La tentación del bilateralismo
Pedro Sánchez se equivoca al decidir no enfrentarse a la
financiación autonómica desde una perspectiva diferente a la de años
anteriores pensando que el diálogo bilateral con la Generalitat
aliviaría la tensión independentista
La subida del PSOE en
todas las encuestas de intención de voto que se han realizado tras la
exitosa moción de censura de Pedro Sánchez indica que el nuevo
presidente está acertando en sus planteamientos de gobierno, al menos,
si se adopta como criterio de evaluación la preferencia de los votantes
encuestados.
Curiosamente, hasta el momento sólo
parece haber tropezado con lo que se suponía fácil: el avance hacia una
RTVE verdaderamente plural e independiente, el nombramiento del
presidente del CIS o la conveniencia de dar un ritmo pianissimo quanto
possible y mucha mano izquierda a temas, como la memoria histórica o la
discriminación de género, que si se aceleran más de la cuenta pueden
generar más resistencias que los nuevos apoyos que son imprescindibles.
Pero, a mi juicio, se equivoca sobre todo al decidir no enfrentarse a la
financiación autonómica desde una perspectiva diferente a la de años
anteriores, quizá pensando, yo creo que equivocadamente, que el diálogo
bilateral con la Generalitat aliviaría la tensión independentista.
Es evidente que éste es un tema enquistado, pero no
solamente, como pudiera parecer, por la intensidad y gravedad del
problema existente en Cataluña.
Es cierto que la
estrategia totalitaria del independentismo catalán para imponer al resto
de sus compatriotas una independencia que no comparten les obliga a
crear como pretexto un enfrentamiento con el resto de los españoles y
que la torpe respuesta del nacionalismo español (imperial y no menos
excluyente que el catalán) a la realidad diversa y plural de la España
de todos, dificulta el entendimiento a la hora de repartir los recursos.
Pero eso no lo explica todo.
Lo que de verdad impide
resolver bien la financiación de las autonomías es que el diseño
constitucional de nuestro estado autonómico y su desarrollo posterior se
basan en criterios de oportunidad política que soslayan principios
económicos imprescindibles para que un estado descentralizado y cuasi
federal (como en realidad es el nuestro) sea eficiente, estable y
proporcione equidad.
Se crearon las comunidades
autónomas pero manteniendo la estructura provincial, de modo que (salvo
en algún caso en el que se crearon espacios comarcales) las comunidades
no han podido conformar su territorio de manera eficiente.
Ni en la Constitución ni en los modelos de financiación sucesivos se ha
definido una regla de equidad que garantice igual satisfacción a las
personas que residen en cada territorio, ni su semejante contribución
para hacerla efectiva. Ni tampoco un sistema de medida eficiente y
equitativo de la necesidad en cada comunidad, a pesar de que
supuestamente esa es la base de partida de la financiación en los
términos en que ordena la Constitución.
Al día de
hoy (y aunque algunos como el Senado existen sobre el papel) no se
dispone de las instituciones o mecanismos de confrontación,
visibilización, cogobierno, rendición de cuentas o control que son
imprescindibles para que pueda funcionar con eficiencia y equidad un
sistema descentralizado de organización territorial.
El marco competencial se ha desarrollado produciendo duplicidades y un
auténtico marasmo normativo, lo que no solo genera gasto innecesario y
deuda creciente, sino que impide que pueda cumplirse efectivamente el
mandato constitucional de igualdad o la deseable unidad de mercado.
La imperfecta definición constitucional del sistema ha dado lugar a un
desarrollo inapropiado de las fuentes de ingresos de las comunidades. La
cesión de la capacidad normativa sobre algunos tributos, por ejemplo,
ha producido desequilibrios, competencia entre territorios e injusticias
flagrantes en algunos casos. Y tampoco se ha diseñado convenientemente
el necesario sistema de administración tributaria flexible que pueda
evitar disfunciones en la cesión y recaudación de los impuestos en los
distintos niveles.
No se han establecido los
mecanismos de percepción de los costes, del esfuerzo y del beneficio
real del sistema, lo que constantemente genera agravios y un clima de
insolidaridad y de conflicto en el que es muy difícil que se fortalezca
la integración entre territorios y entre los pueblos.
El sistema no contiene tampoco un sistema imprescindible de incentivos
de la creación de riqueza y para salir de los recursos de nivelación, lo
que ocasiona un círculo vicioso que consolida los desequilibrios, las
desigualdades y la dependencia. Y, para colmo de males, no se han
cultivado como debiera el compromiso colectivo por la equidad, la
cultura y los valores de la lealtad y la solidaridad efectivas, ni se
han desarrollado instituciones que promuevan y faciliten el diálogo y la
negociación constante, con independencia de las coyunturas de gobierno o
de partido. Y en el sistema falta, sobre todo, sentimiento de la unidad
nacional que no esté basada en la imposición de lo que una parte de
España desea sobre la otra sino en el patriotismo republicano y plural.
Algunos de estos defectos se pueden corregir en los modelos de
financiación y otros requieren cambios constitucionales pero lo cierto
es que, mientras persistan, sólo podremos aspirar a lo menos malo y a
sufrir continuos desequilibrios y tensiones territoriales. Con estos
defectos de diseño, la financiación autonómica no se puede resolver sino
a base de tirones, de regateos bilaterales y de competencia entre
territorios que terminan casi siempre aumentando el gasto de nivelación
para tratar de contentar a unos y otros ante la falta de reglas
objetivas y comúnmente aceptadas.
Con nuestros
niveles de deuda y estando en un marco de integración supranacional que
nos impone severas restricciones y que limita muchísimo nuestra
capacidad de maniobra debería ser prioritario enfrentarse con
determinación y valentía a estos problemas. Si volvemos a lo mismo y
caemos en la tentación del regateo y la bilateralidad el resultado será
que continuarán aumentando las desigualdades, las ineficiencias y el
despilfarro y, lo que es peor, el enfrentamiento no siempre leal entre
comunidades.
El President Quim Torra lo ha dejado
bien claro hace unos días cuando se alegró de que el Presidente Pedro
Sánchez aceptara reactivar la comisión bilateral Estado-Generalitat y
cuando, al mismo tiempo, anunciaba que su gobierno no aceptaría
participar en el Consejo (lógicamente multilateral) de Política Fiscal y
Financiera del Estado sino sólo en relaciones bilaterales de
financiación.
Sería un gran error que el gobierno
central entrase una vez más en ese juego. Los problemas de España no se
pueden resolver haciendo trozos ni negociando privilegiadamente con la
parte que en cada momento sea capaz de imponer su fuerza, y mucho menos
si esto se logra mediante del chantaje o la prepotencia totalitaria,
como viene ocurriendo con los independentistas catalanes.
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