiar con oportunismo su plantilla (como, desgraciadamente, están haciendo muchas). Sin embargo, esa prevención no puede llevar a mantener una posición maximalista que puede tener un coste terrible en cuanto a pérdida de empleo se refiere.
Por un lado, es evidente que la vuelta a la actividad no va a ser, como he dicho, ni completa ni inmediata. Y, por otro, también lo es que muchas empresas, afortunadamente, han comenzado ya a reinventarse o lo van a hacer enseguida. Cuando abran tendrán que acomodar su negocio a los nuevos planes de gasto de los consumidores, a los miedos y nuevas pautas de consumo, a la exigencia del distanciamiento... o puede ser que incluso hayan virado completamente su actividad para poder sobrevivir. Lógicamente, todo eso tiene un efecto directo sobre su política de personal, así que no se puede pretender que, por mucha que haya sido la ayuda que hayan recibido, mantengan una misma estructura de personal idéntica a la anterior.
Entre el malgastar la ayuda recibida o utilizarla con oportunismo y el realizar esos cambios positivos que a la postre salvan empleo, hay mucha distancia y las normas, por tanto, se deben establecer con enorme flexibilidad para poder contemplar la realidad de cada caso.
Por tanto, se debe hacer lo necesario para que los ERTES se vayan resolviendo de una manera flexible y adaptada. En otro caso, se puede dar lugar a que muchas empresas que pudieran comenzar a tener actividad decidan no reiniciarla si la demanda o las nuevas condiciones del negocio no les permiten –como es lógico que les ocurra en muchos casos– asumir a la totalidad de la plantilla anterior.
Prórroga fiscal y flexibilidad laboral negociada y bien definida son, en este momento, las claves para que la vuelta a la actividad no se convierta en un verdadero desastre. Aunque no es lo único imprescindible para evitarlo.
Tampoco se puede olvidar que es fundamental dar ayuda de choque y urgente a las familias que se encuentran en situación de carencia extrema y que no están recibiendo ningún apoyo. Me temo que una vez más se ha demostrado que lo mejor es enemigo de lo bueno. Tratar de configurar en situación de emergencia un mecanismo perfeccionado de ingreso mínimo, con todas sus cautelas y garantías, quizá no haya sido la mejor idea cuando la necesidad de miles de personas apura en tan gran medida.
Además de hacer lo que acabo de señalar, el Gobierno debe evitar seguir cometiendo los tres errores garrafales que empañan hasta ahora la gestión que realiza de la crisis, eso sí, con una gran preocupación social.
En primer lugar, no puede seguir actuando como El Llanero Solitario frente a la pandemia. Me resulta verdaderamente incomprensible que este Gobierno no se dé cuenta del coste político tan tremendo que le está suponiendo el no haber convocado desde el primer momento y permanentemente a todas los partidos políticos, agentes sociales y autoridades autonómicas y del Estado para realizar y protagonizar conjuntamente el seguimiento de la crisis. Cada día que pasa es un paso más hacia el abismo y no sé si aún se estará a tiempo de arreglarlo, pero el Gobierno debe rectificar cuanto antes en este sentido.
En segundo lugar, y por razones obvias que no voy a detenerme a comentar, el Gobierno debe mejorar también la comunicación de sus estrategias.
Finalmente, también se debe corregir cuanto antes el grave error de haber circunscrito el diseño del llamado plan de reconstrucción a una comisión parlamentaria sin apenas contenido, sin el apoyo necesario, que no parece que haya comenzado a hacer algo y, en principio, como algo ajeno a la propia actuación del Gobierno.
Ya casi estamos en el día después –si el destino no nos devuelve en unos pocos meses a la casilla de salida y esto sí que tiene mucho que ver con la responsabilidad de las personas corrientes– y la ciudadanía no sabe qué va a pasar (más allá de las condiciones en que se producirá la desescalada), cómo vamos a salir de todo esto y de qué manera se podrá hacer frente a un futuro económico tan incierto. También me parece mentira que este Gobierno no se dé cuenta, a la hora de pensar en el futuro, de lo importante que es la complicidad social y ciudadana, la participación de todas las personas y organizaciones que llevan pensando en los problemas de España durante años e incluso resolviéndolos en el día a día. Cuanto antes, con la máxima urgencia, el Gobierno debería hacer una gran convocatoria nacional que permita aflorar la creatividad y el compromiso de los españoles de todas las comunidades y nacionalidades. En otras ocasiones hemos sido capaces de poner en marcha grandes proyectos y podríamos volver hacerlo ahora que es mucho más necesario.
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