"Las conversaciones no han sido fáciles, para empezar teníamos que negociar con un interlocutor inaccesible, con quien en ningún momento hemos podido hablar directamente, solo y en todo momento por medio de intermediarios", explica el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez como prólogo de la difícil negociación que ha llevado en la Generalitat a adquirir 29 pisos en la Pobla de Vallbona, propiedad del fondo de inversión internacional Cerberus, dónde viven 21 familias en riesgo de exclusión. Es la primera vez en todo el estado español que se lleva a cabo una operación de este tipo con uno de estos fondos, consiguiendo que este acepte vender por debajo el precio de mercado. El instrumento jurídico empleado ha sido el de la "emergencia habitacional", recogido a la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda. Pero, además de la norma, la intrahistoria de esta compraventa va mucho más allá y puede tener también más repercusiones.

El conflicto empezó el pasado mas de noviembre, cuando un juzgado de Llíria ordenó el desahucio de las 94 personas de 38 familias que vivían en unos bloques entre las calles Sant Sebastià y Argila de la Pobla de Vallbona (València) que habían sido del BBVA y que después este había traspasado a Divarian –la empresa creada para gestionar la cartera inmobiliaria del banco, propiedad en un 80% del fondo de inversión estadounidense Cerberus. La amenaza de desalojo masivo no solo movilizó las instituciones. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) organizó movilizaciones a principios de diciembre y anunciaron acciones "en consecuencia" con la gravedad de la situación.

"La primera acción urgente era parar la orden inminente de desahucio y así ganar tiempo –recuerda César Jiménez- y lo conseguimos apelando a la situación de pandemia. Una vez aplazada estoa forzamos el inicio de las conversaciones, dejando claro desde un principio que no cederíamos, que la gente se quedaría en sus casas acabaran como acabaran las negociaciones. Pienso que este tono, desde la primera reunión, fue clave para marcar las reglas del juego". Con todo, el proceso no fue sencillo. Varias familias aseguran haber sufrido acoso inmobiliario por parte de Divarian, que en algunos casos llegó a ofrecer dinero a aquellas que se fueran antes de una resolución judicial. Otros, que tenían alternativa, optaron para marchar antes de afrontar el riesgo de quedarse sin casa.

Hacia el final, las 38 familias se habían reducido a 21, pero estas eran los casos con más vulnerabilidad. "La nuestra primera opción fue que la propiedad se hiciera responsable de la situación, también que mantuviera los inquilinos en régimen de alquiler que nos comprometíamos a avalar, pero se negaron a todas las opciones –continúa Jiménez- así que al final solo quedaba la opción de compra". Una posibilidad que también tenía sus problemas, puesto que desde la consellería se tenía muy claro que "en ningún caso se iba a satisfacer las expectativas de negocio del fondo. La propuesta fue adquirirlas por el mismo precio que las habían comprado al BBVA, pero se negaban a facilitarnos la cifra con el argumento que iban dentro de un lote mucho más grande. Finalmente tuvimos que hacer una oferta más concreta que quedó en 1.650.000 euros por 29 pisos [56.896 euros por piso], que por los estudios que hemos hecho supone un precio un 40% por debajo el precio de mercado".

Jiménez considera la operación "todo un éxito", pero cree que habría estado imposible sin la unidad de acción con el ayuntamiento y los movimientos sociales: "el hecho que supieron que habría resistencia a un desahucio y que el procedimiento se alargaría creo que los presionaba en su objetivo de beneficios rápidos. A banda que a última instancia teníamos el arma del tanteo y retracto para conseguir los inmuebles en una futura operación de venta. Todo ha ayudado".

Parque de vivienda pública

Los 29 pisos de la Pobla de Vallbona serán gestionados conjuntamente entre el ayuntamiento y la consellería de Vivienda, en un programa piloto que, desde la administración autonómica, esperan poder ampliar a otros consistorios. El ayuntamiento también decidirá a qué familias otorga los ocho apartamentos sobrantes. Pero todo el lote engrosará el proyecto de parque público de vivienda que está desplegando la consellería. "Desde principio de año hemos adquirido más de 400 viviendas –explica Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, el 60% utilizando el derecho de tanteo y retracto previsto por la Ley de Función Social de la Vivienda" [un artículo que permite a la Generalitat intervenir en las compraventas masivas de viviendas y quedárselos al mismo precio que se ha marcado en la operación]. Un derecho que ha permitido obtener viviendas incluso al precio de un euro, "evitando caer en el juego de la especulación", resalta el conseller.

Martínez Dalmau también destaca que "ante la concepción de la vivienda como un negocio que tienen los fondos de inversión, para nosotros es un derecho y el primer escudo social, puesto que sin derecho a la vivienda es muy difícil ejercer el resto de derechos". En esta línea ha recordado que el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para regular los alquileres a escala estatal "no está en entredicho, puesto que no está en manos de una de las partes la opción de revocarlo".