Leyendo este artículo de Torres López encajan exactamente las piezas de la corrupción y el curriculum de Bárcenas en Génova 13. Unas empresas IBEX35 fashion solo pueden hacerse de oro mediante la existencia de tramas corruptas que se alimentan de las cuotas financiadoras de partidos políticos podridos hasta la médula, tanto, que ya ven esa corrupción como un beneficio inherente y connatural a la misma esencia de la indi/gestión política; así se explica la jeta descarada y el cinismo ya institucionales, desde el ex-rey a todo el cortejo de palmeros beneficiados por el mismo sistema. Es imposible que en semejante caldo de cultivo se pueda desarrollar una democracia auténtica ni una justicia ni unos servicios del estado en igualdad de derechos y deberes, y una contribución justa y proporcional al bien común, ni una economía decente y próspera para toda la ciudadanía cuya mayor parte nunca podrá acceder al estatus de privilegio con que se gratifica a los compradores de 'acciones estatales' pringadas mediante las cuales es el IBEX35 el que gobierna y decide todo; así la política queda reducida a un camelo de manual que funciona a base de shobresh con prevaricación y cohecho "naturales". Necesitamos con urgencia unas leyes sin trampas, que dejen muy clara e inapelable la imposibilidad de acceder a gobernar o gestionar instituciones públicas a partidos e individuos que se hayan corrompido, quedando inhabilitados por siempre para cualquier función pública del estado, y pagando una multa considerable y hasta vitalicia si la cosa llega a situaciones como en los casos de Rajoy y González con transgresiones gravísimas que deterioran y hunden al mismo Estado; en esos casos la cárcel no les ayuda, mejor, penalizarles con una incautación proporcional a la cuantía de los daños causados y permitidos de sus bienes por parte del Estado hasta que aprendan a ser decentes, y asuman la obligación paralela y pública de cumplir un tratamiento ético y cívico asistiendo a una escuela ad hoc, de modo que socialmente se haga visible y se penalice la inmoralidad como un verdadero crimen de lesa ciudadanía, es indudable que por esa causa mueren sin atender muchas personas vulnerables sociales e indefensas en un estado de desecho vergonzoso, porque no puede ser de otro modo cuando en vez de conciencia solo hay rapiña. Lo mismo sería necesario hacer con los directivos de las empresas corruptoras.

La tramoya

Lo que hunde a la mayoría de las empresas y no mencionan quienes dicen defenderlas

Juan Torres López

5 febrero, 2021

Público 

Un hombre pasa por delante de un negocio cerrado, en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera

Los políticos y economistas de derechas suelen autocalificarse como los grandes defensores de las empresas pero la realidad es que las políticas que vienen defendiendo y aplicando en los últimos años son destructoras de actividad económica y una amenaza para la gran mayoría de los negocios y empresas.

La realidad es que impulsan políticas que solo benefician a las grandes empresas y al sector financiero pero no a las pequeñas y a las medias, ni a las microempresas o a las de titularidad individual.

Mientras que las pymes y las microempresas tienen que ser competitivas día a día en los mercados, tratando de reducir costes de cualquier forma y soportando las condiciones que les ponen las grandes cuando son sus proveedoras o clientes, las empresas poderosas que dominan los mercados operan en el mundo de la política y actúan como verdaderas rentistas, gracias a los privilegios que pueden conseguir comprando voluntades y consiguiendo que en los boletines oficiales se escriba siguiendo sus dictados. No hay una gran empresa que carezca de un departamento específico y bien dotado dirigido a lograr ese objetivo, algo que está completamente vedado para las más pequeñas.

La peor amenaza que recae sobre la inmensa mayoría de las empresas es la puesta en práctica de los dos grandes mantras de las políticas neoliberales de los últimos años y que vienen provocando el freno de la actividad económica y el incremento constante de la deuda pública y empresarial: moderar salarios y rebajar impuestos.

El primero de ellos se ha conseguido gracias a las reformas laborales que reducen el poder de negociación de los trabajadores y al desempleo y el empleo precario que generan las políticas de los últimos años. Pero, en contra de lo que se quiere hacer creer, la constante pérdida de peso de la masa salarial en el conjunto de las rentas no beneficia a todas las empresas sino solo a las grandes.

La razón es sencilla: la inmensa mayor parte de los salarios se destinan directamente al consumo, es decir, a generar ingresos para las empresas. Las rentas del capital, por el contrario, se ahorran en su gran medida (no generan ingresos para otras empresas) y se dedican en menor proporción a ampliar capital productivo y en mayor a la inversión financiera precisamente cuanta menos rentabilidad haya en la economía real como consecuencia de la caída en las ventas que provoca la devaluación salarial.

Además, las grandes empresas oligopolistas tienen más posibilidades de fidelizar clientelas o suelen proporcionar bienes más necesarios, de modo que venden con más independencia de la renta familiar, al contrario de lo que ocurre a las pequeñas y medianas empresas.

Es por todo ello que -aunque parezca paradójico- la estrategia de moderación salarial perjudica a la mayoría de las empresas porque supone menos ingresos para la inmensa mayoría de ellas.

El segundo mantra de los economistas y políticos de derechas es que la mejor manera de ayudar a las empresas es bajar impuestos. Algo completamente falso: piensen en lo que ocurriría si se eliminaran todos ellos pero, al mismo tiempo, no hubiera clientes a las puertas de las empresas.

Lo que ayuda de verdad a las empresas no es que haya menos impuestos sino la promoción de la actividad económica que pone clientes en sus puertas porque genera ingresos para el consumo y la inversión.

Para colmo, detrás de la reclamación de bajada de impuestos de las derechas hay truco en contra de las empresas de menor dimensión.

Hablan mucho de reducir las cargas impositivas de las empresas pero, cuando realizan reformas fiscales, resulta que no las bajan para todas ellas sino, de nuevo, solo para las más grandes. Y, al mismo tiempo, nunca hablan de otras cargas que suponen un lastre mucho más pesado y letal para la inmensa mayoría de las empresas.

En España, las pequeñas y medianas empresas terminan dedicando a impuestos casi tres veces más beneficios que las grandes. No porque haya tipos discriminatorios sino porque los impuestos están diseñados en beneficio de estas últimas, bien por el tipo de deducciones o desgravaciones que contemplan o porque pueden disponer de mejores equipos contables y de costosas asesorías para evitar pagarlos. La elusión fiscal de las grandes empresas y grupos empresariales españoles (unos 350.000 millones de euros de sus dividendos y plusvalías no tributan en el impuesto de sociedades, según los técnicos del Ministerio de Hacienda) es, en realidad, uno de los "impuestos invisibles" que soportan las pequeñas y medianas empresas y de los que nunca hablan quienes dicen que quieren rebajar la carga que soportan.

Tampoco hablan de otras cargas que frenan su actividad como directa consecuencia de los privilegios que, por el contrario, conceden día a día a las grandes empresas.

Uno de ellos es el constante incumplimiento de la ley por parte de estas últimas a la hora de realizar los pagos a proveedores, lo que supone un coste extra para las pequeñas y medianas empresas. Según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, las grandes empresas del IBEX tuvieron un plazo medio de pago a proveedores de 183 días (123 más del legal) en el primer semestre de 2020.

Según esta plataforma, si las empresas del IBEX pagaran en plazo se inyectarían 56.488 millones de euros, salvando a muchas pymes y autónomos; mientras que, al no hacerlo, se pone en riesgo de quiebra a medio millón de empresas españolas.

Si los políticos y economistas de la derecha que se proclaman liberales quieren apoyar a todas las empresas y no solo a las más grandes y rentistas deberían proponer un fuerte régimen sancionador que evite estos retardos.

Otro de estos "impuestos invisibles" que recaen sobre las pequeñas y medianas empresas es el de la dificultad que tienen (por no decir que práctica imposibilidad) para acceder a la contratación pública, a pesar de lo que estableció la ley de 2018. Si se quisiera ayudarlas de verdad, también se avanzaría mucho más en este aspecto, abriendo vías de acceso privilegiado no para las grandes sino para las más pequeñas y medianas de nuestras empresas.

Se podrían señalar otras cargas de este tipo, en forma de discriminaciones bien directas o como consecuencia de tratar igual a las desiguales, que suponen un lastre incluso peor que los impuestos para el 99% de las empresas que generan el 54% del empleo y el 63% del valor añadido bruto de nuestra economía. Entre otros, los topes máximos de las cotizaciones sociales que benefician a las más grandes, en las que suelen estar los niveles salariales superiores; el alto coste de los suministros a causa de la estructura oligopolista de los mercados que no se quiere corregir; o las dificultades de acceso a la financiación especializada para el tipo de negocio que suelen llevar a cabo.

Es cierto que la gran mayoría de las empresas españolas es de pequeña o mediana dimensión y que las economías más fuertes son las que tienen grandes empresas pero es completamente irreal pensar que todas las economías pueden ser potencias mundiales y grandes o multinacionales la mayoría de las empresas. Decir que los problemas de las pequeñas y medianas empresas españolas se deben a que son de pequeña o mediana dimensión es un absurdo que oculta la realidad poco competitiva de nuestros mercados, su concentración ineficiente y costosa y las políticas de privilegios hacia las grandes que se vienen realizando.

La estrategia adecuada es la de convertir a las pymes españolas e incluso a las microempresas o a los propios trabajadores autónomos (a los reales, no a los falsos) en fuentes de valor, promoviendo cooperación y sinergias, redes, mercados auténticamente competitivos, y proporcionándoles las normas y el medio ambiente que les permita innovar en un mercado interno potente, vertebrado y autosostenido.

Los políticos y los economistas que diseñan las políticas económicas dominantes en los últimos años no defienden a las empresas sino a un capitalismo oligopólico, financiarizado y volcado en la especulación y en la extracción de rentas mediante la ocupación del poder político que es, en realidad, el gran enemigo de las que realmente son eficientes y productivas y, sobre todo, de las de pequeña y mediana dimensión.