La izquierda ante la industria del siglo XXI
Llíria, Albuixec, Sagunt, Almussafes. Son nombres de municipios localizados a unas pocas decenas de kilómetros de València, donde ahora mismo se construyen piezas de la futura industria sostenible. No se reduce a esos lugares la gran transformación en curso, pero en ellos se encarna la transición hacia otra forma de producción en plena lucha contra el cambio climático. También se refleja en ellos la apuesta de una política que entiende el progreso de manera muy diferente a la que se daba en el pasado.
En Llíria, comarca del Camp de Túria, tiene su sede Power Electronics, una compañía valenciana fundada en los años ochenta del siglo XX, presente en medio centenar de países y dedicada a la tecnología del almacenamiento energético especialmente ligado a plantas solares. La empresa lidera una Alianza Valenciana de Baterías en la que participan 23 sociedades. El proyecto, avalado por la Generalitat Valenciana, tiene una vertiente de investigación y otra de producción y aspira a captar fondos europeos. Con una plantilla de 2.000 trabajadores en el conjunto de sus centros, Power Electronics ha lanzado hace poco una oferta de 250 empleos nuevos que tiene previsto cubrir este mes de marzo.
Por otra parte, la sede de la multinacional suiza Stadler en España está en Albuixec, comarca de L'Horta Nord. Dedicada a la fabricación de vehículos ferroviarios, es la última encarnación de una antigua gran empresa valenciana que hunde sus raíces en el siglo XIX. Stadler era al principio Macosa hasta que fue comprada por la francesa Alstom y después por la alemana Vossloh, para pasar finalmente a manos suizas. Con el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y el ministro valenciano José Luis Ábalos al frente de la cartera de Transportes, consiguió el año pasado por primera vez un contrato con Renfe de cerca de 1.000 millones de euros para fabricar trenes de cercanías de gran capacidad. Stadler cuenta en la planta valenciana con cerca de 1.200 trabajadores, 400 de ellos ingenieros, y entre otros impulsa proyectos relacionados con el hidrógeno aplicado al ferrocarril. De hecho, tiene un encargo de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para desarrollar tranvías movidos por hidrógeno.
Dentro del proceso orientado a la descarbonización de la economía, la producción masiva de baterías destinadas a la fabricación de coches eléctricos es uno de los frentes que la Unión Europea potencia. La ciudad de Sagunt, en la comarca del Camp de Morvedre, será la sede de la factoría de baterías que Volkswagen construirá con el apoyo de fondos europeos. La elección del emplazamiento, en la segunda fase de Parc Sagunt, que será anunciada oficialmente en unos días, ha sido posible gracias a que el Gobierno valenciano del Pacto del Botánico, formado por el PSPV, Compromís y Unides Podem, ha hecho los deberes, al facilitar unos terrenos de ubicación estratégica junto al Corredor Mediterráneo, aportar inversión y remarcar la disposición de mano de obra cualificada. Se estima que, además de decenas de empresas y miles de puestos de trabajo indirecto, la factoría creará de forma directa unos 3.500 empleos.
La elección de Sagunt resulta estratégica por otro motivo. Volkswagen tiene un acuerdo con Ford para facilitar sinergias en el suministro de baterías, un argumento de mucho peso para la continuidad de la factoría de la multinacional estadounidense en Almussafes, a unas decenas de kilómetros al sur, en la comarca de la Ribera Baixa, que se encuentra inmersa en un impasse sobre su futuro dentro del proceso de reconversión a la fabricación de coches eléctricos. Los planes de Ford en Europa son motivo de preocupación para los más de 6.000 trabajadores de la planta, para todo el sector de empresas auxiliares a su alrededor y para la economía valenciana en su conjunto. Y la posibilidad de que disponga de una producción de baterías tan cercana es una buena noticia.
En la época de la especulación, la corrupción y el pelotazo, el entonces presidente valenciano Francisco Camps proclamó que los grandes proyectos (léase Terra Mítica o la malograda Ciudad de la Luz) y los grandes eventos (digamos el premio de Fórmula 1 en València, cuyas facturas pendientes todavía colean) serían "las fábricas del siglo XXI". Aquel discurso de 2007 en la feria turística Fitur resumió como pocos la mentalidad de una derecha que todavía hoy se aferra a la bondad de cualquier proyecto "al servicio de una industria estratégica como es el turismo", pese a que esa política contribuyó al siniestro total del sistema financiero valenciano. Una derecha que reitera las acusaciones a la izquierda de boicotear la prosperidad colectiva cuando se opone a planes urbanísticos y de ocio que consumen territorio y recursos o a eventos deportivos como la Copa del América de vela, de la que acaba de descartar la Generalitat Valenciana por su alto coste -unos 180 millones de euros- una eventual nueva edición en València.
Sin embargo, como demuestran los ejemplos anteriores, el gobierno de coalición que preside Ximo Puig, que por otra parte no rehuye implicarse en eventos de impacto mediático, como los recientes del Benidorm Fest o la gala de los Premios Goya, intenta mantener (no sin contradicciones internas, como la polémica ampliación del puerto de València) un concepto de prosperidad alejado del despilfarro y a la altura de los desafíos que presenta este siglo marcado por la lucha mundial contra el cambio climático. Por eso juega fuerte, en un momento clave, a favor de las factorías de una nueva economía sostenible, cuyo efecto tractor debe ayudar a una transición que se presenta especialmente compleja en un país donde predominan las pequeñas y medianas empresas. Es un reto y una oportunidad al mismo tiempo.
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