La residencia de mayores de Velluters no ha registrado ni un solo caso de coronavirus durante la pandemia. Es más, el centro ha sido puesto de ejemplo por la propia vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, como el modelo que el Botànic persigue y quiere cambiar, en aras de «humanizar los centros de personas mayores para que se parezcan cada vez más a un hogar».

Así, la gestión de Velluters es «el ejemplo a seguir en la implantación del nuevo modelo» y, sin embargo, el centro cambia de manos y los familiares de residentes se echan las manos a la cabeza tras conocer, por Levante-EMV, que la empresa DomusVi ha resultado la adjudicataria del concurso. DomusVi (firma del grupo francés SAR) gestiona la residencia de Alcoi en la que fallecieron 73 de los 140 ancianos al principio de la pandemia, un centro en Elda en el que se acaban de registrar 99 positivos y las instalaciones de Llíria investigadas por la Fiscalía tras la difusión de imágenes de ancianos presuntamente desatendidos, atados a una silla y comiendo solos.

Sin embargo, DomusVi se presentó al concurso (que llevaba pendiente desde 2017) y lo ha ganado al reunir la puntuación más alta. La empresa que gestionaba Velluters hasta ahora (Gesmed) quedó con una puntuación menor y pierde la gestión. Y es que la Administración está obligada a adjudicarle el concurso público a quien obtenga mayor puntuación y los familiares de residentes de Velluters se preguntan «cómo puede ser eso posible si está demostrado que han gestionado mal la covid-19 y, encima, tiene una investigación por mala praxis. Debería haber alguna herramienta que impidiera que una empresa que no lo hace bien sea recompensada con más gestión». Incluso, tal como avanzó ayer este diario, DomusVi ha sido sancionada por Igualtat por falta de personal en su centro de Alcoi.

«Es un despropósito»

«Nos negamos a que esta residencia vaya a parar a manos de quienes han tenido más casos de coronavirus y muertes y, además, tienen una investigación abierta por posibles malos tratos a los usuarios. Es una vergüenza. No queremos que vengan a cuidar de nuestros mayores porque, desde luego, no lo harán como la actual empresa. Eso seguro. Nos negamos al cambio porque nos parece un despropósito. ¿Cómo puede una empresa con mala gestión resultar adjudicataria de otra residencia? No lo entendemos y hablamos del bienestar de nuestros mayores», explican los familiares de residentes en el centro de Velluters, que ya están buscando diferentes vías para protestar y paralizar una adjudicación «que es un despropósito».

Sin embargo, desde la patronal de residencias recuerdan que la Administración está «obligada» legalmente a adjudicar el concurso a la empresa que obtenga la mejor puntuación. Los familiares afectados, eso sí, no piensan permanecer callados ante un cambio «que es a peor y lo sabemos».

Oltra exige un cambio estatal para que prime la calidad sobre el precio

La consellera de Igualdad, Mónica Oltra, lo tiene claro: «a las empresas les tiene que salir caro cuando no cumplen con la contratación de personal». Por ello, la residencia DomusVi de Alcoi ha sido sancionada con 40.000 euros por «infracción grave» al incumplir las ratios de personal médico y de técnicos en actividades socioculturales de forma reiterada. Oltra adelantó ayer que están trabajando en un decreto para «mejorar» las ratios fijadas en la norma, y afirmó que le ha pedido al Gobierno que modifique con urgencia la ley de contratos públicos para que en los ámbitos donde se cuida a personas se rebaje el valor del precio y pese más la calidad técnica.

Y es que eso es, precisamente, lo que ha pasado en la adjudicación de la gestión del centro de Velluters, ya que en este caso la empresa era la tercera en condiciones técnicas, pero presentó un precio que rozaba «la baja temeraria», y como el valor del precio es «tan alto» en las contrataciones, se le adjudicó la gestión. «No puede valer más el precio que la atención», señaló la consellera, para quien bajar el precio en las ofertas implica «peor salario, peor calidad de material y peor comida», por lo que en ámbito sanitario o sociosanitario «el precio no debería tener tanto valor, sino la calidad técnica».

La vicepresidenta también señaló que el expediente sancionador se inició ya antes de la pandemia y que en las alegaciones la empresa señalaba que por los mismos hechos le impusieron en 2010 una multa de 5.000 euros. De hecho, la nueva ley de Servicios Sociales aumentó la cuantía de las sanciones respecto a la norma del PP, para que no salga «más caro el esparto que la fregada».

La investigación de DomusVi Llíria descarta «ningún maltrato»

La investigación interna de la residencia DomusVi en Llíria descarta que se haya producido «ningún tipo de maltrato» desde que la empresa asumió la gestión en 2018 y asegura que «el centro ha cumplido en todo momento con la normativa estatal «Guía de prevención y control frente a la covid-19». Así lo recogen las conclusiones de la compañía tras la denuncia de una extrabajadora de limpieza que grabó imágenes de una caída de un anciano y usuarios en situación precaria. La investigación constata que «todas las imágenes difundidas cuentan con una explicación».