Las clases medias ante el Estado de bienestar
- El
abrumador apoyo social del pasado siglo en favor de las prestaciones
del Estado de bienestar parece haber decaído en este siglo XXI
- El autor reflexiona de manera crítica sobre las causas que pueden haber motivado esta pérdida de confianza
Juan A. Gimeno, de Economistas sin Fronteras
El
abrumador apoyo social del pasado siglo en favor de las prestaciones
del Estado de bienestar parece haber decaído en este siglo XXI. Muchas
son las razones que pueden explicar ese descenso, pero me gustaría
reflexionar sobre la concreta evolución de lo que solemos denominar
“clases medias”.
El Estado de Bienestar (EdB) fue un factor clave para consolidar en España una clase media bastante extendida.
El acceso universal a la educación y a la sanidad supuso no sólo
garantizar derechos básicos a la ciudadanía, sino también una enorme
inversión en capital humano e igualdad. La universidad, por ejemplo,
pasó de ser un lujo reservado a las élites a una formación ampliamente
generalizada.
La
mayoría de la ciudadanía sentía que los beneficios de ese Estado de
bienestar llegaban especialmente a la gran parte de la población con
menores medios económicos y que el grueso de los impuestos lo pagaban
los más adinerados.
Así,
el apoyo social era potente y el EdB fue avanzando y creciendo. Pero la
sensación en nuestros días no parece ser la misma. La impresión es que
una buena parte de la población ha perdido ese entusiasmo por el EdB.
¿Cuál puede ser la causa?
Sin
duda, no es una sino varias causas las que pueden explicar este
fenómeno. Una, no menor, es el bombardeo ideológico neoliberal en contra
de cualquier intervención estatal, demonizando los impuestos y
defendiendo que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos.
Debiera ser obvio que sin impuestos no hay garantía de derechos. Pero la
reiteración de esos mensajes ha hecho mella, sin duda, en buena parte
de la población.
Por
otra parte, el éxito del propio EdB y la evolución demográfica han
hecho crecer de forma importante el gasto necesario para su
mantenimiento. La educación universal ha ido necesitando recursos
crecientes, extendida la gratuidad completa hasta los 16 años y con
subvención generalizada hasta el fin de la universidad, aunque haya
detenido su crecimiento de gasto cuando la población joven ha empezado a
disminuir. La sanidad y las pensiones crecen de forma importante de la
mano de la mayor longevidad de la población.
Ese
gasto mayor exige también, claro es, mayores tributos para financiarlo.
Crece así la presión fiscal, con la particularidad de que,
simultáneamente, las rentas de capital van recibiendo un trato cada vez
más favorable y la casi totalidad de aquella carga fiscal recae sobre
las personas asalariadas.
Ese
doble proceso supone que las clases medias sienten que cada vez
soportan más impuestos y, a menudo, no perciben que reciban
proporcionalmente a lo que pagan. De acuerdo con los últimos datos del
CIS, más de la mitad de los españoles (55,4%) cree que la sociedad se
beneficia poco de lo que paga a las administraciones el conjunto de la
sociedad en impuestos y cotizaciones, y el 59,5% considera que la administración le da menos de lo que paga.
Buena
parte de esa sensación puede deberse a fallos graves en el diseño de
las prestaciones del Estado de bienestar. Uno de los más evidentes es el
conocido como “error de salto”. En
el ámbito impositivo es muy común la referencia al error de salto, es
decir, al supuesto en que el incremento en la base imponible de un
impuesto (por ejemplo, en la renta) supusiera una subida en la cuota que
hay que pagar superior al propio aumento en la base. Para
evitarlo, la tarifa progresiva de un impuesto se aplica por escalones.
Podemos verlo en la tarifa del IRPF vigente en la última campaña.
Artículos relacionados
Tabla Tramos IRPF 2017
| ||
Base liquidable general
|
Tipo impositivo
| |
Desde
|
Hasta
| |
0€
|
12.450€
|
19%
|
12.450€
|
20.200€
|
24%
|
20.200€
|
35.200€
|
30%
|
35.200€
|
60.000€
|
37%
|
60.000€
|
–
|
45%
|
De
acuerdo con la escala, a quien tuviera una base igual a 12.450€ le
corresponde una cuota de 2.365’5 €, el 19% de su base. ¿Qué pasaría si,
por ejemplo, su base subiese a 13.000 €? ¿Debería pagar el 24% de esa
base como parece señalar la tarifa? ¿3.120 euros? Si así fuera, por
ganar 550€ más, pasa a pagar 754,5€ más. Al ganar más pasa a ser “más
pobre”. Si se hace el ejemplo con sólo un euro de subida, el resultado
es todavía más sangrante.
Por
ello, la tarifa se aplica por escalones. Una base de 13.000€ pagará los
mismos 2.365’5 € por su primer escalón y el 24% se aplica tan solo a lo
que excede a esa cantidad: es decir, el 24% de 550€=132€ que se añaden a
la primera cantidad, y no 754€.
Esta
regla parece elemental y el error de salto del primer caso se percibe
como notoriamente injusto. Pues bien, este factor tan claramente
denostado y evitado en los tributos, no se toma en consideración
habitualmente en las políticas de gasto. Lo más general es que se fijen
unas cuantías de renta a partir de las cuales se pierde de golpe todo el
derecho. Así, para becas, para prestaciones asistenciales, para acceso a
viviendas o a determinados beneficios sociales…, se exigen ingresos
inferiores a una cifra mágica. Si usted tiene la mala suerte de ingresar
un euro más que la limitación fijada, pierde todo el derecho.
Por ello, el “error de salto” es uno de los factores que más contribuyen a extender esa sensación entre una parte importante de nuestras clases medias de que paga más de lo que recibe. Entre ese grupo, los discursos en favor de la reducción del Estado de bienestar y de bajar impuestos encuentran fácil eco.
Sin
duda, necesitamos potenciar la educación fiscal que visibilice los
beneficios que recibimos del gasto público. La ciudadanía debe ser
consciente de que los impuestos son la condición necesaria para tener
garantía de nuestros derechos. Pero esa concienciación será mucho más
fácil si el sistema evita errores que enajenan apoyos. Y si los
resultados que ofrece son más equitativos.
Por
ello, deben revisarse los requisitos de acceso a beneficios públicos,
de forma que se eviten los errores de salto. Para ello bastaría con
fijar criterios de carácter gradual y progresivo: una tarifa decreciente al estilo de la que hemos visto para el IRPF.
Imaginemos que la frontera para acceder al beneficio de que se trate está en 2 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, índice
empleado en España como referencia para la concesión de ayudas). En vez
de definir que la ayuda es total hasta ese límite y cero a partir de
esa cuantía, podríamos decir que es total hasta vez y media el IPREM y
que a partir de esa cifra empieza a descender de forma progresiva. De
esa forma, quien se encuentre en niveles de renta en el entorno de
aquellas dos veces el IPREM no saltará del todo a la nada, sino que
recibirá un beneficio poco a poco algo menor. La fórmula, además,
permitiría que más personas tuvieran acceso al beneficio, aumentando así la visibilidad de contrapartidas a nuestros impuestos.
Hay
otras mejoras semejantes de nuestro Estado de bienestar que podrían
mejorar su eficiencia, justicia y apoyo social. Una interesante línea de
debate por la que avanzar en su defensa, mucho más sensata que la defensa acrítica de lo que tenemos.
Economistas
sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y
ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que
colabora.
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