Gracias, Pablo Romero y a Público, por la denuncia del esperpento que nos guía como si esto fuese El Señor de los Anillos; es lo que ocurre cuando las consecuencias de la norma inventada sobrepasan a quienes la inventan, o sea, lo que pasó con el Titanic o con el zepelín nazi Hindenburg o con el uso "normalizado" de la radioactividad atómica. Es una pena necesitar tanto desastre para no aprender ni escarmentar con las consecuencias tremendas que se derivan del entuerto constante. Poco valen las normas si quienes las proponen están bajo cero en lucidez, conciencia y valores humanos. ¿Tienen ética y conciencia disponibles quienes piensan y redactan las leyes y las normas? Es "normal" que si quienes las deben aplicar tampoco tienen nada dentro que les facilite el discernimiento y consideran comerciables ideológicamente 'el mérito, la capacidad, competencia e idoneidad', todo se complique inutilmente for ever. La torpeza más grande es la innecesari complicación y el hecho de que las personas acaben siendo reproducciones de la Thermomix o de los Rumba. Rebozados en un exceso de normas enrevesadas y tantas veces contradictorias entre sí, siempre habrá motivos para rebuscar fallos técnicos, léxicos, antinomias, oximorons, contradictio in terminis y zarandajas infinitas, y que lo fundamental siga sin funcionar. No son las normas lo que falla, sino quienes las inventan y las convierten en algoritmos del sistem in failure, que ya profetizaba Matrix, errores que manipulan a su aire e intereses para que todo parezca cambiar mietras sigue con los antivalores de siempre, pero esta vez convertidos ya en "norma/lidad" híbrida e incluso fotovoltaica . Es obvio que para atrapar poder lo más guay es complicar, enrevesar, enlodar y luego denunciar para paralizar y revertir lo que impide acaparar poder ad hoc. Quizás lo del juicio de Salomón en el Parlamento y en las Instituciones del Estado, no vendría mal para que este sindiós se finiquite. ¿Qué normativa ha permitido al pp que el Poder Judicial que ellos nombraron no se pueda renovar, por una normatitis crónica,antinómica e irresoluble, porque no hay ningún organismo creado para corregir normas equivocadas, solo porque esas normas son producto de un poder cuya potencia no es corregible democráticamente, es como los terremotos o los tsunamis o la erupción del Cumbre Vieja? ¿Qué atadura insuperable ampara e impide corregir la barbaridad del artículo de la Consti, que concede imunidad sempiterna a cualquier delincuente, haga lo que haga, solo por ser el Jefe de Estado, e incluso mantenerlo y protegerlo con dinero público, mientras él goza de una fortuna alucinante en paraísos fiscales, obtenida de su tráfico monetario mientras fue rey? Las normas deben existir para mejorar la vida de los seres humanos, para hacerlos mejores, no para hacer imposible que se puedan gobernar decentemente y sin efectos demoledores para nadie, porque no es lo mismo un ser humano que sus negocios, intereses e impunidades. Quizá esa realidad fundamental aun no se ha puesto nunca en vigor entre nosotros a la hora de articular las normas. Un estado democrático deja de serlo si es analfabeto ético, aunque sea premioo Nobel en ingeniería tecnológica y en Leyes memorizadas y luego utilizadas como papel higiénico, a base de másteres en cualquier Havardavaca o URJC. Esto no lo arreglan más normas, lo arregla más conciencia en mejor estado, individual y colectivo. Ains! Una vez más, gracias, querido Pablo Romero!

 

La presidencia de Protección de Datos se vuelve una 'patata caliente' legal: un grupo de juristas recurre el procedimiento

Lo que parecía un nombramiento más de dos altos cargos en un organismo constitucional se puede convertir en una pesadilla judicial después de tantos esfuerzos por llegar a acuerdos entre PSOE y PP. Un posible conflicto normativo podría dar lugar, incluso, a la impugnación de los nombramientos de los candidatos pactados.

Imagen de un esquema imaginario de protección de datos. — Pixabay / comercial

Madrid

17/12/2021 23:17 Actualizado: 18/12/2021 08:39

Pablo Romero

El culebrón de la elección de la presidencia y su adjuntía de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), un organismo con un papel central en la digitalización de la sociedad y con un poder sancionador extraordinario, va a tener que sortear importantes obstáculos. De hecho, el pasado día 16 de diciembre la Fundación Hay Derecho presentó un recurso de reposición contra las bases del procedimiento, aunque habrá que esperar a la semana que viene para conocer el contenido de este recurso.

Existe una serie de conflictos entre la orden del 17 de noviembre por la que se convocaba el proceso selectivo y los propios estatutos de la AEPD, por lo que podrían terminar siendo impugnados ambos nombramientos.

El pacto entre el PSOE y PP ha generado una situación incómoda tanto para los seleccionados por dichos partidos como para el resto de candidaturas que, por cierto, ascienden ya a 15, ya que algunas no habían sido recogidas a tiempo por el comité del Ministerio de Justicia, afirman fuentes jurídicas cercanas al proceso.

Once candidaturas para presidir la Agencia de Protección de Datos: el pacto PSOE y PP salta por los aires... o no
Pablo Romero

Ambos partidos ya habían pactado sus candidatos [Belén Cardona por parte de PSOE-UP, Borja Adsuara por parte del PP], en una suerte de 'reparto de cromos' que también ha afectado a otros órganos constitucionales cuya renovación llegaba con mucho retraso.

Si bien antes del pasado verano se podía elegir casi 'a dedo' el máximo cargo de la Agencia, ahora el proceso de elección es obligatoriamente abierto y nucho más transparente, lo que ha propiciado que varios expertos de reconocido prestigio hayan presentado sus candidaturas para comprobar así cómo de 'independiente' será el organismo.

Algunos conflictos

La Agencia Española de Protección de Datos tiene su propio sistema de elección de la presidencia y su adjuntía, perfectamente descrito en su propio estatuto (Real Decreto 389/2021, de 1 de junio). Y el Ministerio de Justicia lanzó el pasado mes de noviembre la convocatoria, mediante Orden Ministerial (Orden JUS/1260/2021, de 17 de noviembre), una norma de menor rango cuyo texto parece 'pecar' tanto por exceso y como por defecto. El conflicto jurídico era pues inevitable.

La presidencia de Protección de Datos se tambalea: un prestigioso jurista presenta candidatura al margen del pacto PSOE-PP
Pablo Romero

En primer lugar, el artículo 21 del estatuto de la AEPD no dice sólo que los candidatos han de ser idóneos, como hace la Orden Ministerial de convocatoria para ambos cargos en su segunda base, sino que indica que "el procedimiento respetará en todas sus fases los principios de mérito, capacidad, competencia e idoneidad", unos principios que aparecen como tales en la quinta base, que habla del 'plazo de presentación de solicitudes y procedimiento'.

Fachada de la Agencia Española de Protección de Datos en Madrid. P. R.

Además, el hecho de que para ocupar el cargo de presidencia o adjuntía a la presidencia sean necesarios idénticos requisitos (para puestos diferentes, con distintas responsabilidades, categoría profesional y escala), y que la orden exija tan solo una experiencia en el ejercicio profesional de "al menos dos años en el ámbito de la protección de datos personales", ha despertado algunas suspicacias entre los profesionales de este sector consultados por Público, y que piden guardar el anonimato.

Por otro lado, los estatutos de la propia Agencia establecen claramente que el comité de selección de Justicia propondrá al Consejo de Ministros una persona por cada puesto, y no tres, como dice la Orden Ministerial, que se ampara en el "principio de celeridad en la tramitación de los procedimientos", o sea, por si el Consejo de Ministros devuelve alguna candidatura.

El Gobierno y el PP alcanzan un acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional y otros tres órganos, pero no el CGPJ
A. Romero / M. Muñoz / M. Sánchez

Estas discrepancias entre ambos textos, aunque parezcan más formales que nucleares, podrían abrir en el futuro una vía para impugnar el procedimiento en los tribunales; cualquier decisión del comité de Justicia deberá estar suficientemente justificada y será vigilada con lupa, anuncian algunos juristas a Público.

La situación puede suponer una presión tremenda negativa tanto para los candidatos consensuados —quienes podrían ver cuestionado su nombramiento así como su propio prestigio personal— como para la propia Agencia, que ha visto cómo su trabajo se ha multiplicado en los últimos años, que adolece de importantes carencias materiales y humanas, y que necesita urgentemente una presidencia que tome las riendas durante los próximos cinco años.