Que los abogados suizos en el caso flagrante del rey emérito español se planteen sus responsabilidades éticas y legales (dos aspectos y valores que son inseparables para que la Justicia sea lo que su nombre indica) y que ni el Gobierno, ni el Parlamento ni el Poder Judicial, ni el Estado de España se den por aludidos porque la propia Constitución ampara esas inmundicias cuando el inmundo es nada menos que el Jefe del Estado, debería merecer por parte de las instituciones políticas un arrepentimiento total, una revisión de leyes y procedimientos jurídicos y democráticos, y, por supuesto, la convocatoria de un referendum para modificar una Constitución que permite semejantes coartadas y abusos delictivos a la indecencia entronizada, y elegir, ¡por fin!, el modelo de Estado, algo que desde 1931 -o sea desde hace 91 años- no hemos podido hacer en libertad auténtica, sin miedos, presiones y manipulaciones amenazantes insertas hasta en la propia Constitución que protege al interfecto hasta cuando ya no es rey, habiendo constancia de que se corrompió igualmente cuando reinaba, es decir, la Carta Magna convertida en el maquillaje perfecto para tapar las inmundicias que destrozan y pudren los mismos fundamentos de la propia democracia. ¿Qué más tiene que pasarnos para que esto cambie y los derechos sean también deberes y el poder responsabilidad y servicio al bien común en vez de un derecho de pernada sempiterno? En realidad la inmunidad impune del Jefe del Estado, concedida por los votos de sus súbditos democráticamente timados, es el sustento del oligopolio corrupto que se forra y trepa bajo la tapadera del rey, que tambièn se forra como empastre "legal" y constitucional del basurero com/partido en este increíble reino de las Enfangañas, poblado por enfangañados y enfagañantes. O sea, por l@s enfangañol@s. Todos a una como en Fuenteovejuna, -ovejunísima, ay!- a la hora de la debacle ética y social.

La Federación Suiza de Abogados expedienta al director de Lucum por la donación de 65 millones de Arabia Saudí al rey emérito

Con este expediente se pretende dirimir si cumplió las normas que se exigen a los abogados que actúan de intermediarios financieros.  

 Público

 

La Federación Suiza de Abogados ha abierto un expediente penal-administrativo a Dante Canonica, el director de la fundación Lucum. De este modo, se determinará su papel en la cuenta que este abrió a su nombre y en la que se depositaron los 64,5 millones de euros que el Gobierno de Arabia Saudí envió a Juan Carlos I en 2008. Se pretende dirimir si cumplió las normas que se exigen a los abogados que actúan de intermediarios financieros. 

La decisión de investigar a Canonica, según fuentes próximas al caso citadas por El País, parte del Organismo de Autorregulación de la Federación Suiza de Abogados (OAR-FSA), que engloba a más de 11.000 abogados suizos y ejerce las funciones que prevé la ley del país en materia de lucha contra el blanqueo de capitales. Asimismo, sus investigaciones están sujetas a la supervisión de la FINMA, la autoridad federal que regula y supervisa el mercado financiero de Suiza, una entidad similar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España.­­­­­­­­­­ Los expedientes como el que se ha iniciado contra el director de la fundación panameña suelen saldarse con sanciones económicas.

Según el citado medio español, Canonica no se desplazó a Arabia Saudí ni hizo gestiones para comprobar por qué el Ministerio de Finanzas de ese país envió, los 64,5 millones al rey emérito. El director de Lucum habría confiado en Arturo Fasana, gestor externo de la cuenta bancaria. Este aseguró que dicho dinero esa un "pure gift" ("puro regalo", en inglés) del rey Abdalá Bin Abdelaziz a su "hermano" español. Tampoco habría tratado de hablar con Al Jubeir, que en ese momento era embajador de Arabia Saudí en Washington y fue quien supuestamente le habría comunicado a Fasana la llegada del dinero. 

Además, según El País, no habría informado de esta operación a las instituciones suizas que luchan contra el blanqueo de capitales. Sí sabía, además, que este montante no se había declarado a la Hacienda española. 

Hace tan solo unos meses, la Fiscalía suiza cerró una investigación por blanqueo de capitales en la que se investigaba el traspaso de 100 millones de dólares por parte de Arabia Saudí a Juan Carlos I en el marco de los negocios por el AVE a la Meca. 

Entonces, se exoneró a Arturo Fasana, a Dante Canónica, así como a Corinna Larsen y el banco Mirabaud, en una causa que no se dirigía formalmente contra el rey emérito.