Feijóo niega a un municipio de En Marea ayudas por inundaciones que sí reciben los Ayuntamientos del PP
La Xunta de Galicia rechaza acondicionar el río que
anegó hace un año la localidad coruñesa de Sada y cuyo cauce es de
competencia autonómica.
Hace ahora casi un año los vecinos de Sada, una pequeña localidad de 15.000 habitantes a 16 kilómetros de A Coruña, sufrieron una de las peores inundaciones que recuerdan. Las riadas no son infrecuentes allí, donde la urbanización feroz y a machete del coqueto humedal de As Brañas, cerca del centro urbano, obligó a canalizar y a soterrar el río Maior, que desemboca en la playa del pueblo. Pero las del 30 de marzo del 2017 situaron a Sada en la apertura de los telediarios nacionales del mediodía: quedaron anegadas carreteras, casas, comercios, sótanos, bajos y garajes, con coches, árboles y mobiliario urbano arrastrados por un caudal de agua que vio potenciada su crecida por las fuertes lluvias y frenado su desagüe por una potente e inoportuna pleamar.
De eso hace ahora un año. El tiempo que
llevan esperando los vecinos de Sada para ver compensados sus daños por
la Administración, y el tiempo que lleva sin respuesta el Ayuntamiento
tras solicitar a la Xunta que ejecute las obras necesarias, y que son de
su competencia, para reestructurar la canalización del río e impedir
que el desastre vuelva a suceder. Curiosamente, se cumple un año cuando
las lluvias han vuelto a Galicia con renovada energía tras un invierno
inusualmente cálido. Aunque el asunto cosa semeja más bien tener su
explicación en el clima político: el alcalde, Benito Portela, es de Sadamaioría, la marca de En Marea en la localidad y quien, con el apoyo del BNG y el PSOE arrebató la Alcaldía al PP en las municipales del 2015.
Al día siguiente de las inundaciones, el
pleno municipal aprobó por unanimidad (es decir, con los votos del PP)
una moción que reclamaba a Augas de Galicia, organismo dependiente de la
Xunta y responsable en la materia, la inversión necesaria para arreglar
el problema de canalización del río, así como la instalación de
compuertas para impedir que lo poco que queda de aquel humedal se llene
de agua de mar en los días de más presión pluvial, y la mejora de la red
de saneamiento para impedir que salte por los aires cada vez que
llueve. El propio presidente de Augas de Galicia, Roberto
Rodríguez, admitió que esa situación se debe, en buena parte, “a la
presión urbanística” que soporta el municipio. Es decir, a la
construcción de centenares de viviendas, garajes y locales comerciales
sobre el humedal de As Brañas.
Poco después, el Ayuntamiento reclamó a la Xunta ayudas directas
para los afectados, y pidió que la Administración autonómica
adelantase, como responsable subsidiaria, el dinero de las pólizas a
quienes tuvieran asegurados sus bienes. La petición no era desmesurada.
La Xunta del PP ya había actuado así con varios municipios de la Costa
da Morte que padecieron también graves inundaciones unos años antes. Se
cubrieron, mediante un decreto de medidas urgentes, no sólo las
pérdidas causadas por el destrozo de infraestructuras y mobiliario
urbano, “sino también los daños personales y los generados en viviendas,
menaje y equipamientos privados, explotaciones agrícolas y en
establecimientos comerciales y turísticos”, recuerdan fuentes
municipales.
Augas de Galicia llevó a cabo entonces un plan de actuaciones contra las riadas
que permitió que en esos municipios, todos ellos con menos de la mitad
de la población de Sada, se invirtiesen desde el 2013 casi un millón de
euros en obras ad hoc. Claro que no siempre llueve a gusto de todos.
Pero resulta curioso que todos esos ayuntamientos estuvieran entonces o
estén gobernados ahora por el PP o el PSOE.
Dos semanas después de las inundaciones del 2017, el alcalde de Sada envió una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
reclamando atención y ayuda para sus vecinos. A día de hoy, Feijóo ni
siquiera le ha contestado. “Sólo pedimos el mismo trato que se les da
los habitantes de otros municipios”, asegura Portela. Debió empezar a
sospechar que el agravio comparativo no iba a subsanarse cuando apenas
un mes del desastre el PP votó en la Cámara autonómica contra una iniciativa parlamentaria que reclamaba un convenio similar al acordado con los ayuntamientos de la Costa da Morte.
El asunto no ha hecho sino agravarse en los
últimos meses. El Gobierno local entregó en diciembre a la Xunta, a
través de la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
Beatriz Mato, un estudio independiente de la Universidade de A Coruña y
de la Empresa Municipal de Aguas de A Coruña que advierte de la
necesidad de ejecutar actuaciones en Sada para impedir que las riadas se
repitan. Pero la Xunta, como quien oye llover.
El pasado 6 de febrero, el PP tumbó una
propuesta de En Marea para incluir en los presupuestos gallegos una
partida específica para financiar las obras necesarias para evitar
nuevos desbordamientos. Aunque las competencias y responsabilidad son de
Aguas de Galicia, el Ayuntamiento estaba dispuesto a financiar parte de
la inversión. Pero asegura necesitar la ayuda de la Xunta: “Aguas de
Galicia tiene la capacidad técnica y la solvencia necesaria para
ejecutar esta obra más rápido que nosotros”, explica Portela.
Ni con esas. Diez días después, el PP volvió
a votar en contra en el Parlamento Gallego de una propuesta de En Marea
para que, al menos, se incluyera a Sada en el mapa de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundaciones.
Una diputada del PP, Soraya Salario, que estuvo entre los ediles
sadenses que votaron a favor en el pleno municipal para pedir un plan
urgente de actuaciones el día después de las riadas, cambió de opinión y
dijo que no entendía por qué había que incluir a su pueblo en ese mapa
de riesgos si su pueblo nunca se inundaba. No lo cree así el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que a principios de este mes aprobó una indemnización de casi 76.000 euros para una vecina de As Brañas por las continuas inundaciones sufridas en su domicilio.
A la semana siguiente de aquellas
declaraciones de Salario, y ante una propuesta similar en el pleno
municipal sadense, el PP cambió de postura otra vez: se abstuvo. Su
portavoz local, el ex alcalde Ernesto Anido, hijo de un conocido
constructor de la zona, explicó por qué: incluir a Sada en el catálogo
de áreas gallegas con riesgo de inundaciones, donde figuran más de 130
municipios de la comunidad, “limitaría, encorsetaría y prohibiría nuevos
desarrollos urbanísticos”.
Como Portela, Anido fue alcalde con tan sólo cuatro de los 17 ediles de la corporación. Él contó con el apoyo de Sada Popular, el partido del también ex alcalde y ex senador del PP Ramón Rodríguez Ares,
quien dirigió el Ayuntamiento desde 1997 hasta el 2007. En ese período
sólo estuvo fuera del despacho de alcalde unos meses, en el 2007, tras
perder el bastón de mando y recuperarlo luego apoyándose en un tránsfuga del PSOE.
Bajo su mando se urbanizó a machete aquel coqueto humedal de As Brañas,
se soterró inadecuadamente el río Maior y se realizó un colosal relleno
marítimo que potencia notablemente las mareas, lo que, indudablemente,
favorece la frecuencia de las inundaciones.
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