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El titular más importante del momento es que el Tribunal Supremo ha decidido procesar al fiscal general del Estado
por la filtración del correo de confesión de la pareja de Ayuso. Eso
significa que, después de imputarle, de investigarle, el juez confirma
que hay motivos para juzgarle. A partir de ahí, todos los debates giran
en torno a: ¿ha tomado el juez esa decisión con suficientes indicios de
que fue el fiscal García Ortiz el que pasó el correo a los medios?
- Ignacio Escolar responde:
“Han pasado 237 días desde que Hurtado arrancó la instrucción y hoy
está exactamente en el mismo sitio en el que empezó. Tiene sospechas. No
datos. No ha encontrado una sola prueba de la acusación contra el
fiscal general”.
Hay más de cincuenta páginas de auto y solo “sospechas” y muchas lagunas.
Además el auto del juez Hurtado va más allá y dice que la filtración se
hizo siguiendo “instrucciones” de Moncloa. Pruebas que incriminen a
Moncloa tampoco hay en el auto.
- Y escribe José Precedo,
uno de los periodistas de elDiario.es que ha tenido que declarar ante
el Tribunal Supremo en este caso: “En elDiario.es sabemos quién ha
filtrado la información, pero jamás vamos a revelar nuestra fuente
porque nos acogemos a nuestro derecho constitucional, pero sobre todo al
primer mandamiento del periodismo. Pero sí podemos revelar quién no
fue. Ni Álvaro García Ortiz ni Pilar Rodríguez, la fiscal jefa de
Madrid, a quien el Supremo envía camino del banquillo, filtraron esa
información”. Varios periodistas de otros medios han declarado ante el
juez lo mismo: tuvieron el correo antes de que llegara a manos del
fiscal general. Pero eso al juez le da igual.
El debate ahora es: ¿debe o no debe dimitir
el fiscal general ante la inminencia de un juicio? Y a veces, para
entender bien dónde está la noticia hay que intentar prestar poca
atención a lo nuevo. Es una paradoja, quizá una herejía contra los
manuales del periodismo, pero la lupa muchas veces nos aleja de la
verdad, porque nos saca de contexto y nos encierra en el detalle. Aquí
estamos hablando de que al fiscal general del Estado le van a juzgar por
algo que sucede absolutamente todos los días en las investigaciones
policiales, fiscales y judiciales: la filtración a medios de
comunicación. Si nadie filtrara en el sistema judicial (ni los jueces,
ni los fiscales, ni los abogados, ni los funcionarios), el caso del
correo de González Amador podría ser un escándalo. Pero si de todas las
posibles filtraciones se investiga solo esta (la que tiene que ver con
cómo la pareja de la principal líder de la derecha española cometió
fraude fiscal probado y confesado y cometió otro presunto de corrupción
en los negocios con un directivo de Quirón de por medio y con sus
comisiones se montó un dúplex de lujo con Ayuso), lo sospechoso debería
ser por qué se investiga solo esta, a toda costa, aunque no haya pruebas claras.
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