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Más prestaciones y ayuda en domicilio: el Gobierno aprueba la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia
El texto suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia y el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
El Ejecutivo repartirá 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Madrid--Actualizado a
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta y de manera definitiva la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, por lo que el texto será remitido a las Cortes Generales, donde deberá recabar una mayoría parlamentaria para lograr su aprobación.
La reforma ha sido impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, que ha sido el encargado de explicar los detalles de la norma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa.
En líneas generales, dos de los puntos más destacados de la reforma tienen que ver con el refuerzo de la ayuda en domicilio y la teleasistencia (con el objetivo de avanzar hacia un modelo integral de cuidados basado en este eje), y una serie de reformas que mejoran las prestaciones del sistema.
Respecto al segundo punto, el texto suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012 para permitir una mayor personalización en la atención a cada persona. También se eliminará el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
La reforma clarifica que, a partir de su aprobación, es posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones, con el objetivo de mejorar la inserción laboral y la autonomía de las personas con discapacidad.
Refuerzo de la ayuda en domicilio y teleasistencia
En la actualidad, muchas personas beneficiarias del Sistema de Atención a la Dependencia se veían obligadas a renunciar a estos apoyos al iniciar una actividad laboral, ya fuera por cuenta ajena o por cuenta propia. Esta situación generaba un desincentivo para el empleo y dificultaba los proyectos de vida autónomos en el ámbito de la discapacidad.
La norma incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico y de las necesidades de cuidado personal que tenga la persona usuaria. Para ello se ofrece la posibilidad de que la persona cuidadora pueda acompañarla en otras actividades dentro de su entorno comunitario como ir al médico o a hacer la compra.
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El proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, garantizando su acceso con independencia del territorio en el que residan. Además, se eleva a rango de ley el carácter complementario de la teleasistencia, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se amplía su ámbito de aplicación más allá del domicilio, permitiendo a personas que viven en residencias recibir este servicio.
La norma da a los centros de día la consideración de servicio de proximidad fundamental para la permanencia de las personas en su domicilio, lo que supondrá que estos centros se abrirán para prestar apoyos también fuera de sus instalaciones (lo harán atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran).
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Esto, señala Derechos Sociales, es especialmente relevante en zonas rurales o con baja densidad de recursos, y supone un nuevo enfoque que convertirá a estos centros en referentes comunitarios de apoyo y relación con el entorno.
También se introducen reformas administrativas con el objetivo de reducir la burocracia y agilizar los trámites vinculados a la dependencia y a la discapacidad. La más destacada es el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I en el Sistema de la Dependencia. Como novedad, en la segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.
Además, el Consejo de Ministros ha autorizado el reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La partida será transferida a los territorios a través de los convenios firmados entre Derechos Sociales y cada uno de ellos, y con esta partida se complementará la financiación de los servicios de atención a las personas dependientes que hay en cada territorio.
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido que la reforma supone "un paso decisivo para construir un sistema de cuidados público y de calidad" y que "promoverá el derecho universal al bienestar, a la vida independiente y la autonomía personal".
"Estamos transformando el Sistema de la Dependencia acometiendo las reformas necesarias para adaptarlo a los desafíos del presente y del futuro, con más prestaciones y servicios, nuevos derechos reconocidos, menos burocracia y más tecnología al servicio del bienestar de las personas", ha explicado el ministro.
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