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Los
jueces no están acostumbrados a que se discutan sus decisiones, y mucho
menos sus tradiciones, y mucho menos que se cuestionen algunos de sus
vicios o de sus inercias más cuestionables. Y no son solo los jueces.
Hay mucha gente bien informada que ve el polvo en el ojo de los
políticos, pero no ve la viga si la viga lleva toga. Por eso quizá ha
levantado tanto revuelo (en los mundillos judiciales, tampoco vamos a
exagerar) la noticia que publicamos ayer:
tres jueces del caso del fiscal general del Estado impartieron un curso
remunerado organizado por una de las acusaciones populares (el ICAM)
mientras estaban deliberando la sentencia. Hay gente que dice: “eh, pero
si era poco dinero” o “a ver, son cursos de formación para abogados que
se hacen cada año”. Afortunadamente, hay otra gente, entre ellos jueces
como Joaquim Bosch o Victoria Rosell, juristas como Joaquín Urías,
exjueces como Baltasar Garzón o Juan Pedro Yllanes Suárez,
que entienden que no se trata del dinero sino de un principio básico de
la justicia, recogido en la doctrina del Tribunal Constitucional como
norma para los jueces y garantía para los juzgados: la apariencia de imparcialidad durante un juicio. No basta con ser imparcial, sino parecerlo. Irse a dar una charla a la sede de una de las acusaciones, y hacer chascarrillos
sobre la sentencia que todavía tienen entre manos, no parece ni
mínimamente oportuno. Y que haya gente dentro del sistema que no se dé
cuenta, denota sesgos preocupantes.
- Tesis. Hoy te traemos otro detalle: uno de los
jueces del caso del fiscal, y que también ha participado en el curso de
marras, fue el codirector de tesis doctoral del abogado de González
Amador, gracias a buenas relaciones familiares previas. El juez del
Moral supervisó la investigación que el letrado defendió en la
Complutense el mismo día que el Supremo aceptó investigar al fiscal
general del Estado. Todo aquí.
Que,
por cierto, ha pasado una semana del anuncio de la condena y seguimos
esperando la sentencia redactada con argumentos. Varias asociaciones de
juristas han expresado su queja al Poder Judicial por un manejo de los tiempos que no es inédito pero que en este caso provoca “un linchamiento” al condenado.
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