Cuestión de vida y de muerte
“No es cuestión de risa, es cuestión de vida y de muerte". Recuerdo estas palabras de la Fiscal General del Estado el 2 de marzo de este año, en una comparecencia ante el Congreso destinada a presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado de 2020 y 2019, en relación con los asesinatos de mujeres. Dolores Delgado reprochaba así los murmullos y risitas de los diputados de Vox que niegan la violencia de género como uno de los más nauseabundos pilares de su oferta programática.
Según cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, hasta el 4 de agosto 30 mujeres habían muerto en 2021. De ellas, solo siete habían presentado denuncia previa. Sus presuntos asesinos fueron sus parejas, exparejas o pareja en fase de ruptura.
Son unas cifras que van a todo galope y que amenazan con igualar o incluso superar el horrible balance de 2020, cuando en pleno auge de la pandemia fueron asesinadas 45 mujeres. El patrón se repite este año. Las estadísticas son sombrías y desesperanzadoras y de ellas da fe el último informe sobre evolución del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España.
Y es dramático porque desde 2003, año en el que empezaron a oficializarse estos datos, son 1.108 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Con todo lo fríos que son, los números permiten dimensionar el problema y medir su evolución para adoptar mejores medidas de prevención y protección. Por ello es útil recordar que las cifras reflejan una escasa disposición a denunciar por parte de las víctimas. Ese aspecto me preocupa sobremanera, porque esto quiere decir que estas mujeres, acosadas en la intimidad de su vida familiar o personal, temerosas por la suerte de sus hijos, no se atreven a dar el paso para señalar a su agresor cotidiano y pedir ayuda. Sin duda que en ello intervienen diferentes factores, desde la dificultad para reconocerse en situación de riesgo, pasando por el miedo a la reacción del agresor, la inseguridad ante el vacío económico que puede generarse tras la denuncia o incluso por un sentimiento de culpa al pensar que se merece esta situación por no ser la esposa o la madre que se espera de acuerdo con los patrones culturales vigentes que siguen otorgando un gran papel al patriarcado. Hay múltiples factores, pero todos ellos dejan en evidencia que, como sociedad, no hemos sido capaces de crear la red de protección que requieren las mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Mujeres que no ven salida y que callan sumidas en su infierno diario, sin posibilidad de hallar respuestas en un entorno hostil o, cuando menos indiferente, en una sociedad insensible y en una justicia que es reacia a ofrecer la protección urgente y necesaria que precisan.
Mejor justicia
¿Cómo combatir esta inhibición que lleva en demasiadas ocasiones a la muerte? Los jueces, lo fiscales, los abogados… tenemos mucho que reflexionar en este sentido. Es sabido que la Fiscalía trabaja con un equipo de fiscales formados de manera especializada y que coordina la acción de diferentes departamentos relacionados con esta materia, para mantener una dinámica continua de conocimiento y sensibilización, con instrucciones claras de acompañamiento a la víctima durante todo el proceso e incluso tras la ejecución de la sentencia.
En cuanto a los jueces, creo que la formación inicial debería tener mucho más contenido en esta materia y no solo en lo que se refiere a los conocimientos teóricos, sino especialmente en cuanto a la aplicación del Derecho, que debiera tener en cuenta de manera transversal unos criterios de igualdad de género aplicados a lo cotidiano, tanto a los casos que resuelven, como en su entorno laboral e inclusive en su propio espacio personal. El machismo no debiera tener cabida en el Poder Judicial, ni en el ámbito de cualquier otro operador jurídico y en general de toda persona que trabaje en la administración de justicia.
La responsabilidad de implementar y elaborar programas de concienciación en la judicatura y mantener una vigilancia continua y rigurosa contra aquellas actitudes que atentan contra los derechos de las mujeres es del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, tan cuestionado por su falta de renovación, anunciaba el 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la mujer, la puesta en marcha del primer curso obligatorio en perspectiva de género, a raíz del Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica y de Género, lo que es digno de celebrar. Sin embargo, a dos años de estos cursos, asociaciones de jueces y juristas han hecho pública su opinión de que, por el momento, no han dado grandes frutos. El curso se dirigía a jueces, juezas y fiscales que quieran acceder a cualquier tipo de especialidad dentro de la carrera judicial.
Demasiado tarde
Este curso, como requisito, parece una buena iniciativa, pero he aquí un escollo importante: la medida es hacia futuro, por lo que quienes ya disponían previamente de plaza en juzgados relativos a violencia de género no están obligados a cursarlo ni a acreditar su formación en la materia. Esto podría ser considerado como una afectación grave del derecho a la igualdad en la aplicación del derecho, ya que un caso podría ser tratado de una manera u otra, según toque un juez o jueza con o sin esta especialización. La formación debe ser inicial y también continuada. No hay excusas porque existe una gran oferta de clases y cursos específicos, incluso en modalidad online (de auge con la pandemia pero que ha llegado para quedarse) y de formación de formadores.
A modo de ejemplo, recuerdo un caso en que el Tribunal Constitucional, en agosto de 2020, concedió amparo a una mujer que, en el curso de un procedimiento de divorcio, denunció maltrato psicológico por parte de su pareja. En opinión del Constitucional los hechos no se habían investigado suficientemente por lo que ordenó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que anulara su decisión de archivo, reabriera la investigación y llevara a cabo nuevas diligencias. En suma, se trataba de un toque de atención a los jueces a fin de que garanticen una investigación suficiente y eficaz. Y que respeten los criterios que nos vinculan a los dictámenes de Tribunales como el Europeo de Derechos Humanos.
Puedo imaginar el largo camino de esta mujer, en búsqueda de justicia, en todo lo extenuante y oneroso que debe haber sido, y lo prohibitivo para tantas otras mujeres que necesitan urgentemente de una respuesta rápida y certera.
Ocurre que en demasiadas ocasiones los jueces llegan tarde. De eso se lamentan profesionales de la judicatura que a diario se enfrentan al problema. Recuerdo un interesante artículo de El Confidencial que leí el año pasado, en el que tres magistradas analizaban la realidad habitual, insistiendo en la necesidad de “trabajar y centrar esfuerzos en mejorar lo que sucede antes y después de su intervención”, haciendo hincapié en la prevención y el seguimiento y cómo evitar que la mínima parte de denunciantes se echen para atrás. Las juezas entrevistadas reclamaban información, formación y concienciación social como elementos básicos para conseguir que se rompa la barrera escalofriante del 80% de quienes padecen en silencio sin informar de su estado; lleguen las denuncias para poder brindar protección y que cuando llegue la intervención se esté aun a tiempo de salvarles la vida.
El papel de la ultraderecha
Vivimos un momento tormentoso en el que la ultraderecha, que ha ido avanzando con la ayuda de la derecha convencional, maneja como un mantra la negación de la violencia machista y acribilla con bulos y textos propagandísticos tal rechazo. En marzo de 2020 el grupo parlamentario de Vox presentó una Proposición no de Ley relativa al Pacto de Estado contra la violencia de género, instando a su modificación y a la elaboración de una Ley de Violencia Intrafamiliar. Pedían penas iguales para todos los casos de violencia en el ámbito de la familia, independientemente del sexo de la víctima y del agresor, y medidas de protección para todas las víctimas sin admitir que la mayoría de las agresiones se dirigen hacia la mujer por el hecho de serlo. En enero de este año hacían gala de similar desprecio mediante enmiendas contra el Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, que entraron en vigor meses antes como real decreto.
Vox volvió a sacar a pasear su discurso negacionista en enero de 2021, cuando restó importancia a las víctimas de esta lacra estructural a través de las enmiendas registradas al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, unas medidas que entraron en vigor a principios de abril vía real decreto y que ahora se tramitan como proyecto de ley.
La extrema derecha española ningunea, directamente, informes como la Macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres, del Ministerio de Igualdad que en septiembre de 2020 ponía en evidencia cómo más de 11 millones y medio de mujeres mayores de 16 años, un 57% del total, han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista solo por el hecho de ser mujeres. El 99,6% de sus agresores fueron hombres.
Las risas de Vox
Esta actitud machacona de Vox contra la evidencia empírica de la existencia de la violencia de género, abre paso y es un aliciente para aquellos que se sienten amenazados en sus privilegios como machos alfa. Lo decía alto y claro la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossell recientemente, al afirmar que no podía descartarse que el repunte de violencia que vivimos desde el fin del estado de alarma puede tener que ver “con hombres envalentonados e indignados con el feminismo". Concuerdo con Rossell que existe responsabilidad política en esa forma de presentar las cosas, que muestra al hombre como víctima e induce al silencio de la mujer por el hecho de no creerla.
Debemos pues actuar no solo contra esta lacra feminicida sino contra quienes la consideran como un hecho normalizado y no reprobable. La violencia de género existe. La omisión y la negación llevan a la tortura y al asesinato; a que la vida de miles de mujeres, que forman parte de más de la mitad de la población, discurra en un bucle infinito y callado de dolor e impotencia. Las risas que Dolores Delgado reprochó a Vox en aquella sesión parlamentaria, no eran sino los clavos que pretenden cerrar el ataúd de la esperanza, porque, como ella misma dijo, no es cuestión de risas, sino cuestión de vida y de muerte.
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Baltasar Garzón Real es jurista y Presidente de FIBGAR
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