VÍDEO | Una mujer y su hija, desahuciadas en València y sin alternativa en la ciudad tras un tenso desalojo con intervención policial
Una mujer y su hija de siete años aquejada de una grave enfermedad fueron desalojadas este lunes de la vivienda en la que residían en régimen de alquiler ubicada en la calle de la Font de Sant Lluís 100, en València.
Varias decenas de activistas de diferentes colectivos como el Sindicat d'Habitatge de València, Montolivet Veïnal o Construint Malilla trataron de impedir la ejecución del desahucio bloqueando el acceso al patio del edificio, por lo que la Policía Nacional intervino para apartar a los manifestantes, algunos de los cuales cayeron al suelo, lo que generó momentos de enorme tensión. Una vez desbloqueada la entrada, la comitiva judicial accedió al inmueble acompañada del propietario de la vivienda y procedió al desalojo. Fuentes policiales confirmaron a elDiario.es que identificaron a varios de los activistas, aunque no ofrecieron más datos sobre el número de identificaciones o los motivos de las mismas.
Laura, la mujer afectada, explica que llevaba cinco años en la vivienda, pero que, vencido el contrato, el propietario, un particular, ha optado por no renovarlo: “Pagaba 500 euros al mes durante los tres primeros años, pero luego ya no quiso renovarlo y como no tenía dónde ir por el precio de los alquileres me quedé en la vivienda”.
Y así ha estado en los dos últimos años en los que junto a las mencionadas organizaciones consiguió aplazar el desahucio hasta en tres ocasiones al tratarse de una persona vulnerable con una menor a su cargo. Consultadas fuentes del Ayuntamiento de València sobre la situación de Laura, han explicado que en su momento la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) le ofreció dos viviendas sociales en Sueca y en Pobla de Farnals, pero que acabó rechazándolas y que en cualquier caso han solicitado un informe detallado de su caso para analizar posibles soluciones.
Laura explica que rechazó las viviendas porque en el momento en el que se las ofrecieron tenía a su hija ingresada, aquejada de una grave infección de la que aún no se ha recuperado, lo que le imposibilitaba mudarse fuera de València.
Tras el desahucio, se ha trasladado con su hija a casa de una amiga de forma temporal hasta que encuentre una solución definitiva. Actualmente busca trabajo en el sector de la hostelería, la limpieza o los cuidados y asegura que está dispuesta a pagar un alquiler social dentro de lo que le permite la renta garantizada que está percibiendo.
Desahucio paralizado en Hermanos Maristas
Otro desahucio previsto para este lunes en la avenida de los Hermanos Maristas número 100, instado por el fondo Promontoria Coliseum, quedó aplazado hasta el mes de septiembre tras presentar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) un certificado de vulnerabilidad de la inquilina a la comitiva judicial.
Nieves lleva 10 años viviendo junto a sus tres hijos mayores de edad en este inmueble que alquiló con un contrato social a Solvia por 163 euros al mes: “La vivienda pasó a manos de Promontoria Coliseum que ya no quiso renovarnos el contrato y no nos da más solución de que echarnos. Una de mis hijas y yo trabajamos pero entre las dos ganamos 1.600 euros y cuando entramos a las inmobiliarias a buscar pisos de alquiler se ríen de nosotras porque para alquiler un piso de 700 euros, que ya es difícil de encontrar en València y alrededores, te exigen unos ingresos de 2.100 euros”.
La afectada afirma que pese a estar en situación de urgencia habitacional en el EVHA, al no tener menores a su cargo es más complicado que le den una vivienda a corto plazo y solicita un alquiler social al que pueda hacer frente con sus ingresos.
“No entiendo que las viviendas de entidades bancarias que están vacías y que de alguna manera ya han sido rentabilizadas no se destinen a las personas que como yo somos trabajadoras, pero no podemos acceder a los precios actuales del mercado de la vivienda, ya sea para compra o alquiler”, ha lamentado.
Los alquileres suben un 132% en ocho años
Según el portal inmobiliario especializado Fotocasa, la Comunitat Valenciana registró el precio del metro cuadrado de vivienda destinada a alquiler más bajo de la serie en abril de 2015, con 5,03 euros el metro cuadrado. En la actualidad, la media autonómica está en 11,53 euros, un 129% más. En el caso de la ciudad de València, también en 2015 se registró el precio del metro cuadrado más bajo, con 5,73 euros, mientras que ocho años después se ha disparado un 132% hasta 13,31 euros el metro cuadrado. Esto significa que, por ejemplo, una vivienda de 100 metros cuadrados ha pasado de costar 573 euros al mes en 2015 a 1.331 euros al mes en la actualidad.
Además, según los datos elaborados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de València en base a los que publica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunitat Valenciana registró el pasado año 3.500 desahucios por impago de alquileres, incluidos bajos comerciales, aunque son los casos menos numerosos. En 2021 fueron 3.800.
A pesar de estos datos, la nueva alcaldesa de València del PP, María José Catalá, descartó recientemente limitar los precios de los alquileres y como medidas en materia de vivienda anunció la puesta en marcha de oficinas antiocupas, un problema que en la provincia afectaría al 0,06% de las viviendas, y la construcción de más vivienda pública, muchas veces vinculada al desarrollo de grandes planes urbanísticos que reservan un pequeño porcentaje de metros cuadrados a la ejecución de viviendas protegidas, a pesar de que según el INE la ciudad cuenta con 36.000 inmuebles vacíos.
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