Plan Social
Por un abordaje humano de la crisis del coronavirus
Solo protegiendo a las personas es posible
enfrentarse a la crisis de energía y materiales y a la emergencia
climática. Si salimos de esto en condiciones de más pobreza y miedo, se
abren las puertas a la llegada de las ultraderechas
Carlos Sánchez Mato
/
Yayo Herrero
16/03/2020-Público
Montecruz Foto
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La crisis del coronavirus ha quebrado la normalidad. Miles
de personas han enfermado; en el momento de escribir esto, más de 300
han muerto y la sucesión vertiginosa de medidas, que comenzó con el
cierre de escuelas, institutos y universidades el miércoles 11 y ha
desembocado en la declaración del estado de alarma vigente desde el
lunes 16, está suponiendo un verdadero varapalo a la cotidianidad de la
mayor parte de la gente.
No son solo las medidas de confinamiento, que pueden ser
comprendidas por la mayor parte de la población, sino que desde el mismo
comienzo de la crisis, los despidos, ya sean temporales –ERTE’s– o
definitivos –ERE’s– y el cierre de muchos negocios están provocando una
situación angustiosa para muchas personas. Ya no hay duda de que el
frenazo forzoso y en seco de la crisis del coronavirus va a traer una
crisis peor que la de 2008 y según se aborde, tipo doctrina del shock o con un ambicioso y valiente plan de choque que pueda mantenerse, las consecuencias serán o no devastadoras.
Para pensar cómo abordarla es preciso mirar un poquito atrás y también hacia delante.
Venimos de una situación en la que la precariedad, la
fragilización el derecho al trabajo, la pobreza habitacional,
energética… vamos, el empobrecimiento, es estructural. Hace muy pocas
semanas, el relator sobre extrema pobreza y Derechos Humanos de la ONU,
Philip Alston, advertía de la preocupante situación social que se vivía
en nuestro país y concluía que había visto barrios “en peores condiciones que campos de refugiados”.
Los datos de Foessa vienen alertando del crecimiento de las
desigualdades informe tras informe. La gestión de la crisis de 2008
agudizó la pobreza de quienes ya lo eran y sumió en la precariedad a
amplios sectores que hasta ese momento se consideraban clase media. Es
decir, la gestión del coronavirus cae en una sociedad en la que hay
muchas trabajadoras y trabajadores fijos-discontinuos, temporales,
autónomos y pymes que viven al día, en la que los servicios públicos se
han venido empequeñeciendo y la gestión de los servicios sociales
funciona como si la precariedad o las dificultades para pagar la casa
fuesen una excepción y no la regla.
Pero además tenemos que mirar hacia delante. Estamos ante
una situación de alarma por el coronavirus pero también en una situación
de emergencia climática. Aun a riesgo de que nos acusen de parapetarnos
en la ciencia, queremos recordar que las proyecciones para nuestro país
hablan de eventos climáticos extremos, olas de calor, sequías atroces
que sabemos –tenemos los datos delante– que van a afectar gravemente a
nuestras economías, a nuestros lugares de residencia, al mantenimiento
de nuestras viviendas o a nuestros puestos de trabajo. Igualmente, la
crisis de energía y materiales va a tensionar de forma aún más fuerte el
mantenimiento de las economías globalizadas. De hecho, a la vez que
sucede el coronavirus, Arabia Saudita y Rusia protagonizan una guerra
comercial por el petróleo que, sin duda, va a agravar situación tan
extrema.
Este frenazo, así, no es deseable desde la perspectiva del
ecologismo social. Hemos asistido estos días a un desplome de la
contaminación y de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la
peor forma posible, sin planificación, sin justicia, sin alternativa.
Estamos hartas de señalar el canibalismo y perversión de una economía
que cuando crece crea crisis cada vez más graves que afectan a las más
pobres –en las riadas recientes de Reinosa o en la borrasca Gloria,
quienes no pagaban un buen seguro de casa lo han perdido todo– o un
frenazo como éste que vuelve a afectar sobre todo a las más vulnerables y
precarias. Estamos hartas de señalar desde hace décadas que esto iba a
suceder –incluidos escenarios de pandemias anunciados por la comunidad
científica– y de que las respuestas solo blinden privilegios de élites
que se independizan, ellas y sus posesiones, dejando atrás a un montón
de personas a las que el propio negacionismo de las élites les arrebata
la capacidad de organizarse.
En definitiva, si no hay medidas ambiciosas y
estructurales, puede que lo que venga después –o a la vez– del
coronavirus sea una nueva aplicación de la doctrina del shock,
similar a la de 2008, pero con un punto de partida más frágil y un
escenario de futuro plagado de nuevos frenazos socioeconómicos
soportados por sociedades cada vez más pobres y controladas.
En una sociedad hiperconectada por arriba y atomizada por
abajo, la vida corre riesgo. En una sociedad que razona en términos
mercantiles y no en términos de seguridad, protección, bienestar para
todas las personas, vengan de donde vengan, la vida corre peligro.
Estos días hemos experimentado lo que es verdaderamente
imprescindible. Hemos experimentado lo que no se puede dejar de hacer y
quién lo hace. Nos referimos a los cuidados a menores, mayores, diversas
funcionales, en general a todo el mundo. Hemos comprobado la
importancia de tener servicios públicos robustos: sanidad, educación,
dependencia, etc. Hemos visto cómo las administraciones públicas han
apelado a la corresponsabilidad. Hemos asistido a comportamientos no
adecuados y lamentado la actitud de personas que no han respondido, pero
también al surgimiento espontáneo de dinámicas de apoyo mutuo. Estamos
viendo cómo la sociedad civil organizada en muy poco tiempo ha sido,
está siendo, capaz de articularse. El trabajo y la creatividad puesta al
servicio del bien común. Este sarpullido de solidaridad y comunidad es
necesario, disuelve las individualidades y hace a las personas
conscientes de sus capacidades individuales y colectivas.
Ahora bien, la lógica de la protección también afecta a
los gobiernos. No se trata solo de dictar medidas de confinamiento,
cierre de locales o actividades, sino que la corresponsabilidad hay que
combinarla con un paquete de medidas que sea coherente con la gravedad
del momento, con la consciencia de la vulnerabilidad y precariedad
previas y con los escenarios de presente y futuro que pueden
transformarse en distópicos si no se hace nada. Sabemos ya lo que el
Gobierno de este país y los del resto de Europa nos piden que no hagamos
y ahora hace falta saber lo que los gobiernos van a hacer por sus
pueblos.
Creemos que es el momento de abordar con valentía y
ambición un plan de choque que no sea coyuntural, sino que permita
surfear esta crisis lo mejor posible y deje a la sociedad en mejores
condiciones para abordar las futuras.
Eso pasa por generar un paquete de medidas sociales que no
sean meras ocurrencias o chapuzas temporales, sino que conduzcan a una
situación de mayor resiliencia. La clave es garantizar ingresos y
servicios públicos de forma masiva.
El estado de alarma debe establecer que no hay límite para
abordar la emergencia del coronavirus, como no deberá haberlos para
abordar la climática. Ni reglas fiscales ni regla de gasto son ética y
políticamente aceptables si queremos poner a la gente y su supervivencia
como prioridad.
Es evidente que esta coyuntura hace imprescindible
modificar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea para
ponerlo al servicio de la mayoría social. Hay suficiente temperatura y
preocupación para intentar tumbar las absurdas políticas austericidas.
Si no es ahora, ¿cuándo vamos a ser capaces de superar límites no
científicos que impiden dedicar recursos a la gente?
Pero además es que no hay que esperar a modificar el marco
legal europeo para actuar. Con sus propias reglas y sin modificar
tratados ni Constitución española, deberíamos impulsar un paquete de
medidas económicas y sociales de, al menos, el 10% del PIB. Estamos
hablando de 120.000 millones de euros. Y no hablamos solo de aplazar
impuestos. Hablamos de garantizar ingresos de subsistencia y servicios
públicos de manera masiva.
A quienes quieran escudarse en la ortodoxia presupuestaria
les remitimos a la lectura del propio artículo 135 de la Constitución,
que en su apartado 4 dice que “los límites de déficit estructural y de
volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes
naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria
que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la
situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”.
¿Alguien piensa que no es aplicable a lo que ahora estamos viviendo?
Y a quienes se remitan a actuaciones de otros países
europeos, basta indicar que el Gobierno alemán ya lo está haciendo:
pondrá a disposición de las empresas en dificultades hasta 500.000
millones de euros a través del marco de garantía establecido por el
Banco Alemán de Desarrollo (KfW), por cierto, banco público. De forma
inicial, se liberarán 20.000 millones. Olaf Scholz (PSD), vicecanciller
alemán, ha asegurado que defenderá que el resto de países,
independientemente de su margen fiscal y los criterios de déficit,
tengan también la posibilidad de hacer lo que necesitan.
Por eso, en el marco de las administraciones públicas debe
eliminarse el techo de gasto a comunidades autónomas y ayuntamientos y
permitir déficit, para que puedan implementar medidas de impulso de
gasto y políticas públicas para proteger a la sociedad de las
consecuencias de esta crisis. Igualmente, debe promulgarse un decreto de
autorización de uso de remanentes para inversiones financieramente
sostenibles en las entidades locales. Se trata de administraciones
cercanas a la ciudadanía y que podrían adoptar medidas muy positivas
porque los ayuntamientos de todo el Estado acumulan 28.300 millones de
euros en depósitos bancarios, según los datos del Banco de España del
tercer trimestre. Las corporaciones locales, no solo no reciben
intereses por estos fondos, sino que los bancos quieren cobrarles por
ese ahorro.
También tienen ahorro en depósitos las comunidades
autónomas, en concreto 16.700 millones de euros. Ni siquiera hace falta
ir a buscar el dinero.
Tenemos 45.000 millones de euros parados en las cuentas
bancarias y hace falta que esos remanentes vayan a paliar necesidades de
las personas más vulnerables.
Y todas estas medidas no precisan de modificación legislativa. Pueden y deben aplicarse de manera inmediata.
Es preciso garantizar medios humanos y de equipamiento al
personal sanitario, de emergencias y servicios básicos y fortalecer el
sistema de ayudas a domicilio, aumentando personal decentemente pagado,
medidas de seguridad, equipamiento individual y protocolos de actuación
ante síntomas o diagnosis de nuevos enfermos.
El estado de alarma debe permitir impulsar medidas para
garantizar el empleo, prohibiendo los despidos, ERE's y ERTE’s en
empresas que sobrepasen un determinado umbral de facturación o que hayan
tenido beneficios en el año previo. Tampoco es de recibo que se despida
a trabajadoras y trabajadores en determinados sectores estratégicos,
como el sanitario, energético, producción y distribución de bienes de
primera necesidad y sanitarios. Debe ampliarse la cobertura del seguro
de desempleo y del subsidio, el porcentaje de base y la extensión de
plazo de cobro.
Y no menos importante es garantizar una renta mínima o
mínimo de subsistencia o ingreso mínimo vital por persona, la cobertura
especial de desempleo para trabajadores y trabajadoras precarias,
fijos-discontinuos o temporales, que no tienen en el momento actual ni
siquiera derecho a tener cobertura, acompañadas de la suspensión de
liquidación de obligaciones fiscales y prohibición de baja en régimen
general, autónomo y cualquier otro asimilado por impago de cuota
mensual.
Uno de los aspectos que ha contribuido a visibilizar esta
crisis es la crisis de cuidados. Es necesario establecer permisos
retribuidos para el cuidado de menores mientras dure la emergencia:
automático para familias monoparentales y para una de las dos personas
en el caso de contar con dos progenitores, así como la consideración de
Incapacidad Temporal Profesional para autónomos y profesionales con
obligaciones de cuidado de menores sin otro progenitor en situación de
permiso retribuido.
Se debe declarar la Incapacidad Temporal Profesional y
organizar la entrega de prestación para todas las personas que se
encuentren en cuarentena o no puedan prestar servicio a distancia.
Deben arbitrarse ayudas directas a los sectores económicos
directamente afectados por la declaración del estado de alarma, a
trabajadores autónomos o negocios de carácter familiar con o sin
empleados a cargo, así como el trámite directo de prestación por
desempleo ante cualquier extinción de relación laboral o la no admisión
de bajas ante la Seguridad Social durante el periodo de alarma.
En cuanto a las viviendas es preciso prohibir cortes de
luz, agua, gas y cualquier suministro; suspender resoluciones o
procedimientos por impagos de alquileres o hipotecas. Que no se admita
ninguna demanda por dicho motivo. Se deberá establecer moratorias al
pago de hipotecas y alquileres y garantizar seguridad habitacional y
establecer planes contra el sinhogarismo durante el estado de crisis.
Una cuestión también importante es evitar el acaparamiento
y/o especulación con bienes de primera necesidad, sanitarios y de
dinero en efectivo. Se debe bloquear el precio de productos de
alimentación, primera necesidad, sanitarios y transporte.
Llega el momento de hablar de cómo se paga todo esto y lo
primero que hay que decir es que por supuesto que hay recursos para
hacerlo. Y para ello hay que combinar la acción de políticas fiscales y
también monetarias.
No se puede salir de esta situación sin que las élites
paguen más impuestos. Sigue existiendo una brecha de recaudación fiscal
con respecto a la media de la Unión Europea y es en este momento cuando
la herida se hace más dolorosa. En España la recaudación alcanza el
40,3% del PIB, por lo que sigue siendo uno de los países con menor
presión tributaria al ingresar menos por IRPF, IVA y cotizaciones
sociales que nuestros socios comunitarios. En concreto 5 puntos
porcentuales menos que la media. Eso son 60.000 millones de euros
anuales. Si nos comparamos con Francia, la brecha sería de casi 100.000
millones de euros.
Y en el ámbito monetario, es imprescindible que, por una
vez, el Banco Central Europeo sea de todas y todos y no el lobby de la
banca privada. Por eso, el déficit y el incremento de la deuda pública
que se va a producir a corto plazo debe ser adquirida por el BCE de
forma directa a los Estados, sin la intermediación de las entidades
bancarias privadas que hagan negocio a costa de esta crisis, como ha
pasado en esta última década.
No asumir medidas ambiciosas supondría reeditar las
respuestas a la crisis de 2008. Es momento de hacer otra cosa ya, no
cuando salgan las cifras de paro y empobrecimiento que deja esta
dramática situación. De hacerlo así, podemos convertirlo en algo
estructural que genere resiliencia y permita hacer las transiciones
sociecológicas a un nuevo modelo que sí o sí tendremos que construir.
Por las buenas o por las malas.
Solo protegiendo a las personas es posible generar las
condiciones para repensar el freno y la reducción de la escala material
de la economía que inevitablemente planteará la crisis de energía,
materiales y la emergencia climática. Si salimos de esto en condiciones
de más pobreza, desconfianza y miedo, se abren las puertas a la llegada
de las ultraderechas.
El Gobierno tiene una importante responsabilidad y está llamado a asumirla. Confiamos en que lo hará. Para eso les pusimos allí.
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