La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tiene claro que su objetivo en el Gobierno valenciano es mejorar la vida de las personas. Define su departamento, el primero en vincular Igualdad a la vicepresidencia, como "la conselleria de los cuidados", concibe la legislación como una herramienta para que las personas tengan "una vida más fácil y más feliz".
Oltra, que también tuvo reuniones de trabajo desde la cocina durante el confinamiento y se le han colado sus mascotas en las videoconferencias, cree que la oportunidad del teletrabajo no puede ser una nueva reclusión para las mujeres en el domicilio. Su departamento comenzará a trabajar con colectivos y entidades el proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres, una ambiciosa norma que quiere expandir el ecofeminismo y la interseccionalidad –el análisis de las distintas opresiones: de género, de raza, de clase– a todos los aspectos de la vida.
¿Cómo prepara el Gobierno valenciano este 8 de marzo?
Como siempre, desde un punto de partida reivindicativo, pero este año con un elemento complementario y esencial en esta legislatura, ya que se da el pistoletazo de salida para la nueva ley de igualdad entre hombres y mujeres que forma parte de los objetivos de esta legislatura. Comenzará la audiencia previa para recoger el sentir de la ciudadanía sobre qué aspectos deberían incluirse.
Todavía no hay un documento base. ¿Van a empezar a trabajar sin borrador?
Efectivamente. Cuando empiezas a trabajar con un borrador estás condicionando la participación previa y no es el espíritu de participación ciudadana que defiende la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El espíritu es que sin apriorismos las asociaciones feministas puedan aportar su visión sobre qué debería incorporar la ley. Obviamente, hemos trabajado temas, pero queremos pulsar el sentir de la ciudadanía.
La ley de Igualdad autonómica data de 2003. ¿Qué campos conviene actualizar? ¿En qué ejes trabajan?
Entendemos que los principios básicos de la ley tienen que pivotar sobre la igualdad, la libertad, la inclusión, la no discriminación y la equidad. Queremos que la ley tenga un enfoque desde la interseccionalidad: no son los mismos problemas los de una mujer de clase media-alta, con trabajo cualificado y estudios superiores, que los de una mujer sin trabajo, racializada y sin cualificación profesional; de una mujer migrante o de una una que no lo es, o de cualquier otra circunstancia que a la discriminación por razón de sexo o género añada otras discriminaciones.
Queremos que los dos ejes que inspiren la ley sean el feminismo y la armonización con el planeta, esto que se ha llamado ecofeminismo pero que tiene que ver con la necesaria armonía que tiene que haber entre el medio que nos acoge y la perspectiva feminista. Esto tiene que ver con muchas cuestiones, desde un urbanismo feminista, donde la ciudad no se conciba de una forma antigua, sino que ponga la vida en el centro, una ciudad más preparada y resiliente a la emergencia climática. Obviamente hay un eje fundamental que es la redistribución de la riqueza, no puede ser que la desigualdad vaya creciendo más y más.
Otro eje es el de poner los cuidados en el centro: no hay sociedad humana en la que no hayan existido los cuidados. Hay antropólogas que plantean que el salto del ser humano es el de los cuidados, a raíz de un hallazgo en el que una persona había sobrevivido a una rotura de fémur, que demuestra que a esa persona la cuidaron. Hemos tenido distintos sistemas económicos –feudal capitalista–, pero no sociedades humanas donde los cuidados no estuvieran presentes. Y eso que es esencial para el sostenimiento de la vida, ni tiene un reflejo en el PIB, ni en los análisis macroeconómicos.
Otro gran eje es el de la distribución del tiempo, los usos del tiempo. Igual que hay que redistribuir los recursos económicos hay que redistribuir el tiempo y eso tiene mucho que ver con la corresponsabilidad, con el tiempo público y privado. Y el último, los derechos de las personas a ser; que no pueda haber ninguna discriminación por razón de sexo, género, identidad y orientación sexual. Somos conscientes de que es complejo, pero son los enfoques que le queremos dar.
Esta semana se ha celebrado el día por la igualdad salarial. Hablamos de diferencias económicas, de cambios en el uso del tiempo y de cambios en el sistema de trabajo. Eso requiere un cambio profundo de sistema. Se habla ahora de la jornada de cuatro días, del aumento del salario mínimo. ¿Cómo se puede articular?
Las medidas económicas son fundamentales y desde el marco de nuestras competencias obviamente hay que abordarlas. Hay que abordar la semana de cuatro días o 32 horas, y eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza y del tiempo, de tener más tiempo sin perder productividad para ser, para compartir, para criar, cuidar, cuidarnos; más tiempo personal.
Pero tendremos que ver cómo hacerlo para que esto no derive en menos horas de trabajo remunerado y más horas de trabajo no remunerado.
Siempre y cuando [la jornada de los cuidados] sea compartida, de eso se trata. De dibujar una sociedad menos trabajocentrista. Que los cuidados, imprescindibles para la sociedad humana, tengan el valor que tiene que tener. Solo en la medida en la que los hombres se incorporen a esos cuidados a niveles equitativos se pondrán en valor.
Resulta curioso que los cuidados fueran declarados esenciales en el primer decreto del estado de alarma por la pandemia y sin embargo sean los más precarizados y los más feminizados, que suele ir de la mano. Parece que ni aun siendo esenciales los hemos puesto en valor.
Yo creo que sí se han puesto en valor. No económicamente, porque tendrían que estar mucho mejor remunerados, pero se han puesto en valor al declararlos esenciales, porque sin eso no hay vida. Puedes prescindir de un bróker de la bolsa para vivir, pero no del que cultiva la tierra, de la que cuida, de la que enseña, de la que cura, en una residencia o en un centro de salud. Y lo pongo en femenino porque mayoritariamente lo hacen mujeres.
Volviendo a la brecha salarial. El Gobierno central aprobó un decreto hace unos meses por el que hace obligatorio para las empresas publicar los registros salariales. Aquí, ¿qué medidas se pueden impulsar para acabar con esta brecha económica?
El registro, sobre todo, lo que hace es evidenciar la brecha. Lo primero para avanzar es evidenciar algo que es invisible. Tener un día al año que lo reivindica es relativamente reciente; esto forma parte de una sociedad que todavía es muy desigual. Creo que hay que establecer medidas positivas que premien a aquellos ámbitos, empresas, sectores, en las que haya igualdad o menos diferencia, o un esfuerzo decidido para cambiar. A veces te dicen, sobre la brecha: 'es que está prohibido por ley', pero donde se escurre la brecha salarial es en la categorización de los puestos; en la pregunta de por qué un señor que repone botes cobra más que una señora que repone verdura; que uno tenga una categoría salarial más alta que la otra cuando los dos reponen género.
En lo que respecta a los cuidados y la cuestión económica tiene que ver también la cuestión de los roles. Las mujeres vamos hacia determinadas profesiones –más precarizadas– relacionadas con los cuidados porque parece que sean una extensión de nuestro ser, porque parece que asumimos ese rol en lo personal y lo profesional. ¿Cómo se puede trabajar ese cambio de roles?
Queremos abordar en la ley que se promueva más el acceso al sexo o género contrario a la mayoría de personas que trabajan en ese sector. Igual que promocionamos que las chicas se decanten por carreras STEM –ciencia, matemáticas, tecnologías–, que están muy masculinizadas, hay que promocionar que los chicos estudien grados o FP que tengan que ver con los cuidados. Es un doble camino; no podemos quedarnos con que las mujeres vayan a campos masculinizados, hay que hacer el camino inverso. Porque hasta que ellos no cuiden, no será una actividad de prestigio. Las carreras STEM no son más prestigiosas por su esencialidad; son más prestigiosas en la medida en la que están masculinizadas. Cuando las mujeres han accedido mayoritariamente a una profesión, esa profesión ha dejado de conceptuarse como profesión de prestigio. La carrera judicial, la medicina... en el acceso, las mujeres superan a los hombres. Y en esa medida en la que accedemos se desvía el prestigio hacia aquellas carreras masculinizadas, porque se asocia el prestigio a que sean ejercidas mayoritariamente por hombres. Esta dialéctica hay que invertirla; el mensaje del patriarcado que subyace es: si lo pueden hacer ellas, lo puede hacer cualquiera. Muy caricaturizado, pero es así.
Y si queremos trabajar por una sociedad que ponga los cuidados en el centro no podemos vaciar de prestigio ese tipo de trabajos.
Sí, pero lo hará en la medida en la que se incorporen los hombres. Porque como ellos todo lo que hacen es muy importante, en la medida en que lo hagan empezará a ser importante.
Su conselleria es, en cierto modo, la conselleria de los cuidados. Hablamos de infancia, de vejez, de dependencia, de inclusión. ¿Desde lo público, cómo se puede trabajar para dignificar esos cuidados?
A mí me gusta más llamarla la conselleria de la vida, porque abarcamos todas las etapas y procuramos sostener la vida. ¿Cómo se puede hacer? Como lo estamos haciendo. Hicimos depender Igualdad de la vicepresidencia, cosa que se ha copiado en el Gobierno de España; tuvimos el primer gobierno paritario, hemos ampliado la red valenciana de igualdad -pasando de 35 personas a más de 100-, incluimos los planes de igualdad en las empresas como cláusula social para acceder a la contratación público. Respecto a los cuidados, creo que es importante la red de dependencia, tenemos más de 100.000 personas en el sistema, que pone los cuidados en el centro. Hemos bajado a un tercio la lista de espera que nos encontramos; mejorado las prestaciones para que cuidar no se convierta en una carga, hemos creado la asistente terapéutica infantil, porque cuando quien tiene dependencia es un niño la cuidadora es la madre y esto favorece que no tenga que renunciar a su carrera profesional. Antes de que el Gobierno lo hiciera, equiparamos los permisos de paternidad y maternidad; equiparamos los derechos de las familias numerosas a las monoparentales, que la mayoría son monomarentales, con una mujer al frente. La renta valenciana de inclusión es una herramienta fundamental de cuidarnos unos a otros; tenemos una sociedad que teje la red para que nadie se caiga. Estamos trabajando en la capacitación de las mujeres cuidadoras en el ámbito profesional, para que una cuestión personal se convierta en una oportunidad laboral. Creo que se está trabajando mucho para poner esas 'tres C': criar, cuidar, curar, y ponerlas en el centro, dotarlas de prestigio para que adquieran el valor que tienen.
¿Ser la titular de la conselleria de las 'tres C' es un rol que en el Gobierno pasa factura?
Creo que se está entendiendo por el conjunto del Consell, y muchas políticas se están copiando en otros gobiernos. Es obvio el compromiso del Consell con estas políticas cuando el presupuesto se ha duplicado en estos cinco años. Hemos pasado de esos 780 millones a más de 1.900 y eso es un compromiso colectivo, no es un logro personal.
Hace unas semanas se reprochó a la portavoz del PP ciertas declaraciones sobre mujeres que manipulan al presidente. A Ximo Puig también se le ha reprochado una actitud condescendiente respecto a Isabel Bonig. El portavoz socialista en las Corts Valencianes, cuando se le preguntó sobre las discrepancias con usted respecto a las medidas sanitarias, dijo que su mujer también pensaba no sé qué... ¿En la política y en el periodismo, hace falta una reflexión?
Esa reflexión hace falta siempre. Para todos y para todas. Vivimos en inmersión en una sociedad patriarcal y machista. Y todos y todas nos hemos impregnado de esto. Esa reflexión, el hacer consciente esas actitudes propias en cualquier ámbito de la vida y en cualquier profesión, es necesaria. Por eso es tan importante que la administración incorporaran que cada norma lleve aparejado un informe de perspectiva de género. Seguimos teniendo la necesidad de autoanalizarnos y de quitarnos esos tics que en algún momento tenemos y las tendencias a reproducir esquemas patriarcales. Yo creo que no tenemos que sentirnos culpables, salvo que se trate de un machismo consciente, pero a todos nos pasa y nos va a pasar. Se trata de ir deconstruyendo esos tics que hemos aprendido.
Esa forma de ser, esa manera correcta de ser hombres y de ser mujeres que nos empapa desde edades tempranas, ¿cómo puede deconstruirse?
Con análisis y desde la conciencia. Pensar si esto que he dicho no tiene un componente que reproduce roles. Como en el caso del relato de las mujeres malas; ese pensar que seguro que hay una mujer detrás de un hombre para influir de manera ladina, para arañar sigilosamente aquello que quiere. Es uno de los mensajes del machismo. Hay que ser consciente y en la medida de lo posible no contribuir a ese relato de las mujeres malas, ese estereotipo de que siempre competimos contra nosotras. Pasa por la conciencia y la cultura feminista.
¿De cara a educar a las nuevas generaciones, cómo se corrigen esos tics?
Educar en igualdad es hacer conscientes las cosas que tienen que cambiar. Sobre todo cuando detectas que puede venir un mensaje estereotipado, sexista, corregirlo en casa. En el sistema educativo, con los currículos de educación en igualdad; se trata de que los niños y las niñas aprendan que hay que construir relaciones igualitarias, respetuosas, que el cumplimiento del deseo no puede ser ilimitado, que hay que tener tolerancia a la frustración... y perspectiva de género. Probablemente lo que haya que trabajar en niños y niñas sea diferente. Probablemente a las niñas hay que acompañarlas y educar en que su deseo no tiene que supeditarse al de su compañero varón; desde jugar en el patio hasta las relaciones interpersonales.
Hablábamos antes del trabajo desde casa. Una de las cuestiones que ha puesto de manifiesto la pandemia es la diferencia en los espacios por sexo; ellos en el despacho, ellas en la cocina, titulaba un reportaje hace poco. ¿El teletrabajo, el trabajo doméstico forzado, ha sido una trampa para las mujeres?
Hay que trabajar para que no se convierta en una trampa. El teletrabajo no puede llevar a que a las mujeres se nos vuelva a recluir en casa y que, ya que estás en casa, que se queden los niños contigo también. Hay que avanzar en la escolarización, en la red pública de 0 a 3 años, en la corresponsabilidad en las tareas. La idea es que el teletrabajo no sea una reclusión, el trabajo tiene un factor socializador importante. La oportunidad del teletrabajo no se puede convertir en una amenaza para las mujeres.
También hablábamos de la igualdad en la representación. La ley electoral que se trabaja en las Corts Valencianes introduce algunas cuestiones. ¿Hablamos de paridad, de cuotas?
Hará una referencia a otras leyes. En la legislatura pasada ya se planteó la paridad en todos los ámbitos. En la proposición de ley electoral también está previsto y en la actual viene determinado por la ley electoral general. En los cargos estatutarios también se aprobó la legislatura pasada.
Entonces, los avances irán más allá del ámbito público.
Hablamos sobre todo de consejos de administración, de las empresas... Nuestro ámbito competencial nos deja llegar hasta donde nos deja, pero podemos establecer, por ejemplo, que las empresas que tengan al menos un 40% tengan puntos. En los ámbitos autonómicos funciona la promoción; la regulación es competencia exclusiva del Estado. Se trata de seguir avanzando en que las empresas que mejor lo hacen en materia de igualdad tengan más ventaja a la hora de acceder a la contratación pública.
A mí en general las discusiones nominales o las discusiones conceptuales abstractas, que tienen poco que ver con la vida de la gente, me parece que muchas veces son tierra yerma; acaban siendo estériles. Creo que al margen de que se pueda mejorar el borrador en aspectos concretos, la clave es quién decide sobre la vida de quién; quién tiene derecho a decidir sobre la vida de quién. Es el derecho a ser y a tener tu identidad y si para eso alguien te tiene que tratar de enferma, de estigmatizarte, decidir quién eres tú. A mí no me definen como mujer ni mis genitales, ni mis órganos de reproducción, aunque forman parte de mi conjunto de ser mujer. Pero me define también lo que pienso y lo que siento; mi identidad, lo que yo pienso y siento que soy. En 2019 se despatologizó, igual que en los 90 se dijo que la homosexualidad no es una enfermedad, se dijo que esto no es disforia de género, en todo caso es discordancia. Que tu género sentido no concuerda con tu cuerpo físico. Ahí está la clave: ¿Vamos a respetar esto que dicen las legislaciones más avanzadas del mundo o vamos a seguir diciendo a las personas trans que son enfermas, a hacer su vida más difícil? Creo que las leyes tienen que servir para hacer la vida de la gente más fácil y más feliz.
¿Cree que al Ministerio de Igualdad le ha faltado más pedagogía y trabajo en este borrador?
Es que este borrador partía de un consenso previo en el Congreso de los Diputados. Y se ha seguido esta senda que las comunidades autónomas ya hemos incorporado a nuestros ordenamientos, sobre todo la despatologización y la autoidentificación: que por mí no tiene que decidir nadie, ni por mi orientación sexual, ni por mi identidad sexual. Forma parte de la parte más íntima de las personas. Creo que lo que hay detrás es un movimiento de control del conjunto del movimiento feminista, que obviamente tiene miradas plurales, diferentes, todas respetables y feministas.
Parece que uno de los debates que se cruza sobre la ley, según lo plantean algunas feministas, es si cuando se da esa discordancia de género se arregla el cuerpo o se arregla la sociedad que te encasilla en la forma correcta de ser hombre o ser mujer.
¿Y cómo lo hacemos? ¿Con terapias de conversión, que afortunadamente hemos prohibido? La cuota de suicidio de las personas trans están por encima de la media, los adolescentes siguen sufriendo en los centros educativos, los niños trans reciben palizas... No sé, no me parece una perspectiva demasiado feminista, entra más bien en esa virulencia del patriarcado, de que tú tienes que vivir como yo pienso. Eso es muy patriarcal: imponer a los demás tu forma de ser, tu forma de sentir o tu cosmovisión.
Al final el punto común es la abolición de los roles de género.
Claro, buscas abolir los roles de género, los roles estereotipados, pero si nos tenemos que esperar a abolir el género para que las personas trans tengan derechos, igual nos engulle antes el sol. Hagamos una ley, artículo único: abolimos los roles de género. ¿Habremos avanzado algo? También la Constitución dice que no puede haber discriminación de sexo y seguimos sin haber avanzado, seguimos con la violencia sexual y de género. Las leyes, en su momento concreto, tienen que establecer las bases, pero no se puede confundir el horizonte con una ley; no por poner un artículo con el horizonte habremos llegado. Se cambia mucho antes una ley que una mentalidad; se cambia mucho antes una ley que una inercia.
Hace unos meses que se tendría que haber presentado la Estrategia Valenciana contra la Violencia Sexual, ¿cómo está esa cuestión?
El objetivo era presentarla en noviembre, pero aún se están perfilando algunas cuestiones. Se quiere que tenga el mismo formato que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, que cada parte asuma compromisos, es un pacto muy plural con muchos agentes y se está acabando de trabajar.
La medicina avanza, del mismo modo que la vida y como no puede ser de otra manera, también la homeopatía. La homeopatía clásicamente se ha administrado en gránulos, en gotas, que no dejan de ser una presentación farmacéutica del medicamento homeopático. Pero existen otras muchas opciones como pueden ser las cremas, los geles, los glóbulos,[…]
Leer MásLa multisecular historia del reconocimiento de los derechos, tanto en lo relativo a la extensión de sus titulares como en lo que se refiere a la ampliación de su catálogo, ofrece una lección constante: siempre ha existido una minoría que los posee en calidad de privilegios, incluso si no son conscientes de ello, y que, por eso mismo, ofrece una feroz oposición al cambio. Es lo propio de quienes no quieren perder sus privilegios. Con mucha frecuencia lo hacen mediante la apelación al miedo, reforzado por la ignorancia y el prejuicio. Sin olvidar que, en no pocas ocasiones, la resistencia a esa ampliación de derechos o de titulares de derechos nace de la inconsciencia o ceguera de muchos de esos privilegiados, ante la reivindicación que hacen los demás de alcanzar esos mismos derechos. Es, por ejemplo, el caso de tantos de nosotros, los hombres, que todavía hoy no acertamos a entender algunos de esos privilegios “naturales” y cotidianos de los que disfrutamos frente a las mujeres, como el de no sentir miedo a caminar solo de noche, por no hablar de otros de mayor entidad.
De esa lección se desprende otra: a lo largo de la historia, para la inmensa mayoría de los seres humanos, conseguir ser incluidos como titulares de derechos iguales ha sido posible únicamente mediante procesos de luchas sociales, con un coste enorme, también en vidas. Del movimiento obrero al sufragismo femenino pasando por la abolición de la esclavitud, la superación de la lacra del racismo o la liberación del colonialismo, los ejemplos se multiplican. Los derechos se alcanzan mediante una lucha constante por ellos. Y en esas luchas, se está combatiendo no sólo por los directamente afectados, sino por todos los seres humanos como titulares de derechos.
Pero la lucha por los derechos implica sobre todo, como comprendieron primero los humanistas y luego los ilustrados, un enfrentamiento radical de dos bandos: el del conocimiento, la ciencia y la educación, contra el que recurre a la ignorancia, el prejuicio y el miedo. Incluido el miedo al cambio, a los cambios en los hábitos y prácticas sociales. Recordemos el lema del concurso que Federico II, a instancias de Voltaire, hizo que convocara la academia de Ciencias de Berlín en 1778: ¿conviene engañar al pueblo por su propio bien?
El Progreso en el conocimiento y en el acceso universal al saber, que es posible gracias a la ampliación del derecho a la educación, son palancas clave para vencer la resistencia a las transformaciones sociales que oponen quienes, insisto, tienen más que perder en ello: sus privilegios, su sistema de dominación, ayudados por esa alianza nada santa entre las Iglesias y las élites de poder, para mantener al pueblo, a los ciudadanos de a pie, en una permanente minoría de edad.
Aun con todo eso, lo cierto es que, además de esas palancas, fue necesaria una revolución de cuyo fundamento se habla demasiado poco, a mi juicio, con notables excepciones, como este reciente discurso del ministro de Cultura y secretario de Laicidad de la Ejecutiva del PSOE, J.M. Rodríguez Uribes, La laicidad, religión de la libertad, que dio lugar a una reacción en tromba de los obispos españoles. Me refiero a la política de laicidad. A mi juicio, el alma de la democracia consiste precisamente en eso, en una política de laicidad, que consiste en la igual libertad de todos, en el reconocimiento de la mayoría de edad de los ciudadanos para decidir sobre su propio destino, sin sumisiones a poderes ajenos ni a mandatos que, por sagrados, son ajenos e inalterables.
Por eso, con Ranciére, entiendo que la democracia, que es sobre todo “el trabajo constante de democratización de la política”, significa el mejor antídoto del discurso del miedo, la ignorancia, la superstición y el engaño en política, antídoto también frente al discurso de la minoría de edad del pueblo, de los ciudadanos. Su lógica es la del ideal ilustrado de la emancipación, pero también la de la igual libertad de todos los ciudadanos frente al discurso de desigualdad de todos los “cerdos Napoleón” que, al decir de Orwell, jalonan la historia de la política como arte de dominación. Una lógica que, trabajosamente y sobre todo desde la segunda mitad del sigo XX, consigue poco a poco extenderse y desarrollarse en un número cada vez mayor de Estados, aunque este no sea en modo alguno un proceso irreversible, como venimos comprobando en este segundo decenio del siglo XXI. A esa lógica se unió, desde el fin de ese abismo al que se asomó la humanidad, las dos guerras mundiales, un nuevo impulso nacido de la conciencia de ese peligro. Me refiero a la construcción del sistema de las Naciones Unidas, con su arquitectura de derechos tendencialmente universales, garantizados por un sistema de Convenciones, y que ha impulsado una profunda y decisiva innovación: el reconocimiento de derechos específicos para grupos vulnerables: mujeres, niños, inmigrantes, discapacitados....
En no poca medida, asistimos hoy a la enésima representación de la dificultad de esos procesos de cambio en el reconocimiento de derechos, de enfrentamiento con quienes no han entendido la política de laicidad. Me refiero a intentos de enrarecer a mi juicio el necesario debate sobre la proposición de ley de eutanasia que transita en estos días por el Senado. Era de esperar la resistencia que ofrecen no pocos sectores sociales ante la introducción como derecho de la prestación de asistencia médica para adelantar la muerte, incluso si para el reconocimiento de este derecho se disponen en la ley una importante conjunto de requisitos, procedimientos y reglas para garantizar el ejercicio de ese derecho, que siempre debe partir de la voluntad libre del propio paciente, porque la ley no impone la muerte a nadie. Y, menos aún, impone un procedimiento de muerte aplicado de modo subrepticio, repentino y ajeno a la voluntad.
Es lógico que, ante la influencia que todavía tienen en nuestro país quienes se arrogan la última y sagrada palabra sobre la vida y la muerte, instalados en las verdades indiscutibles de sus dogmas, que quieren trasladar no ya a sus fieles, sino a la sociedad civil toda, aunque ésta sea cada vez más abiertamente plural y laica, se necesite una labor de pedagogía que acompañe a esta norma. Pedagogía para disipar los temores que pudiera crear, pese a que su objetivo proclamado es, insisto, poner a disposición de todos –de cualquiera que lo necesite– un nuevo derecho, que en modo alguno se va a imponer a ninguna persona o grupo. Por esa necesaria pedagogía se ha querido que esta ley sea garantista. Incluso, hipergarantista, como han señalado con argumentos no desdeñables algunas voces críticas, ante la existencia de un comité de garantía y evaluación que actúa a priori y no se limita a constatar la existencia de voluntad inequívoca y reiterada de ejercer este derecho por parte del paciente sino que revisa la formulación de esa manifestación de voluntad, incluido el proceso deliberativo que el paciente debe mantener con el médico responsable del proceso y puede incluso rechazar la solicitud. Pero ante la aparición de un nuevo derecho como éste y al menos en la primera etapa de su puesta a disposición, conviene extremar las garantías de ejercicio, también para evitar las denuncias que hablan de un supuestamente enorme riesgo de la “pendiente resbaladiza”. Un riesgo que queda neutralizado desde el momento en que se precisan con todo detalle esas garantías.
Creo que, además de dotar a la norma de un eficaz sistema de garantías, es necesaria una tarea de pedagogía cívica que explique el alcance y contenido de este nuevo derecho. Y es en este punto en el que debo manifestar mi sorpresa, incluso incredulidad, ante la campaña de descalificación de la ley que llevan a cabo los representantes de una muy importante y meritoria organización de defensa de los derechos de los discapacitados, que han conseguido involucrar a reconocidos actores en defensa de los derechos humanos, incluso al Comité de la ONU que vela por la Convención específica. Me refiero muy específicamente a una argumentación que, con todo respeto (así lo hemos hecho ver los interlocutores parlamentarios socialistas que nos hemos reunido con esos representantes en numerosas ocasiones durante el iter parlamentario de la ley, incluso en las semanas recientes), nos parece una enorme tergiversación de la ley.
Esta interpretación de la ley, que considero una seria tergiversación, le atribuye el propósito de estigmatizar a todo un grupo vulnerable, al que la ley señalaría como –si se me permite la expresión a todas luces disparatada– “eutanasiable”, precisamente por sus características. Y ello porque, según esa interpretación, la ley, en su artículo 3 y en disposiciones conectadas con él, define el tipo de sufrimiento que puede dar lugar al ejercicio del derecho a la eutanasia con el adjetivo “imposibilitante” (que, por cierto, fue una modificación del texto inicial, que utilizaba el término “invalidante”, atendiendo a esa preocupación).
No acierto a entender cómo nadie puede interpretar que una ley cuyo propósito es poner a disposición de quien lo necesite (porque sufre un padecimiento… imposibilitante) el ejercicio de un derecho que le ayude a conseguir una buena muerte, sea en realidad una ley perversa que persigue estigmatizar y violar de forma grosera el derecho a la vida de un grupo de personas, los discapacitados. Eso es una contradicción en los términos. Aun así, en aras de disipar cualquier duda, por disparatada que –a mi juicio– esta sea, el grupo parlamentario socialista que ha propuesto esta ley ha aprovechado la discusión en el Senado, en la que hemos negociado de nuevo con esos representantes y con otros interlocutores (la mayor parte de los grupos parlamentarios, excepto quienes han opuesto su veto a la ley como tal) una nueva redacción que despejara con toda claridad esa aberrante interpretación.
Así, en el artículo 3, se habla ahora de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante": situación que hace referencia a "limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico”. Queda de esta forma despejada cualquier duda posible. No hablamos de características personales de un individuo o de un grupo. Nos referimos a una situación definida por un grado de padecimiento que tiene esa consecuencia imposibilitante.
Sin duda, el precio a pagar cuando se lucha por introducir un nuevo derecho es encontrar incomprensión. En lugar de empeñarnos en imponer posiciones asumidas dogmáticamente, una política de laicidad propone la libre crítica, el intercambio de argumentos y tiene el test de la mejora de derechos. Estoy seguro de que esta ley se abrirá camino porque la avalan buenas razones de orden jurídico, moral y político. Y porque nos empeñaremos en toda la pedagogía civil necesaria para conseguir que se entienda bien.
____________________
Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia y senador del PSOE por Valencia.
El PP necesita a la democracia y la democracia necesita al PP. El debate entre ideas conservadoras, centristas o progresistas sólo es fructífero cuando se da con libertad en un marco de convivencia democrática, alejado de los tonos incendiarios, las polarizaciones y las mentiras propias de un activismo antisistema.
No hay un peligro político real cuando se produce una manifestación en la que algunos incendiarios desesperados o descerebrados queman contenedores, rompen escaparates y dañan coches en las calles de una ciudad. Se trata de una desgracia para los propietarios y para el dinero público, pero nunca de la puesta en peligro de la democracia, un bien social más sólido que las iras de unos cuantos.
El verdadero problema empieza cuando el sistema se comporta como los antisistemas. Perdón por el galimatías, pero al final acaban ganando las partes del sistema que van falsamente de antisistema para conectar en la ira con los sectores sociales más abandonadas por el sistema. Es decir, la parte más negra del sistema se apodera de las indignaciones populares, generando odios y desprestigios que sí ponen en peligro la democracia cuando marcan las políticas sociales de las instituciones. El ejemplo más claro lo tenemos en Vox, cuyos políticos van por la extrema derecha como antisistema cuando sus líderes forman parte del sistema y han vivido de él a lo largo de los años. Si con esa táctica consiguen dominar las instituciones, la democracia sufre una degradación más grave que la quema de un contenedor.
El PP vive una situación difícil. La tremenda realidad judicial que soporta, causas antiguas de corrupción que se enredan en causas nuevas, plantea la tentación de asumir estrategias muy nocivas para su futuro y para la democracia. Hay dos que me parecen graves: provocar ruido mediático para desviar la atención y un descarado esfuerzo por controlar el poder judicial.
Los descalificaciones del adversario, los insultos, la manipulación exaltada de los sentimientos, la conversión de la política en un circo mediático, las mentiras y tergiversaciones, corrompen el espacio público y agitan discursos extremos. El uso continuado de estas formas, aprovechadas para tapar sus casos de corrupción en Madrid y Valencia gracias al agravamiento de la crisis independentistas en Cataluña, se ha ido de las manos. Primero, porque el PP casi ha desaparecido de Cataluña, y es muy difícil aspirar al gobierno de un país cuando se está ausente de parte de sus territorios. Y, después, porque el discurso extremo ha animado la creación de un partido como Vox que poco a poco ha ido quitándole terreno. Esta dinámica beneficia a la parte del sistema que quiere ir de antisistema y proclama discursos de odio racistas, machistas e identitarios. Son quema-contenedores, pero con escaños en el Parlamento. Ese camino es suicida para el PP.
El otro gran error es el intento descarado de controlar el Poder Judicial que debe juzgarlo. Así mancha su presente con las culpas de ayer y pone en peligro el crédito de la Justicia, un valor imprescindible para la democracia. El bloqueo del mandato constitucional sobre el CGPJ es dañino, pero la situación se agrava con el intento de justificar la maniobra. Nos dicen que tienen la voluntad de defender la independencia judicial. Esa mentira es tan manifiesta que sólo puede aceptarla la parte de la ciudadanía dispuesta a ser indiferente y convivir con la corrupción, otra actitud menos ruidosa, pero más perjudicial que la quema de contenedores.
En sus negociaciones, el PP veta a Podemos y a un juez como José Ricardo de Prada. No creo que haya ninguna justificación para vetar a un partido democrático con representación en muchas instituciones del Estado, pero más grave es cortar el paso a un juez de prestigio internacional como José Ricardo de Prada. Su decencia profesional a la hora de condenar la trama Gürtel le ha valido una persecución del PP. Movió influencias para evitar su regreso a la Audiencia Nacional, después de participar en el Tribunal Penal de La Haya que juzgó las políticas genocidas del líder serbobosnio Karadzic. Después, apostó por separarlo del tribunal que juzga los escándalos de Bárcenas y, ahora, pretende impedir su nombramiento como vocal del CGPJ.
El mensaje es gravísimo para el prestigio de la Justicia. Manda a la ciudadanía una carta de descrédito institucional y a los jueces una advertencia: si alguien se atreve a condenarme cuando robo, cortaré de raíz su carrera profesional. ¿Cómo quedan los jueces? Los puestos, más que un reconocimiento de la carrera profesional, parecen un premio a la complicidad política. Y la democracia necesita de verdad una Justicia independiente.
El PP lo tiene muy difícil, pero enmascararse en el ruido y la manipulación puede ser suicida en una situación de crisis. La parte más oscura del sistema saca provecho. Alguien pensará que estoy mintiendo, pero confieso que uno de mis mayores deseos en los últimos meses es que el PP encuentre soluciones y consiga configurar un marco democrático para el pensamiento conservador. Le deseo suerte. El PP necesita a la democracia y la democracia necesita al PP.
Madrid
"Las conversaciones no han sido fáciles, para empezar teníamos que negociar con un interlocutor inaccesible, con quien en ningún momento hemos podido hablar directamente, solo y en todo momento por medio de intermediarios", explica el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez como prólogo de la difícil negociación que ha llevado en la Generalitat a adquirir 29 pisos en la Pobla de Vallbona, propiedad del fondo de inversión internacional Cerberus, dónde viven 21 familias en riesgo de exclusión. Es la primera vez en todo el estado español que se lleva a cabo una operación de este tipo con uno de estos fondos, consiguiendo que este acepte vender por debajo el precio de mercado. El instrumento jurídico empleado ha sido el de la "emergencia habitacional", recogido a la Ley valenciana de Función Social de la Vivienda. Pero, además de la norma, la intrahistoria de esta compraventa va mucho más allá y puede tener también más repercusiones.
El conflicto empezó el pasado mas de noviembre, cuando un juzgado de Llíria ordenó el desahucio de las 94 personas de 38 familias que vivían en unos bloques entre las calles Sant Sebastià y Argila de la Pobla de Vallbona (València) que habían sido del BBVA y que después este había traspasado a Divarian –la empresa creada para gestionar la cartera inmobiliaria del banco, propiedad en un 80% del fondo de inversión estadounidense Cerberus. La amenaza de desalojo masivo no solo movilizó las instituciones. La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) organizó movilizaciones a principios de diciembre y anunciaron acciones "en consecuencia" con la gravedad de la situación.
"La primera acción urgente era parar la orden inminente de desahucio y así ganar tiempo –recuerda César Jiménez- y lo conseguimos apelando a la situación de pandemia. Una vez aplazada estoa forzamos el inicio de las conversaciones, dejando claro desde un principio que no cederíamos, que la gente se quedaría en sus casas acabaran como acabaran las negociaciones. Pienso que este tono, desde la primera reunión, fue clave para marcar las reglas del juego". Con todo, el proceso no fue sencillo. Varias familias aseguran haber sufrido acoso inmobiliario por parte de Divarian, que en algunos casos llegó a ofrecer dinero a aquellas que se fueran antes de una resolución judicial. Otros, que tenían alternativa, optaron para marchar antes de afrontar el riesgo de quedarse sin casa.
Hacia el final, las 38 familias se habían reducido a 21, pero estas eran los casos con más vulnerabilidad. "La nuestra primera opción fue que la propiedad se hiciera responsable de la situación, también que mantuviera los inquilinos en régimen de alquiler que nos comprometíamos a avalar, pero se negaron a todas las opciones –continúa Jiménez- así que al final solo quedaba la opción de compra". Una posibilidad que también tenía sus problemas, puesto que desde la consellería se tenía muy claro que "en ningún caso se iba a satisfacer las expectativas de negocio del fondo. La propuesta fue adquirirlas por el mismo precio que las habían comprado al BBVA, pero se negaban a facilitarnos la cifra con el argumento que iban dentro de un lote mucho más grande. Finalmente tuvimos que hacer una oferta más concreta que quedó en 1.650.000 euros por 29 pisos [56.896 euros por piso], que por los estudios que hemos hecho supone un precio un 40% por debajo el precio de mercado".
Jiménez considera la operación "todo un éxito", pero cree que habría estado imposible sin la unidad de acción con el ayuntamiento y los movimientos sociales: "el hecho que supieron que habría resistencia a un desahucio y que el procedimiento se alargaría creo que los presionaba en su objetivo de beneficios rápidos. A banda que a última instancia teníamos el arma del tanteo y retracto para conseguir los inmuebles en una futura operación de venta. Todo ha ayudado".
Los 29 pisos de la Pobla de Vallbona serán gestionados conjuntamente entre el ayuntamiento y la consellería de Vivienda, en un programa piloto que, desde la administración autonómica, esperan poder ampliar a otros consistorios. El ayuntamiento también decidirá a qué familias otorga los ocho apartamentos sobrantes. Pero todo el lote engrosará el proyecto de parque público de vivienda que está desplegando la consellería. "Desde principio de año hemos adquirido más de 400 viviendas –explica Rubén Martínez Dalmau, vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, el 60% utilizando el derecho de tanteo y retracto previsto por la Ley de Función Social de la Vivienda" [un artículo que permite a la Generalitat intervenir en las compraventas masivas de viviendas y quedárselos al mismo precio que se ha marcado en la operación]. Un derecho que ha permitido obtener viviendas incluso al precio de un euro, "evitando caer en el juego de la especulación", resalta el conseller.
Martínez Dalmau también destaca que "ante la concepción de la vivienda como un negocio que tienen los fondos de inversión, para nosotros es un derecho y el primer escudo social, puesto que sin derecho a la vivienda es muy difícil ejercer el resto de derechos". En esta línea ha recordado que el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE para regular los alquileres a escala estatal "no está en entredicho, puesto que no está en manos de una de las partes la opción de revocarlo".
En el último siglo se han firmado 2.896 acuerdos internacionales de comercio e inversión (el recuento aquí). Como analicé en estas mismas páginas hace unos meses (Tratados indignos en tiempos de pandemia), todos ellos conceden a los inversores extranjeros un privilegio extraordinario: el derecho a demandar a los estados, en tribunales de arbitraje privados, para reclamar compensación si se consideran dañados por cualquier tipo de medida que tomen los gobiernos, y no solo por el dinero invertido sino también por las pérdidas de ganancias futuras.
Siempre que se suscriben este tipo de acuerdos, los gobiernos y los organismos internacionales afirman que están dirigidos a fomentar el libre comercio, a favorecer la inversión y a evitar el poder desmesurado de los gobiernos que frena el progreso económico. La realidad, sin embargo es otra muy distinta. Un buen número de estudios científicos, como el realizado por el International Institute for Sustainable Development en 2017 (aquí) demostraba que no hay evidencias empíricas que avalen esa hipótesis.
Una prueba del auténtico efecto que tienen ese tipo de acuerdos la proporciona lo que está ocurriendo con el Tratado sobre la Carta de la Energía que fue firmado en 1994 a iniciativa de las comunidades europeas.
Su objetivo formal era el de establecer y mejorar el marco jurídico para la cooperación en los asuntos energéticos fijados por la Carta Europea de la Energía y serviría como instrumento para la pomposamente llamada protección multilateral de la inversión y para proporcionar una regla general para la solución vinculante de las controversias internacionales. Lo que en realidad hay detrás de él y sus verdaderas consecuencias las estamos comprobando ahora claramente.
Desde que se firmó el acuerdo, muchas grandes empresas han invertido en fuentes de energía que han resultado ser muy dañinas para el medio ambiente, de modo que los gobiernos han tenido que establecer sin más remedio estrategias orientadas a sustituirlas lo más rápidamente posible.
Como consecuencia de estas políticas de transición energética que se van abriendo paso, las inversiones en la obtención o distribución de carbón, petróleo o gas se encuentran lógicamente amenazadas y muchas empresas han empezado a presentar demandas con los gobiernos acogiéndose a la Carta de la Energía.
En 2009, la empresa sueca Vattenfal reclamó 1.400 millones de euros al gobierno alemán por las pérdidas estimadas que le suponía la regulación más estricta de la industria del carbón y en 2011 volvió a hacerlo, reclamando una compensación que ya va por 6.100 millones de euros, al sentirse afectada por su política de eliminación gradual de la energía nuclear. Algo parecido ocurrió en 2015 cuando la compañía británica Rockhopper demandó al gobierno italiano por haberle negado una concesión para extraer petróleo en parajes turísticos de la costa del mar Adriático. En 2017, el gobierno francés elaboró un proyecto de ley para prohibir la extracción de combustible fósil a partir de 2030. Bastó una carta de un despacho de abogados advirtiendo de que el proyecto violaba el Tratado para que se cambiara el texto de la ley y, de momento, seguirá autorizándose hasta 2040. Y hace unos días, la empresa alemana RWE demandó al gobierno de Países Bajos por la pérdida de 1.400 millones de euros de "ganancias potenciales" debido a su decisión de eliminar el carbón como fuente del suministro eléctrico.
Son casos, entre otros, que todavía se pueden considerar aislados pero el problema radica en que, si la Unión Europea prosigue con su estrategia de transición energética y de acción contra la emergencia climática, no habrá más remedio que ir eliminando el negocio de las fuentes de energía fósil, lo cual producirá inevitablemente una pérdida enorme de beneficios a muchas empresas que podrán recurrir a los tribunales privados de arbitraje. Y la cantidad de dinero que puede estar en juego es astronómica.
Según un informe de Investigate Europe publicado el pasado día 23 (aquí), la infraestructura fósil de empresas susceptible de ser protegida por la Carta de la Energía tiene un valor de 344.600 millones de dólares en la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza (8.300 millones en España). Una cantidad, como indica el informe, que equivale a más de dos años del gasto total de la Comisión Europea, incluidos todos los paquetes de ayuda de Covid 19, todos los subsidios agrícolas y los fondos estructurales. Y eso, sin contar las ganancias que las empresas dejarían de percibir en el futuro y que podrían incluir en sus demandas.
La situación es incuestionable: mientras sigan vigentes los privilegios que ella misma concedió a las grandes empresas de la energía fósil, es imposible que se pueda llevar a cabo la política de transición que se propone llevar a cabo la Unión Europea.
Esos privilegios que concede la Carta de la Energía son hoy día incompatibles con la legislación y la política europeas en materia de inversiones y de acción climática y, por supuesto, con otros tratados de defensa del medio ambiente que la Unión Europea ha suscrito en los últimos años. Incluso la existencia de tribunales de arbitraje privados para dirimir conflictos en el seno de la Unión (el 74% de las disputas planteadas son entre empresas y gobiernos europeos) es algo que se puede poner claramente en cuestión.
La Comisión Europea y el Parlamento han manifestado en varias ocasiones que el acuerdo es obsoleto e insostenible pero lo cierto es que sigue ahí. Las propuestas de reforma no podrán salir adelante porque el Tratado requiere unanimidad para tomar decisiones, con la clara intención de hacer que los privilegios sean prácticamente inalterables. Y ni siquiera salir del Tratado, como hizo Italia en 2016, es algo completamente efectivo (aunque ciertamente protege en cierta medida) porque otra barbaridad que contempla en su cláusula de extinción es la de permitir que las empresas puedan demandar a un país hasta 20 años después de haberse retirado del tratado.
La Unión Europea dice que quiere limitar la emisión de CO2, impulsar la transición hacia el uso de energías verdes y combatir el cambio climático, pero sigue protegiendo con privilegios a las empresas más contaminantes y permite que estas los defiendan en tribunales secretos y claramente viciados a su favor por intereses particulares.
Y lo que es peor: incluso en el caso, de momento complicado y remoto, de que se pudieran eludir por completo las consecuencias del Tratado sobre la Carta de la Energía para que Europa pudiera poner en marcha la acción por el clima que dice pretender ¿qué ocurre con las demás docenas de tratados y acuerdos del mismo tipo que se han suscrito hasta ahora?
Como demuestra el caso que he comentado, las autoridades de la Unión Europea y nuestros representantes en el Parlamento Europeo están engañando a la gente: ponen una vela retórica a dios -diciéndole que trabajan para el bien común- y otra inmensa al diablo -cuando conceden privilegios desorbitados a las grandes empresas para que sus intereses particulares se impongan sobre los de toda la sociedad. Es imposible servir a ambos al mismo tiempo y los dirigentes y parlamentarios europeos lo saben perfectamente.
Si de verdad quisieran defender el bien común y los intereses de la mayoría de la sociedad, el bienestar social y el futuro del planeta, pondrían fin a esta locura. Harían revisar, con el mayor rigor y completa transparencia, las consecuencias reales que han tenido todos los acuerdos y tratados internacionales de comercio e inversión que ha suscrito, los denunciarían y pedirían responsabilidades.
publicado el 25 de Febrero de 2021
María Martí tiene 83 años, vive en un piso de alquiler de renta antigua en Barcelona y tiene una orden de desahucio. Nunca ha dejado de pagar el alquiler del piso donde ha vivido durante 50 años, pero en unos días se quedará en la calle.
Público
