Juan Carlos en la Corte de los Milagros
Ha caído sobre nosotros el archivo por parte de la Fiscalía del Supremo de la investigación sobre los casos que afectan al monarca Juan Carlos sin que, pobres de nosotros, nos haya dado tiempo a ponernos a salvo de tamaña agresión a la democracia, entre el silencio, igual de atronador, de la prensa cortesana.
Los apologetas de la monarquía y del statu quo no han tardado en afirmar que, según la Fiscalía, no había pasado nada, cuando lo cierto es que lo que dice la Fiscalía es que pasó algo, y muy gordo, pero que no pasará nada y esto sí que es gordo de verdad.
De fondo, la inviolabilidad, sí pero en un ejercicio de funambulismo y de juego de prescripciones que provoca que un demócrata se abochorne. Por no decir que a cualquier otro ciudadano se le hubieran quebrado los palos penales de su sombrajo ante la Hacienda, dicen de todos. Una inviolabilidad pro Juan Carlos que no es lo que dice la Constitución, que establece una inviolabilidad pro institución, que es otra cosa.
Pero ahí estaban los juristas de la corte y la nobleza de Estado, según acuñación de Pierre Bourdieu, para retorcer todo de tal manera que la institución creada por la Constitución, su clave de bóveda, no mostrara sus grietas y, de camino, todo el edificio constitucional.
A estos nobles de la permanencia de lo esencial, según ellos, se han sumado los interinos de la política, defendiendo lo indefendible en sede parlamentaria. A saber, extender la inviolabilidad más allá de lo que dice la Constitución y más acá de los compromisos de derecho internacional adquiridos por el Estado sobre el alcance de la inviolabilidad en jefes y exjefes de Estado.
Pero, de manera inconsciente o consciente, los protagonistas del engaño están minando la credibilidad del sistema democrático, en particular en lo que tiene de proyección de la Transición, y también de la propia institución monárquica.
Una prueba clara de debilidad y de desconfianza en la propia fortaleza del sistema democrático que descansa en el principio básico de que todos somos iguales ante la ley, donde la inviolabilidad es tan solo una herramienta de protección y prudencia pero nunca un manto protector que blinde a un monarca y lo haga intocable. Las constituciones históricas de España ya abandonaron hace años la consideración de persona sacra del rey; la Fiscalía, la nobleza de Estado y los interinos de la política, es decir, los electos y las profundidades de los partidos políticos, la acaban de reinstaurar.
La debilidad de las instituciones democráticas ante la exigencia de calidad y transparencia para sostener precisamente la confianza en las instituciones es alarmante. El partido mayoritario en el Gobierno, todos aquellos que tienen la iniciativa legislativa, ni siquiera se han atrevido a, como mal menor pero muy educativo, proponer una ley de la Corona que haga comprensible en tiempos constitucionales una institución obsoleta y arcaica como la monarquía.
Ahora nos dirán que lo que nos ha pasado con Juan Carlos es una anomalía como otra cualquiera de la democracia, que es singular, que no se tiene por qué volver a producir. Pero con un marco legal que conviene en su imprecisión igualmente intocable y con una nobleza de Estado instalada en todas las instituciones y singularmente en la Judicatura, nada garantiza que lo que pasó con el anterior monarca no se pueda volver a producir, de hecho, no sabemos si incluso se está produciendo en estos momentos.
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