Chamartín hay una vergonzosa actuación de las administraciones para beneficiar a una empresa privada"
"El ayuntamiento de Carmena hizo posible el pelotazo", afirma Sánchez Mato, uno de los firmantes de la denuncia presentada en Anticorrupción
"Es un insulto a la inteligencia que Ábalos diga que él se limitó a apoyar políticamente a la alcaldesa"
"Cuando se producen esas actuaciones negligentes en operaciones urbanísticas de enorme calado, hay que ser desconfiados, porque el pasado nos ha demostrado que no son errores, sino que son actuaciones a cambio de algo"
IU y Podemos denuncian en Anticorrupción a 28 responsables de la Operación Chamartín por el supuesto quebranto de 2.780 millones de fondos públicos
Carlos Sánchez Mato (Madrid, 1970) es uno de los firmantes de la denuncia
presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la Operación Chamartín
contra 28 de sus responsables. Este economista, encargado de este área
en Izquierda Unida, formó parte del gobierno de Manuela Carmena como
concejal de Economía y Hacienda hasta que fue cesado tras
negarse a aplicar los recortes que exigía al Ayuntamiento el entonces
ministro Cristóbal Montoro en cumplimiento de la regla de gasto.
Más tarde llegó a enfrentarse en las urnas a la alcaldesa, aunque su candidatura no consiguió
el porcentaje de votos necesarios para entrar en el Ayuntamiento, del
5%. Se muestra muy crítico con la labor del equipo del que formó parte
en todo el proceso de aprobación del ahora llamado "Madrid Nuevo Norte",
pero todavía más con la gestión del Gobierno socialista. "Cuando
existen terrenos públicos y estos son puestos a disposición de empresas
privadas con el único interés de maximizar su beneficio, en vez de hacer
vivienda pública barata para la gente de la ciudad y del conjunto del
Estado, claramente es una actuación negligente", afirma.
Han presentado la denuncia tras la
aprobación por unanimidad en el Ayuntamiento del proyecto de la
Operación Chamartín contra 28 responsables, pero no incluís ni al actual
alcalde, bajo cuyo mandato se ha aprobado, ni a Manuela Carmena, que le
dio el impulso definitivo. ¿Por qué?
Los
documentos de los que disponemos hacen referencia al motivo de la
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que no es el planeamiento
urbanístico, que hace el Ayuntamiento, sino la formulación de una
operación de compraventa de derechos sobre suelo que realiza el
Ministerio de Fomento desde hace 25 años a Distrito Castellana Norte.
Eso no quiere decir que sean las únicas irregularidades que se producen
en esta operación, ni muchísimo menos.
Hay suficientes
argumentos para pensar que debería ser una investigación muy profunda
por parte del Fiscalía Anticorrupción, y si esa investigación señala
como posibles favorecedores del negocio para el sector privado a algunas
de las personas que no figuran en la denuncia presentada, nosotros
estamos encantados de ampliar la denuncia. Respetamos el trabajo de
Fiscalía, que es quien tiene la capacidad de obtener documentos y
convenios que nosotros no hemos tenido durante todo este tiempo. Lo
único que hemos incluido han sido los convenios que han sido hechos
públicos, entre otras cosas por la labor investigadora de eldiario.es.
¿Esos documentos sí existen en el caso de otros alcaldes como Botella, a quien sí señala el escrito?
El
último contrato entre Adif y DCN hace referencia a modificaciones
urbanísticas de 2011 y 2015. Allí estaban tanto Ana Botella como Alberto
Ruiz Gallardón, por el lado del Ayuntamiento, y Esperanza Aguirre e
Ignacio González por el lado de la Comunidad. Firmaron convenios que se
adjuntan a la denuncia en los que dan ventajas a esa empresa privada.
Entendemos que si esa situación se ha producido con gobiernos
municipales o autonómicos posteriores, deben ser también objeto de la
correspondiente investigación por parte del fiscal anticorrupción, pero
nosotros no disponemos de esos convenios.
¿Se
pueden hacer compartimentos estancos en la responsabilidad de las
distintas administraciones en las distintas fases de este proyecto?
Desde
el punto de vista jurídico, las responsabilidades alcanzan a personas
tanto físicas como jurídicas de manera compartimentada. Pero desde el
punto de vista político, claramente existe una vergonzosa actuación por
parte de las administraciones públicas, cada una en su ámbito, para
beneficiar a una empresa privada. En esa actuación claramente lesiva
para los intereses generales entran tanto los gobiernos del Partido
Socialista como gobiernos del Partido Popular. Y desgraciadamente, en
los últimos cuatro años de gobierno de la ciudad de Madrid, Manuela
Carmena ha puesto los elementos para hacer posible un negocio privado
que en otras circunstancias no hubiera sido posible.
Claramente
eso es algo muy negativo y sobre todo en el momento en el que a muchas
personas se les llena la boca, a mí también, por supuesto, diciendo que
la vivienda es un problema. Cuando existen terrenos públicos y estos son
puestos a disposición de empresas privadas con el único interés de
maximizar su beneficio, en vez de hacer vivienda pública barata para la
gente de la ciudad y del conjunto del Estado, claramente es una
actuación negligente.
Y cuando se producen esas
actuaciones negligentes en operaciones urbanísticas de enorme calado,
hay que ser desconfiados, porque el pasado nos ha demostrado que no son
errores, sino que son actuaciones a cambio de algo, de financiación de
partidos políticos, de comisiones que han enriquecido a personas.
Ese
tipo de situaciones no es que sean locuras que se le pasan por la
cabeza a alguien desconfiado, sino que hemos tenido experiencias
suficientes. Por eso esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción no se
basa solamente en que ha habido malversación de caudales públicos o
prevaricación administrativa, sino presunto cohecho, porque hemos tenido
en España ejemplos más que de sobra de que esas actuaciones lesivas
para el interés general han ido acompañadas de enriquecimiento personal.
¿Tiene
alguna evidencia o sospecha de que en este caso puede haber habido
enriquecimiento de personas vinculadas a la Administración?
Sospechas, todas. Cuando haya certezas, no tendré ningún problema en decirlo de manera pública.
¿Cuál es el papel del Ayuntamiento de Madrid en esta operación?
El
propio contrato al que hace referencia el firmado por Adif en 2018
indica que hay una serie de condiciones que se sitúan como suspensivas
en relación a lo que el planeamiento urbanístico diga. Por decirlo de
otra manera, el Ayuntamiento de Madrid hace posible el pelotazo.
Por
lo tanto, si ha habido actuaciones delictivas hay que mirar también al
Ayuntamiento de Madrid como corresponsable en sus diferentes etapas. Si
en ese suelo se hubiera actuado de manera adecuada, mirando los
intereses generales, si el 100% de la vivienda en suelo público fuera
protegida, está claro que el negocio para los operadores no dueños del
terreno se hubiera limitado muchísimo. Por lo tanto, ya habría sido
mucho menos interesante ese pelotazo. Cuando eso no se hace así está
siendo cooperador necesario que se pueda realizar el expolio urbanístico
que se va a realizar.
¿Estamos hablando del último Ayuntamiento, del que usted formó parte?
Y
de los anteriores. Hay dos convenios en el 2011 y el 2015 que rebajan
las exigencias urbanísticas a quien luego se le va a vender el terreno. Y
esas exigencias urbanísticas pasan de casi unos 2.000 millones de euros
a menos de 1.500. Si a quien le vas a vender el terreno público le
quitas obligaciones a la hora de las cargas urbanísticas que tiene que
ejecutar estás abaratando el terreno e incrementando el posible negocio
para ese operador privado. Tanto BBVA como como Constructora San José
han presumido en la junta de accionistas en informaciones que han sido publicadas en vuestro diario
de que su rentabilidad se ha multiplicado por decisiones
administrativas. En este caso que se han tomado por parte de gobiernos
también municipales.
¿Entonces,
por ejemplo, que el desarrollo urbanístico pactado por el último
Ayuntamiento haya elevado al 20% las viviendas protegidas o haya
reducido la edificabilidad no le parece suficiente?
Lo
que se ha hecho ha sido cambiar la edificabilidad de sitio. Se ha
cambiado más edificabilidad en lugares más baratos por menos
edificabilidad en lugares más caros (de Fuencarral a Chamartín). El
resultado de esta operación es que Distrito Castellana Norte prevé la
misma rentabilidad del Plan Botella, las mismas plusvalías por
beneficios que lo que el Partido Popular les había proporcionado.
Es
una verdadera evidencia que se ha actuado desde el punto de vista
urbanístico para beneficiar a un empresario privado, algo que me
parecería absolutamente vergonzoso y seguramente incluso podría ser
ilegal si estuviera actuándose sobre terreno privado. Pero hay un
problema adicional y es que se está actuando sobre terreno que hoy es
público, pero que mañana va a ser privado, lo que supone una doble
puñalada a los intereses generales.
¿Qué le parece que Ábalos diga que no tiene nada que ver con este tema, salvo haber apoyado políticamente a Manuela Carmena?
Es
un insulto a la inteligencia, porque estamos hablando de un contrato
sobre el que yo entiendo que el ministro de Fomento tiene que tener
algún tipo de control. Claro que tiene que ver la actuación del actual
Ejecutivo, como la del anterior. Lo que han hecho en cada una de las
renovaciones ha sido mejorar las condiciones para que la empresa
privada, en este caso la filial del BBVA, esté en mejor situación que en
la renovación anterior.
Al señor Ábalos se le
advirtió de esta contingencia a finales del 2018 (a través del
Parlamento) y sabe perfectamente que el Ministerio de Fomento podría
haber extinguido esa relación contractual con Distrito Castellana Norte y
haber liderado un consorcio público para actuar sobre ese terreno. La
mitad del suelo es de Fomento. Hay otro 25% que es también público pero
de otras administraciones como el Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de
Madrid, el Canal de Isabel II o la Empresa Municipal de Transportes. Se
podría haber realizado en ese 75% de los terrenos una actuación que
hubiera ido en aras de resolver problemas que claramente tiene el norte
de Madrid. En primer lugar algo que hace 25 años se estableció como
urgente, que era la reforma de la estación de Chamartín. Pero no sólo
eso. Siguen existiendo verdaderas islas de habitabilidad en la zona
norte de Madrid, barrios que están prácticamente aislados.
El
primer problema para los madrileños es la falta de vivienda a precios
asequibles, no a 600, 700, 800 o 900.000 euros, como se van a
comercializar la zona. Está claro que todo eso era perfectamente posible
que lo hubiera realizado el señor Ábalos. Y si no ha querido, tiene que
explicar por qué.
¿Y qué le
parece que el BBVA parezca pretender deshacerse ahora de su
participación, cree que la posible entrada de otros operadores e incluso
algún tipo de fondo especulador extranjero puede empeorar el panorama?
Yo
no creo que vaya a empeorar el panorama. Lo que ocurre es que ninguna
entidad bancaria tiene como objeto principal realizar la totalidad del
ciclo que esta operación precisa y seguramente darán entrada a otros
fondos que puedan acompañar esta operación durante los próximos años. En
cualquier caso, no forma parte más que de ese ciclo especulativo que lo
que hace es encarecer el producto final, que en este caso es el suelo
ya urbanizado, que servirá para que haya centros comerciales, oficinas o
viviendas. Lo que sí que es especialmente vergonzoso es que el suelo
público haya sido el combustible de este ciclo especulativo que ahora se
inicia en las zonas de Chamartín.
En las condiciones
iniciales del contrato suscrito entre Renfe y Duch, la antecesora de
DCN, esa posibilidad no existía. En esas modificaciones no puede decir
el señor Ábalos que no tiene nada que ver, porque es en último contrato
en el que la libertad de trasmisión se lleva al máximo.
¿Qué garantía de control puede suponer que sean las mismas empresas adjudicatarias las que se mantengan hasta el final?
Eso
lo tendría que explicar el señor Borrell, que es el que firmó el primer
documento. Pero entiendo que se buscaba evitar que sucesivos pases de
la pelota de unos operadores a otros estimularan un crecimiento del
precio del producto final. También hay otro elemento que tiene que ver
con que ese contrato en su origen adjudicaba una enorme cantidad de
suelo, en el momento inicial 625.000 metros cuadrados de suelo público.
Si tú adjudicas en un proceso de licitación pública esa cantidad de
suelo, si luego puede ser transmitido a otro operador, se podrían
alterar las obligaciones que el adjudicatario inicial tenía con la
administración pública. Entonces que no se pueda vender entra dentro de
las seguridades que la administración pública busca atar cuando licita.
¿Y por qué se incluye a Borrel en la denuncia? Supuestamente lo que él firmo inicialmente era un contrato menos lesivo
En
este caso incluimos a todos los responsables, tanto políticos como
jurídicos que firmaron los diferentes instrumentos y no tenemos la
capacidad de entrar a valorar si el que sea menos lesivo quiere decir
que no sea lesivo. Otra cosa es que comparado el primer contrato con el
último, el primer contrato sea menos lesivo, pero todos ellos son
negativos para la administración pública. De hecho, se trata de la
primera experiencia, de desarrollo público-privado de ámbitos
urbanísticos. Y la experiencia ha sido absolutamente perversa. Ya hemos
visto el resultado de la colaboración público-privada.
¿Cree
que en todo caso este proyecto va a llegar a llevarse a cabo por
completo? porque lo normal, por comparativas históricas, es que se
produzcan un par de cambios de ciclo de la vivienda mientras se supone
que dura el proceso, que son 20 años.
Está
claro que hay muchos elementos que dificultan que este proyecto se
ejecute tal y como se ha pensado en esta última etapa. Nadie tiene la
bola de cristal acerca de lo que va a ocurrir con los ciclos
inmobiliarios, no solamente en cuestión de vivienda, sino también en el
sector terciario. Pero sí tenemos una certeza, que es que el suelo
público va a dejar de ser público. Va a dejar de ser manejado con
criterios de eficiencia y desde el punto de vista del gasto público y se
va a usar para maximizar el lucro privado. Lo que no sabemos
exactamente son los plazos en los cuales esto finalmente se va a llevar a
cabo y el resultado que va a tener en cuanto al daño patrimonial para
la propia administración pública. El tiempo dirá.
¿Confía en que Anticorrupción acabe por plantear una denuncia ante un juez?
Es
algo tan evidente que se ha producido un grave daño patrimonial para
las administraciones públicas, que no entra en mi cabeza que no se
investigue y no se esclarezcan los hechos. No es normal que una
licitación que se realiza hace 25 años y que Renfe en 2001 decía que
había que cancelar porque era negativa para los intereses generales no
se haya anulado y que al contrario se hayan incrementado los beneficios
para la parte privada. Que eso no merezca investigación me parecería
absolutamente insólito, pero es verdad que en este país que podemos
esperar cualquier cosa.
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