La bandera arcoíris, en un lateral de la fachada del Ayuntamiento tras la colocación de la bandera española en el centro
Gentrificación: la desintegración de los barrios y su ciudadanía
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La gentrificación es el efecto por el cual un barrio obrero tradicional
y bien situado empieza a recibir inversión privada, que provoca un alza
de precios
- La sustitución de la población autóctona por
turistas convierte a la ciudad en un parque temático para la diversión y
las compras “low cost”; es decir, turismo de baja calidad
Comisión Permanente de Izquierda Socialista de Madrid
El término “gentrificación” hace referencia al efecto por el cual un barrio obrero tradicional y bien situado empieza a recibir inversión privada, que provoca un alza de precios en los inmuebles y una posterior expulsión de sus habitantes tradicionales.
Este fenómeno se repite en las grandes ciudades y parece tener como principal responsable la aparición de nuevas realidades que surgieron como una interesante apuesta de economía colaborativa y han degenerado su intención inicial, para transformarla en una nueva variante del capitalismo de siempre. Un capitalismo disfrazado y cool, cuyo resultado es atentar contra el modelo de “ciudad para vivir”, así como contra el trabajo digno en el sector de los servicios.
En ciudades desindustrializadas y sin producción significativa fuera de los circuitos financiero-administrativos o comerciales, entre las cuales podemos considerar Madrid, tan del gusto de los gobiernos de la derecha, se han implantado sus políticas neoliberales a lo largo de este último tercio de siglo, por lo que no es de extrañar que procesos como la gentrificación cuajen.
El proceso se centra en zonas de bajos precios, muy bien localizadas, con una buena accesibilidad, y, en la mayoría de los casos, con un patrimonio urbanístico de gran valor. Todas estas características determinan la existencia de un alto potencial de crecimiento. Sus bajos precios, su situación de deterioro y su declive radica en la decisión política de abandonar las inversiones públicas en el mantenimiento de las mismas, no en una evolución natural de éstas.
En el fondo hablamos de modelos de ciudad. El modelo de ciudad neoliberal apuesta por el individualismo. La mera existencia de barrios integrados donde se crea ciudadanía, cuya manifestación es la convivencia, la participación y la integración social, representa un problema y una amenaza para el capitalismo. Su alternativa son barriadas de baja densidad de población, donde las personas apenas se conocen. Su consecuencia es imposibilitar el desarrollo del comercio de proximidad, pues esta baja densidad de población hace inviable económicamente a los pequeños comercios. Como alternativa potencia las macro áreas comerciales, donde el anonimato, el consumo y las malas condiciones laborales y el subempleo de todo el personal que allí trabaja son la norma. Su objetivo son los grandes beneficios para los propietarios de las cadenas empresariales del sector servicios.
Cuando este modelo de ciudad fija su vista en uno de los barrios que antes indicábamos, la lógica del proceso comienza. El barrio, hasta entonces deprimido y abandonado, recibe inversión para su rehabilitación. Ello se traduce en una mejora en la calidad de vida de la zona. Esta mejora tiene como efecto la revalorización del capital inmobiliario existente y la consecuente atracción de nuevos grupos de población, con un nivel económico suficiente para soportar los nuevos precios de la vivienda. El efecto final es la expulsión de los antiguos moradores y comercios.
Los espacios públicos son ocupados por una nueva población de mayor nivel económico, mientras la preexistente es desplazada a la periferia, donde en ocasiones se generan guetos. De esta forma, las diferencias sociales se acrecientan y enquistan, lo que termina por transformar el espacio público de convivencia en uno de conflicto.
Estos desplazamientos además generan otros problemas que incrementan la vulnerabilidad de los desplazados: desde la distancia al trabajo o escuela (y los problemas añadidos de movilidad) hasta la atención de menores y dependientes cuando, precisamente por causa de esos desplazamientos, se amplía el tiempo de ausencia del hogar.
Los defensores de estos procesos hablan de “gentrificación positiva” en el sentido de que el fenómeno vendría a corregir aquel abandono del que hablábamos en la protección pública de la zona, por lo que la reinversión en la zona deteriorada va a revalorizar no sólo los inmuebles adyacentes, sino el resto del barrio. No obstante, observamos que el efecto principal del ciclo de abandono y posterior reinversión provoca el desplazamiento progresivo de los más vulnerables hasta el límite que marque la dinámica del mercado; es decir, a más revalorización mayor índice de desplazamiento.
Hay otra corriente que defiende la gentrificación al estimar que, a través de la llegada de esos nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo, se puede obtener una mejor y mayor mezcla social y que esta mezcla es preferible a la segregación de la población en barrios socioeconómicamente homogéneos, porque contribuye a una mayor interconexión entre los diferentes.
Es aceptable el supuesto de la necesidad de cohesión como vía de convivencia entre los distintos, pero esto no termina ocurriendo así. Cuando las empresas privadas realizan inversión para rehabilitar un edificio o para incrementar las alturas del mismo, lo primero que se produce es una revalorización de lo construido a través del alza de alquiler, o de los precios de compra-venta. Esta generación de plusvalía es el objetivo por el que una empresa privada participa en el proceso. Lo hemos visto en Madrid con la venta del patrimonio público de vivienda por los gobiernos del PP a fondos buitres, los cuales han expulsado a sus inquilinos a través del acoso y de incrementos insoportables de los alquileres para la obtención de un beneficio rápido.
Este es el motivo por el que las organizaciones de vecinos defienden el derecho al arraigo, el cual protege a la población desfavorecida frente a las presiones que encuentra para mal vender y marcharse, en base a que no es justo exponer a los más vulnerables a la presión del mercado para abandonar sus redes sociales, sus apoyos y sus casas por necesidad. Debemos tener en cuenta que la mayoría de las clases populares genera sus redes en un espacio cercano a su propia vivienda, mientras para aquellas con mayores ingresos, la cercanía geográfica no es un valor tan relevante. Para la izquierda, la mejora de las condiciones de vida de la población más desfavorecida a través de la redistribución de la riqueza, debe ser la máxima prioridad y la gentrificación opera precisamente en el sentido contrario.
En Madrid, por poner un ejemplo, el primer barrio gentrificado fue el de Chueca, que pasó de ser un barrio deprimido a ser una de las zonas más caras de la ciudad. Igual suerte sufrió el barrio de Malasaña, dónde empiezan los primeros movimientos en contra. El objetivo ahora está puesto en Lavapiés, que de momento resiste sobre todo gracias al tejido social y asociativo creado en el barrio. Situaciones similares se dan en otras muchas ciudades.
Como decíamos al principio, los fenómenos de gentrificación no son fenómenos aislados sino que se encuentran insertos en las lógicas de la globalización neoliberal. Una de las claves que más ha abierto el debate en este tema es la relación de la industria turística con los procesos de gentrificación, a través del auge de los llamados pisos turísticos.
De hecho, uno de los principales problemas no es la sustitución de una población por otra, sino la sustitución de población por turistas. En este sentido los hoteles no serían tan problemáticos porque generan puestos de trabajo y pagan impuestos, producen unos beneficios sociales que no se dan en el caso de los apartamentos. La sustitución de la población autóctona por turistas convierte a la ciudad en un parque temático para la diversión y las compras low cost; es decir, turismo de baja calidad, lo que en los años 70 se llamaba “turismo de lata de sardinas”.
La actuación del poder público es fundamental. Las autoridades tienen que ser conscientes de su papel en la redistribución de la riqueza y de los efectos que estos procesos generan. Lo público debe proceder de forma rigurosa ordenando las inversiones, la planificación, etc, para que este tipo de fenómenos se paren.
La expulsión de la población autóctona no es inane. Termina destruyendo el concepto mismo de ciudad, y con ello, minusvalorando gravemente el de ciudadanía. La destrucción de las redes sociales clásicas, el aislamiento y la incapacidad para la acción política fueron ya descritos por Hannah Arendt como las semillas de los regímenes totalitarios y podrían explicar el auge de los movimientos populistas.
Entre las diversas soluciones que se están proponiendo, nos parecen las más eficaces las siguientes:
El término “gentrificación” hace referencia al efecto por el cual un barrio obrero tradicional y bien situado empieza a recibir inversión privada, que provoca un alza de precios en los inmuebles y una posterior expulsión de sus habitantes tradicionales.
Este fenómeno se repite en las grandes ciudades y parece tener como principal responsable la aparición de nuevas realidades que surgieron como una interesante apuesta de economía colaborativa y han degenerado su intención inicial, para transformarla en una nueva variante del capitalismo de siempre. Un capitalismo disfrazado y cool, cuyo resultado es atentar contra el modelo de “ciudad para vivir”, así como contra el trabajo digno en el sector de los servicios.
En ciudades desindustrializadas y sin producción significativa fuera de los circuitos financiero-administrativos o comerciales, entre las cuales podemos considerar Madrid, tan del gusto de los gobiernos de la derecha, se han implantado sus políticas neoliberales a lo largo de este último tercio de siglo, por lo que no es de extrañar que procesos como la gentrificación cuajen.
El proceso se centra en zonas de bajos precios, muy bien localizadas, con una buena accesibilidad, y, en la mayoría de los casos, con un patrimonio urbanístico de gran valor. Todas estas características determinan la existencia de un alto potencial de crecimiento. Sus bajos precios, su situación de deterioro y su declive radica en la decisión política de abandonar las inversiones públicas en el mantenimiento de las mismas, no en una evolución natural de éstas.
En el fondo hablamos de modelos de ciudad. El modelo de ciudad neoliberal apuesta por el individualismo. La mera existencia de barrios integrados donde se crea ciudadanía, cuya manifestación es la convivencia, la participación y la integración social, representa un problema y una amenaza para el capitalismo. Su alternativa son barriadas de baja densidad de población, donde las personas apenas se conocen. Su consecuencia es imposibilitar el desarrollo del comercio de proximidad, pues esta baja densidad de población hace inviable económicamente a los pequeños comercios. Como alternativa potencia las macro áreas comerciales, donde el anonimato, el consumo y las malas condiciones laborales y el subempleo de todo el personal que allí trabaja son la norma. Su objetivo son los grandes beneficios para los propietarios de las cadenas empresariales del sector servicios.
Cuando este modelo de ciudad fija su vista en uno de los barrios que antes indicábamos, la lógica del proceso comienza. El barrio, hasta entonces deprimido y abandonado, recibe inversión para su rehabilitación. Ello se traduce en una mejora en la calidad de vida de la zona. Esta mejora tiene como efecto la revalorización del capital inmobiliario existente y la consecuente atracción de nuevos grupos de población, con un nivel económico suficiente para soportar los nuevos precios de la vivienda. El efecto final es la expulsión de los antiguos moradores y comercios.
Los espacios públicos son ocupados por una nueva población de mayor nivel económico, mientras la preexistente es desplazada a la periferia, donde en ocasiones se generan guetos. De esta forma, las diferencias sociales se acrecientan y enquistan, lo que termina por transformar el espacio público de convivencia en uno de conflicto.
Estos desplazamientos además generan otros problemas que incrementan la vulnerabilidad de los desplazados: desde la distancia al trabajo o escuela (y los problemas añadidos de movilidad) hasta la atención de menores y dependientes cuando, precisamente por causa de esos desplazamientos, se amplía el tiempo de ausencia del hogar.
Los defensores de estos procesos hablan de “gentrificación positiva” en el sentido de que el fenómeno vendría a corregir aquel abandono del que hablábamos en la protección pública de la zona, por lo que la reinversión en la zona deteriorada va a revalorizar no sólo los inmuebles adyacentes, sino el resto del barrio. No obstante, observamos que el efecto principal del ciclo de abandono y posterior reinversión provoca el desplazamiento progresivo de los más vulnerables hasta el límite que marque la dinámica del mercado; es decir, a más revalorización mayor índice de desplazamiento.
Hay otra corriente que defiende la gentrificación al estimar que, a través de la llegada de esos nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo, se puede obtener una mejor y mayor mezcla social y que esta mezcla es preferible a la segregación de la población en barrios socioeconómicamente homogéneos, porque contribuye a una mayor interconexión entre los diferentes.
Es aceptable el supuesto de la necesidad de cohesión como vía de convivencia entre los distintos, pero esto no termina ocurriendo así. Cuando las empresas privadas realizan inversión para rehabilitar un edificio o para incrementar las alturas del mismo, lo primero que se produce es una revalorización de lo construido a través del alza de alquiler, o de los precios de compra-venta. Esta generación de plusvalía es el objetivo por el que una empresa privada participa en el proceso. Lo hemos visto en Madrid con la venta del patrimonio público de vivienda por los gobiernos del PP a fondos buitres, los cuales han expulsado a sus inquilinos a través del acoso y de incrementos insoportables de los alquileres para la obtención de un beneficio rápido.
Este es el motivo por el que las organizaciones de vecinos defienden el derecho al arraigo, el cual protege a la población desfavorecida frente a las presiones que encuentra para mal vender y marcharse, en base a que no es justo exponer a los más vulnerables a la presión del mercado para abandonar sus redes sociales, sus apoyos y sus casas por necesidad. Debemos tener en cuenta que la mayoría de las clases populares genera sus redes en un espacio cercano a su propia vivienda, mientras para aquellas con mayores ingresos, la cercanía geográfica no es un valor tan relevante. Para la izquierda, la mejora de las condiciones de vida de la población más desfavorecida a través de la redistribución de la riqueza, debe ser la máxima prioridad y la gentrificación opera precisamente en el sentido contrario.
En Madrid, por poner un ejemplo, el primer barrio gentrificado fue el de Chueca, que pasó de ser un barrio deprimido a ser una de las zonas más caras de la ciudad. Igual suerte sufrió el barrio de Malasaña, dónde empiezan los primeros movimientos en contra. El objetivo ahora está puesto en Lavapiés, que de momento resiste sobre todo gracias al tejido social y asociativo creado en el barrio. Situaciones similares se dan en otras muchas ciudades.
Como decíamos al principio, los fenómenos de gentrificación no son fenómenos aislados sino que se encuentran insertos en las lógicas de la globalización neoliberal. Una de las claves que más ha abierto el debate en este tema es la relación de la industria turística con los procesos de gentrificación, a través del auge de los llamados pisos turísticos.
De hecho, uno de los principales problemas no es la sustitución de una población por otra, sino la sustitución de población por turistas. En este sentido los hoteles no serían tan problemáticos porque generan puestos de trabajo y pagan impuestos, producen unos beneficios sociales que no se dan en el caso de los apartamentos. La sustitución de la población autóctona por turistas convierte a la ciudad en un parque temático para la diversión y las compras low cost; es decir, turismo de baja calidad, lo que en los años 70 se llamaba “turismo de lata de sardinas”.
La actuación del poder público es fundamental. Las autoridades tienen que ser conscientes de su papel en la redistribución de la riqueza y de los efectos que estos procesos generan. Lo público debe proceder de forma rigurosa ordenando las inversiones, la planificación, etc, para que este tipo de fenómenos se paren.
La expulsión de la población autóctona no es inane. Termina destruyendo el concepto mismo de ciudad, y con ello, minusvalorando gravemente el de ciudadanía. La destrucción de las redes sociales clásicas, el aislamiento y la incapacidad para la acción política fueron ya descritos por Hannah Arendt como las semillas de los regímenes totalitarios y podrían explicar el auge de los movimientos populistas.
Entre las diversas soluciones que se están proponiendo, nos parecen las más eficaces las siguientes:
- Tomar la iniciativa pública en la rehabilitación de barrios deprimidos para evitar que lo haga la inversión privada.
- Vivienda y locales de promoción pública en alquiler. Asignarla en propiedad lleva a que los propietarios se puedan convertir en agentes gentrificadores.
- Implementar política de vivienda inclusiva: forzar la reserva de vivienda asequible en cada proyecto urbanístico privado, además de contribuir directamente a la construcción de vivienda social.
- Promover vivienda asequible y ayudar a los residentes que han sido desplazados. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa el fideicomiso comunitario del suelo (Comunity Land Trust) con terrenos que siendo públicos, son gestionados por organizaciones sin fines de lucro o por vecinos.
- Potenciar el modelo de hoteles como alojamiento turístico básico, ya que permite un control fiscal más sencillo, generan empleo y dificultan el fraude.
- Moratoria de pisos turísticos. Los apartamentos turísticos deben estar totalmente regulados.. La posibilidad de que las viviendas se puedan convertir en apartamentos turísticos es una de las principales causas del alza de precios en el alquiler; así como una fuente de fraude fiscal y un reclamo para el turismo de baja calidad.
- Crear un fondo de inversión público destinado a la financiación de la rehabilitación que permita el acceso a financiación barata a población vulnerable para la rehabilitación de sus viviendas.
Imagen de archivo del Dalai Lama.
