'Operación Lezo'
Una década de lucha anónima para desenmascarar a Ignacio González
- infoLibre
conversa con Mercedes Arce y Carmen Ochoa, de la asociación Parque Sí
en Chamberí; con la exdiputada autonómica de IU Reyes Montiel; con el
policía y sindicalista José Manuel Manuel Sánchez Fornet y
con trabajadores despedidos de Telemadrid
- Todos ellos son ciudadanos que plantaron cara ante los abusos de
Ignacio González, ahora encarcelado como presunto jefe de una
"organización criminal"
Publicada 30/04/2017 (Infolibre)
Mercedes Arce (izqda.) y Carmen Ochoa, dos de las integrantes de la asociación Parque Sí en Chamberí.
La detención y posterior ingreso en prisión del expresidente de la
Comunidad de Madrid Ignacio González son fruto de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (
UCO) de la Guardia Civil y dirigida por el juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco. Pero hay ciudadanos más o menos anónimos que llevan una
una década de lucha contra
los abusos del político madrileño, a quien Esperanza Aguirre convirtió
primero en vicepresidente de su Gobierno (2003-2012) y después eligió a
dedo como sucesor (2012-2015).
Mercedes Arce y
Carmen Ochoa, de la asociación Parque Sí en Chamberí; la exdiputada autonómica de IU
Reyes Montiel; el policía y sindicalista
José Manuel Manuel Sánchez Fornet o trabajadores despedidos de
Telemadrid son
una muestra significativa de los ciudadanos que plantaron cara ante los
abusos de Ignacio González, ahora encarcelado como presunto jefe de una
"organización criminal".
infoLibre habla con ellos.
Menos golf y más parque en Chamberí
El 14 de abril de 2003, los vecinos del distrito madrileño de Chamberí
estaban exultantes.
El presidente de la Comunidad, por aquel entonces Alberto
Ruiz-Gallardón, y el alcalde de la capital, José María Álvarez del
Manzano, habían puesto la primera piedra del
futuro parque de Islas Filipinas, un
ambicioso proyecto urbanístico que se asentaría sobre la cubierta del
tercer depósito del Canal de Isabel II. Estaba llamado a
erigirse como el nuevo Retiro en el distrito con menos zonas verdes por
habitante de toda la ciudad. Un total de 118.547 metros cuadrados de
jardines y zonas de recreo que los vecinos esperaban como agua de mayo.
Por eso, la sorpresa fue mayúscula cuando, después de tres años de
obras, los carteles que anunciaban la apertura cambiaron de la noche a
la mañana. El Ejecutivo regional, desde noviembre de 2003 presidido por
Esperanza Aguirre –tras el escándalo del
tamayazo–, había
cambiado de opinión. Los antiguos depósitos de agua del Canal, la
principal empresa pública de Madrid, entonces presidida por Ignacio
González, se
destinarían a la construcción de unas instalaciones deportivas.
La única zona verde que verían los vecinos del barrio sería un campo de
golf de nueve hoyos. Y el Ejecutivo conservador estaba convencido de
sacar adelante el nuevo proyecto.
Lo que no se esperaban era la enorme oposición ciudadana y la incansable lucha de la asociación de vecinos
Parque Sí en Chamberí, que lleva más de una década para conseguir ese parque que les había sido arrebatado.
"Empezamos a reunirnos en 2005", señala en conversación con
infoLibre
Mercedes Arce, una de las integrantes del colectivo. "Pero no nos
constituimos como asociación hasta 2007", completa Carmen Ochoa, su
compañera de lucha durante todos estos años. La primera se enteró de la
movilización de algunos vecinos en el colegio de sus hijos. La segunda,
por una pancarta colocada en un balcón que exigía el freno inmediato del
nuevo proyecto urbanístico.
Sin embargo, ni las movilizaciones –medio millar de personas en
diciembre de ese año– ni la detención de las obras por parte del
Ayuntamiento de Madrid, que
requería al Canal de Isabel II que solicitase una licencia para el nuevo proyecto urbanístico, frenaron al Ejecutivo regional. En diciembre de 2006, la empresa pública
adjudicó la explotación del campo a un consorcio de tres empresas.
Una de ellas, Tecnoconcret, que era una compañía sin apenas actividad,
tenía como administrador único a José Antonio Clemente, socio de
Pablo González y de José Juan Caballero,
hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente madrileño. Los dos
familiares de González también fueron detenidos en el marco de la
operación Lezo.
Para tratar de esquivar el bloqueo del consistorio, el Ejecutivo de Aguirre optó a comienzos de 2007 por
declarar el proyecto de "interés general",
un movimiento que fue tumbado primero por el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) y después por el Tribunal Supremo. Pero el
Gobierno autonómico no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer ante el
movimiento vecinal. Por eso la Comunidad, ya con Ignacio González al
frente, buscó una nueva alternativa para esquivar el derribo de las
instalaciones deportivas decretado por vía judicial. Para ello, aprobó
en 2013 un nuevo plan especial para la zona, que también fue declarado
"nulo de pleno derecho" el pasado mes de agosto por el TSJM. Parque Sí en Chamberí había vuelto a ganar.
"Los momentos más difíciles eran entre las
sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre las recurrían",
recuerdan Carmen y Mercedes
Mercedes y Carmen reconocen que han sido "años duros", en los que han
trabajado "sin descanso". "Los momentos más difíciles eran entre las
sentencias, porque tardaban mucho en salir y siempre eran recurridas",
recuerda Carmen. Sin embargo, se han sentido arropadas en todo momento
en una lucha que definen como
"la batalla entre David y Goliat".
Por eso, agradecen "el apoyo económico" recibido para continuar en los
tribunales y, sobre todo, la enorme ayuda que han recibido
desinteresadamente por parte de abogados y arquitectos. "Ellos nos
ayudaban a 'traducir' todos los complejos documentos de carácter
urbanístico", explica Mercedes.
Diez años después, han visto, "contentas", cómo agentes de la Guardia Civil se llevaban detenido al expresidente madrileño.
"Teníamos razón",
señala Carmen mientras esboza una sonrisa. Tras la sentencia del pasado
mes de agosto, el desmantelamiento del campo de golf del Canal, cuya
adjudicación en 2006 permitió a la empresa controlada por la familia de
González quedarse presuntamente con una
comisión de 600.000 euros, es cuestión de tiempo.
Y ellas siguen dando batalla:
"Ahora hay gente que ha pedido hacer más campos de fútbol en el
terreno. No, nos negamos. Todos los colegios de la zona tienen pistas y
cerca hay también un pabellón.
Nosotras exigimos el parque que se nos había prometido".
Investigar con la Asamblea en contra
En 2009, dos años después de que la revista
Tiempo revelase las entrañas de la adjudicación para explotar el campo de golf de Chamberí y desvelase que el político del PP había
comprado en 2006 un chalé de 447 metros cuadrados valorado en 1,8 millones de euros, el diario
Público sacó a la luz otras actuaciones del expresidente: entre ellas
la inyección de 1,3 millones de euros de dinero público en la empresa de su profesor de pádel o los datos del
dossier sobre González que poseía el Partido Popular,
con información sobre el patrimonio del expresidente y una serie de
adjudicaciones públicas presuntamente irregulares atribuidas al entonces
vicepresidente madrileño.
Dos diputadas de IU en la
Asamblea de Madrid,
Inés Sabanés y Reyes Montiel, fueron especialmente activas en el empeño
de arrojar luz sobre las sombras del número dos de Aguirre. "La trama
de González yo creo que era la trama oficial del Gobierno, aunque luego
conviviese con otras. Además, creo que desde el
tamayazo estaba diseñada para que funcionara",
afirma Montiel en una céntrica cafetería madrileña. Ejemplo de ello,
añade, es que "nunca quisieron discutir" que el Canal de Isabel II, con
"controles más laxos a la hora de hacer negocios", no estuviera "bajo el
paraguas de González".
La exdiputada en el Parlamento autonómico describe aquellos años como
"muy duros".
"Tenías que hacer un poco de detective", explica Montiel, que asegura
que "una de las cosas que más le ayudó" a ir atando cabos fue cuando se
hizo pública la primera parte del sumario de la
Gürtel.
"No te niegan la información pero te la dan en un momento en el que no
sabes sacar conclusiones. Tablas y tablas de contratos. Yo no lograba
ver en los expedientes lo que estaba mal. La primera parte del sumario
de la
Gürtel me dio un guión", relata.
Montiel cuenta que "ni el Gobierno" ni tampoco "la Mesa de la Asamblea
de Madrid" facilitaron la investigación. "La mayoría de las cosas que
pedíamos se quedaban ahí, en la Mesa", apostilla. Además, añade,
"no había ganas de investigar" por parte de "ninguno de los grupos políticos".
Ni del PP, ni del PSOE, ni tampoco de IU-CM, su propio partido: "Había
una parte que estaba en clara connivencia con el Ejecutivo de Aguirre.
No sé si por estar en la misma trama o porque el Gobierno madrileño
sabía cosas de ellos. Estoy hablando de Ángel Pérez, Miguel Reneses o
Antero Ruíz", dice. Esta misma semana se ha conocido que González
colocó en TVE a la exdiputada de IU Libertad Martínez para defender "su imagen e intereses".
"Un tipo que ha sido tan desagradable, tan chulo,
tan mafioso, tan capo, está donde tiene que estar. Te reconcilia con el
sistema", destaca Reyes Montiel
Montiel describe cómo "planteaba cosas" en IU-CM y la respuesta que recibía era "que
eso distraía a los trabajadores de sus verdaderos problemas,
como la crisis o el paro". Relata que "cuando se hacían los órdenes del
día de los plenos de las comisiones", evitaban ponerla. Y lamenta la
decisión de no acudir "como grupo" ante la Fiscalía: "Tuve que ir yo a título individual. Y nadie de los compañeros, a
excepción de Sabanés y Fausto Fernández,
que estaban conmigo en eso, me preguntó sobre el tema". Con la
investigación completamente bloqueada, y con la práctica totalidad de su
grupo en contra, en octubre de 2010 decidió
abandonar su escaño y dejar IU.
Su marcha fue
calificada
por el entonces portavoz de IU-CM en la Asamblea, Gregorio Gordo, como
un intento de "fraccionar" la formación. "También me llegó a acusar de
intentar eclipsar el funeral de Marcelino Camacho", recuerda. Sin
embargo, ella tiene claro que lo que ha roto el partido "han sido
personajes como él, que
han entrado en toda la rueda de la trama González".
Sin embargo, el tiempo ha terminado por poner a cada uno en su lugar.
"Cuando vi la detención de González me sentí un poco incrédula, porque
llega un momento en el que te consiguen contagiar esa idea de que hagan
lo que hagan no les va a costar nada. Pero por fin, un tipo que ha sido
tan desagradable, tan chulo, tan mafioso, tan capo,
está donde tiene que estar. Es una satisfacción y da como para reconciliarte con el sistema", explica.
El SUP entra en acción: el ático de González
Casi dos años después de la salida de Montiel de la Asamblea de Madrid y de IU-CM, el diario
El Mundo publicó que la policía estaba investigando, por su posible relación con la trama
Gürtel,
el ático –un dúplex de 500 metros cuadrados en la exclusiva
urbanización Alhambra del Golf, en Estepona– en el que González
veraneaba desde hacía años. Unos días después de saltar la noticia a la
palestra, el comisario jefe de Marbella,
Agapito Hermes de Dios,
es expedientado y trasladado a Madrid. Al mismo tiempo, el entonces
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se encargó de calificar la
investigación de la Policía como "ilegal" y el propio expresidente
madrileño de acusar al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
La defenestración de Hermes dejaba también en la cuerda floja al
inspector jefe de grupo y a los policías que habían investigado
el lujoso ático, propiedad de la sociedad radicada en Delaware Coast Investors LLC y que el matrimonio González-Cavero alquilaba supuestamente
por 2.000 euros al mes, aunque
los investigadores sospechaban que se lo habían regalado a González
como pago por alguna adjudicación pública. Fue en ese momento, alertado
por las amenazas de expediente que se cernían sobre las cabezas de sus
afiliados, cuando entra en acción el Sindicato Unificado de Policía
(SUP), que entonces lideraba José Manuel Sánchez Fornet. "Yo, como
sindicalista,
defendía a los policías que habían recibido una orden y se dedicaron a cumplirla", señala en conversación con
infoLibre.
En abril de 2012, se citó con el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para comer. Un encuentro en el que, según
contó Fornet a este diario
casi tres años después, el máximo responsable policial intentó
convencerle para que el sindicato pusiera freno a las denuncias sobre
González.
"Me dijo que no era bueno que el sindicalismo se mezclara con la política",
cuenta el exlíder del SUP. Una cita de la que quedó constancia en una
nota policial interna, que llevaba por título "Análisis sobre
corrupción", y que recogía, entre otros aspectos, la modificación
sustancial de un informe sobre las actuaciones alrededor del ático de
González que había sido encargado a Hermes.
La nota, a la que tuvo acceso este diario, especificaba los cambios.
Así, este dossier policial decía en su primera versión: "Por ahora no se
habían encontrado pruebas sobre el verdadero propietario que se
escondía detrás de Coast Investors, siendo por tanto necesario que se
judicializara la investigación para solicitar. entre otras acciones,
comisiones rogatorias". Pero la versión retocada del informe
descartó la idea de solicitar apoyo judicial: "No se había encontrado nada que señale responsabilidad penal alguna entre los investigados".
Tras recabar algunos datos, y "obnubilado tras la comida al ver que un
ministro y un director general dicen que los policías no pueden hacer
una investigación por sí mismos", Sánchez Fornet y su equipo decidieron
remitir un
escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que
les respondió diciendo que "hay indicios pero que son insuficientes para
que investigue la Fiscalía", cuenta. Tras esta respuesta, escriben a
otros organismos: "Al fiscal general del Estado; a los grupos del
Congreso y el Parlamento andaluz; a la Agencia Tributaria; a la UDEF; y
al comisario general de Policía Judicial,
José Enrique Rodríguez Ulla". Sólo el último respondió, poniendo en marcha una investigación. Al igual que Hermes,
fue cesado fulminantemente.
"A nadie le vale la pena enfrentarse a políticos
tan poderosos con la cobertura del Estado. Acaba destrozando a
cualquiera", dice Sánchez Fornet
A la vista de los cortapisas a la hora de indagar, el sindicato decidió
en octubre de 2012 interponer una querella ante el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de Estepona,
el que actualmente lleva el caso. Una acusación que se mantuvo hasta la salida de Sánchez Fornet del SUP. Luego, la
comisión ejecutiva del sindicato renunció
a seguir siendo parte de la acusación popular "en pro" de sus
"afiliados", un movimiento que el exlíder del sindicato policial define
como
"una traición".
Fornet, ahora portavoz del Observatorio contra la Corrupción, está
convencido de que hizo lo correcto, a pesar del acoso al que fue
sometido por negarse a olvidar el asunto del ático de González. "Me han
abierto expedientes,
se han querellado contra mí varios mandos policiales...",
detalla. Sin embargo, asegura que, "en la misma situación y sabiendo lo
mismo", volvería a actuar de igual manera. "Pero a nadie le vale la
pena enfrentarse a políticos tan poderosos con la cobertura del Estado.
Acaba destrozando a cualquiera,
es una tortura psicológica y una presión brutal. Y, encima, los que denuncian se quedan solos. En España no se quiere combatir la corrupción", sentencia.
Los despedidos de Telemadrid no se rinden
Al mismo tiempo que Sánchez Fornet luchaba para que el
caso del ático
no fuese enterrado, un importante grupo de trabajadores de Telemadrid,
que esperaban el inminente ERE anunciado por el Ejecutivo
regional, hacían sus propias pesquisas sobre la gestión del ente
público. Nacía así la Asociación de Afectados por la Gestión de la
Televisión Pública Madrileña (
AGTPM).
El trabajo no fue sencillo: "La opacidad sobre lo que ocurría en
Telemadrid era absoluta", cuenta Alberto Sánchez, uno de sus miembros.
Pero las horas de búsqueda de documentos oficiales en Internet,
principalmente en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM),
les permitió construir
"un relato de hechos con una serie de indicios".
Con ayuda de Attac y, especialmente, de la abogada
Liliana Pinedo,
optaron por dar la batalla. "Ellos nos ayudaban a interpretar
jurídicamente el relato y nos decían si había indicios suficientes",
continúa José Ignacio González, también miembro de la asociación. En
julio de 2013, pocos meses después del
brutal ERE que dejó en la calle a 861 personas –de 1.169 que integraban la plantilla–, varios miembros del colectivo
se entrevistaron con el fiscal Anticorrupción de Málaga y le entregaron un extenso informe y documentación donde, entre otras cuestiones,
se detallaban adjudicaciones y contratos realizados por Telemadrid y el Canal de Isabel II a empresas vinculadas con el empresario Enrique Cerezo.
Algunos de ellos, ruinosos para el ente público.
"Lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo
va encajando como un puzzle y que nuestro esfuerzo no ha sido en vano",
afirma José Ignacio
"La relación entre Rudy Valner –el famoso testaferro, empleado a su vez
del presidente del Atlético de Madrid, que adquirió a través de la
sociedad Coast Investors el ático que posteriormente alquilaría a
González–, Cerezo y la Comunidad de Madrid era tan evidente, tan obvia,
que daba hasta vergüenza no haberlo visto antes.
No podía haber tantas casualidades juntas",
explica José Ignacio. En el extenso documento, los trabajadores de
Telemadrid hacían una serie de relaciones temporales entre
adjudicaciones públicas a empresas de Cerezo y el ático que en 2012
adquiriría finalmente el expresidente por 770.00 euros.
Finalmente, en marzo de 2015, los extrabajadores de Telemadrid se
personan en la causa como acusación popular. Tres meses después, el SUP
se retiró. A pesar de la noticia, ellos decidieron continuar de la mano
del que hasta ese momento había sido el abogado del sindicato,
Javier Carnerero.
"Si nos hubiésemos retirado nosotros, no sabemos lo que hubiera
pasado... Habría quedado como acusación principal otra asociación
dirigida por el comisario
Villarejo...", reflexiona Alberto. Sin embargo, su continuidad permitió que en marzo de 2016
la jueza imputara finalmente tanto a González como a su mujer, Lourdes Cavero, y a Enrique Cerezo. "Si nos hubiéramos retirado,
no sé si seguiría el caso ático abierto", completa José Ignacio.
Han sido cinco años complicados, conceden. El peor día, dicen, es cuando
les despidieron de la televisión pública, un ERE que el Tribunal
Supremo calificó como no ajustado al derecho. Una decisión que truncó la
vida laboral de 861 trabajadores y que ellos califican de "política",
no económica. "Éramos molestos", señala Alberto. Pero ellos, en lugar de
buscar trabajo, decidieron
"buscar justicia y buscar la verdad". "Al final, lo que te da ánimos es ver que poco a poco todo va encajando como un puzzle y
que nuestro esfuerzo no ha sido en vano", asevera José Ignacio.
Sin embargo, no quieren poner punto y final a la conversación con
infoLibre sin antes decir que ellos sólo han sido
"una pequeña pieza de un engranaje bien engrasado"
y que, a día de hoy, todavía sigue funcionando a la perfección. No se
olvidan de las incansables manifestaciones de los trabajadores
despedidos. Ni tampoco del apoyo de la plataforma Salvemos Telemadrid,
que ha mantenido, a pesar del paso del tiempo, "vivo el tema". Ni del
"trabajo inmenso" del comité de empresa, que ha logrado situarlo en el
epicentro político de la Asamblea de Madrid.
"Al final hacen falta todas estas piezas para tener fuerza", sentencia Alberto.
La exdiputada de IU en la Asamblea de Madrid Reyes Montiel.
El ex secretario general del SUP José Manuel Sánchez Fornet.
Extrabajadores de Telemadrid frente a la sede del Gobierno regional.
