Los valencianos exigen un trato justo en una protesta que vence al mal tiempo
Miles de personas participan en una manifestación en València que reclama un nuevo modelo de financiación pese a la amenaza de lluvia con alerta naranja - Sociedad civil y partidos a izquierda y derecha exigen al Gobierno que aborde la reforma
La manifestación por una financiación justa reforzó un mensaje que empieza a calar entre los valencianos y que se abre espacio, no sin esfuerzo, en la agenda estatal, el de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana. Un agravio a esta tierra en el reparto de los recursos del Estado que se mantiene desde las primeras transferencias en los albores del autogobierno y que ya no se cuestiona desde ningún foro.
Lo han cuantificado expertos y entidades independientes y es aceptado ya plenamente por el Ministerio de Hacienda e incluso desde las autonomías mejor financiadas. Cada año que pasa los valencianos dejan de recibir en torno a 1.300 millones de euros menos que la media del conjunto de las 17 autonomías. Cada ciudadanos de este territorio recibe 215 euros menos que la media estatal y 703 euros menos que la autonomía mejor financiada.
Miles de valencianos salieron a la calle en las tres capitales valencianas para reclamar un trato justo y desafiar, de paso, al mal tiempo.
La organización (la Plataforma per un Finançament Just) no dio cifras, pero señaló que la participación había resultado masiva. Sindicatos y patronal movilizaron autobuses desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana.
«Un poble unit per un finançament just», recogía la pancarta que abría la marcha. La amenaza de precipitaciones importantes, con una alerta naranja, deslució la manifestación pero la protesta acabó por vencer al mal tiempo.
Pasar de las palabras a los hechos
Representantes de todos los partidos con presencia en las Corts, PSPV, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem, salvo la ultraderecha; una nutrida representación de empresarios y organizaciones sindicales (CC OO y UGT), además de entidades sociales y ciudadanos en general se manifestaron en València para exigir que se pase de las palabras a los hechos y que el Gobierno aborde ya la reforma de la financiación. La CEV que dirige Salvador Navarro dispuso una pancarta propia bajo el lema «la empresa unida por una financiación justa». También se sumó a la reivindicación el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata
Y el Consell, con el president, Ximo Puig, y los dos vicepresidentes, Mónica Oltra y Héctor Illueca, y consellers como el de Hacienda, Vicent Soler, mientras otros miembros del gobierno valenciano participaron en las protestas convocadas a la misma hora en Alicante y Castelló.
Viandantes aplaudieron en distintos momentos de la manifestación el paso de la pancarta con la consigna principal
Además se sumaron, entre otros, el alcalde de València, Joan Ribó, el presidente de las Corts, Enric Morera, el Síndic de Comptes, Vicent Cucarella o el director del Instituto de Investigaciones Económicas, Francisco Pérez, así como numerosos cargos políticos de todos los partidos.
Durante más de una hora
Los asistentes marcharon durante más de una hora por el centro de la ciudad en una reivindicación en la se escucharon lemas como «volem, volem un bon finançament’ o ‘més escoltar al poble valencià’, pero sin manifestaciones partidistas ya que la fuerza de la protesta es precisamente la unidad política valenciana en un asunto crucial como el dinero.
En algunos momentos de la marcha se escucharon aplausos por parte de viandantes al paso de la pancarta principal que portaban los organizadores y distintos líderes políticos y sociales.
La marcha coreó lemas como «volem, volem un bon finançament» o «més escoltar al poble valencià», entre otros
Una reforma postergada
El cambio del modelo de financiación es un elemento central de la agenda valenciana incluso desde antes de que caducara el modelo actual, en 2014.
Tanto en 2017 como en los años anteriores, el Gobierno de Rajoy evitó abordar la reforma. Después llegó el ciclo de repeticiones electorales, entre 2015 y 2016, posteriormente la crisis territorial con el desafío independentista en Cataluña y a continuación una pandemia mundial. Así la financiación nunca ha sido abordada con decisión por ningún Gobierno, aunque el actual empieza a realizar gestos que apuntan hacia un nuevo escenario. Con todo, la clave definitiva estará en el cambio de la ley y, por el calado que tiene el reparto de los recursos, requiere de un consenso amplio y sobre todo el acuerdo de los dos grandes partidos, PSPV y PP. Por eso los llamamientos ayer a mantener la unidad de acción de la política valenciana fueron constantes.
La manifestación de ayer en las tres capitales registró dos hechos diferenciales respecto a la de hace cuatro años, una la ampliación de los apoyos políticos con la presencia del PP, que en noviembre de 2017 prefirió desmarcarse en un tiempo en que Mariano Rajoy ocupaba La Moncloa y ahora se suma con su nuevo líder, Carlos Mazón, al frente.
Los gestos del Gobierno
Y la otra que el problema de la financiación tiene una posición más clara en el centro del debate político no solo en la Comunitat Valenciana sino en el resto de España donde ha ganado mucho peso. También los gestos del Gobierno, inexistentes en 2017, son más visibles en la actualidad.
Además, existe un compromiso adquirido en el Congreso de avanzar en la reforma antes de que acabe el año y ya se ha producido un anuncio de que el Gobierno inyectará más dinero al modelo de financiación para que ninguna autonomía pierda. El compromiso es que la Comunitat Valenciana mejore notablemente sus recursos al tratarse de la autonomía peor financiada.
También se ha puesto sobre la mesa la aceptación por parte del Gobierno de abordar la reestructuración de la deuda, de 51.000 millones en el caso valenciano de los que 30.000 millones proceden de la infrafinanciación según datos del Ivie. Es algo inédito porque nunca antes un ministro de Hacienda, como hizo María Jesús Montero, había hablado en el Congreso de la necesidad de abordar la deuda valenciana.
Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado que la Comunitat Valenciana tendrá los recursos suficientes hasta que se produzca el cambio de modelo de financiación.
Con todo, noviembre debe ser el mes de la financiación no solo por la manifestación de hoy. Existe un compromiso del Gobierno de publicar un documento con la propuesta respecto al criterio de población ajustada este mes.
El manifiesto, que leyeron los periodistas Julio Monreal y Clara Castelló, reclamó al Gobierno el nuevo modelo y a los partidos que lo reivindiquen y lo acuerden.
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Bienestar mal repartido, o sea desigualdad
No suele ocurrir que en una manifestación coincidan todas las formaciones parlamentarias a excepción de la extrema derecha. En las tres manifestaciones celebradas en las capitales valencianas este sábado confluyeron el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, fuerzas que componen el Gobierno del Pacto del Botánico, con el PP y Ciudadanos, que están en la oposición, para reclamar al Gobierno de España una financiación autonómica justa. Convocadas por una plataforma que agrupa a los partidos y también a los sindicatos y la patronal, las manifestaciones, en una de las cuales participó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, son la expresión de una reivindicación que viene de lejos y que responde a razones muy fundadas.
La Comunidad Valenciana es la peor financiada de todas las administraciones autonómicas con el actual modelo, caducado desde 2014. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) le puso cifras recientemente. Hay una distancia de más de 700 euros por habitante entre la financiación que recibe la comunidad de régimen común más beneficiada por el modelo, que es Cantabria, con 3.321 euros per cápita, y la más perjudicada, que es la Comunidad Valenciana, con 2.618 euros. Cuatro comunidades están por debajo de la media, de 2.833 euros por habitante: la Comunidad Valenciana (a 215 euros de distancia), Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha. La particularidad es que la economía valenciana, pese a ello, es además contribuyente neta al sistema.
Nadie discute esos datos, pero todos se pertrechan para defender sus intereses en la futura negociación de un nuevo modelo. Y mientras pasa el tiempo, la Generalitat Valenciana, a la que asiste la Administración central con mecanismos como el Fondo de Liquidez Autonómico, acumula un tipo de endeudamiento que se ha calificado como “deuda histórica”. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asumido en más de una ocasión que se trata de algo a corregir y aseguró a Compromís que presentará este mes de noviembre un primer esquema de la propuesta de nueva financiación. El presidente del Gobierno, a su vez, reiteró en el reciente congreso del PSPV celebrado en Benidorm la necesidad de reformar el sistema y prometió que compensará el déficit de recursos en las cuentas valencianas mientras esa reforma llega.
Noviembre se ha convertido, por ello, en una frontera política para empezar a resolver un problema que, tanto o más que al Estado Autonómico, afecta de lleno al Estado de Bienestar, ya que estamos hablando de la financiación adecuada -la “financiación justa” como se reclamó en las calles de Valencia, Alicante y Castellón- de los servicios públicos fundamentales que prestan las comunidades autónomas: la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Si en la política española hubiera más “estadistas”, habría poco que discutir sobre este asunto y los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, asumirían su responsabilidad en un acuerdo que, además de la negociación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, exige una mayoría cualificada para su aprobación en el Congreso de los Diputados. El tacticismo y la polarización son los principales enemigos de esa tarea, que implica un replanteamiento general del reparto de recursos entre la Administración central y el conjunto de las administraciones autonómicas a favor de estas últimas, para que ninguna comunidad pierda financiación en términos absolutos.
Un aspecto central de la política a estas alturas del siglo XXI es el grado de desigualdad entre los ciudadanos que está dispuesta a soportar una democracia. Se trata de una brecha que define la calidad real del sistema democrático en cada sociedad. Lo ha destacado Thomas Piketty en referencia a las desigualdades económicas y de renta. Pero la desigualdad no solo tiene una dimensión social, sino también territorial, y no solo afecta a los ingresos privados, sino también a las políticas públicas. España debe preservar la igualdad entre sus ciudadanos mientras protege la diversidad y el autogobierno de sus territorios. Se han acabado las excusas para seguir aplazando una reforma que es de justicia y que afecta al núcleo de la convivencia. Toca mover ficha.
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