domingo, 7 de agosto de 2022

Gracias, Pablo Romero por esta información tan necesaria como difícil de conocer sanamente. La verdad y la transparencia son fundamentales para la conciencia colectiva, su carencia solo es involución y deterioro social, político y humano.


La propuesta de Sánchez para actualizar la Ley de Secretos Oficiales amenaza a denunciantes y periodistas

El anteproyecto de ley de Información Clasificada esconde una 'trampa' que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, olvidó comentar en su presentación: su régimen sancionador. Las multas pueden alcanzar los tres millones de euros y podría suponer la enésima 'ley mordaza' en España.

Consejo de Ministros
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tras el Consejo de Ministros del 2 de agosto. — J. J. Guillén / EFE

Madrid

Los informantes anónimos y no tan anónimos que se atrevan a desvelar prácticas corruptas en las Administraciones Públicas, sobre todo las más graves, lo van a tener un poco más difícil si sale adelante el anteproyecto de ley de Información Clasificada, la norma que pretende actualizar la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968. Se trata del régimen sancionador, que aparece en el texto pero que al Gobierno se le pasó comentar cuando la presentó tras el pasado Consejo de Ministros. Este texto está aún pendiente de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros antes de su remisión como proyecto de ley al Congreso.

Según el contenido de dicho anteproyecto, (consultado por Público y facilitado íntegramente al final de esta información), las multas por contravenir la norma variarían entre los 50.000 y los tres millones de euros, según la calificación de la información (de mayor a menos rango: "alto secreto", "secreto", "confidencial" y "restringido").

Sanciones (artículo 42)

  • En el caso de infracciones muy graves, se aplicará una multa de 1.000.001 a 3.000.000 de euros.

    En el caso de infracciones graves se aplicará una multa de 50.001 a 1.000.000 de euros.

    En el caso de infracciones leves se apercibirá o se aplicará una multa de hasta 50.000 euros. El apercibimiento solo se impondrá si no hubiera mediado dolo y en los últimos dos años el responsable no hubiera sido sancionado, mediante resolución administrativa firme, por la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley.

De esta forma, la difusión de información calificada como "alto secreto" o "secreto" podría tener aparejada una sanción administrativa de hasta tres millones de euros. En España ya existe el delito de revelación de secretos en el artículo 197 del Código Penal, modificado en 2015, y que recoge una pena de hasta cinco años de cárcel en su modalidad más grave.

No sólo afectará a denunciantes de delitos que se comentan en las Administraciones Públicas con acceso a información sensible y protegida por esta ley, sino que también puede afectar a periodistas que difundan "por cualquier medio" dicha información, según este anteproyecto, al que le queda un largo recorrido hasta que entre en vigor y puede cambiar durante su recorrido parlamentario.

Algunas fuentes de Moncloa citadas por El País intentaron "tranquilizar a la prensa", ya que "aseguran que estas sanciones no están pensadas para los medios de comunicación" y, aunque admiten que "en teoría podrían ser sancionados los periodistas que difundan documentos secretos", recuerdan que, "en la práctica, se impone la jurisprudencia constitucional que prima el derecho a la información". O sea, los jueces decidirán, en lugar de plantear una normativa clara y realmente efectiva.

Según la propuesta firmada por el ministro Félix Bolaños, parece que estas 'salvaguardias' no se aplicarían  a funcionarios y ciudadanos denunciantes y alertadores de corrupción, fuentes indispensables para conocer los comportamientos ilegales de los poderes públicos 'desde dentro'.

De hecho, los informantes contarán con una normativa propia, la Ley de Protección de Informantes, pero está aún en tramitación parlamentaria y su anteproyecto lo presentó el 4 de marzo de 2022 la ministra de Justicia Pilar Llop.

Esa futura normativa que supuestamente protegerá a los informantes tiene importantes lagunas, como la ausencia de protección del anonimato del denunciante de corrupción, y tampoco ampararía una filtración a un medio de comunicación.

Ahora, el texto propuesto por el Gobierno para el material clasificado cuenta, en su Titulo IV, con un severo régimen sancionador antes descrito. La iniciación del procedimiento correspondería la autoridad de clasificación, mientras que la potestad sancionadora recaería en "la autoridad de clasificación competente", es decir, será el poder Ejecutivo quien sancione, bien el Gobierno ("alto secreto" y "secreto" corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros, que de manera alguna puede delegar) o bien otras autoridades en el caso de los documentos "Confidenciales" y "restringidos".

Desclasificación por caducidad (Artículo 16)

  • La información clasificada en la categoría de "alto secreto" se desclasificará automáticamente transcurridos cincuenta años desde su clasificación, pudiendo prorrogarse de manera excepcional y motivada, siempre antes del vencimiento del plazo, por quince años más.

    La información clasificada en la categoría de "secreto" se desclasificará automáticamente transcurridos cuarenta años desde su clasificación, pudiendo prorrogarse de manera excepcional y motivada, siempre antes del vencimiento del plazo, por diez años más.

    La información clasificada en la categoría de "confidencial" se desclasificará automáticamente transcurrido el plazo específico que señale la autoridad de clasificación, que será de entre siete y diez años no prorrogables.

    La información clasificada en la categoría de "restringido" se desclasificará automáticamente transcurrido el plazo específico que señale la autoridad de clasificación, que será de entre cuatro y seis años no prorrogables.

El texto del anteproyecto otorga la labor de custodia, protección y tratamiento de la documentación calificada de "alto secreto", "secreto" y "confidencial" a una Autoridad Nacional para la protección de la información clasificada, que depende orgánicamente del Ministerio de la Presidencia, cuyo titular es Bolaños actualmente.

No se prevé una desclasificación automática de secretos del franquismo, la Transición o la lucha contra el terrorismo

La propuesta no prevé una desclasificación automática de toda la documentación secreta del tardofranquismo, la Transición, la lucha contra grupos terroristas o episodios tan delicados como el intento de golpe de Estado en 1981 o las actividades de los grupos terroristas GAL amparados por el Estado; las autoridades con capacidad para clasificar podrían hacerlo pero no estarán obligadas a hacerlo.

Los tribunales también pueden solicitar material clasificado si se "considerara indispensable para el desarrollo de las actuaciones o la resolución del asunto", para lo cual tiene que pedirlo a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, y ésta a su vez a la la autoridad competente. En cualquier caso, el Supremo tiene la última palabra.

El anteproyecto también también habilita para solicitar la desclasificación de información a "las personas directamente afectadas", siempre que especifiquen y acoten sus peticiones. En caso de negativa por parte de las autoridades, existe la posibilidad de acudir también y directamente a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, pero únicamente para dichas "personas directamente afectadas" por el contenido de los documentos en cuestión.

Por tanto, todo este procedimiento dejaría fuera, en principio, a investigadores, historiadores o periodistas. 

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Comentario del blog

Es fundamental que conozcamos las consecuencias de este tipo de propuesta chapuza, que en vez de aclarar oscurece y en vez de limpiar enfanga y revuelve el pasado con el presente y el futuro donde corrupciones, basuras, cloacas y toxicidades forman un pack inimaginable en cualquier Estado que se califique de Democracia.

¿A qué le teme el Psoe, a que Felipe GALzález tenga que afrontar un proceso a estas alturas y tirar de mantas añejas? ¿Tal vez a que se descubra que el 23F fue un montaje estatal para recalificar y remasterizar a un rey impuesto por un dictador, al que nadie quería, y del que el pueblo hacía chistes y ridiculizaba constantemente? Era evidente que ni de coña daba la talla de un Jefe de Estado, ni siquiera de una personal con las luces suficientes para representar nada ni a nadie,como con el tiempo ha terminado por quedar clarísimo. 

Tapar esas miserias solo conseguirá que las generaciones españolas vayan de mal en peor, porque esos mejunjes pudren la historia de los pueblos. Empobrecen la inteligencia social, promueven la basura como clima "normal". Multar e impedir desde el propio Estado la investigación y la denuncia en una democracia es el recolmo de la estupidez y para más inri, de un cinismo sin sentido, que en vez de parar los pies a los corruptos y podridos se les paren a los que  descubran el pastel, y eso es terrible. 

¿Sirve de algo tener un Poder Judicial atrapado y amordazado por las mismas políticas que desde el final de la Guerra Civil manejan España "con todas las de la Ley"? ¿Cómo explicar a nuestros hijos y nietos lo que tendrán que asumir por el hecho de "ser españoles"? ¿Tanto cuesta hacer limpieza y poner orden en las alcantarillas del Estado? ¿Tiene un verdadero Estado Democrático la autoridad ética y política suficiente para para impedir que la sociedad conozca la verdad sobre ese Estado obligándola a vivir en la mentira y el ocultamiento de indecencias? ¿Qué tipo de barbaridades se han cometido en esa Transición "módelica" para que no puedan saberse? ¿A quienes se protege con estas turbiedades: a la ciudadanía o a los tipos sin escrúpulos que la han utilizado, manipulado y dañado sin ningún reparo? 

Te acabas preguntando si sería posible en España una Revolución de los Claveles como en Portugal o una dimisión del Jefe del Estado como en el Watergate de los USA, -que al parecer en eso del cinismo como coraza pública del poder, parece que no andan tan mal como las Españas- y su cobertura bajo palio de todo abuso "oficial". Es decir, que si el delito lo comete un pringao se le cae el pelo, pero si lo cometen los miembros conjurados del poderío aquí no pasa nada hasta dentro de medio siglo, cuando ya nadie se acuerde ni pueda tener algo que objetar ni ver con el pifostio en cuestión, porque la pringue ya se la llevaron encima los mindundis y paganinis, ad hoc, que lo suyo es pagar, of course y pa eso están, como no dice la Constitución pero sí gestionan divinamente sus "expertos. Qué guay, ¿verdad?

Es mucho peor el daño pedagógico y moral que provocan la ocultación y la hipocresía que conocer los comportamientos de los peores gerifaltes. Porque, sencillamente, quien calla otorga. Quienes silencian delitos e indecencias que afectan al bien común y a la calidad moral de los pueblos, además de irresponsables, cobardes e indignos de gobernar nada, también son cómplices de los que ocultan, o sea, que están de acuerdo con lo ocultado, mentido, estafado, pervertido  y enlodado, primando el valor del contubernio por encima de la verdad, la transparencia y la justicia. 

Esa complicidad consensuada por el poder que realmente concede el pueblo en la democracia a sus gestores, además es humillante para la conciencia colectiva, a la que se considera por parte de ese tipo de gobernantes, incapaz de comprender y de asumir su propia historia, obligándola a ser eternamente sierva de una gleba feudal de caciques impresentables que van heredando el poder de generación en degeneración. 

Si esto va a seguir en ese plan que luego no se quejen de que los jóvenes doctorados emigran, de que no quedan médicos, ni profesores, ni ingenieros ni arquitectos, ni pensadores ni científicos, ni mano de obra, ni cuidadores, ni empresarios decentes...Cuando se nace y se crece en un país tan mediocre y deshonesto institucional como para llegar a "normalizar" estas barbaridades más propias de los Austrias y Borbones que del siglo XXI, la emigración obligatoria está servida si no se es igual que los gestores y mantenedores del tinglado, obviamente. Por desgracia es el caso de España, a la que ni siquiera ha conseguido civilizar una teórica democracia votada en las urnas, -por supuesto bajo presión de tanto secreto de Estado putrefacto ex illo tempore-, porque es más una emboscada  que un paso adelante en la evolución. 

Qué vergüenza, xd!


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