El titulo de este
artículo podría parecer ofensivo pero lo cierto es que en Estados Unidos
hay un gran debate entre profesionales de la salud mental para tratar
de probar que Donald Trump es un loco. Se han publicado muchos artículos
e incluso varios libros para aportar las pruebas de esa supuesta
incapacidad del presidente estadounidense. Por ejemplo este, escrito por
27 especialistas: The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President.
Pero es muy difícil pronunciarse con seriedad y rigor al respecto y
mucho menos por quienes no tenemos nada que ver con la psiquiatría o
psicología.
Más fácil es comprobar que Donald Trump sí es un embustero porque todas
sus afirmaciones van siendo contrastadas por organizaciones y medios de
comunicación. Gracias a ello sabemos que en sus primeros 497 días como
presidente de Estados Unidos Trump hizo 3.251 afirmaciones completamente
falsas o engañosas (The Washington Post las ha recopilado todas aquí y sus mentiras pueden seguirse al día en Fact Checker).
Sin embargo, a mí me parece que lo importante para
valorar lo que está sucediendo en Estados Unidos bajo el mandato de
Trump no es saber si está loco o que efectivamente es un mentiroso sino
evaluar los efectos de las políticas que aplica y quiénes están
beneficiando.
Si dejamos a un lado los temas que no son estrictamente económicos y los efectos de la guerra comercial a los que aludí en mi anterior artículo se pueden tomar en consideración los efectos de dos grandes políticas de Trump: la desregulación y la rebaja de impuestos.
Una de las primeras órdenes que dio Trump al llegar a la presidencia
fue que las oficinas gubernamentales debían eliminar al menos dos
regulaciones (normas relativas al funcionamiento de la vida económica o
social) por cada nueva que se estableciera. La Oficina de Información y
Asuntos Regulatorios informó que en 2017 las agencias federales
emitieron 3 acciones regulatorias, 67 acciones desregulatorias y que se
retiraron o demoraron un total de 1.579 regulaciones.
El Economic Policy Institute de Washington realizó una evaluación de
los contenidos y efectos de esta impresionante actuación desregulatoria
en el primer año de mandato de Trump y sus conclusiones son bien claras.
En materia de salud y seguridad de los trabajadores se ha revertido una
regla que requería que los empleadores mantengan registros precisos de
lesiones y enfermedades en el lugar de trabajo; otra que obligaba a que
los trabajadores registraran electrónicamente ese tipo de accidentes; y
varias que protegían a trabajadores expuestos a polvo de silicio, al
berilio o a los pesticidas en el caso de los agricultores. Además, se ha
debilitado la regulación de inspección del trabajo en las minas y se ha
aprobado una nueva regulación que permite aumentar la velocidad de
trabajo en las granjas avícolas.
En materia salarial
se ha legislado para permitir que los empleadores se apropien de las
propinas recibidas por los trabajadores y se ha elevado el limite
salarial por debajo del cual los empleados están obligados
automáticamente a realizar horas extras no retribuidas.
En materia de ahorro y retribuciones, Trump bloqueó una norma que
permitía que los municipios crearan fondos de pensión para los
trabajadores que no estaban cubiertos por los de sus empresas y que, por
tanto, no van a poder disponer de pensiones de jubilación (unos 55
millones). Está impidiendo que se aplique una norma que trataba de
evitar que el asesoramiento financiero a los clientes se oriente hacia
las inversiones más favorables a los financiadores o a sus comerciales.
Ha endurecido las condiciones que permiten que los desempleados accedan a
ayudas o subsidios oficiales. Ha frenado una norma de Obama que
obligaba a que las empresas con 100 o más empleados informaran
confidencialmente sobre lo que les pagan a sus empleados por categoría
de trabajo, sexo, raza y origen étnico, con el fin de disminuir la
discriminación. Y se ha revocado una norma que obligada a informar de la
proporción entre las retribuciones de los directivos mejor pagados y el
salario medio de los empleados de las empresas.
En
materia de derechos sindicales se ha anulado una norma de 1935 que
obligaba a que las empresas informen de cuándo han contratado a los
llamados "persuasores", que son especialistas dedicados a descabezar la
movilización de los trabajadores y las estrategias de defensa sindical
de sus derechos laborales. Se ha frenado también una norma de 2014 que
facilitaba la agrupación sindical y la elección de representantes
sindicales para la negociación de condiciones de trabajo.
En materia de responsabilidad de los empleadores se ha revocado una
norma que exigía que los contratistas federales informasen de las
infracciones detectadas en los lugares de trabajo y específicamente las
referidas a violaciones de las leyes laborales federales y las relativas
a salario y horas, seguridad y salud, negociación colectiva, licencia
médica familiar y protección de los derechos civiles.
Los efectos de la desregulación de Trump sobre los derechos laborales
son evidentes y lo significativo es que ni siquiera han tenido un efecto
positivo sobre la inversión o el crecimiento y mucho menos sobre el
empleo, como han reconocido incluso los poco sospechosos analistas de
Goldman Sachs: "el 'milagro' de las desregulación ha sido decepcionante".
Una segunda gran intervención económica de Trump ha sido la rebaja de
impuestos que igualmente prometía ventajas para todos, más inversión y
más y mejor empleo. Pero esos no van a ser realmente sus resultados.
El Tax Policy Center
ha comparado la distribución del ingreso en la economía de los Estados
Unidos que resultará antes y después del recorte de impuestos y ha
podido comprobar que la reforma de Trump aumentará la desigualdad de
ingreso. El 20% más pobre de Estados Unidos se beneficiará del 1% de los
recortes, el segundo 20% más pobre del 4%, el 20% más rico del 70% de
los recortes y el 1% del 34%.
Según el Center on Budget and Policy Priorities,
los trabajadores sólo recibirán entre el 18% y el 25% del beneficio de
estos recortes. El resto irá a los propietarios del capital, teniendo
además en cuenta que el 54% de éste último es propiedad del 1% más rico
del los propietarios.
La rebaja de impuestos
tampoco impulsará la inversión y el empleo. La mayor liquidez que tienen
las grandes empresas después de la reforma fiscal de Trump la están
dedicando a comprar sus propias acciones, elevando su cotización y
beneficiando por tanto en mayor medida a sus mayores propietarios.
No sabemos si Trump está loco o no. Sí está comprobado que es un
embustero y que trabaja para los grandes propietarios y para los super
ricos de Estados Unidos. La pregunta, por tanto, es si el hecho de que
la presidencia de la primera potencia mundial esté en manos de una
persona como él es sólo un accidente o si refleja algo más: que el
capitalismo de nuestros días es cada vez más incompatible con el debate,
con la transparencia y con la búsqueda honesta de la verdad; es decir,
con la democracia.
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