Un respeto decente al juicio de la humanidad
En el proceso contra los parlamentarios catalanes nos estamos
aproximando a la hora de la verdad tanto para el Ministerio Fiscal como
para el Tribunal Supremo
El prestigio de la justicia española está en juego. Pero el prestigio de la justicia no puede disociarse del prestigio del país
El prestigio de la justicia española está en juego. Pero el prestigio de la justicia no puede disociarse del prestigio del país
La suspensión de los
parlamentarios catalanes acordada ayer por el Juez Pablo Llanera estaba
descontada, por decirlo de manera comprensible. Se trata, además, de una
suspensión, que, de cumplirse el calendario que se está barajando,
sería relativamente irrelevante. Si a finales de año se celebra el
juicio oral y antes de que acabe 2018 o en los primeros meses de 2019 se
ha dictado la sentencia por el Tribunal Supremo, el alcance de la
suspensión temporal sería mínimo.
Lo que importa en
este momento es la decisión que adopte la Fiscalía en el escrito de
conclusiones provisionales respecto de la calificación jurídica de la
conducta de los querellados. Como la Sala de Apelaciones dejó claro en
el auto a través del cual otorgó firmeza al auto de procesamiento
dictado por el juez instructor, es el Ministerio Fiscal el que ejerce el
ius puniendi del Estado y, en consecuencia, es en el momento en que
redacte el escrito de conclusiones provisionales cuando sabremos de qué
delito acusa.
No se puede olvidar que en este caso Vox está personado
como acusación particular y, por tanto, es posible que, aunque el
Ministerio Fiscal modificara su posición inicial mantenida hasta la
fecha, la acusación particular mantuviera la suya. Pero a nadie se le
oculta que no sería la misma la posición de los querellados si la
calificación de su conducta como constitutiva del delito de rebelión la
hiciera el Ministerio Fiscal, que si la hiciera Vox exclusivamente.
Habrá que esperar hasta ese momento para ver si el Ministerio Fiscal se
reafirma o no en la posición mantenida durante la instrucción. En todo
caso, hasta después de que se haya practicado toda la actividad
probatoria que el Tribunal Supremo haya considerado pertinente, no se
procederá por parte del Ministerio Fiscal y de la acusación particular a
la formulación de las conclusiones definitivas. En ese momento es
posible incluso que el Ministerio Fiscal retire la acusación. No es
infrecuente que esto ocurra, aunque no es probable que suceda en este
caso.
Quiere decirse, pues, que nos estamos
aproximando a la hora de la verdad tanto para el Ministerio Fiscal como
para el Tribunal Supremo. El desarrollo del juicio oral y la sentencia
que se dicte es el espejo en el que se va ver reflejada la justicia
española urbi et orbi.
En la fase de instrucción ya
se han manifestado algunas reservas por parte de jueces y tribunales de
varios países europeos acerca de la forma de proceder tanto por parte de
la Fiscalía General del Estado como por parte del Juez Instructor.
Todavía no se ha producido la decisión definitiva de la Justicia alemana
y escocesa sobre la eurorden emitida en su día por el Juez Llanera,
pero el hecho de que no se haya producido ya es todo un indicador.
Pero es en el momento en que se dicte sentencia en el que la imagen de
la Justicia española quedará fijada de manera definitiva. Y en el que
se abrirá la vía para acudir a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional y, dependiendo de la sentencia de éste, ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hasta el momento el Tribunal
Supremo no ha tenido control alguno, excepto el los jueces europeos que
han tenido o están teniendo que examinar la eurorden dictada por el Juez
Instructor. Pero a partir del momento en que haya sentencia, sí habrá
control por la Justicia Constitucional en todo caso y, eventualmente,
por la Justicia Europea.
En la Declaración de
Independencia de los Estados Unidos se hace uso de una expresión que
creo que es pertinente traerla a colación a propósito de la sentencia
que tiene que dictar el Tribunal Supremo: un respeto decente al juicio
de la humanidad. Una decisión importante tiene que poder superar el
juicio de la opinión pública mundial. Su capacidad persuasiva tiene que
ir más allá de las fronteras nacionales.
Este es el
test al que va a ser sometida la sentencia que dicte el Tribunal
Supremo. Es el prestigio de la justicia española el que estará el juego.
Pero el prestigio de la justicia no puede disociarse del prestigio del
país.
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