Este verano hará 30 años que salí de la boca de
metro de Callao, con una ilusión que me llenaba de nervios. Iba a entrar
en el Palacio de la Prensa y a darme de alta en el Registro Profesional
de Periodistas de la FAPE. He estado buscando el magnífico carné de
cuero que me entregaron para escribir aquí el número correcto que me
asignaron, un trece mil algo. No lo he encontrado. No lo he usado nunca.
No me ha hecho falta. Lo que chuta en la vida real son los carnés
profesionales que otorgan las empresas informativas, de manera que es el
empresario el que concede la cualidad de profesional. Una fuente de
problemas que no se pudo solventar. Luchamos para colegiarnos, como las
demás profesiones liberales, pero no nos dejaron. A los grandes grupos
de prensa no les interesaban unos periodistas protegidos por la
colegiación. Hubieran tenido que aceptar unas remuneraciones y unos
derechos mínimos. No interesaba y no se hizo.
Dejé
hace mucho de pagar cuotas. Nunca una asociación ha hecho nada por mí ni
por ningún periodista de mi entorno. Tampoco los sindicatos ni cuando
aún tenían mando en plaza. No les interesaba. Defender los derechos de
los periodistas en un conflicto con las empresas les hubiera enfrentado a
los medios y eso les perjudicaba. Necesitaban a los medios para el
resto de sus acciones en favor de los otros trabajadores.
El poder está en los medios, como verán. Si tu medio te
respalda, poco te importan las presiones. Unas presiones que normalmente
se vehículan desde el poder a través de tus propios jefes. Así que si
algo teme un periodista es que el poder exija a su medio su cabeza,
porque se queda en la calle.
No entiendo pues que el
problema de los colegas redactores con Podemos, de existir, no se
solucione con el apoyo de sus empresas informativas. Si te ningunean o
te faltan o te putean pero tu medio te respalda, no tienes problema
alguno. El problema se produce, me parece a mí, cuando te encuentras
entre la espada y la pared, es decir, cuando tu medio te presiona por un
lado para que informes o te autocensures en un sentido y el objeto de
tu información te presiona porque les parece injusto el trato que
reciben. Ahí sí vas jodido. Y puede que esa sea la trayectoria real de
los tiros en el asunto de Podemos.
En ese supuesto,
conseguir que una asociación profesional, aparentemente neutra, se
pronuncie contra un partido parlamentario puede ser una solución. Si tus
empleadores están por darle estopa a Podemos, nada mejor que dársela de
esta forma novedosa para no tener problemas en el curro y permitir
además unas portadas que, me van a perdonar, también podían haber hecho
sin la APM sólo que no hubieran tenido tanta fuerza.
Un periodista no puede usar el anonimato para hacer una denuncia de este
tipo. No es este oficio de cobardes. Poner cada día la firma bajo un
texto, o ponerle voz o cara, es un ejercicio en la cuerda floja. No voy a
negar que Podemos tenga que hacerse mirar la intolerancia de muchos de
sus seguidores con las opiniones que les son adversas. Yo misma vivo la
esquizofrenia de que unos me llamen podemita y otros, afines a Podemos,
me traten de afecta a la trama cuando no les gustan mis posicionamientos. Poco es eso para afectar a tu independencia.
Si de lo que están hablando es de "amenazas" y "coacciones" que
responden a la definición real que tienen esas palabras, en ese caso
lleva razón Pablo Iglesias, es al juzgado adonde deben ir con sus
nombres y apellidos porque no se lo admitirían de otra forma. Si es de
otra cosa, no falten a los periodistas que hasta han muerto en el
empeño, llamándose "héroes" a sí mismos.
Lo que no
resulta aceptable es acudir protegidos por el anonimato a hablar con
unos cuantos miembros de la Ejecutiva de la Asociación de la Prensa de
Madrid y que estos en secreto y sin oír otra versión juzguen, condenen y
amparen convirtiéndose a la vez en jurisdicción y Tribunal
Constitucional, pero sin ninguna de sus garantías.
Prego sabe perfectamente que en un país democrático la Justicia es
pública y se imparte con publicidad porque lo contrario permite sustraer
del control de la sociedad lo que en la misma se dirime como sucede en
las dictaduras; y que la Justicia es contradictoria porque sin las dos
versiones de los hechos y la posibilidad de la parte acusada de ejercer
su defensa, no hay justicia posible. Sabedora de ello y con el sólo
respaldo de su palabra se convierte en tribunal y acusa a un partido
político, que representa a cinco millones de españoles, de cometer
delitos y de mantener actitudes antidemocráticas inadmisibles. No nos da
más datos porque, dice, se acoge al deber de proteger las fuentes, un
derecho constitucional que está reservado exclusivamente a la figura del
periodista. Una asociación profesional como persona jurídica no se
beneficia de los derechos que por su cualidad disfrutan sus miembros.
Otro desliz. Lo hace además sin el asentimiento de parte de su junta
directiva, de esa que no le hubiera aceptado hacer público un comunicado
en esos términos.
No soy miembro de la APM, ya se lo
dije, así que no me representan. Eso sí, desde aquí, planteo que la
dimisión de tales representantes debería ser un tema a estudiar por los
compañeros que sí pagan sus cuotas. Los periodistas como colectivo no
pueden hablar desde el oscurantismo, el anonimato o desde la defensa de
unos intereses concretos. O no deberían.
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