Haz y envés de la prudencia en política
Corren tiempos en los que se acostumbra a ensalzar la osadía, la
resistencia y el sentido del espectáculo (la apariencia), como
cualidades que hacen triunfar al político. Todo ello tiene bastante que
ver con la noción de virtú, que Maquiavelo aconseja al
príncipe. Bastante menos buena prensa parece tener la prudencia, aunque,
la verdad, no hace falta estrujarse el cerebro para entender que esta es asimismo una condición indispensable para quien se dedica a la política.
Algunos tacharán de ingenua esta mención de la prudencia en
política, entendida como virtud, tal y como la explica Aristóteles
cuando habla de la frónesis en el libro VI de su Ética a Nicómaco.
Ahí la propone no ya como virtud, sino compendio de virtudes: suma de
buen juicio, el arte de la medida y de la oportunidad en el obrar, que
implica valor, templanza, justicia y sabiduría práctica. Pero lo cierto
es que en su ética también aparece una dimensión de la prudencia más humana
y aun se diría que pragmática, muy en consonancia con la tarea del
político: la virtud propia de aquellos cuyo saber “está ordenado a la
búsqueda de los bienes humanos” y así reconocen “lo que es beneficioso y
conveniente para ellos”. Esa dimensión pragmática de la prudencia es un hilo conductor de un subgénero literario multisecular, el de los libros de “instrucciones de príncipes” (speculum principis)
que, desde la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, alcanza su
culmen, probablemente, en el Barroco. Seguramente no pocos lectores
recordarán a este propósito las obras emblemáticas del murciano Saavedra
Fajardo y el aragonés Baltasar Gracián (Oráculo manual y arte de prudencia, 1647), pero también el Breviario de políticos (1684) del cardenal Mazarino y las Memorias
(1675-1677) de su adversario, el cardenal de Retz. Confieso que no
consigo entender por qué en un contexto como el nuestro, en el que la
apariencia es la reina en política –más allá de la virtud o del Derecho–
los gabinetes políticos y de comunicación parecen prestar tan poca
atención a las lecciones que nos dejaron esos escritores del barroco, la
corriente que enfatiza la engañosa apariencia frente a la oculta
realidad.
De modo que, ya sea virtud exigente o práctica utilitaria, parece claro que el político no debe dejar de tener presentes las exigencias de la prudencia.
Añadiré un matiz que no carece de interés, creo: la prudencia es
también una virtud, o, si se prefiere, un requisito exigible no sólo a
los políticos, sino a todos aquellos que son agentes del espacio público
y cuyas decisiones afectan a los ciudadanos. También en las actuaciones de jueces y magistrados, en correlación a la responsabilidad que sus decisiones comportan.
Prudentes e imprudentes en un episodio de actualidad
La importancia de la prudencia me parece evidente en un caso que
ocupa la actualidad. Me refiero a lo que se conoce como caso Begoña Gómez (en realidad, buena parte de quienes lo han alimentado desde el principio apenas ocultan su designio de que sea caso Pedro Sánchez, aunque también los hay que hablan de caso Peinado),
en el que informaciones supuestamente periodísticas sobre actuaciones
de la esposa del presidente, parecen la trama para sostener que
estaríamos ante un ejemplo de prácticas corruptas, delictivas, en el
seno de La Moncloa. Se trata de actuaciones que, hasta donde se sabe por
ahora (porque el procedimiento que instruye el juez Peinado, que parece
interminable, suma cada día nuevos elementos y resulta como mínimo muy
poco ortodoxo en lo que se refiere a la observancia de criterios
procesales), tienen todo el aspecto de libelos urdidos en buena medida por actores vinculados a la ultraderecha,
por más que existan aspectos que han llevado a la Audiencia Provincial
de Madrid y a la Fiscalía Europea a autorizar y emprender
investigaciones, respectivamente. Y recordemos que las decisiones del
juez titular del juzgado 41 de plaza de Castilla, el Sr. Peinado, son
susceptibles de recurso y revisión.
Huelga decir que la utilización de bulos y medias verdades que
afectan a familiares de políticos, para atacar al personaje político que
se quiere derribar, es rechazable en todos los casos. Este que, evidentemente, tiene como objetivo al presidente Sánchez, no es el primero y los ha habido respecto a políticos de diverso signo.
Recordaré, por ejemplo, entre los más recientes, las informaciones
maliciosas y bulos sobre el político de CiU y Junts, el exalcalde Trias,
o la deleznable campaña interna en ERC contra los Maragall. Es verdad
que hay asuntos más graves, de los que se viene hablando varios años y
de los que parecen emerger pruebas fehacientes en estos días: me refiero
a las informaciones que parecen confirmar que se ha buscado la destrucción del adversario político
por medios delictivos que implican a las cloacas del Estado, a
propósito de políticos de Podemos y del espectro independentista.
Esperemos que se nos informe fehacientemente a todos los ciudadanos
acerca de esa barbaridad. Y que sus responsables sean castigados como
corresponde.
Todos los partidos deberían renunciar a
servirse del ámbito de lo privado para ganar terreno en la contienda
electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el
amor, ni tampoco en la política, todo vale
Dicho esto, volviendo al caso que afecta a la esposa del presidente, se impondrían a mi juicio un par de consideraciones que tienen que ver con la prudencia y con el respeto a reglas elementales que dicta esta virtud o condición exigible al político.
La mujer del César no sólo debe ser honrada, sino parecerlo
Todos recordarán que la tradición republicana romana acuñó ese dictum sobre la necesidad de que el entorno familiar del gobernante observe una apariencia honrada (parece que la frase, “Mulier Caesaris non fit suspecta etiam suspicione vacare debet”
es atribuible a Plutarco, más que al propio César). A mi juicio y por
lo que sabemos hasta ahora, la conducta de la esposa del presidente no
ha sido ilegal, es decir, no ha incurrido en delito alguno. Es verdad
que esta afirmación ha de ser enunciada con prudencia, porque hay un
procedimiento judicial en curso. Aunque algunos consideren que su
proceso es un ejemplo de lawfare, y tomando pie de la peculiarísima instrucción del procedimiento que
está llevando a cabo el juez Peinado hayan trazado incluso un perfil
que lo presenta como cómplice de la estrategia de la extrema derecha, lo
cierto es que la Audiencia Provincial de Madrid ha validado una parte
del procedimiento y que la Fiscalía Europea ha iniciado investigaciones
que tienen que ver con ello. Por tanto, conviene no pronunciarse
categóricamente pues, pese a los argumentos de la defensa de la señora
Gómez, que entiende que se trata de una suerte de “causa general”
partidista, que encubre un vacío jurídico, creo que no disponemos de
todos los elementos de juicio.
Debo decir, en todo caso y a propósito de las reglas de conducta
que aconseja la prudencia política, que creo que la señora Gómez no ha
sido lo prudente que debiera: por ejemplo, a mi juicio, no debió
escribir cartas de recomendación para un empresario amigo y colaborador,
que licitaba ante la administración. No son ilegales, en absoluto, pero no queda bien que la esposa del presidente avale a alguien que licita por fondos públicos y
que es socio de ella en algunos proyectos. Por razones de prudencia,
asimismo, tampoco debió convocarlo ni recibirlo en reuniones en La
Moncloa para tratar sobre negocios o proyectos lícitos, sí, pero que
debían haber sido objeto de conversaciones y negociaciones fuera del
recinto presidencial. Y la prudencia política habría aconsejado no
convocar ni recibir en La Moncloa a las autoridades universitarias de
las que pretendía obtener una resolución favorable a su proyecto de
cátedra de mecenazgo. Añadiré que me parece que puede aceptarse, por
razón de educación y cortesía, que el presidente, si estaba en La
Moncloa, saludara a quienes se han reunido con su esposa en esas
ocasiones. Otra cosa sería que hubiera participado en tales reuniones:
confío en que no haya sido así. Y, en cualquier caso, quizá debía haber
aconsejado a su esposa que no realizara esas reuniones en La Moncloa,
para evitar lo que ha pasado después, todos los bulos e infundios que
están arrojando sobre él y la señora Gómez.
Subrayaré que, en mi opinión, parece que han sido muy poco
prudentes el empresario en cuestión y aún menos las autoridades
universitarias de la Complutense, al aceptar acudir a La Moncloa para
mantener esas reuniones y negociaciones. Creo que hay dudas acerca de si
ha sido prudente el procedimiento seguido para conceder una cátedra de
mecenazgo a una persona que, al margen de su inteligencia y capacidades,
de las que no dudo, no tiene titulación universitaria adecuada para esas tareas y, además, es la esposa del presidente del Gobierno.
Por cierto, no me resisto a subrayar la deriva a la que están llegando
las denominadas cátedras de mecenazgo, algo que, como profesor
universitario, me parece muy de lamentar. Que un rector declare que no
se requiere titulación universitaria alguna para desempeñar cátedras de
ese tipo es un verdadero disparate.
De cualquier modo, me parece que, si hay reuniones de negocios de la esposa del presidente en La Moncloa, es lógico que la prensa quiera informar y que los ciudadanos sepamos de qué se trató.
La señora Begoña Gómez tiene, sin la menor duda, todo el derecho a
trabajar en lo que le parezca, y a desarrollar su carrera profesional,
pero desde la prudencia a la que le obliga su condición de esposa del
presidente, que no es un dato que carezca de relevancia pública.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno; lo malo, si poco, no tan malo (Gracián)
La segunda consideración se refiere a otra cuestión que atañe
también a la prudencia política y a la dignidad institucional en el
ejercicio de cargos tan importantes como el de ministro de un gobierno.
Porque, a mi entender, es sumamente discutible la pertinencia y profusión de las intervenciones de ministros del Gobierno
en defensa de la esposa del presidente. También me parece un error,
aunque de otro calibre, muy distinto, que líderes y cuadros del partido
socialista hayan hecho bandera de la defensa de la esposa del
presidente. Empecemos por esto último.
Es verdad que, en el fragor de las campañas electorales, no se
atiende demasiado a consideraciones de prudencia. Pero es que en la
campaña de las recientes europeas pudimos asistir –por mi parte, lo
reconozco, con verdadero estupor– a la presencia de la señora Gómez como
gancho electoral en mítines y a la movilización del partido en su
defensa, con el slogan electoral “todos con Begoña”. Insisto, ¡en unas
elecciones europeas! Es decir, la estrategia se centró en la conducta de
la señora Gómez. Bien es verdad que la iniciativa de usarla como arma
electoral se la apuntó la derecha, para presentar la acusación de
“corrupción en el seno de La Moncloa” y así exigir una vez más la
dimisión del presidente. Pero es que, a su vez y como respuesta, los
estrategas electorales del partido socialista aceptaron el envite y se
recurrió al nombre de la esposa del presidente como un arma con rédito electoral, para ilustrar el fango de
la extrema derecha y suscitar una emoción de adhesión a quien sufre un
acoso injusto y desmedido. Y así este asunto pasó a primer plano en la
campaña, en detrimento del debate sobre asuntos de política europea
relevantes como la política migratoria y de asilo, la política
medioambiental, la autonomía energética y de defensa, o la toma de
posición ante la guerra a sangre y fuego de Putin en Ucrania y de
Netanyahu en Gaza.
Puedo entender que militantes y aun dirigentes del partido se crean en la obligación de la defensa del presidente del Gobierno y secretario general del partido.
Hablo, por cierto, de un partido –en este caso el PSPV-PSOE– en el que
milito y he tenido el honor y el orgullo de que me incluyera en sus
listas electorales al Senado, y de desempeñarme como senador en la XIII y
XIV legislaturas. Lo hago constar por si algún lector no lo sabe y me
malinterpreta. Lo reitero: me parece lógico y comprensible que en el
seno del partido se crea necesaria la defensa del honor y la integridad
del secretario del partido y presidente del gobierno, y puedo comprender
que se haga incluso más allá de lo prudente.
Pero lo que me parece contrario a exigencias elementales de la
prudencia política es que ministros del Gobierno incurran en el error de
erigirse en defensores en la causa seguida contra la señora Gómez,
esposa del presidente. Y aún peor, que se multipliquen sin ninguna
contención (imprudentemente) en expresiones de auténtico hooliganismo,
del populismo más simplón, como lo hace la vicepresidenta primera del
Gobierno al incurrir en ese nada infrecuente desdoblamiento de
personalidad que le lleva a actuar demasiadas veces como una suerte de groupie, ajena a la dignidad institucional del importante cargo que desempeña. No hablo del ministro que ejerce como tuitero de guardia, el señor Puente, que está para eso según parece.
Pero me parece poco compatible con la dignidad institucional de miembro
del Gobierno y con la necesidad de diferenciar lo privado y lo público
el hecho de que se multipliquen las intervenciones de diferentes
ministros que se arrogan el papel de defensores de la señora Gómez,
desde La Moncloa y en rueda de prensa del consejo de ministros, o en
actos oficiales, aunque reconozcamos, insisto, que el argumento de fondo
es la defensa del propio presidente. Añadiré que me desconcierta en
particular el hecho de que el ministro de Justicia –de Justicia– entre
de continuo en la descalificación de la actuación del juez Peinado.
Tenga la opinión que tenga sobre el juez y sobre el procedimiento, es
ministro de Justicia: no puede ni debe comentar las actuaciones
judiciales.
Insisto en que entiendo que al propio presidente del Gobierno le
indigne y le duela cómo están usando el nombre de su esposa con tal de
denigrarle a él (aunque no me pareció acertada la estrategia del
silencio de cinco días y la famosa carta) y entiendo que a los miembros
del Gobierno les parezca necesario defender al presidente. Pero la
esposa del presidente es autónoma, es mayor de edad, es una persona con evidente capacidad para defenderse ella sola y, en su caso, como ahora, mediante su abogado.
Tiene derecho a la presunción de inocencia y a guardar silencio en
juicio, los mismos que asisten a todos los ciudadanos; faltaría más.
Personalmente, espero y confío que doña Begoña Gómez salga indemne de
este procedimiento judicial. De lo que ya no sale indemne es de la “pena
de telediario”. Pero reconozcamos también que hemos llegado a un punto
en que intentar cortocircuitar toda información sobre ese procedimiento
parece poco compatible con usos democráticos básicos. La libertad de
prensa es pieza indispensable de la democracia. Los ciudadanos tenemos
derecho a una información veraz y plural.
En todo caso, creo que todos los partidos deberían renunciar a servirse del ámbito de lo privado –si
se trata de lo privado, claro– para ganar terreno en la contienda
electoral. Por mucho que se repita el tópico, ni en la guerra, ni en el
amor, ni tampoco en la política, todo vale. A todos nos hace falta la
prudencia que aconseja reflexionar antes de hablar, medir el efecto que
pueden causar nuestras acciones y contar hasta cien, antes de dar rienda
suelta a la indignación frente al otro.
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Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de València.
